Lo vimos en las redes sociales. El video muestra a un policía en plena agresión sexual a una mujer en la ciudad de El Alto: el delito in fragantti. Nos gustaría saber qué sanción recibió el uniformado de la llamada Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
Las redes mostraron las imágenes desde varios ángulos. El hecho se produjo en el sector de Senkata, tras el desbloqueo de las vías y el arresto de unas 60 personas. La redada policial terminó cuando subieron a las y los detenidos a las camionetas y ahí fue cuando se desarrolló el momento justo del abuso sexual.
Acto seguido, la mujer sentada y abrumada por periodistas que le cuestionaban ‘por qué había vulnerado la cuarentena’, se lanzó a llorar y relatar que con tres hijos para alimentar, no recibió ninguna ayuda gubernamental para enfrentar la crisis económica. Entre lágrimas, se la escucha: “No recibí ningún bono y hoy salí porque era mi día de salir, fui a comprar algunas verduras”.
Los mensajes de indignación en las redes sociales no se dejaron esperar. Mientras que las autoridades transitorias no reaccionaron sobre el caso. No ameritó una conferencia de prensa, un comunicado ni un tuit ministerial o presidencial.
El silencio estatal expresa una posición frente a la violencia. Envía un mensaje a la sociedad. Significa que la violencia contra esa mujer alteña, madre, indígena y trabajadora está permitida. Encarna el carácter colonial y patriarcal del poder dominante.
Para esa mujer y para muchísimas más, no fue suficiente enfrentarlas a la violencia represiva de los últimos seis meses. Vino la crisis sanitaria y la mayoría de ellas tuvo que adaptarse, sobre la marcha, al encierro, al contagio, al desempleo, al hambre y al desamparo de un futuro incierto.
Están obligadas a obedecer decretos no consensuados socialmente, arbitrarios, incomprensibles y no comunicados. Se vulneran derechos y se ejerce la disciplinarización de los cuerpos a una “nueva” normalización de la violencia en varias versiones. La pandemia también sirve para eso: abuso e impunidad. El video que circuló en redes comunica la semiótica de ese poder que usa la fuerza bruta, viste uniforme y no recibe castigo.
En ese escenario, la alteña de pollera, víctima de toques sexuales —según la ley 348— al igual que otras mujeres, en situaciones similares, se encuentran en la indefensión absoluta. En síntesis, se sufre la triple violencia: la falta de atención en la crisis sanitaria y económica, la agresión sexual y la detención. Nadie a quien quejarse, ni dónde exigir justicia. Porque si alguien se pronuncia ¡zas! le cae el ciberpatrullaje. Así Bolivia cierra el primer semestre de un callejón oscuro en su historia.