Llegaron al poder con velocidad vertiginosa. Venían de una larga experiencia en procesos electorales que incluía fraudes, persecución y campañas de desprestigio que los presentaban, entre otras cosas, como “peligro para México”. Portadores de una carga de justicia y otra de resentimientos y revanchismo, más de una vez se pusieron de pie frente a la adversidad política. También cometieron errores sustanciales, como permitir la destrucción de su propio partido, convergencia de nacionalistas y proyectos de izquierdas, incluso socialistas. Por eso emprendieron, y lograron como proeza, la construcción de una nueva estructura electoral exitosa con rapidez inusitada. Todo girando en torno al liderazgo personal de quien ya se mostraba como un auténtico caudillo político.
El arribo del grupo al poder del Estado no fue accidental. Una votación insólita a la que contribuyeron los errores de un gobierno fallido, represivo y ostensiblemente marcado por la corrupción, el ansia de cambio ya anidada en gran parte del electorado, la grisura de las candidaturas que se le opusieron. Pudo así obtener no sólo la presidencia de la República sino la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados, en alianza con el izquierdista Partido del Trabajo y el derechista y confesional Partido Encuentro Social. Pronto sumaron, además, a sus antes adversarios del Verde Ecologista, que habían hecho parte de la coalición oficialista pero siempre con disposición a unirse al mejor postor.
El ejercicio del poder los alejó pronto de lo que habían enarbolado como principios. La militarización, antes denunciada, se extendió como nunca en la vida civil; y se creó una nueva fracción capitalista, la militar, administrando bienes del Estado y subsidiada por éste. La lucha contra la corrupción, quizá su postulado principal, quedó en broma cruel al alcanzarse en el enriquecimiento ilícito niveles de paroxismo en empresas públicas como Segalmex y con el contrabando de combustibles, nombrado huachicol fiscal. La consigna “primero los pobres”, rebasada por el rápido enriquecimiento de los de siempre, la antes llamada Mafia del Poder, ahora aliada del régimen y beneficiaria de jugosos contratos gubernamentales. Asignaciones en su mayoría directas, sin licitaciones públicas ni transparencia y reservadas incluso por un cierto número de años, por razones de “seguridad nacional”.
La separación del poder político y el económico, mera simulación, con un empresario de la lista de Forbes —luego señalado desde el Departamento del Tesoro estadounidense como probable lavador de dinero ilícito— ocupando la oficina adjunta a la del presidente. Ninguna reforma fiscal que afectara la acumulación privada en gran escala. La disciplina fiscal, emblemática en los inicios del gobierno, tirada por la borda en el postrer año electoral del sexenio para elevar déficit y endeudamiento a niveles históricos. Pronto, los recién llegados aprendieron a incursionar en el mundo de los negocios, el contratismo, los prestanombres, el tráfico de influencias.
La tentación del poder absoluto, sin contrapesos ni rendición de cuentas, comenzó a concretarse: capturar la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una correligionaria de partido formalmente inhabilitada para el cargo; debilitar o desaparecer, de plano, organismos autónomos de control como el INAI, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Cooptar también la presidencia y algunas consejerías del Instituto Nacional Electoral para beneficio del partido oficial. Todo para centralizar funciones en el Ejecutivo; todo en aras de una proclamada “austeridad” (“republicana, franciscana”) que nunca se vio en precampañas y campañas políticas del partido oficial y sus exponentes.
La polarización y guerra de lodo iniciadas con el “es un peligro para México” tuvieron también respuesta. Hostigamiento y descalificación propagandística cotidiana contra opositores y críticos, incluyendo periodistas de larga trayectoria, señalados como corruptos y hasta exhibidos sus datos e ingresos personales. Todo para acallar la crítica.
En el camino, para “fortalecer” el régimen, hubo el grupo en el poder de incorporar, desde las filas de los derrotados, desde Atlacomulco y el panismo, desde los despojos del viejo sistema y sin distingos, desde el oscurantismo de derecha, a los elementos conspicuos de la corrupción, del trapecismo político y el fraude electoral, a quienes encumbró en posiciones legislativas, cargos de gabinete y gobiernos municipales y estatales. En realidad, la izquierda nunca estuvo ahí.
Mientras tanto, y por sobre todo, el empleo del gasto público para transferencias y diversas formas de subsidio al consumo individual de las personas, a fin de consolidar una amplia clientela electoral. El gasto social, en tanto, fracasaba en materia de salud desmantelando las instituciones existentes sin poder construir nada mejor. En educación, los índices de deserción escolar escalaron, no sólo por la pandemia, sino de manera constante.
Tras un tropiezo en las elecciones intermedias, se preparó a corcholatazos la recuperación y reafirmación en la presidencia y el Congreso. Un fraude al sufragio, no en las urnas, no en las casillas, sino por la mayoría de consejeros del INE y luego en el Tribunal Electoral, convirtió, mágicamente, un 54% de los votos en 76% de la representación política, ¡algo que ni el PRI de los tiempos dorados, con su Cláusula de Gobernabilidad, hubiera soñado! El partido de Estado y el régimen de exclusión se consolidaron y la Constitución quedó a la mano para ser modificada a capricho del grupo en el poder del Estado.
Restaba colonizar uno de los poderes, el Judicial, operación asequible mediante la coartada del voto popular. Al son de una orquesta de acordeones, aunque con magra participación efectiva del “pueblo”, se colocó a legos sin experiencia, pero con lealtad; a una ministra “del pueblo”, a juzgadores improvisados pero cercanos al aparato político-electoral ahora omnipresente en la vida del país. La justicia transformada en juguete en manos de quienes ya todo el poder concentraban.
En la peor de sus facetas, algunos de los miembros del nuevo régimen se aliaron o apoyaron con los grupos delictivos organizados, de los que recibieron dinero para campañas o para comprar complicidades. Y más allá: en ciertos lugares, las bandas operaron amedrentando, amenazando, secuestrando o asesinando actores políticos opositores o no aceptables para quienes de antemano tenían que asegurar su primacía electoral. En Sinaloa, pero no solamente ahí. Enriquecimiento vertiginoso y triunfos aplastantes e incontrovertibles, mientras el país se hunde en la muerte, las desapariciones forzadas, el control territorial por poderes fácticos, el terror.
Pero es ahí donde el poder absoluto ha encontrado sus límites. No en las exiguas fuerzas opositoras, derrotadas, sino en dar al imperio justificación para el escarmiento por aquellas actitudes en que no hay alineamiento total con la superpotencia y la toma del control. Un país que no combate en su interior al poder de las mafias y al narcotráfico los toma como pretexto para presionar, someter a su orden e imponerse sobre otros países.
Y la hora de México ha arribado. Llega bajo la forma de señalamientos concretos contra personajes de la trama del poder. No cuenta ya que, desde 2019, la política migratoria se pusiera al servicio de los intereses de la Casa Blanca, que las fuerzas armadas se hayan ido alineando con las estrategias del Comando Norte, ni que del gobierno mexicano remitiera en el periodo más reciente, sin juicios de extradición, sin trámite, a 92 presos extraídos de las cárceles mexicanas para entregarlos como inmolación humana para aplacar la ira del tronante poder supremo que en Washington habita. Porque la defensa de la soberanía nunca estuvo ahí.
La entrega de capos sólo sirvió para agregar más información a la que el imperio de la conveniencia y la hipocresía venía acopiando ya sobre la corrupción y complicidades con el trasiego de enervantes del grupo mexicano en el poder.
Frente a las solicitudes formales de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, un senador por ese Estado y ocho coacusados más, el gobierno mexicano demanda pruebas, “pruebas contundentes” que no requirió para enviar a los ya mencionados 92 reos al mismo país que ahora requiere a miembros del grupo mexicano en el poder. Pruebas que ahora, con reformas constitucionales y a los códigos penales y administrativos, no son necesarias para someter a una persona a prisión preventiva oficiosa por más tipos de delitos que los que ya existían. Pruebas que no requiere la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentar ante ningún juez para congelar las cuentas bancarias de cualquier persona de la que tenga sospechas. No, la justicia no va por ahí.
Y sobre todo, ahora se denuncia la solicitud de la justicia estadounidense como ilegítima presión y atentado contra la soberanía, cuando se trata del cumplimiento de un tratado internacional suscrito por México desde 1978. Pero en la defensa de políticos corruptos y con vínculos delincuenciales el patriotismo no está.
Muy pocos creerán que la lucha del gobierno estadounidense contra el narcotráfico es legítima y verdadera. Un gobierno que amnistió al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, ya condenado por narcotráfico, y de quien ahora se va a servir para desestabilizar a los gobiernos de Colombia y México. Es un gobierno, entonces, que también se alía con narcotraficantes para sacar adelante sus propósitos e intereses. Un gobierno que no está dispuesto a frenar el abasto de armas a los delincuentes mexicanos. Pero es un gobierno que, ante su fracaso en la guerra contra Irán, asediado por el escándalo de los Archivos Epstein, con una economía en decadencia, necesita utilitariamente el tema de la lucha contra el narco como medio para recuperar legitimidad y algo del apoyo social que en su propio país ha perdido. Y es un gobierno que, si no tiene calidad moral, sí tiene la fuerza para ejercer poder fuera de sus fronteras.
La defensa patriotera y falsamente soberanista de los involucrados por el Departamento de Justicia y un gran jurado en Nueva York, y de los que por ahí seguirán, no tendrá, seguramente, buen puerto al que arribar. Porque la Patria no está en esos sujetos perniciosos que debieron ser, desde hace mucho, procesados en nuestro país por el daño que han hecho a la sociedad mexicana.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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