La dinámica internacional de los hidrocarburos, en la que actúan los intereses de las transnacionales, las empresas estatales del sector, los gobiernos de los países más y menos poderosos, los grandes bancos y las bolsas de valores, está dejando al gobierno boliviano y a YPFB en una situación de inercia e incapacidad para desarrollar iniciativas […]
La dinámica internacional de los hidrocarburos, en la que actúan los intereses de las transnacionales, las empresas estatales del sector, los gobiernos de los países más y menos poderosos, los grandes bancos y las bolsas de valores, está dejando al gobierno boliviano y a YPFB en una situación de inercia e incapacidad para desarrollar iniciativas que impliquen una presencia al menos tangencial, y en manos de intereses ajenos a los de la nación boliviana, con graves consecuencias económicas y políticas a mediano y largo plazo.
Además, a nivel interno, las condiciones no son de las mejores puesto que los proyectos de avanzar en la construcción de gasoductos, industrialización, masificación del consumo de gas y otros complementarios son prácticamente inexistentes. Esto se debe a la inexistencia de una política y una estrategia endógena sobre el manejo de los recursos naturales y en especial el gas y el petróleo, lo cual tendrá efectos directos sobre la política social, bonos especialmente, la inversión y los recursos destinados al Gobierno Central, las Prefecturas, Alcaldías y Universidades.
Las señales más evidentes de estas afirmaciones están en la reunión de la denominada Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), la visita del Presidente de Brasil Luis Lula Da Silva, los anuncios de venta de gas a Chile, la corrupción en YPFB, la dotación de petróleo y derivados en el mercado interno y las pugnas regionales y locales por controlar las fuentes de recursos naturales.
La presencia subalterna del Ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, y del Presidente de YPFB, Carlos Villegas, en la reunión de la CBH, realizada en Santa Cruz, en agosto pasado, simboliza la situación. Los funcionarios estatales anunciaron concesiones a las petroleras, especialmente a Petrobrás, mientras los empresarios del sector demandaron mayores ventajas y anunciaron su beneplácito con las decisiones de gobierno.
Esta situación se complementa negativamente para el país cuando oficialmente se anuncia que Bolivia debe importar 11.000 barriles diarios de petróleo para cubrir el mercado interno y se reconoce que existe déficit de 50 por ciento en diesel y 25 por ciento en petróleo.
Por otro lado, el gobierno, a través de los nuevos contratos con las petroleras prácticamente ha dado por perdidos montos superiores a los 300 millones de dólares y otros emergentes de las auditorias, negociados, contrabando y falsas declaraciones de las transnacionales Petrobrás de Brasil, Repsol de España, Total de Francia, Shell de Holanda, Enron de Estados Unidos y BG de Inglaterra.
Además, los mil millones de dólares que han sido asignados a las inversiones de una YPFB corporativa, en la perspectiva de potenciarla, después de la corrupción descubierta a su Presidente Santos Ramirez y de los retrocesos actuales, están siendo apetecidos por las empresas petroleras privadas ante la inexistencia de acciones y proyectos de la empresa estatal, situación que se advierte de los resultados de la reunión de la CBH.
La presencia de Lula Da Silva en Bolivia, quien estuvo en un acto masivo en el Chapare preparado por el Presidente Evo Morales Ayma, significó un nuevo avance brasileño en su control geopolítico y de su política energética regional al haber conseguido el compromiso de reducir la compra de gas sin pagar la obligación establecida en el contrato. El propio Presidente de YPFB anunció que el compromiso de compra de gas por parte de Petrobrás se reducirá de 30 a 24 MMC.
En ese marco, exportación de materias primas sin ningún sentido estratégico, el Ing. José Luis Gutierrez, alto funcionario de YPFB anunció que Chile podría comprar gas boliviano aprovechando que pagaría precios más elevados de los que actualmente cancelan Brasil y Argentina. Tal determinación se inscribe en la política de Relaciones Exteriores de acercamiento con Chile, sin embargo esta situación entra en contradicción con la consigna de no a la venta de gas a Chile que provocó la expulsión de Gonzalo Sanchez de Lozada de la Presidencia de la República en octubre de 2003, a través de una rebelión popular.
Este panorama se nubla aún más cuando se avanza en la implementación de las autonomías regionales, departamentales e indígenas con derechos económicos y políticos y jurisdiccionales sobre los recursos naturales que abrirá la opción de manejo y negociaciones para la explotación de tierra, agua, minerales e hidrocarburos de manera privativa. A esto se agrega las pugnas y enfrentamientos que ya se están produciendo entre sectores sociales de varias regiones del país, La Paz, Oruro, Tarija y Potosí, por el control de estos recursos.
El haber abandonado el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos del primero de mayo de 2006, el ocultamiento de los resultados de las auditorias a las transnacionales, los nuevos contratos petroleros favorables a las empresas privadas, la ingerencia brasileña y chilena en la economía y la política boliviana y la incertidumbre en torno a los alcances de las autonomías, abren la gran interrogante acerca del futuro del proyecto nacional y popular de liberación nacional soñado por el pueblo boliviano.