A pesar de la contundencia del triunfo de Claudia Sheinbaum y el ambiente de festejo entre sus partidarios y una gran parte de los ciudadanos, el proceso electoral 2024 no ha concluido y se anuncia de aquí al mes de agosto una serie de conflictos poselectorales que podrían modificar, o no, los resultados finales en el Congreso de la Unión, congresos estatales o ayuntamientos. Las denuncias ya se están presentando ante los tribunales electorales federal y estatales y habrá que esperar las resoluciones que de éstos emanen para conocer, más allá de la presidencia de la República, la composición definitiva de esos órganos de gobierno.
Lo cierto es que se trata del periodo electoral más violento en la historia nacional desde 1910, cuando el fraude condujo a un levantamiento armado. También es, y tendrá que acreditarse ante el Poder Judicial en su rama electoral, que hemos visto uno de los procesos electivos más sucios que se recuerden, con innovaciones en las formas de fraude, y con resultados también sumamente cuestionables, especialmente en las cámaras del Legislativo federal.
La revista Proceso refiere las cifras de un estudio del Programa de Seguridad México Evalúa: “Los datos de Votar entre Balas indican que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año fueron asesinadas 146 personas en el contexto de las campañas electorales, entre candidatos, militantes de partidos, autoridades, funcionarios electos, familiares y fuerzas de seguridad, una al día en promedio. Esto representa 3.5 veces más que los 41 homicidios registrados en los meses previos a los comicios de 2021 y un 180% más que los 52 asesinados en el proceso electoral de 2018. Votar entre Balas registró también el asesinato de 25 candidatos, u 78% más que los reportados en las elecciones presidenciales de 2018. […] La plataforma reportó, además, 276 víctimas de amenazas, secuestros, homicidios, atentados y desapariciones de políticos, familiares de éstos, policías y militares, tres veces más que en las elecciones de 2018” (Rafael Croda: “La otra alianza ganadora: la político-criminal”. Proceso XII, junio de 2024).
La organización no gubernamental Laboratorio Electoral señaló que, al 30 de mayo de 2024 se dieron 320 Casos: 93 asesinatos, entre ellos a 36 aspirantes y 227 eventos violentos diversos: amenazas, atentados y secuestros (https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Violencia_electoral_proceso_2023_2024_Tercer_reporte_PRELIMINAR). Otra agrupación civil, Integralia Consultores, con base en información hemerográfica, ha dado cuenta, entre el inicio del proceso electoral formal en septiembre de 2023 (que en realidad había echado a andar mucho antes) y el 1 de mayo de 2024, de 560 víctimas de violencia política: “195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes de otra índole, incluyendo agresiones físicas lo que se traduce en un promedio de 2.3 víctimas diarias”. Los Estados más violentos habrían sido Guerrero, Michoacán y Chiapas. (https://integralia.com.mx/web/tercera-actualizacion-del-reporte-de-violencia-politica/).
Contra esta diversidad de estudios de seguimiento y registro, el gobierno ha tratado de reducir las dimensiones de la violencia política, que se ha traducido también en renuncias masivas de aspirantes a diversos casos, como, de manera notable, en los Estados de Chiapas y Zacatecas.
El fraude a la Constitución y a la ley, por otra parte, comenzó hace tres años, desde el destape de las llamadas corcholatas por el presidente López Obrador: una modalidad actualizada y medio disimulada del conocido dedazo de otros tiempos. Desde ese momento, julio de 2021, el presidente asumió el papel central del proceso electoral a celebrarse tres años después. Ese papel central lo mantuvo hasta el último momento como jefe de partido y director de campaña, usando los recursos a su alcance: las conferencias de prensa mañaneras, los medios de difusión del Estado, las dependencias del gobierno federal y de muchos de los Estados gobernados por su partido. Tampoco fueron muy ocultas sus preferencias por dos de los precandidatos, su coterráneo Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo, secretario de Gobernación y jefa de Gobierno de Ciudad de México, respectivamente, ambos muy cercanos al gobernante.
Además de la oposición, fue Marcelo Ebrard Casaubon, quien en el proceso interno morenista figuró como segundo lugar, el que denunció que en éste se había dado el involucramiento de gobernadores y el empleo de recursos públicos federales en favor de Sheinbaum, incluyendo el activismo de los llamados “servidores de la nación”. En su mayoría, esas denuncias de opositores y los propios morenistas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, fueron declaradas improcedentes, y sólo en unos pocos casos se acordaron medidas cautelares para obligar al presidente a bajar de la Internet partes de sus declaraciones mañaneras. Otras muchas reconvenciones y llamados de atención simplemente no fueron atendidos por López Obrador, que siguió haciendo su campaña partidaria hasta el final. La suspensión de las conferencias de prensa del 30 y 31 de mayo por el propio mandatario fue la confesión de que se trató siempre de una actividad de proselitismo y de ataques a la oposición, partidaria o no. Ahora tocará al TEPJF —debilitado por la no designación de dos de sus magistrados por el Senado, y bajo fuego por la amenaza, como todo el Poder Judicial, de una reforma que tratará de hacerlo sumiso al Ejecutivo, como de hecho ya lo está y seguirá estando el Legislativo— resolver el sinnúmero de impugnaciones y quejas presentados por las oposiciones partidarias y algunos ciudadanos. Esperamos legalidad y firmeza en sus resoluciones, pero ello es, en esas condiciones, muy improbable,
Empero, el inminente fraude no estuvo sólo en las operaciones previas que condujeron al resultado en las urnas. El fraude mayor está en la mayoría calificada que buscan construir en el Congreso, y que el INE ha avalado: con un 54% de votos obtenidos por el oficialismo (Morena, Partido Verde y PT) para diputados federales y senadores, se está construyendo una mayoría artificial de 75 o 76% en la Cámara Baja y de casi 67% de los escaños en el Senado. Sólo dos legisladores le faltarían al bloque gobernante para tener en esta cámara los dos tercios y constituirse en mayoría calificada. Nuevamente, sólo el Tribunal Electoral podría, teóricamente, ajustar las cifras para garantizar el principio de proporcionalidad en la asignación de puestos de representación proporcional y evitar una sobrerrepresentación sin precedentes desde que se crearon las diputaciones y senadurías plurinominales. Pero eso difícilmente ocurrirá, dada la presión ejercida desde el gobierno y a través de la opinión pública, que señala a los magistrados como corruptos e incapaces.
De acuerdo con las cifras difundidas por el INE, de los 300 distritos uninominales, la coalición Morena-PT-PVEM ganó 219; y el Morena por sí mismo, otros 37. Eso significa que la coalición oficialista tuvo una amplia mayoría, de 256 diputaciones distritales. El PT y PVEM no ganaron ningún distrito por mayoría fuera de la alianza.
La coalición del PAN, PRI y PRD obtuvo el triunfo en 39 distritos de mayoría, y el PAN individualmente otros tres, sumando 42. PRI y PRD no obtuvieron ningún triunfo mayoritario por sí mismos. Por otra parte, Movimiento Ciudadano ganó en un distrito y un candidato independiente otro más.
Pero a las 256 posiciones mayoritarias del oficialismo —que le daban la mayoría absoluta en la Cámara— el INE le está agregando otras 95 de las 200 plurinominales, para sumar 351. Esto es, con el 54.69% de votos obtenidos en las urnas, el bloque lopezobradorista manejaría el 70% de los diputados, una sobrerrepresentación del 15.31% para dar la mayoría calificada al Morena y aliados, aunque la Constitución sólo permite que sea del 8%.
El PAN obtuvo el 16.9% de la votación para diputados, y la coalición que encabezó, Fuerza y Corazón por México, el 30.45. Pero sólo tendrá 89 diputados de representación proporcional, para sumar un total de 131, el 26%, una subrepresentación del 4%
MC tendrá 16 diputaciones plurinominales y una de mayoría, que equivalen al 3.4% de la Cámara, pese a haber obtenido el 10.92%; una subrepresentación del 7.52%. Es claro que con la interpretación sesgada del INE tadeísta se está favoreciendo que el bloque mayoritario pueda hacer cambios a la Constitución sin tener que negociarlos con las oposiciones. Ahora Sheinbaum y su coordinador de transición Juan Ramón de la Fuente plantean que no será así; pero el hombre de Macuspana ya ha anunciado que las reformas se harán antes de que él termine su periodo.
Para el Senado, a la coalición Seguiremos Haciendo Historia le correspondió el 55.07% de la votación ciudadana, habiendo ganado en 30 de las 32 entidades de la República, 60 escaños de 64 de mayoría. La coalición FCPM ganó sólo los cuatro asientos de dos Estados, Aguascalientes y Querétaro. En esta cámara, le tocan a esta alianza 26 senadores más de primera minoría, y a JSHH seis por el mismo principio. Al igual que en los diputados, con ese 55% de sufragios el oficialismo podría hacerse de 83 u 84 senadurías, el 65%, faltándole sólo 2 para tener la mayoría calificada. En este caso, la sobrerrepresentación de la coalición oficialista será de alrededor del 10%.
No es la primera vez que el lopezobradorismo recurre a la sobrerrepresentación para tener mayorías no solamente absolutas sino aplastantes en las cámaras. Desde 2018 el Morena registró como candidatos a militantes suyos a través de sus aliados el PT y el PES, quienes una vez en sus cargos cambiaron de bancada para incorporarse al morenismo. Con ello, el nuevo partido oficial rebasó en las cámaras el 8% que constitucionalmente podía tener de sobrerrepresentación. Por ello, para el registro de candidatos en 2021, el INE acordó exigir pruebas de militancia efectiva, lo que no eliminó esa forma de trampeo a la ley, pero lo disminuyó.
Ahora, la construcción de una mayoría calificada espuria en la Cámara de Diputados, y casi en la de Senadores, se apoya en una laguna en la fracción V del artículo 54 constitucional. Ésta habla del límite a la representación de los partidos, pero no a la de las coaliciones, como la registrada para esta elección. Se asigna, así, una sobrerrepresentación a cada uno de los partidos que la integran —sobre todo al PVEM, que tendrá un número similar de diputados que el PAN, aunque obtuvo en las urnas la mitad de votos que éste, y, en menor medida al PT—, con lo que la alianza como tal rebasa con mucho los topes establecidos. Por eso el dirigente morenista Mario Delgado escribió: “¡Gracias a todas y todos el Plan C es una realidad! Con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado, profundizaremos la transformación para seguir construyendo un país con bienestar y prosperidad compartida”.
Es de justicia que el Morena y sus aliados tengan en ambas cámaras la mayoría absoluta, porque así lo determinaron los sufragios ciudadanos; pero éstos no les dieron la mayoría calificada del 67 o 70 por ciento de los legisladores. Lo notorio es que esta composición parlamentaria se da de patadas con la conocida tesis lopezobradorista de que “la justicia está por encima o debe prevalecer sobre la ley”. Es preferible aplicar, ni siquiera la ley, sino una interpretación de ésta a partir de la mencionada laguna en la norma constitucional, y no la justicia, si ésta no favorece al oficialismo para sus fines de avasallamiento legislativo.
Pero el problema no está sólo en la conformación de mayorías por esa vía, sino en cómo se quiere usarlas. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien tiene urgencia de llevar adelante lo que ha llamado “Plan C”, modificar a su conveniencia la Constitución de la República, comenzando por la que se presenta ya como la madre de todas las reformas constitucionales, la del Poder Judicial. La elección popular de jueces, magistrados y ministros es, según el evangelio lopezobradorista, la realización de la democracia, y contra viento y marea va. La manipulación matutina cotidiana declara que es la “oligarquía” la que se opone a la reforma populista que sometería a campañas, allegamiento de fondos, y competencias de popularidad a jueces, magistrados y ministros. La alarma cunde, empero, en colegios y barras de abogados, trabajadores del Poder Judicial, círculos académicos y amplios sectores de la sociedad, ante el riesgo de convertir la justicia misma en una mercancía electoral.
La candidata triunfadora, Claudia Sheinbaum ofrece una consulta partidaria, realizada por el Morena, y foros que quizá no sean después tomados en cuenta; cuando aún no se instala la nueva legislatura con los diputados y senadores a los que tocará aprobar las iniciativas presidenciales. Y pide calma al capital especulativo («los mercados»), que ha respondido a la artificiosa mayoría del oficialismo, que para los inversionistas —y no sólo para ellos— representa inseguridad jurídica, con fuga de capitales, caída de la Bolsa y depreciación de la moneda mexicana. Ella no tuvo la serenidad suficiente cuando se precipitó a hacer suyas las reformas anunciadas el 5 de febrero por el presidente para ser ejecutadas mediante el llamado “Plan C”. Una nueva crisis de fin de sexenio se asoma. Esperemos que no sea ésta la promesa que se cumple.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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