El 31 de julio pasado el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que venía colaborando desde inicios de 2015 en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, y rastreando la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, presentó su sexto y último informe técnico. Acto seguido se despidieron de México los dos integrantes que permanecían activos, la colombiana Ángela Buitrago y el médico y doctor en Psicología Carlos Martín Beristáin, de origen español. Durante el tiempo en que estuvieron operando los integrantes del GIEI tuvieron avances importantes, como el desmentido de la llamada verdad histórica armada por el procurador de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam —hoy preso por torturas y otros delitos— y su subprocurador Tomás Zerón de Lucio, ahora prófugo y refugiado en Israel. Se logró la imputación de algunos militares y elementos de otras fuerzas del orden, que ocultaron los hechos y participaron en la fabricación de esa versión falaz de los hechos. Y demostraron que era falsa la explicación de que los estudiantes desaparecidos habían sido cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, por el grupo de la delincuencia organizada llamado Guerreros Unidos.
En este último informe se dijeron cosas muy importantes, como que en la agresión contra los normalistas y su desaparición forzada participaron elementos de las policías estatal y municipales, así como de la Policía Federal y del ejército. Pero, sobre todo, Buitrago y Beristáin justificaron su retiro por el hecho de que una parte de la información que requerían para continuar y profundizar su trabajo sigue reservada y no fue entregada, sobre todo por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, está la defensa que ha hecho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien ha afirmado que sí se remitió al GIEI toda la información para integrar sus informes, lo cual es parcialmente verdad, no toda la verdad. Si esa información se hubiera entregado, los integrantes del GIEI, y sobre todo los dos últimos que permanecieron en México tras el retiro de una parte de ellos, no hubieran hecho esa denuncia pública en su postrer informe. Ya que, si bien es cierto que las fuerzas armadas y corporaciones oficiales proporcionaron partes importantes de la información, lo que ha permitido no sólo desenmascarar la llamada por Murillo Karam verdad histórica sino consignar a un grupo importante de elementos que participaron en la masacre y desaparición, hay otros elementos que aún se mantienen ocultos, aunque se sabe que existen. En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Beristáin afirmó de manera tajante que hay temor a la verdad. Quizás eso puede interpretarse como el miedo a que sean involucrados altos mandos del ejército o altos funcionarios del gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto.
Como un componente adicional que dificulta conocer los acontecimientos reales, Luis Hernández (“GIEI, la fuerza de la verdad”. La Jornada, 1 de agosto de 2023) nos recuerda que en torno de los hechos de Iguala han fallecido de distintas maneras, incluyendo la ejecución, 26 personas vinculadas con el caso, entre miembros de las corporaciones de seguridad, víctimas, testigos y miembros de las bandas delincuenciales de Guerrero, lo que ha sido reconocido también por el subsecretario de Derechos Humanos —y presidente de la Comisión de la Verdad— Alejandro Encinas Rodríguez.
Por otra parte, la defensa que ha hecho el presidente de las fuerzas de seguridad del Estado no es casual. Es sabido que se mantiene un virtual cogobierno de la milicia con el poder civil presidencial, lo que, además, se extiende y profundiza al constituirse el sector castrense en una fuerza cada vez más presente en actividades de orden civil como construir y administrar las grandes obras emblemáticas del sexenio entre un par de centenas de situaciones en las que los poderes civiles han cedido a esas fuerzas armadas campos que les corresponderían.
Del mismo modo que defiende las omisiones informativas de los mandos militares y otros dirigentes de corporaciones de seguridad, el presidente se ha negado a recibir y entrevistarse directa y personalmente con las organizaciones de víctimas. Así, recibió en el Palacio Nacional a Hebe de Bonafini, fundadora del movimiento argentino Abuelas de la Plaza de Mayo, pero no recibe a las Madres Buscadoras que, en México, rastrean en fosas clandestinas los restos de mujeres y hombres asesinados y desaparecidos. Ese movimiento, dice López Obrador, tiene como fin oponerse a su gobierno y hacer “politiquería”. Así ha sido desde el inicio de este gobierno y, según todos los indicios, así será hasta el final, igual que no se reúne con el movimiento feminista o el de los ecologistas que han señalado la devastación ambiental producida por la construcción del Tren Maya. Con razón, esa organización de madres de víctimas de desaparición forzada respondió al presidente que no se trata de hacer politiquería sino de encontrar a sus hijos, e invitaron al mandatario a acudir a la búsqueda en las fosas clandestinas que ellas han descubierto y excavado.
Adelantándose al informe del GIEI, el titular del Ejecutivo ofreció elaborar, en aproximadamente tres meses, un censo completo de las personas desaparecidas en el país, que se han estimado en más de cien mil en los últimos años. Aunque existe en la actualidad la Comisión Nacional de Búsqueda como una dependencia de la Secretaría de Gobernación, ella, al igual que el INEGI, se alimenta de los informes y reportes que producen las fiscalías y gobiernos de las entidades, con diferentes métodos y procedimientos, y no cuenta con mecanismos propios de generación de información con carácter homogéneo en el nivel nacional. En consecuencia, ese censo y sus metodologías tendría que ser verificado por órganos independientes, incluyendo a las organizaciones de víctimas, y no depender exclusivamente del gobierno federal.
El hecho real es que, en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 y en muchos otros en el país, el fenómeno de la desaparición forzada siegue siendo un fenómeno persistente y en gran escala. Está asociado con otros delitos como la trata de personas, la extorsión, la pederastia y explotación sexual y la lucha entre cárteles, entre otros. Y lo que se requiere, en primer término, es tener una apreciación completa, pero también particularizada e individualizada, de las dimensiones y características del hecho. Y se requiere que la información sea integral y verídica, sin reparar en los posibles responsables, incluyendo a los funcionarios o dirigentes de las corporaciones del Estado. Eso incluye, desde luego, a las fuerzas armadas que, teóricamente, no se manejan de manera autónoma sino se hallan subordinadas al poder civil constitucional que representa el poder Ejecutivo. En realidad se comportan como una instancia con intereses propios, como ocurre con las pequeñas o grandes corporaciones.
En suma, es indispensable el acceso a la verdad; no a la llamada “histórica”, desde luego, sino a la que se apegue a los hechos de la realidad. Y esa verdad es la que, hasta la fecha, no ha sido alcanzada, aunque tendría que ser, incluso, parte de los derechos humanos en la actualidad tan mal defendidos y tutelados por la comisión nacional correspondiente. Pero es sobre todo criticable que, incumpliendo con uno de sus compromisos centrales de campaña, el presidente avale el ocultamiento y se encuentre, además, frente a la crisis, divorciado de segmentos significativos de la sociedad como en el momento presente ocurre. Basta ya de escamotear esa verdad y de sustituirla por el discurso legitimador del poder, o de los poderes formales o de hecho. Debe, en consecuencia, el conocimiento verídico de los acontecimientos ser una demanda central para la sociedad mexicana.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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