En una votación histórica y por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con prisión de uno a tres años a las mujeres que aborten de manera voluntaria y a quienes las asistan.
Se trata de un precedente histórico porque el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señaló que este fallo establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país, por lo que casos similares, pendientes de resolución en cualquier juzgado y tribunal del país, deberán fallarse en el mismo sentido.“A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, dijo.
Es también histórico porque, por primera vez, la Corte Suprema de México “pone en el centro de la discusión el derecho a decidir” sobre si “ser madre o no”, dijo el ministro Luis María Aguilar, quien presentó el proyecto original. “No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, argumentaba la iniciativa.
En las redes sociales y en las calles, la decisión fue celebrada entre pañuelos verdes. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las principales organizaciones civiles que trabaja en México por el aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos, afirmó que la resolución es el “reflejo de una lucha histórica del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito”.
Abogó por un futuro en el que las mujeres “tengan las condiciones y la libertad para determinar su destino reproductivo” en todo el país. “Al resolver la acción de inconstitucionalidad del aborto en el Código Penal de Coahuila, el máximo tribunal del país reafirmó la autonomía reproductiva y se pronunció por que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan elegir si continuar o no su embarazo conforme a sus propias convicciones”, aseguró el grupo en un comunicado.
La medida establece además “la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”. Al respecto, una de las integrantes de la corte, la ministra Norma Piña, alegó: “El Estado no sólo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible”.
Sólo cuatro de los 32 estados de México despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de embarazo: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y, más recientemente Veracruz. Para la sociedad civil y el movimiento feminista mexicano, la decisión de este martes abre la posibilidad de que el aborto se despenalice a lo largo y ancho del país.
A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados válidos por el tribunal constitucional.
La despenalización del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es nada menos que una conquista civilizatoria que pone a México a la vanguardia en la materia al convertirlo en la primera nación de América Latina donde una corte de constitucionalidad se pronuncia sobre el derecho humano de la mujer a determinar si desea ser madre o no.
Así se pudo fin a una deplorable inercia institucional que mantuvo un derecho fundamental en el limbo, librado a la arbitrariedad de congresos y gobernantes locales. Sin dudas, el triunfo es de todas las mujeres que durante décadas han luchado en defensa de su dignidad, su soberanía y sus derechos hasta lograr el reconocimiento jurídico de la inalienable potestad que poseen sobre sus propios cuerpos.
Los analistas destacan que ya despenalizado el aborto, queda por delante la tarea de reglamentarlo. Le toca al Poder Legislativo aprobar las normas que fijen los plazos y los procedimientos, así como disponer la creación de la infraestructura y asignar los recursos necesarios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que lo requieran.
Para muchas mujeres mexicanas, la interrupción del embarazo es una decisión difícil, cargada todavía de culpas y estigmatización social, por lo que el personal sanitario deberá estar preparado para acompañarlas con total respeto a su autonomía y su dignidad.
Es por eso que no basta con proveer de instalaciones y personal, sino que debe legislarse con amplitud de miras y con un cuidadoso apego a la perspectiva de género, de tal modo que los servicios provistos sean médica, ética y sicológicamente adecuados, exige un editorial del diario La Jornada.
Sin duda, se trata de un avance trascendental en el camino para desmantelar el régimen de opresión que han padecido las mujeres durante toda la historia mexicana, pero sin perder de vista lo mucho que falta para lograr, tanto una vida libre de violencia en razón de género, como una igualdad sustantiva en todos los planos de la actividad pública y privada.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)