Ni la profunda crisis económica por la que atraviesa Argentina desde hace años ni las devastadoras consecuencias de la pandemia del covid-19 han frenado al pujante movimiento feminista de este país, uno de los más activos y masivos de toda América.
Una gigantesca marea verde de mujeres de todas las edades y sectores sociales se concentró desde la noche del pasado jueves ante el Congreso argentino, en pleno centro de Buenos Aires, a la espera del inicio, al día siguiente, del debate y votación del proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En pleno verano austral, con temperaturas sofocantes y en plena pandemia del covid-19 miles de mujeres, mayoritariamente jóvenes, hablaron, gritaron, rieron, cantaron y bailaron durante horas, durante muchas horas.
Finalmente, después de seguir desde la calle durante horas las intervenciones de 164 diputadas y diputados, llegó la votación y el proyecto de la IVE salía aprobado por la Cámara de Diputados.
La plaza frente al Congreso explotó, arreciaron los gritos de alegría, mientras pequeños grupos de religiosos y representantes de los movimientos pro vida se persignaban y lamentaban el resultado de la votación.
La dura campaña ‘celeste’ de la Iglesia católica, las iglesias evangélicas y sus ramas mediáticas y representantes políticos no pudieron frenar el empuje del movimiento feminista.
La fuerza de este movimiento, su extensión, capacidad de movilización y presión ha logrado que el Gobierno de Alberto Fernández hiciera suya la histórica reivindicación de la legalización del aborto, público, universal y gratuito y que la llevara en forma de proyecto de ley al Congreso.
Uno de los vídeos de la marea verde que se ha hecho más viral estos días tras la votación parlamentaria es una parodia del actual debate, en el que se ve a numerosas jóvenes argentinas corriendo por las calles para ir a abortar, “porque sí, porque ya es legal”, ridiculizando la hipócrita campaña de demonización en contra de la ley.
De confirmarse en el Senado esa votación, como previsiblemente será, las mujeres argentinas podrán interrumpir libre y gratuitamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación a través de la Sanidad pública, obras sociales y prepagas, intervención que deberá prestársele en el plazo máximo de 10 días desde que lo solicite.
En los casos que supere ese periodo la Sanidad solo practicará el aborto si la gestante ha sido víctima de una violación o peligra su vida. En esas situaciones la intervención deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días y en esos casos, solo en esos casos, los profesionales no podrán negarse a practicarla acogiéndose a la objeción de conciencia.
El feminismo viene batallando de forma organizada y creciente por ese derecho desde hace al menos 15 años pero es la primera vez que un presidente en ejercicio decide proponerlo a votación. Ni Néstor Kirchner (2003-2007) ni Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) quisieron llevarlo al hemiciclo durante sus respectivos mandatos.
Paradójicamente fue el presidente conservador Mauricio Macri quien en 2018 autorizó que se llevara al Congreso una propuesta de ley de la oposición, y la Cámara de Diputados la aprobó por 129 votos contra 125, pero posteriormente el Senado la rechazó por 38 votos contra 31.
Tanto entonces como ahora no existió disciplina de voto al tratarse de un tema sensible donde había posiciones encontradas en el seno de la mayoría de los partidos políticos.
La diferencia en la votación ha sido en esta ocasión algo mayor. Fueron 131 los que votaron a favor, 117 en contra y cinco se abstuvieron.
Si se analiza cómo votó cada diputado y a qué formación política pertenecía se puede comprobar las divisiones dentro de cada uno de los bloques parlamentarios.
También se pueden apreciar cambios de postura de varios diputados y diputadas entre su votación de 2018 y la actual.
Hay quienes entonces votaron a favor y ahora lo hicieron en contra, y quienes hace dos años votaron en contra y ahora lo han hecho favor, e incluso las que en aquel momento votaron una de esas opciones y ahora decidieron abstenerse.
En algunos casos los cambios se debieron a una reconsideración íntima sobre el tema, en otros admitieron la influencia de la presión de las ciudadanas y ciudadanos a los que representan en sus respectivos distritos.
También en esta ocasión se repitieron las divisiones internas en el seno de los partidos políticos, tanto en la coalición gubernamental, el Frente de Todos ─19 partidos, incluyendo distintas corrientes peronistas, otros provenientes del radicalismo y tres que se reivindican comunistas─, como en el frente opositor liderado por Macri, Juntos por el Cambio, integrado por cuatro partidos.
Alberto Fernández triunfó en las presidenciales de 2019 con un 48% de votos frente al 40% de Macri, mientras que en las parciales legislativas de ese año el Frente de Todos ganó en Diputados con un 45% a la coalición del macrismo, Juntos por el Cambio, que consiguió un 40%, y en el Senado con un 40,16% contra un 38,85%.
En las elecciones parlamentarias la coalición gubernamental consiguió entonces 64 de los 130 escaños que se renovaban en la Cámara de Diputados ─de un total de 257─ y obtuvo 13 de los 24 escaños que se renovaban en el Senado, de un total de 72.
El Frente de Todos controla desde esas elecciones de 2019 las dos Cámaras. Cuenta con un total de 119 diputados y Juntos por el Cambio 115, y los restantes 22 escaños se lo reparten entre otras cuatro formaciones políticas.
En el Senado ─presidido por Cristina Fernández de Kirchner─ el FDT tiene 41 escaños frente a los 31 de JPC, y los otros 6 corresponde a otros tres partidos.
Con esos números cabría pensar que la coalición gubernamental cuenta con una mayoría suficiente para superar en las próximas semanas la votación en el Senado, pero la aritmética política en Argentina es más complicada. No es la primera vez que en uno de los bloques parlamentarios la mayoría nominal no se corresponde con la misma mayoría real a la hora de votar.
De los 131 votos obtenidos por el sí días atrás a la ley de interrupción del embarazo, 82 provinieron de las filas del Frente de Todos, pero 32 diputados y diputadas de ese bloque votaron en contra y 3 se abstuvieron.
En el caso del opositor Juntos por el Cambio fueron 70 los diputados que votaron en contra de la ley pero 42 votaron a favor.
En 2018, cuando el Senado rechazó el proyecto de ley las feministas argentinas se comprometieron a intensificar su movilización para volverlo a intentar.
Durante su campaña electoral en 2019 el entonces candidato y ahora presidente Alberto Fernández se comprometió a apoyar esa reivindicación, secundado por su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien reconoció que la movilización de las miles y miles de jóvenes mujeres la habían convencido para cambiar de postura y apoyar el proyecto de ley.
La legislación sobre el aborto que sigue rigiendo actualmente en Argentina data de 1921, y reconoce el derecho a la interrupción del embarazo solo en el caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la mujer, en un país donde se estima que se produce un aborto cada minuto y medio y las muertes por abortos clandestinos son constantes.
En esa época no había aún mujeres parlamentarias ni tampoco sufragio femenino a pesar de que feministas como la socialista Alicia Moreau de Justo, fundadora del Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina, ya lo venían reivindicando desde 1902.
A fines de los años 20 y 30 del siglo pasado dos provincias argentinas, San Juan y Santa Fe respectivamente, aprobaron el voto de las mujeres para las elecciones municipales y provinciales pero no fue hasta 1947, bajo el primer gobierno de Juan Domingo Perón, cuando fue promulgado oficialmente a nivel nacional. Eva Duarte, Evita, primera esposa de Perón, jugó un papel clave en la campaña para que se aprobara la Ley 13.010.
Las mujeres argentinas pudieron votar y ser votadas por primera vez para unas elecciones en 1951, cuando fueron elegidas 23 diputadas (un 15,4% de la Cámara de Diputados) y 6 senadoras (20% del total de escaños del Senado).
Actualmente hay 99 diputadas, 38.5% del total y 30 senadoras, representando el 41,6% de la Cámara Alta. Desde que en 2017 se sancionó la Ley de Paridad de Género y se adoptaron cambios legislativos en 2019 las listas electorales presentadas por las fuerzas políticas deben obligatoriamente contar con un 50% de candidatas mujeres, situadas de forma intercalada y secuencial.
Junto a la media votación de la ley para la legalización del aborto se aprobó el Plan de los 1.000 días por el que el Estado se compromete a apoyar a mujeres vulnerables que sí quieran tener hijos, durante su embarazo y hasta los tres años de edad de las niñas o niños
Se trata de un paquete de medidas para evitar los abortos llevados a cabo por mujeres que sí quieren tener hijos pero que abortan por dificultades económicas para mantenerlos.
Este Plan extiende así la actual Asignación por Embarazo (AUE) que pasa de seis mensualidades a nueve; amplía también el pago por Nacimiento y por Adopción a quienes ya son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH); amplía igualmente la existente Asignación Universal por Hijo; contempla la provisión pública y gratuita de insumos esenciales y medicamentos gratuitos tanto durante el embarazo como en los tres primeros años de vida del niño o niña; y pone en marcha una serie de medidas para poder detectar tempranamente situaciones de violencia sexual y de género en mujeres embarazadas, en las niñas, niños y adolescentes.
El Senado comenzará esta misma semana a debatir en varias comisiones -presididas en algunos casos por defensores de la ley y en otros por detractores de la misma- el proyecto de ley de la IVE, estimándose que tras sus respectivos dictámenes podría votarse antes de fines de año, el día 29 de diciembre, o como máximo el día 30.
A pesar de que la falta de disciplina de voto en los bloques parlamentarios y las posturas divergentes que existen en su seno sobre el tema crean incertidumbre sobre el resultado que pueda tener la votación en el Senado, se estima que en esta ocasión hay factores que permiten prever que a diferencia de 2018 sí será favorable.
Influyen en ello el hecho de que haya sido el propio presidente Alberto Fernández el que se comprometió con la medida desde el primer momento y quien hizo suya la reivindicación de la campaña feminista. También que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ahora a favor de la ley, es actualmente la presidenta del Senado.
En estos dos últimos años el movimiento feminista ha hecho un trabajo pedagógico muy amplio en todos los ámbitos de la sociedad lo que ha permitido ampliar los apoyos a esta histórica reivindicación.
Al igual que en otros países de la región, el feminismo argentino se ha convertido en el movimiento social más masivo, activo y vertebrador de la lucha social frente a la ola de gobiernos neoliberales que desde hace años hegemoniza América Latina.
De confirmarse la votación a favor por parte del Senado, Argentina se convertiría en el sexto país de toda América Latina y el Caribe en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, tras la pionera Cuba, que lo legalizó en 1965, tras Uruguay, Puerto Rico, Guyana y Guyana Francesa.
Lo recordábamos hace dos años en una serie de tres artículos en estas mismas páginas sobre la postura ante el aborto de los gobiernos progresistas, los ‘gobiernos del cambio’ que hegemonizaron la región durante la primera década de este siglo.
Era una oportunidad histórica, posiblemente irrepetible, pero lamentablemente, vergonzosamente, solo Uruguay aprobó en 2012 su legalización; lo hizo bajo el mandato de Pepe Mujica.
Roberto Montoya, periodista y escritor, forma parte del Consejo Asesor de viento sur