Está anunciado que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero, el Congreso tratará como tema prioritario la anunciada reforma electoral del sexenio. Tomará como iniciativa la enviada por la presidenta Sheinbaum, confeccionada por la comisión especial que ésta integró con funcionarios de su confianza, es decir, un equipo totalmente dependiente del poder Ejecutivo: Pablo Gómez Álvarez, Rosa Icela Rodríguez, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y José Antonio Peña Merino y Esthela Damián Peralta, titular de la Consejería Jurídica de la presidencia la actual fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
Entre las reformas que la presidenta anticipó en su momento están la prohibición de la reelección inmediata de diputados, senadores y presidentes municipales; la prohibición de que los partidos postulen a familiares directos de los funcionarios ya en funciones antinepotismo); la popular pero discutible eliminación del fuero constitucional a los legisladores. Además, ella se ha pronunciado por la eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y la centralización de la organización de todas las elecciones (32 gobiernos y congresos locales y 2 478 ayuntamientos) en el INE.
Pero están también sobre la mesa los puntos que incluyó en sus iniciativas del 5 de febrero de 2024 el ex presidente López Obrador, conocidas como Plan C: la eliminación de la representación proporcional o, al menos, la reducción del número de diputados, senadores y regidores; la reducción del financiamiento a partidos políticos; regular o modificar el acceso de los partidos y candidatos a los medios de difusión; la sustitución del INE por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) y la posible eliminación de los OPLEs; la reducción del número y elección popular de los consejeros electorales del INE (o INEC); y la adopción gradual del voto electrónico.
Y hay varios temas más que deben entrar en el debate, si la reforma debe ser un avance y no un avance o consolidación de la democracia electoral. Entre ellos, el del financiamiento y fiscalización de los partidos y gastos de campaña; la regulación de la propaganda gubernamental, hasta hoy asignada arbitrariamente a los medios favorables al gobierno en turno y restringida a los críticos; y el de la representación de los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero. La oferta de Claudia Sheinbaum fue realizar encuestas públicas y foros de debate en los Estados y con base en esos resultados elaborar la iniciativa de reforma; pero éstos han sido convocados y organizados sólo por la comisión del Ejecutivo, y no parece que los legisladores vayan a abrir la posibilidad de un parlamento abierto y foros de consulta para la iniciativa definitiva.
Ahora se cuenta con las más de 200 propuestas de consenso que los consejeros del INE han hecho llegar a la comisión especial, que acaso sean la aportación más amplia al debate.
Las propuestas del INE se organizan en diez ejes temáticos: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización, efectividad del sufragio y sistema de votación, modelo de comunicación y propaganda política, autoridades electorales administrativas, justicia electoral, requisitos de elegibilidad e inmunidad de funcionarios electos, y democracia participativa. Destaca el documento el tema de las libertades políticas y regulación de la competencia electoral; el fortalecimiento de la representación de grupos minoritarios; garantizar la paridad de género y combatir la violencia política contra las mujeres; mejorar el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, incluyendo el uso de tecnología avanzada como la inteligencia artificial; la implementación de modalidades de votación remota, electrónica y anticipada para garantizar el acceso al voto de grupos vulnerables; algunas propuestas para la elección de cargos del Poder Judicial, incluyendo ajustes en el diseño de boletas y procesos de votación.
También el fortalecimiento de la autonomía, profesionalismo y transparencia de las autoridades electorales; la inclusión de mecanismos de mediación y conciliación en la justicia electoral; la regulación de los requisitos de elegibilidad y procedimientos para garantizar la idoneidad de las candidaturas; propuestas para mejorar los mecanismos de democracia participativa, como consultas populares y revocación de mandato.
La reforma, para avanzar en la democratización de los procesos electorales, debe vencer las resistencias y tendencias regresivas que ya se han hecho presentes en la discusión pública, que apuntan a la restauración, con el Morena, del régimen de partido dominante o partido de Estado, y a la creciente concentración del poder en la elite política que desde 2018 nos gobierna. La expresión más descarnada es la del coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, que considera innecesaria la reforma electoral porque “si con estas reglas ganaste Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿qué necesidad?” Confesión aparte de que en la elección judicial fueron los partidos los que distribuyeron acordeones, se trata, en su concepto y de los que representa, no de mejorar el sistema electoral sino de mantener las condiciones para que la misma aristocracia que ya se encuentra en los poderes del país se conserve ahí en lo sucesivo. ¡Cinismo el de Reginaldo, si lo hay!
Creo, por mi parte, que la reforma es necesaria y debe incluir, entre otras cosas, las que aquí apunto.
La propuesta de López Obrador en 2024 fue que sólo se dé financiamiento oficial a los partidos durante las campañas electorales; y sí es necesario reducir, pero no desaparecer, el financiamiento público, para no propiciar que los intereses privados lícitos o ilícitos los sostengan. Es necesario desligar ese subsidio del crecimiento del padrón, que conforme al inciso a) de la fracción II del artículo 41 constitucional lo vincula directamente al número de ciudadanos inscritos en el padrón. También se requiere un mejor reparto de las prerrogativas: 60 % de manera equitativa a todos partidos y 40% conforme a la votación obtenida en la elección inmediata anterior, a la inversa de como se encuentra en la actualidad.
Debe conservarse, y perfeccionarse, la representación proporcional, eliminando la potestad de las dirigencias partidarias de elaborar las listas de plurinominales para que los legisladores de las minorías sean los que hayan hecho campaña y obtenido en la elección los mejores porcentajes de votación para su partido en la circunscripción electoral correspondiente. Y esa representación proporcional debe apegarse fielmente a los porcentajes obtenidos en las urnas por cada organización política, eliminando toda fórmula de sobrerrepresentación, como la que ha dado lugar a la artificial mayoría calificada del oficialismo en el Congreso.
Desaparecer los OPLEs sería ir contra el pacto federal e instaurar de facto un régimen centralista como en los tiempos de López de Santa Anna. No se puede quitar a las entidades de la federación el derecho de organizar y calificar, siempre con reglas claras y democráticas, la elección de sus autoridades locales. Se han de fortalecer, en cambio, las facultades de los órganos electorales y tribunales locales para fiscalizar a los partidos y campañas.
Es fundamental —y es bueno que la presidenta Sheinbaum ya se haya comprometido a ello, en contraposición con las torpes declaraciones de Pablo Gómez— garantizar la autonomía del INE y asegurarle un financiamiento suficiente para ejercer a plenitud todas sus atribuciones. Los consejeros deben surgir del consenso entre las fuerzas políticas y no de una elección popular tan manipulable como lo fue la de los juzgadores.
El tema del voto electrónico debe ser estudiado con criterios técnicos, de manera que sea inviolable. Puede dar lugar a economías importantes y más certeza y rapidez a los resultados.
En la elección presidencial de 2024 se recibieron 184 mil 326 sufragios desde 142 países, cifra que, si bien representó un incremento muy importante con respecto de las elecciones anteriores, sigue siendo muy baja. Se requiere simplificar los procesos de credencialización desde consulados y embajadas, y ampliar las modalidades de votación. Las tres que existen —presencial, electrónica y postal—, no resultan satisfactorias ni de fácil acceso, al decir de los representantes de los mexicanos en el exterior.
También debe tomarse en serio discutir el tema de la segunda vuelta electoral (balotaje) y perfeccionar el sistema de medios de impugnación, para dar certidumbre a todas las elecciones.
No es deseable, en resumen, reformar para restaurar un sistema en el que el Ejecutivo y la mayoría (trucada) del Legislativo controlen los procesos electorales para asegurar su ventaja, limitar la competencia y garantizar su permanencia en el poder. Eso lo vivimos ya durante la dictadura perfecta del priismo durante muchas décadas, y no debe repetirse.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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