Fue el mayor derrame minero de Argentina. Al menos un millón de litros de agua con cianuro que contaminó los ríos sanjuaninos. La responsable, la empresa Barrick Gold, pagó una multa y siguió operando la mina Veladero. Numerosos estudios confirman la contaminación y, según consta en el expediente judicial, la empresa reconoce que funcionó durante […]
Fue el mayor derrame minero de Argentina. Al menos un millón de litros de agua con cianuro que contaminó los ríos sanjuaninos. La responsable, la empresa Barrick Gold, pagó una multa y siguió operando la mina Veladero. Numerosos estudios confirman la contaminación y, según consta en el expediente judicial, la empresa reconoce que funcionó durante tres semanas en situación de riesgo. También admite que trabaja en glaciares (prohibido por ley nacional). Los vecinos de Jáchal conmemoran esta semana el primer aniversario del derrame, exigen que Barrick Gold se vaya y rechazan nuevos emprendimiento en la provincia.
No hubo información oficial. El alerta llegó vía mensaje de texto enviado por trabajadores mineros que estaban en el yacimiento y alertaban a sus familiares de Jáchal y pueblos cercanos para que no tomaran agua. A las 21 del 13 de septiembre de 2015 ya circulaban cadenas de WhatsApp que se replicaban entre los vecinos. A la medianoche, la población se congregó en la plaza principal, en reclamo de información oficial que no llegaba.
«El Intendente decía que no sabía nada. Y la Barrick y el gobierno provincial se tapaban mutuamente», recuerda Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
La canadiense Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, primero ocultó el hecho. Al día siguiente reconoció el derrame de 15.000 litros, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que habían sido 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó por lo menos 1.070.000 litros de «solución cianurada» (agua, cianuro y otros químicos).
«Nada volvió a ser igual. Toda nuestra cotidianidad se irrumpió. Nos marcó con una angustia que jamás olvidaremos, con nudo en la garganta y lágrimas que siempre recordaremos. Aún seguimos comprando agua embotellada, con temores permanentes e información distorsionada por los responsables», afirma el comunicado de la Asamblea, que organizó el martes una marcha en la plaza de Jáchal.
Los vecinos destacan dos puntos principales: el daño provocado por Barrick Gold en las cuencas hídricas «es irreversible» y convoca al resto del país a gritar «nunca más» a la magaminería. Durante todo el año, los vecinos apuntaron a las responsabilidades del por entonces gobernador José Luis Gioja (y a las del actual Sergio Uñac).
Confirmado el derrame, se realizaron estudios, tanto de universidades públicas, organismos oficiales y de consultoras ligadas a la empresa y al gobierno. La Universidad Nacional de Cuyo, mediante el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería, confirmó que se contaminó con metales pesados peligrosos los ríos de deshielo. También confirmó valores elevados (contaminación) de manganeso, aluminio, arsénico, boro, cloruros y sulfatos.
La Secretaría de Ambiente de la Nación inspeccionó la zona luego del derrame. Confirmó que hubo impacto ambiental (aunque no precisó la magnitud), y denunció fallas en el sistema de gestión ambiental y precariedad en el canal por donde fluye el líquido contaminante. «El análisis de la Secretaría en el río Potrerillos dio 555 miligramos por litro de solución. En el informe lo tachan a mano y dejan 55 miligramos, que igual es muchísimo», precisó Zeballos. Y recordó que no se trató de «sólo una válvula, como dicen los voceros de Barrick, también cedió un muro de contención que debía contener la solución cianurada, lo que muestra la magnitud del derrame».
La División Operaciones de Delitos Ambiental de la Policía Federal realizó un informe y determinó la contaminación de cinco ríos: «Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Jáchal, Blanco, Potrerillos, Palca y Las Taguas».
El expediente de la Dirección de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente confirmó que en la mina Veladero hubo al menos otros tres derrames: 31 de julio y 29 de noviembre de 2011, y 22 de marzo de 2012. Ninguno de los derrames fue informado a la comunidad y en todos los casos la empresa minimizó su magnitud (señala que fueron menos de 2.000 litros de vertidos). La asamblea, con el hecho de 2015, cuestionó la veracidad de los dichos de Barrick.
En el expediente judicial (hoy en manos del juez de Jáchal, Pablo Oritja) figura un informe de la empresa que reconoce que desde el 17 de agosto (casi un mes antes del derrame) funcionaba por encima del «código rojo», con niveles elevados de líquido en el sistema de lixiviación (separación del oro de la roca, con uso de cianuro) y acepta que tiene almacenados tanques con mercurio desde hace años (en una zona reconocida como altamente sísmica). En el estudio de impacto ambiental de Barrick, en manos del juez, figura que existen glaciares en la zona de operaciones (algo prohibido por la Ley Nacional de Glaciares).
Los vecinos mantienen desde hace 11 meses un acampe en la plaza de Jáchal, lo definen como «único medio de expresión» frente al silencio de los grandes medios de comunicación de la provincia. En mayo pasado, la Asamblea impulsó una consulta popular para que la población decidiera sobre la megaminería, pero el Concejo Deliberante no autorizó la votación. Se hizo palpable un concepto que denuncian las asambleas socioambientales: «A más extractivismo, menos democracia».
Domingo Jofré, de la Asamblea de Jáchal, envió un mensaje a CEOs mineros y funcionarios políticos: «Aunque simulen nos vernos y no escucharnos, vamos a resistir, no queremos ser condenados al sacrificio en pos de la minería».
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-309418-2016-09-15.html
La causa, sin avances
La causa judicial estuvo hasta mayo en manos del juez federal Sebastián Casanello, que mantuvo diálogo directo con los vecinos y solicitó medidas de prueba (incluso con reconocidos peritos internacionales). Pero la Corte Suprema de Justicia separó al magistrado de la investigación y la derivó al juez de Jáchal, Pablo Oritja. «La causa está durmiendo desde que volvió a la provincia», resumió Saúl Zeballos, de la Asamblea. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas y que acompaña a los vecinos, cuestionó al máximo tribunal: «La causa avanzaba rápido, incluso Casanello estaba por decidir sobre el cierre de la mina, pero intervino la Corte Suprema, mandó la causa a la complaciente justicia de San Juan y así garantizó la impunidad de Barrick Gold».
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/309418-79067-2016-09-15.html