Aunque todavía están por venir hechos y definiciones que nos permitirán una caracterización más completa del régimen obradorista en materia laboral, es hora de hacer un primer balance de lo acontecido hasta ahora.
Por la parte positiva está el reconocimiento del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al derecho de sindicación y contratación colectiva y se ha logrado una reforma laboral que, aunque introduce severos controles a la vida interna de las organizaciones sindicales, impulsa la elección de sus directivas mediante el voto libre, directo y secreto; obliga a las directivas sindicales a dar cuenta precisa del manejo de las cuotas y de la negociación de los contratos colectivos de trabajo; bloquea la existencia de contratos colectivos de protección patronal; transparenta el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo al hacerlos públicos; permite una mayor libertad sindical al reconocer la existencia de más de una organización sindical en cada empresa, aunque ello significa un arma de doble filo.
El haber revertido la reforma educativa, neoliberal y punitiva, reinstalar a decenas de maestros despedidos, desistir de los procesos penales en su contra, todo ello sin reprimir la protesta magisterial, es otro logro de su política laboral.
A su favor también debemos abonar el fuerte incremento al salario mínimo (36%) en los dos últimos años, aunque este beneficio no se ha extendido a los salarios contractuales; el establecimiento de una renta básica universal para los adultos mayores de 68 años, 65 para los grupos indígenas ($1,275 pesos mensuales); y el establecimiento del programa de capacitación para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, en empresas, talleres, instituciones o negocios, con un apoyo mensual de $3,748.00 y seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, el problema es que este programa está siendo monopolizado por grandes empresas que obtienen mano de obra gratuita y no otorgan ninguna garantía de permanencia en el trabajo.
Por la negativa observamos que aún se mantienen los topes salariales en las revisiones contractuales; no se ha emprendido una reforma legislativa para ilegalizar el outsourcing y otras formas perversas de contratación laboral; éstas formas de contratación aún persisten dentro de la misma administración pública; se ha despido a decenas de miles de empleados públicos en nombre de la “austeridad republicana”.
También resulta difícil de digerir los recientes guiños a las cúpulas del sindicalismo burocrático (charro). Como la asistencia, el lunes 17 de febrero, al congreso de la hasta ahora casi desconocida Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). En el evento, al más puro estilo priistas, estuvieron presentes gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, empresarios, personajes de la farándula y donde se rindió, faltaba más, pleitesía a su “líder”, Pedro Haces Barba, quien jamás ha pertenecido a la clase trabajadora, tiene origen empresarial y durante diez años fue militante priísta. La presencia de López Obrador fue interpretada como una inequívoca señal de apoyo a este sector del sindicalismo charro –quien ha sido denunciado, por abogados laboralistas democráticos, de ser favorecido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en sus trámites de emplazamientos a huelga y recuentos laborales-, y de su desdén hacia el sindicalismo democrático e independiente.
Un escenario similar se vivió el domingo 24 de febrero, durante un Congreso Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en donde esta central rindió reverencia al actual gobierno y Obrador manifestó que “Ya los empresarios del México de hoy no son explotadores o esclavistas como lo eran en el Porfiriato, ahora la mayoría tienen dimensión social, actúan con justicia y con humanismo”.
En ambos escenarios Obrador manifestó su intención de “afrontar el problema de las Afores (sistema privado de pensiones copiado del fracasado modelo de la dictadura chilena), generado en el periodo neoliberal”, con la participación de trabajadores y empresarios. En el contexto de estas reuniones, rodeado de empresarios y charros sindicales, lo más factible es esperar tan solo un parche para mantener el mismo sistema depredador de pensiones y jubilaciones. Lo que necesitamos es su completa derogación, regresar a un sistema solidario acompañado del control de los trabajadores sobre sus fondos de pensión y realizar una auditoría sobre su mal manejo.
¿Qué balance podemos obtener de esta política tan contradictora del gobierno en materia laboral?
En nuestra opinión, más allá de quienes todo lo ven blanco o negro, estos vaivenes corresponden a los rasgos bonapartista sui generis del actual gobierno. ¿Qué queremos decir con esto? La historia enseña que cuando la clase dominante ya no puede gobernar como antes y la clase trabajadora aún no cuenta con la conciencia, organización y disciplina para ponerse al frente de la nación, surge una tercera alternativa, concentrada en una sola persona, que se presenta por “encima de las clases sociales” y que, sin pretender cambiar de fondo el orden capitalista, intenta conciliarlas en interés de la “Nación”. El actual gobierno oscila entre el capital extranjero y el doméstico, entre una oligarquía nacional y un proletariado relativamente débil y dividido. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases sociales.
La política oscilatoria de este gobierno está en función de la correlación de fuerzas existente. Frente a una oligarquía todavía poderosa, un charrismo sindical todavía fuerte y al frente del grueso del sindicalismo y un sindicalismo independiente y democrático profundamente dividido e incapaz de unificarse debido a su gremialismo, protagonismo y al peso de visiones sectarias, las posibilidades de cambiar el actual escenario se antojan muy difíciles.
Es imperativo que el sindicalismo democrático e independiente -Nueva Central de Trabajadores (NCT), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Central Internacional de Trabajadores (CIT) y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)-, retomen la propuesta de la NCT de convocar a una Convención Nacional de Trabajadores para impulsar su unificación, elaborar una estrategia para defender el interés histórico de la clase trabajadora, y, en lo inmediato: abolir el outsourcing y garantizar el derecho a una vejez digna para todos y todas.
José Luis Hernández Ayala es integrante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria