El gobierno ha cumplido seis meses de gestión y, con seguridad, su mayor fortaleza se ha centrado en la capacidad del Presidente Evo Morales para aprovechar su imagen y reemplazar, a través de su discurso y presencia pública, el contenido que a sus acciones le han faltado. La muestra más palpable de lo anterior es […]
El gobierno ha cumplido seis meses de gestión y, con seguridad, su mayor fortaleza se ha centrado en la capacidad del Presidente Evo Morales para aprovechar su imagen y reemplazar, a través de su discurso y presencia pública, el contenido que a sus acciones le han faltado. La muestra más palpable de lo anterior es la imposibilidad de quebrar con el pasado, aunque, en medio del show mediático y los discursos encendidos, suene algo exagerado concebir a Evo Morales como la continuidad de lo anterior.
Para ello, vamos a los hechos detrás de la retórica: el Decreto de «nacionalización», la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el proceso autonómico y los decretos de la denominada «revolución agraria» han plasmado, en gran medida, operativamente medidas asumidas por anteriores gobiernos (Ley 3058, Ley INRA, Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Ciudadanas como marco para la elección de constituyentes). Estas medidas sufrieron el embate de sectores empresariales y políticos más desde el impacto mediático generado que desde el análisis de sus alcances en el corto y mediano plazo. Tampoco el Plan Nacional de Desarrollo se aleja de este comportamiento reactivo frente a la retórica. Es una puesta en escena distinta de la lucha entre fracciones empresariales y políticas por el control legítimo del poder estatal que se daba en el pasado inmediato. Ahora son otros los actores invitados, pero bajo la misma trama. Es decir, durante estos últimos seis meses, el país vivió pendiente de una gestión del conflicto que cultivó intencionalmente el crecimiento de la figura presidencial indígena contestataria y un vicepresidente conciliador con los grupos de poder. Basta recordar la forma en que se manejaron, en torno a estas dos figuras, las movilizaciones cívicas por autonomía, la licitación del Mutún, los paros de diversos sectores sociales, la negociación del ATPDEA e incluso las peleas internas del MAS.
Sin embargo, la explicación de la estabilidad política, económica y social de estos seis meses no responde sólo a la dinámica interna del gobierno, sino también a otros factores:
i) el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, gas y minerales ha definido un crecimiento sustancial en las exportaciones, las reservas y los ingresos fiscales;
ii) muy articulado a lo anterior y contrariamente a la percepción de muchos sectores, la continuidad de las políticas económicas continúa favoreciendo la articulación primario exportadora del país con la economía mundial, con el control del excedente todavía en manos de transnacionales;
iii) el fuerte apoyo político de sectores sociales que ven en el Presidente el rostro indígena del cambio. No obstante, el periodo de espera comienza a ingresar en la inflexión de una curva descendente, que poco a poco puede pasar del mundo de las percepciones al espacio de lo real.
Continuarán las altas temperaturas en el debate político alrededor de lo que puede y no puede la Asamblea Constituyente, a pesar de los candados que el propio MAS le puso a las reformas estructurales y la economía seguirá, por lo menos este año más, con el comportamiento del primer semestre. Otra figurita repetida seguirá en el escenario, ya como lugar común de cualquier reflexión: la falta de capacidad de resolver los problemas relacionados a la mayoría de la gente, es decir, el mejoramiento de los ingresos y la generación de empleo.
El autor es Economista. Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)