En varias ocasiones durante su campaña, José Antonio Meade ha dicho que en la elección su partido seguirá el ejemplo del Estado de México y Coahuila. No se trata de un mero discurso de consumo interno para reconfortar a los priistas, sino de un lineamiento y consigna política para orientar la acción de sus militantes […]
En varias ocasiones durante su campaña, José Antonio Meade ha dicho que en la elección su partido seguirá el ejemplo del Estado de México y Coahuila. No se trata de un mero discurso de consumo interno para reconfortar a los priistas, sino de un lineamiento y consigna política para orientar la acción de sus militantes y aliados. Basta con ver cómo en la primera de esas entidades el priismo se impuso mediante la compra masiva de votos y cómo en la segunda la elección no quedó satisfecho ninguno de sus opositores, que incluso hicieron frente común para defender el voto y denunciar las anomalías en las que había incurrido el partido oficial. Es decir, Meade ha estado dando la orientación de recurrir al trampeo de siempre, actualizado como en esas dos elecciones de 2017, para obtener un triunfo a costa de lo que sea.
La maquinaria del fraude ya está en marcha y operando a nivel de la calle; pero también se ha asegurado suficientes apoyos entre las instancias arbitrales y de sanción en materia electoral, el INE, el Tribunal Electoral y la Fepade. Ya desde hace varios meses se ha sabido cómo el TEPJF revirtió una decisión reglamentaria del INE de excluir por completo la circulación de tarjetas y monederos electrónicos por los partidos políticos, de manera que en la presente contienda se sigue traficando con las hoy muy famosas tarjetas rosas, como medio «legalizado» de comisión de un delito electoral tipificado: la compra de votos. Otra decisión arbitraria lo fue el dar, por razones de procedimiento, el registro como candidato a Jaime Rodríguez Calderón, El Dócil, quien se ha mantenido en la contienda presidencial a pesar de no haber reunido el número de firmas suficientes para participar como independiente y de estar señalado y denunciado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales por coaccionar las firmas y por un gran número de suscripciones de apoyo dudosas.
¿Pero qué esperar de la misma Fepade? De ella se expulsó a quien era un titular honesto y confiable, Santiago Nieto Castillo, cuando éste avanzaba en la investigación de los sobornos Odebrecht a Emilio Lozoya durante la campaña de 2012 y el probable uso de los mismos para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, la Fiscalía navega sin rumbo ni timón y ha dejado hacer en una serie de irregularidades que están ya a la vista de todos. Bsta con leer el ilustrativo artículo de Luis Hernández Navarro «Doña Luz y el fraude» (La Jornada, http://www.jornada.com.mx/2018/06/19/opinion/017a2pol) para aquilatar la operación de manipulación del sufragio mediante los programas sociales y el simple mercadeo de credenciales para votar.
Y el INE, por su parte ya falló en aspecto que pueden ser graves en caso de un resultado dudoso durante la jornada electoral; se ha podido constatar que los plumones a utilizar para cruzar las boletas son borrables; y también que un gran número de funcionarios de casilla están vinculados a partidos, especialmente al PRI.
Y la honestidad misma de los candidatos de dos de las coaliciones se encuentra en entredicho. No olvidemos el cochinito de 12 mil millones de pesos de José Antonio Meade en la Sedeso, escamoteados de los apoyos a adultos mayores o de la «estafa maestra» que él no vio cuando era titular de Hacienda. Y tampoco omitamos la venta fraudulenta de Ricardo Anaya de una nave industrial al chofer de Luis Alberto López, chofer de su amigo Manuel Barreiro.
La cuestión a debatir es si ese conjunto de irregularidades les serán suficientes a las coaliciones en disputa, particularmente al priismo, para revertir la enorme desventaja en que se encuentran en los sondeos serios sus candidatos a la Presidencia, a los gobiernos estatales y a los congresos federal y locales.
Ya ha fracasado el PRI en lo que era una parte fundamental de su estrategia: sacar a Ricardo Anaya de la contienda, recurriendo incluso a investigarlo por parte de la PGR, o quizá presionarlo para aliarse a Meade y formar un solo frente contra el candidato puntero López Obrador. Lejos de ello, Meade se ha estancado en el tercer lugar y Anaya ha retomado su beligerancia discursiva contra el priismo y particularmente contra el presidente Peña Nieto. Tampoco está claro que al candidato frentista ese discurso agresivo le sea suficiente para acercarse al cimero en un nivel realmente competitivo.
Porque más allá de las encuestas conocidas, o mejor, adicionalmente a ellas, el fortalecimiento del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ha sido notorio en el tejido de una red de alianzas incluso inverosímiles o impensadas hasta hace muy poco, y en la adhesión pública de una gran cantidad de fuerzas políticas y sociales, dirigentes y personajes públicos. No hay elementos visibles para pensar que en una elección limpia y transparente pueda ser derrotado ni por Anaya ni menos aún por Meade.
Por ello, por la consolidación de un candidato como favorito a medida que la campaña se acerca a su fin, es que las elecciones se han venido haciendo más riesgosas. A los antilopezobradoristas no les han funcionado sus distintas tácticas de desprestigio, como equipararlo con Hugo Chávez, Nicolás Maduro o el mismo Luis Echeverría. Han tratado de desacreditar también a algunos de sus aliados reales o supuestos y a determinados candidatos de Morena, sin que eso haga mella en la popularidad del mismo López Obrador. El mejor promotor del hoy candidato opositor ha sido el gobierno de Peña Nieto, con sus inacabables escándalos de corrupción, su ineficacia ante el fenómeno de la inseguridad, su entreguismo ante el gobierno antimexicano de los Estados Unidos y su errante manejo de la economía que, pese a todo y a sus reformas, no crece.
Lo cierto es que el presente proceso electoral no se ha desarrollado de ninguna manera en normalidad y que, además de las irregularidades del mismo, se ha visto rodeado de amenazas y hechos ominosos. Más de 120 candidatos o agentes de los partidos en contienda han sido asesinados; y un millar, al menos, han abandonado sus postulaciones, en su mayoría, según se sabe, por amenazas contra su vida o su seguridad. Estos hechos han alcanzado a los postulados por prácticamente todos los partidos, sin exceptuar al PRI, al PAN, a Morena o al PRD. Eso significa que el fenómeno de la delincuencia organizada sigue desbordado frente a las autoridades gubernamentales y desafiante frente a la sociedad en su conjunto. Hace unos días el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha tenido que reconocerlo pública aunque tardíamente al anunciar que se dará protección personal -particularmente a los presidenciables- aun cuando ellos o sus partidos no lo estén solicitando.
Durante una parte de la campaña, algunos de los candidatos han llegado a plantear que una de las opciones de la elección representa al miedo, o que el triunfo de cierta candidatura se constituye en una amenaza. Es lo que en redes sociales, spots y llamadas telefónicas se ha llegado a difundir muy ampliamente. Ahora vemos que la amenaza real no está en el triunfo de alguna de las posturas electorales sino que en el proceso mismo de competencia se ciernen ya elementos funestos.
En ese ambiente, el proceso electoral en sí enfrenta al menos una doble amenaza: las irregularidades toleradas o insuficientemente combatidas y la amenaza peor aún de la violencia política, ya muy presente durante las campañas. Lo ominoso es que la respuesta de los gobiernos federal y locales, de las instituciones encargadas de conducir y vigilar el proceso, de los partidos políticos en disputa y de la sociedad no ha sido tampoco oportuna ni en la medida que sería de esperarse. No se trata de crear entre los ciudadanos una alarma que podría inhibir el ejercicio del sufragio, pero sí de concientizar acerca de los riesgos de una elección que, pese al decir de las autoridades electorales y de las gubernamentales, dista de desarrollarse en calma y normalidad. Sería de esperarse que los resultados de la jornada del 1 de julio nos desmientan y que en ese día y los siguientes se restablezca la convivencia política y social, y que México transite en paz hacia una nueva etapa de su vida institucional. Desafortunadamente, los signos, hasta ahora, nos indican otra cosa.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH