Una actividad habitual, rutinaria, como lo es la aplicación del examen de selección a las licenciaturas que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México, ha venido a poner a la institución en el debate público. Por primera vez, esa prueba fue aplicada en su totalidad a través de un cuestionario de 120 interrogantes a resolver en línea, con resultados imprevistos: 158,712 aspirantes se presentaron al examen y 21,962 (el 13.83%) fueron aceptados, de los que alrededor de 3,174 fueron cancelados por detectarse irregularidades (casi el 2%). Pero los resultados fueron lo que se ha llamado “atípicos”. Si en los exámenes anteriores (presenciales) aplicados entre 2021 y 2025 la media de aciertos de los aspirantes era de alrededor de 50 aciertos, ahora hubo una cantidad inusitada de éstos que obtuvieron 100, 110 o 118 respuestas acertadas. Una alta probabilidad de que haya sido por trampas que burlaron los sistemas de vigilancia aplicados por medio de inteligencia artificial (IA).
Las alarmas se encendieron tarde, cuando ya se habían dado los resultados a los aspirantes. El rector Leonardo Lomelí Venegas designó una comisión de expertos para revisar los resultados y proponer alternativas; y ésta, como se sabe, sugirió aplicar un nuevo examen “de control” a alrededor de 58 mil aspirantes, los que obtuvieron los puntajes más altos y aquellos que, sin haber sido aceptados, tenían un número de respuestas que hubieran sido suficientes para ingresar conforme a los promedios de las pruebas de 2021-2025. Se ha anunciado que este nuevo ejercicio se realizará del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes. Muchos estudiantes que tuvieron calificaciones aprobatorias y a los que se les comunicó su aceptación están recurriendo a interponer juicios de amparo para que se les respeten sus lugares. Veremos cuántos de ellos prosperan en los tribunales.
La aplicación de la prueba de control se justifica como una corrección de lo que a todas luces resulta —y se ha reconocido— como un error institucional de planeación y para depurar el procedimiento de ingreso de trampas y procedimientos fraudulentos. Pero no estará a salvo de cometer injusticias contra quienes hayan obtenido honestamente un resultado aprobatorio.
El caso vuelve a plantear problemas de mucho mayor fondo que el del examen mismo. En primer lugar, que el rechazo sigue siendo la regla frente a la afortunadamente todavía muy grande demanda de educación superior. Por el número y diversidad de carreras, tanto tradicionales como de nuevos perfiles profesionales que ofrece, o por su prestigio como la mejor institución de educación superior de México y de las mejores de América Latina, la UNAM no tiene capacidad para responder a los jóvenes bachilleres que quieren continuar su formación en ella. Es cierto que la matrícula en licenciaturas se ha incrementado significativamente: de aproximadamente 29,200 admitidos al primer ingreso a licenciaturas en 2000 o 2001 a poco más de 50 mil lugares en este año, de los que más de 28 mil (el 56%) son ocupados por pase reglamentado por egresados de los bachilleratos de la propia universidad. Pero que sólo uno de cada siete aspirantes logre un lugar no deja de ser muy preocupante.
La creación de otras instituciones públicas de educación superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana (desde 1973), La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las Universidades del Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) del sexenio pasado, o la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el actual, no han cubierto tampoco la demanda ni han restado la presión sobre la UNAM. La UBBJG ofrece 35 programas de licenciatura, distribuidos en más de 100 planteles, cada uno de los cuales imparte tres o cuatro programas. La UNRC tiene hasta ahora 9 planteles, en los que ofrece 35 programas de licenciatura. Estas nuevas instituciones no cuentan con autonomía ni una planta docente profesionalizada; sus profesores son contratados por asignatura por tiempo determinado, lo que se traduce en inestabilidad y precarización del empleo. No hay ahí desarrollo de la investigación ni de difusión cultural. Es decir, son parte de la crisis de la educación superior, más que una respuesta a ella.
Pero en el episodio del examen de la UNAM hay más que insuficiencia docente. En el centro del escándalo está el que la institución haya contratado a una empresa privada, Territorium Life, para diseñar el software utilizado en el examen de admisión, mediante un contrato por un monto mínimo de 40 millones 700 mil pesos y un máximo de 101 millones 700 mil pesos, dependiendo del número de aspirantes que se registraran, que se estimaba en un mínimo de 154 mil y un máximo de 385 mil, a un costo de 264 pesos por examinado. La plataforma sería capaz, mediante IA, de prevenir y detectar el trampeo o intentos de fraude que acaecieren durante la aplicación de la prueba. Todo indica que no fue así, y que el sistema sí fue burlado numerosas veces.
El contrato a esa empresa se otorgó por asignación directa, a pesar de que, por el monto comprometido, debió ser puesto a licitación pública. Ahora, la Rectoría de la UNAM ha cancelado el contrato y ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación y a la auditoría interna de la institución una revisión para determinar las irregularidades, fallas tecnológicas y responsabilidades por los anómalos resultados del examen.
Pero la UNAM cuenta con personal de alto nivel y equipo en materia informática, a más de que siempre resolvió los exámenes presenciales sin problemas. Como universidad realmente nacional, tiene cinco Facultades de Estudios Superiores ubicadas en el Valle de México y cinco Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) en Morelia, León, Mérida, Juriquilla y Oaxaca, además de centros de investigación en otras ciudades del país. Tiene, incluso, 14 sedes en nueve países de cuatro continentes, entre escuelas de extensión y centros de estudios; siete de ellas en diversas ciudades de los Estados Unidos. En esas dependencias pudo aplicarse el examen de admisión presencial. ¿Por qué, entonces, encomendar a una empresa privada la organización de un proceso tan delicado como lo es el filtro al ingreso de nuevos alumnos, violando, además, la normatividad para otorgar contratos?
La decisión de efectuar el examen a distancia y encomendarlo a Territorium Life salió de la Secretaría General a cargo de la doctora Patricia Dávila —ahora destituida por el rector Lomelí, y quien aspiraba en 2023 a ocupar la Rectoría—; también de la Dirección General de Administración Escolar, a cargo de Ivonne Ramírez Wence, quien firmó el oficio en el que se expusieron las consideraciones para otorgar el contrato a Territorium Life. Se argumentaba citando la experiencia de la empresa en exámenes en el IPN, el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, e instituciones en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Sudáfrica https://n9.cl/xn6k3h. También había operado un examen de selección en el Poder Judicial de la Federación https://n9.cl/jacdyx.
La decisión se sometió al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, presidido por el secretario administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, el director general de Proveeduría, Isidro Ávila Martínez, como secretario técnico y como vocal el director General del Patrimonio Universitario, Pablo Tamayo Castroparedes. Como asesores del comité participan el abogado general y el contralor. Todo el entramado burocrático de la universidad involucrado. Ello nos habla de cómo el atributo de la autonomía de la universidad es gestionado por la capa dirigente como un expediente de discrecionalidad que permite eludir controles y rendición de cuentas. Lamentablemente, en este caso son los resultados del experimento los que han puesto al descubierto las fallas técnicas y administrativas, que será muy difícil resarcir sin daños.
Las universidades públicas en su generalidad, no sólo la UNAM, han vivido en los años recientes reducciones presupuestarias sensibles. No alcanzan a atender la demanda educativa, los salarios son bajos y la gran mayoría de los trabajadores académicos laboran en condiciones precarias, con contratos de asignatura por interinato, sin garantías de estabilidad. Esa es la gran crisis funcional de la educación superior pública en México, mientras las empresas educativas avanzan captando docentes —casi siempre igualmente precarizados— y satisfaciendo porciones cada vez mayores de la demanda. ¿No se hubiera podido atender algunas de esas necesidades con los 101 millones que la Universidad Nacional destinó a contratar con la empresa privada? ¿Ampliar, por ejemplo, la matrícula con más profesores y trabajadores, o mejorar los salarios y prestaciones?
La toma de instalaciones del Instituto Politécnico Nacional por sus estudiantes y la recuperación violenta del Canal Once el pasado fin de semana, en la que se busca inculpar de daños a los manifestantes, es otra de las aristas de esa crisis. Entre las principales demandas de los estudiantes están la ddestitución de diversos directivos de unidades académicas, incluido el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval y aplicación de auditorías a su gestión; el incremento del presupuesto; la democratización del Instituto Politécnico Nacional; la desaparición de la COPS, encargada del servicio de seguridad privada; y atención a plazas y procesos docentes.
En el lamentable episodio de la UNAM vuelve siempre a plantearse el tema de la exclusión y del procedimiento del examen estandarizado como método de selección, que no incorpora el rendimiento del educando en los ciclos anteriores, su vocación o sus aptitudes para el aprendizaje. Es de ese método del que se trata cuando los aspirantes están dispuestos a hacer trampas para obtener altos puntajes que les franqueen el acceso al siguiente nivel de su formación. La crisis educativa se concatena con la crisis de valores, desde los educandos hasta los altos mandos de las instituciones. Como lo escribe Hugo Aboites en un reciente artículo, “Aún en el siglo XXI, en esos exámenes las mujeres aparecen como inferiores, y también los hijos e hijas de familias de clase popular, los integrantes de pueblos originarios, los hijos de obreros, campesinos y empleados de bajos ingresos. Es decir, estos exámenes son la receta ideal para profundizar las desigualdades” (“La universidad mira al vacío… y ve al ICE”, La Jornada, 1 de agosto de 2026).
Con este examen virtual la UNAM ha retornado a las prácticas que ya había rechazado: el poner en manos de organismos privados su proceso de selección. Antes fue el Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), al que otras instituciones públicas —entre ellas la Universidad Michoacana— siguen recurriendo; ahora fue Territorium Life. Tanto el procedimiento mismo como la privatización de funciones que corresponden a los organismos públicos son cuestionables y de pobres resultados. Más en estos tiempos de anunciada “transformación”, que debería dejarlos atrás definitivamente.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo -UMSNH
X: @ednava7
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