Las diez incógnitas de la ‘Operación SAGA’

Ya se ha impuesto a la SGAE en los tribunales en otras ocasiones, como cuando llevó a las instituciones europeas el cánon digital o cuando libró a la tienda de informática Padawan de pagar más de 15.000 euros por dicha tasa. Carlos Sánchez Almeida ha sido presentado en múltiples ocasiones como el ‘abogado de los hackers’, es autor de varios libros sobre derecho e internet y ha puesto su activismo al servicio de causas tan dispares como el ‘Open Source’, el ‘copyleft’, el movimiento #nolesvotes o el 15-M. A ellos dirigimos estas diez incógnitas sobre la ‘Operación SAGA’:

1) ¿Cómo empezó todo? JOVER: Empezó cuando estábamos preparando la causa contra el cánon digital para presentarla ante la Unión Europea. Teníamos una documentación, que coincidió en el tiempo con una portada del diario Público que complementaba lo que nosotros sabíamos, y decidimos poner una primera denuncia. Después yo puse una en julio del año pasado y una más en febrero de este mismo año. Desde diciembre he estado trabajando con la Guardia Civil para ordenar, traspasar e interpretar toda la documentación que nosotros teníamos.

2) ¿Qué va a suceder ahora? ¿Se eternizará el proceso? JOVER: En el momento de que se les tome declaración, yo creo que los nueve detenidos no permanecerán mucho tiempo, si no que más bien están detenidos para que no se perjudique información que aún se debe estar recogiendo. Después pueden quedar cuatro o cinco detenidos que pasen a disposición judicial y que, mediante las fianzas correspondientes, directamente o en unas días estén en la calle. En cuanto al proceso, seguramente será larguísimo, sobre todo porque se han producido siete entradas y registros y esto se traduce en montañas de documentación. ALMEIDA: Lo primero que habrá que ver es si está declarado el secreto de sumario o no, y si no es así habrá que esperar a que todas las partes puedan conocer el sumario y a partir de ahí pedir pruebas. Entonces, el primer paso habitual en este tipo de delitos es que se produzcan periciales económicas. Después se tiene que producir un ofrecimiento de acciones a los perjudicados, que son los socios de la SGAE cuyo patrimonio estaba en juego. Y una vez se haya hecho todo esto, se trasladaría la causa a las acusaciones para que, en su caso, pidan la celebración de juicio, que es lo previsible. Y entonces se producirá un macroproceso contra estas personas. Va a ser un proceso largo, porque analizar y verificar todas las cuentas va a costar, pero también creo que está investigación tiene que estar muy avanzada cuando el juez ha tomado una decisión tan drástica como esta. Yo tenía información desde hace ya años de que esto estaba en marcha. Y supongo que a estas alturas ya se han hecho muchas comprobaciones en cuentas corrientes, en el registro mercantil, y a lo mejor el proceso está mucho más avanzado de lo que nosotros pensamos y han esperado a tener la prueba consolidada para detenerles.

3) ¿De dónde venían los 400 millones desaparecidos? JOVER: Es una cifra que sale de la valoración que hicimos en nuestra última querella, en base al dinero que la SGAE debería haber repartido durante el tiempo de aplicación del cánon y que nunca repartió. Podría incluso ser que ese dinero estuviese en una caja en las oficinas de la SGAE… Podría ser.

4) ¿Debe el Ministerio de Cultura supervisar las cuentas de la SGAE? ¿Por qué no lo hizo? JOVER: El Ministerio de Cultura está obligado a controlar las cuentas de la SGAE y por eso debe existir una responsabilidad. Ángeles González-Sinde es la responsable última de que las cuentas de la SGAE se auditen y, además, de que esas auditorías sean ciertas. Como mínimo, se produjo una negligencia. ALMEIDA: De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual, el ministerio de Cultura debe supervisar que las entidades de gestión cumplen con su fin, que es garantizar los derechos de autor de sus asociados. Si algo está claro es que la SGAE ha emprendido un plan de obras faraónicas, que supone una huida hacia delante, invirtiendo el dinero de la recaudación sin que, por lo que está dejando ver la investigación judicial, el Ministerio de Cultura haya ejercido el necesario control.

5) ¿Se puede revocar la autorización de la SGAE? ALMEIDA: Se puede. Lo que hay que plantearse ahora es si el Ministerio de Cultura debería actuar de conformidad con lo que dice de la Ley, analizando si debe revocar la autorización para que la SGAE siga operando. O incluso puede suceder que antes de que lo haga el Ministerio decida hacerlo el juez, que tiene la potestad de intervenir la gestión de la SGAE si considera que los actuales gestores no ofrecen confianza. En cualquier sociedad, cualquier tipo de persona jurídica, si existen indicios para sospechar que se está haciendo uso de la entidad para cometer delitos, el juez puede nombrar una administración judicial mientras dure la investigación, precisamente para salvaguardar los intereses de los socios. Se trata en última instancia de defender el patrimonio de todos los autores adheridos a la SGAE.

6)¿Qué responsabilidades penales se pueden derivar contra los detenidos? JOVER: Estamos hablando de tres tipos de delito, uno de falsedad en documento público, uno de apropiación indebida y uno de mala utilización del dinero público. La pena va a depender de muchos factores.

7) ¿Es posible que se derivan responsabilidades también para el Ministerio de Cultura? ALMEIDA: Las responsabilidades penales las tiene que determinar el juez, que tendrá que analizar si existe culpa «in vigilando» por no haber cumplido con sus obligaciones. Pero eso lo tiene que decidir el juez. Lo que sí se deriva clarísimamente, desde mi punto de vista, es una responsabilidad política por dejación de funciones. Haber instrumentalizado todo un Ministerio al servicio de los intereses patrimoniales de los directivos de la SGAE debería dar lugar a la remoción de la ministra Ángeles González-Sinde.

8) ¿Por qué se ha producido el registro el día después de las elecciones de la SGAE? JOVER: Yo creo que se debe a la filtración que se produjo hace 72 horas, de que había un procedimiento en la Audiencia Nacional. Tal vez por esa razón han decidido que la intervención se produjera inmediatamente después de acabar el periodo electoral.

9) ¿Por qué los internautas ven el registro y las detenciones como una victoria? JOVER: No lo sé. Pero el simple hecho de que un señor que te ha llamado pirata acabe resultando ser el pirata es un placer que no se paga. Es aquello de «la venganza es un plato que se sirve frío». Que te llamen pirata, que te llamen de todo, y que al final resulte que el pirata no seas tú.

10) ¿Se puede enturbiar el proceso por el juicio paralelo de los medios e internet? ALMEIDA: Es algo a lo que está sometido cualquier procesado y que es una desgracia de nuestro sistema. Lo hemos visto también hace dos semanas con los acusados de Anonymous, que fueron sometidos a un verdadero linchamiento mediático. Pero, en cualquier caso, la presunción de inocencia a la que tiene derecho cualquier procesado también la tienen Teddy Bautista y toda la directiva de la SGAE. El problema es que, durante mucho tiempo, ellos no han respetado el concepto de presunción de inocencia con el ciudadano internauta. Todos eramos culpables, todos eramos piratas. Así que en realidad hay un poco de justicia poética en todo lo que está pasando. En cualquier caso, los linchamientos mediáticos no son buenos ni para los internautas, ni para los Anonymous ni para los miembros de la SGAE. La sentencia no la pondrá Twitter, ni los medios de comunicación, ni la pondrá Internet; la pondrán los jueces, que es como tiene que ser.