El resultado más evidente del acuerdo parlamentario de Octubre de 2008, que dejó de lado casi dos años del penoso calvario de una Asamblea Constituyente que abrió grandes expectativas de transformación político-legal en las estructuras de Bolivia, es la prolongación de la gestión del Presidente Evo Morales Ayma hasta 2015, con el importante desafío de […]
El resultado más evidente del acuerdo parlamentario de Octubre de 2008, que dejó de lado casi dos años del penoso calvario de una Asamblea Constituyente que abrió grandes expectativas de transformación político-legal en las estructuras de Bolivia, es la prolongación de la gestión del Presidente Evo Morales Ayma hasta 2015, con el importante desafío de consolidar un proyecto histórico que desmonte los colonialismos interno y externo y el poder conservador oligárquico transnacional aún vigente e impulse la transformación económica y social y la efectiva integración latinoamericana.
Sin embargo, la inercia de la crisis económica internacional y sus efectos internos podrían convertirse, en los meses precedentes a las elecciones de diciembre de 2009, en el mayor peligro a la continuidad de la administración del gobierno popular. Han comenzado a reducirse los ingresos por las exportaciones ante la baja de los precios de las materias primas, los importantes excedentes y reservas monetarias (mas de siete mil millones de dólares) se encuentran en bancos del extranjero sin ser utilizados en la inversión interna y es evidente la primacía de los sectores monetaristas dentro del gobierno que se han impuesto a los sectores productivistas y defensores de una economía endógena, en el contexto de las contradicciones en el gobierno.
Las cien familias de terratenientes, ligadas a capitales norteamericanos y brasileños, que tienen en su poder un tercio de las tierras del país que alcanzan a cien millones de hectáreas, respiran aliviadas y dan un asueto a sus grupos paramilitares que estaban en apronte en los últimos dos años ante la amenaza de revertir sus latifundios ilícitos y redistribuir la tierra entre los campesinos, colonizadores e indígenas de los «movimientos sociales».
Las empresas transnacionales de los hidrocarburos, Petrobrás en primera línea y Total y Repsol, y de la minería, como San Cristóbal y San Bartolomé, tienen ahora un margen adecuado a sus intereses para mantener una posición de acercamiento con el gobierno, puesto que sus intereses no se verán afectados y mantendrán los márgenes de ganancia y de explotación de los recursos naturales sin que estén condicionados para desarrollar procesos de industrialización, satisfacer el mercado interno o reinvertir sus ganancias en Bolivia. La nueva Constitución avala los contratos con los consorcios petroleros.
Al respecto, son dos deudas del gobierno con el pueblo boliviano: La Reforma Agraria y aplicación del Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos.
De igual manera han recuperado la serenidad los Prefectos de los Departamentos de Beni, Santa Cruz y Tarija, los que han conseguido, con el padrinazgo del gobierno del metalurgista Luis Lula Da Silva y su asesor Marco Aurelio Garcia, mantener la prioridad de las autonomías departamentales y su poder regional montado sobre la base de grupos radicales, en muchos casos racistas y violentos contra la población aymara, quechua, guarani y mestiza.
Ni que decir de los medios de comunicación empresariales que inmediatamente han iniciado una campaña en pro de la nueva Constitución Política del Estado por considerar, sospechosamente, que se trata de un instrumento democrático, a pesar de que anteriormente repudiaban la violencia generada por los grupos radicales que cercaron Santa Cruz, Sucre y Tarija frente a la violencia de los grupos de poder locales y la acción ordenadora de las Fuerzas Armadas que han controlado a los grupos que atentaron contra los gasoductos en el Chaco o provocaron la masacre de campesinos en Pando, en septiembre pasado.
En el caso de La Paz, la gran marcha del campo a la ciudad -desde Caracollo a La Paz–, el respaldo popular de esta capital, el cerco al Congreso Nacional y la efervescencia popular, que fue consecuencia de la manifestación plebiscitaria de agosto y la movilización de septiembre en las calles y caminos de todo el país, marcaron el fortalecimiento del proceso de transformación, aunque aminorado por el acuerdo congresal.
En una mirada más amplia se advierte que después de una fase de dudas y retrocesos, entre octubre de 2006 y mayo de 2008, el gobierno retomó las ideas originales de la nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006, con la nacionalización de la petrolera holandesa-estadounidense Transredes y de la corporación italiana ENTEL, el primero de mayo de 2008.
El rotundo triunfo de Evo Morales en el Referéndum Revocatorio del 10 de agosto, con 67 por ciento de votos en el país, en siete de los nueve departamentos y en 98 de 112 provincias, que significó un espaldarazo social y político del pueblo boliviano al Presidente, no ha tenido su correlato con los resultados de las negociaciones parlamentarias que han dejado un sabor amargo a los movilizados y una gran interrogante sobre sus entretelones.
Lo cierto es que los diplomáticos de Chile, Brasil, la Unión Europea e inclusive de UNASUR, que obedecen a una lógica tradicional vinculada a poderosos intereses internacionales, han condicionado el proceso del dialogo boliviano y establecido una salida política al margen de las demandas populares con el protagonismo de parlamentarios, ONGs y políticos desplazados en octubre de 2003.
Como «mal menor», la oposición oligárquica neoliberal e imperialista espera, por el momento, la prolongación del mandato presidencial hasta 2014.