Recomiendo:
1

La restauración de la estabilidad macroeconómica en Bolivia 2025 según el FMI

Fuentes: Rebelión

Según el Reporte de Mayo del 2025 Bolivia debe reorientar su estrategia económica. Esto implica que el dólar no puede ser sostenido con reservas precarias y debe ser reemplazado con un nuevo régimen que permita que la tasa de intercambio nominal pueda fluctuar con las condiciones del mercado y se respalde en el control de […]

Según el Reporte de Mayo del 2025 Bolivia debe reorientar su estrategia económica. Esto implica que el dólar no puede ser sostenido con reservas precarias y debe ser reemplazado con un nuevo régimen que permita que la tasa de intercambio nominal pueda fluctuar con las condiciones del mercado y se respalde en el control de la liquidez de la moneda local para mantener la estabilidad de los precios para que esto sea posible es necesario remover los seguros legales sobre las tasas de interés, y que los depósitos domésticos (familiares) y las tasas de interés de los préstamos puedan rápidamente alcanzar niveles de compensación de mercado. En términos más sencillos para evitar el incremento de la inflación y la recesión económica, pero de forma temporal, mientras se incrementa la deuda externa, y claro luego de la consecuente catástrofe con el remate de las empresas estratégicas del Estado a las grandes corporaciones.

En este sentido el FMI propone un ajuste fiscal una reforma de consolidación fiscal que posibilite la eliminación del Banco Central en la financialización del presupuesto (para generar un corto circuito de la inyección de la liquidez de la moneda local a través de esta fuente) y reducir el riesgo de la pérdida de soberanía del país, además de poner atención en el sector más vulnerable de la población, sugiere reducir el gasto público en el pago de los salarios y trabajar en las posibles debilidades del marco jurídico legal en el sistema financiero durante esta transición económica necesaria, aunque hasta la fecha, dicho sector habría sido protegido con las políticas del gobierno de Arce, reconoce el FMI, en el mencionado reporte. Para lo cual sugiere a Bolivia nuevamente endeudarse.

La sugerencia del FMI consiste de esta manera en depreciar la tasa de intercambio del dólar en el mercado paralelo que contribuyó decisivamente a la inflación de los productos de la canasta básica familiar y al déficit de la balanza de pagos, ya que es debido a la escasez del dólar que se redujo la posibilidad de realizar importaciones al interrumpir la cadena de suministros y al incrementar los costos de producción, imposibilitando el crecimiento económico del país. Y ya que la escasez de mercancías y el alto costo de importación, además del incremento de los salarios en el sector público habrían contribuido a la inflación elevando el costo fiscal de los subsidios, e incrementando la salida acelerada del capital de las arcas del Estado.

En este escenario el déficit fiscal sobrepasó el 10% del PIB el año 2023 y 2024 excedió el presupuesto dirigido para este gasto. A esto se sumó la disminución de los ingresos por la venta de hidrocarburos y la corrupción del gobierno en la importación de los combustibles a través de la empresa Paraguaya Botrading, que se niega a transparentar los cobros con sobreprecio al Estado Boliviano y que según denunciaron varios parlamentarios como el diputado Héctor Arce, o el diputado Carlos Alarcón entre otros, generó un daño al Estado que sobrepasa los 56 millones de dólares en dos años.

Alarcón denunció el pasado 29 de Mayo ante la prensa, que Botrading es esencialmente propiedad de YPFB a través de refinaciones, lo que significa que YPFB se compra a sí misma el combustible y el crudo del exterior a un precio mayor generando así ganancias ficticias. Esto sumado a la negligencia de los funcionarios del gobierno de Arce en la importación de combustibles que generó la escasez en el país y que desencadenó la crisis del sector agropecuario de la mediana y pequeña empresa principalmente, un sector ya bastante golpeado por las sequías y lluvias fuera de estación por el fenómeno del niño.

Pero volviendo al reporte del FMI, este señala que otra de las causas del déficit del gasto público es la subvención de los combustibles por parte del Banco Central. Así concluye que la deuda pública al final del 2024 habría sido del 95% del PIB (y esto de acuerdo al tipo de cambio oficial del dólar).

Otro detalle relevante en este análisis sobre el déficit fiscal es el incremento de las State- Owned Enterprise (SOEs) en el negocio del oro con el Estado Boliviano. Estas empresas creadas por el Estado y cuyos dueños públicos y/o privados tenían la potestad de actuar como intermediarios en la compra del oro a los pequeños productores y de venderlo al banco central, según el reporte si bien desde el año 2013 al 2023 se promediaba en 1% del PIB la participación económica de dichas empresas creció a un 4.3% del PIB para el año 2024, como resultado de la Ley del oro promulgada por el gobierno que establecía que el oro fuera comprado a un precio relativo al cambio oficial del dólar, para luego ser intercambiado por la divisa extranjera bajo la excusa de fortalecer las reservas internacionales.

No obstante, el gobierno agotó las reservas de moneda extranjera a fines del 2024 cuyo remanente fue de 2 billones de dólares (que según el FMI podría cubrir dos meses de importación) pero que estaban compuestos de 1.9 billones de dólares en oro restringido (oro sujeto a deuda) y solo 90 millones de dólares en activos líquidos esto es disponibles. Así el gobierno de Arce para obtener dólares habría comprado cerca de 1 tonelada de oro por mes de los productores domésticos cerca de 80 millones de dólares.

Por lo que el gobierno de Arce habría liberado 268 millones de dólares de una deuda asumida y de la cual habría utilizado 200 millones de dólares para el fondo de pensiones que según este reporte sirvieron para financiar la recompra de sus eurobonos a los inversores extranjeros con un recorte del 70% y a un tipo de interés del 12%. En ese sentido habría protegido al sector financiero cuyos créditos al sector privado ascenderían a un 70% en términos de porcentaje del PIB.

Además se debe destacar que según el reporte de la OECD del año 2025 los mayores ingresos al Estado Boliviano provenientes de los impuestos eran del fondo de pensiones en un 24% y de los impuestos a los bienes y servicios en un 31% además de los impuestos a la propiedad en un 20% al año 2023, ingresos que sirvieron tanto para la compra de bonos como para desarrollar una política deficitaria del gasto público con la creación de empresas privadas que succionaran las arcas del Estado en favor de una clase dominante rapaz.

Cabe mencionar que en la tabla 1 del mismo estudio la tasa de pobreza al año 2023 era del 36% y que el ingreso per cápita en aquel entonces era de unos US$ 3,736 cuando el Consumer Price index CPI de la inflación llegaba a un 2%, lo que no se expone es la cifra clara de cuanto era el ingreso per càpita al año 2024 cuando según el FMI se comenzaron a implementarlas medidas de depauperación de la economía del gobierno de Arce y cuando el CPI de inflación ascendía a un 10% y cuanto el año 2025 cuando la inflación ascendía a un 15% los datos de la OIT no contribuyen al análisis y los del INE se limitan a una publicación en la que se asegura que para el 2025 el desempleo sería del 3% aproximadamente.

No obstante, y considerando los datos del FMI podemos concluir que los precios de varios de los productos de la canasta básica familiar se habrían elevado contrariamente a este reporte y a los datos suministrados por el gobierno de Arce, por encima de un 133% como en el caso del arroz o la carne. Pero además el índice de GINI que era del 16.1 durante el gobierno de Evo Morales, y que mide el crecimiento de la riqueza se habría incrementado dramáticamente el año2023 a un 42.1 , según el reporte del Banco Mundial de Abril del 2025. Vale destacar que dicho reporte no menciona mayores datos sobre el incremento de la pobreza durante el 2024 y el 2025 años en los que se endurece la política de estrangulamiento económico del país bajo el gobierno de Arce. Además, en el reporte del FMI se pasa muy por encima los datos del desempleo y el incremento de la subcontratación y su relación con la inflación de los precios durante este período de agudización de la crisis.

No obstante y considerando que la inflación se habría incrementado en un 15% al 2025, y considerando que al 2023 esta inflación era del 2% el poder adquisitivo de un trabajador promedio se habría depreciado en aproximadamente 7 veces su valor desde el 2023 al 2025; entonces, si aplicamos este análisis al ingreso per càpita del 2023 que nos proporciona el FMI, tenemos que el sueldo mensual de un trabajador que sería de aproximadamente 2100 bs equivaldría en proporción inversa al incremento de la inflación a un sueldo de 1700 bs aproximadamente disminuyendo visiblemente su poder de compra y que en términos reales si comparamos con la inflación de los precios de la carne y del arroz de más el 100% este sueldo se reduciría a 900 Bs. aproximadamente, esto es habríamos retrocedido en las conquistas políticas y sociales al año 2003 de la guerra del gas y de la política de capitalización de las empresas a la que nos empujó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con la consecuente crisis económica política y social.

Frente a esta realidad y en el contexto electoral no faltan los candidatos que señalan que hoy más que nunca debemos salvar a Bolivia, siguiendo nuevamente las recetas del FMI y/o que en 100 días salimos de este problemita rematando el litio la nueva matriz energética mundial a precio de gallina muerta claro que no se dice en esos términos sino en un clásico “yo sé cómo resolver el problema del país”. En los hechos es innegable que solo el gobierno de Evo Morales fue capaz de generar una redistribución del excedente que contribuyó visiblemente a una reducción de la desigualdad social en el país y que posibilitó un crecimiento económico sostenido, el mayor de la región a lo largo de sus 14 años de gobierno como destaca el índice de GINI arriba mencionado. De ahí la necesidad del gobierno de Arce bajo la sigla robada del MAS y de la derecha recalcitrante de imposibilitar su candidatura en estas elecciones generales de Bolivia.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.