Sociedades subdesarrolladas como México, a lo largo de las últimas tres décadas, perdieron el control sobre sus recursos naturales y –con ello– también el control y los márgenes de maniobra en torno a decisiones económicas estratégicas.
Con la adopción de la ideología del fundamentalismo de mercado, la nación Azteca extravió la brújula en torno a las posibilidades de vertebrar un proyecto de nación basado en la capacidad de pensar con cabeza propia (https://bit.ly/3k0gzsV). La desnacionalización y extranjerización fueron los pilares de ese vuelco que dejó a México sin industria, sin campo y sin clase empresarial, pese a que varias fortunas aparecen en la clasificación de la revista Forbes.
Una de las nuevas formas de acumulación por desposesión y despojo en América Latina es la minería en manos de corporaciones transnacionales. Se trata de prácticas neo-extractivistas que se posicionan sobre el territorio, al tiempo que desestructuran las formas de organización de las comunidades locales. En México, tan solo las empresas mineras canadienses establecidas allí controlan el 60% del total del oro extraído. El restante 40% se divide entre empresas mexicanas (30%) y estadounidenses (10%). Empresas como Agnico Eagle Mines, Torex Gold, First Majestic, Equinox Gold, Alamos Gold, y Pan American Silver poseen la concesión de seis de las diez minas más importantes radicadas en territorio mexicano y que extraen alrededor de 35 mil de los 70 mil kilogramos de oro que se producen al año en el país. Cabe destacar que México se encuentra entre los diez principales productores de oro a escala mundial, y que ese potencial no traduce endógenamente sus beneficios.
El tema no es menor ni remite a una postura meramente chauvinista, si se piensa que entre el año 2000 y el 2018, las corporaciones mineras lograron apropiarse de un 500% (cinco veces) más oro que el extraído y saqueado en 300 años de vida colonial. Se trata de un proceso con costuras estratégicas a medida que esos minerales explotados y expoliados y las ganancias derivadas de su comercialización no son aprovechados en territorio nacional, ni reinvertidas sus rentabilidades para dinamizar el conjunto de la economía nacional y vertebrar el mercado interno.
Tan solo entre el 2006 y el 2012, el gobierno mexicano entregó en concesión 35,5 millones de hectáreas (algo así como el 20% del territorio nacional), a un plazo de hasta 50 años con posibilidades de prorrogarla. De tal manera que el 60% de la superficie mexicana está en manos de esas corporaciones extranjeras. Y esa transferencia de territorio se legalizó con legislaciones que no solo les permiten extraer irrestrictamente allende las fronteras los metales preciosos, sino que lo hacen sin pagar impuestos al fisco mexicano –pues solo están obligadas a gravámenes en el país de origen de la empresa–, sino que también son laxas en materia de regulación ambiental y de imponer criterios de restitución a aquellas comunidades que son explotadas y devastadas con la extracción de dichos recursos naturales.
Estos entramados institucionales amigables con los capitales extranjeros obligan a la misma Hacienda mexicana no solo a evitar ejercer la doble tributación, sino también a condonar el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. De más está mencionar que la misma autoridad mexicana, desde décadas atrás, tolera las condiciones de insalubridad, sobre-explotación y de bajos salarios a que son expuestos los trabajadores mineros. A su vez, estas corporaciones extranjeras se benefician del desplazamiento forzado de poblaciones en aquellas comunidades dotadas de recursos mineros y que en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” padecieron la criminalización de los pobres (https://bit.ly/3nwqHw6), la violencia de Estado y la militarización de sus territorios (https://bit.ly/2OU4BXF). La invasión de tierras y el despojo de ejidos es parte de estas prácticas lo mismo en estados como Zacatecas y Guerrero, como en otros territorios que rodean la Cuenca de Burgos en Tamaulipas y que poseen gas e hidrocarburos.
La devastación ambiental que a su paso crean las corporaciones mineras se evidencia en la destrucción de manantiales, la contaminación y agotamiento de los mantos freáticos, y la erosión de los suelos. Y ante ello no existe indicio de autoridad que haga valer la ley ante estos capitales extranjeros. Incluso, cuando la Hacienda mexicana pretende cobrar impuestos, estas corporaciones recurren a juicios de arbitraje internacional para no reconocer sus adeudos fiscales, tal como ocurre con la minera First Majestic que no reconoce un cobro tributario por 500 millones de dólares.
En el mismo ojo del huracán de estas corporaciones extranjeras se encuentra el reciente descubrimiento de yacimientos de litio en la Sierra Alta del estado de Sonora, cuyas reservas probadas alcanzan alrededor de 244 millones de toneladas, lo cual define a este depósito como el más grande del mundo.
A la par de lo anterior, México –a lo largo de varios siglos– es el principal productor de plata en el mundo y no emplea este metal como respaldo del peso mexicano, ni es capaz de adoptar un patrón plata para hacer frente a las recurrentes devaluaciones de la moneda azteca y a los vaivenes monetarios y financieros internacionales. Ello abriría un importante margen de autonomía para la gestión de la economía nacional y para no depender de las reservas monetarias en dólares.
Cabe destacar que las reservas internacionales de México son invertidas por el banco central en bonos gubernamentales en el extranjero, y que dichas reservas no se emplean para dinamizar el mercado interno a través del financiamiento de obras de infraestructura. La volatilidad de los mercados financieros y monetarios internacionales es el principal riesgo que se cierne sobre esas reservas que no pocas veces fueron dilapidadas en el pasado inmediato. De allí que sea relevante dar un vuelco en el patrón monetario, así como en el modelo económico que favoreció a esas empresas mineras extranjeras. Cancelar las concesiones mineras sería un paso fundamental para recuperar decisiones económicas estratégicas y para comenzar a desmontar el andamiaje jurídico e institucional que sustenta el modelo económico regido por el fundamentalismo de mercado (https://bit.ly/2YRXHoB).
Isaac Enríquez Pérez. Investigador, escritor y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos.
Twitter: @isaacepunam