En medio de una grave crisis económica, México comenzó un costoso proceso electoral sin programas ni agenda social, mientras los partidos políticos hacen lo imposible por mantener a una clase política miope y estática, que llevará a que las mujeres sean arrinconadas, pese a haber logrado un ascenso lento en los puestos en los últimos […]
En medio de una grave crisis económica, México comenzó un costoso proceso electoral sin programas ni agenda social, mientras los partidos políticos hacen lo imposible por mantener a una clase política miope y estática, que llevará a que las mujeres sean arrinconadas, pese a haber logrado un ascenso lento en los puestos en los últimos 20 años.
Los preparativos para los comicios previstos para el próximo 5 de julio comenzaron el primero de febrero pasado, en medio de un escándalo por la propaganda en televisión, donde se estima habrá 23 millones de spots en los próximos cinco meses.
El gasto y la propaganda ya han sido calificados de espectaculares, inútiles y excluyentes. La población -78 millones de personas podrán votar- no recibe propuestas, sino publicidad con frecuencia ofensiva.
Este año habrá elecciones federales y locales en 14 entidades del país, se repartirán 1.472 puestos de elección popular, entre gobernaciones, diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamientos, así como de delegados y asambleístas en el Distrito Federal, capital del país.
De estas asignaciones, controladas por los partidos políticos y sus «grandes electores», las mujeres debían, según la ley electoral y los estatutos de los partidos políticos, ocupar cómo mínimo 40 por ciento.
Es decir, tendrían que acceder a puestos de elección popular, a los gobiernos y a donde se toman las decisiones, al menos 662 mujeres. Pero eso será imposible: los programas de los partidos políticos, la cultura y la desarticulación entre ellas, en los distintos espacios, hacen de la demanda de participación femenina todavía una utopía, concluyeron mujeres políticas, de la sociedad civil y feministas.
La expectativa real es mínima; probablemente sólo llegarán 250 de ellas, poco más del 16 por ciento, de acuerdo con las proyecciones y la tendencia histórica. Y la mayoría irá a los congresos federal y locales. Según explicaron a SEMlac diputadas y mujeres del movimiento feminista, los cambios en el Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en 2008 significaron un retroceso.
El mayor castigo o indiferencia sobre la participación femenina, dijo la especialista en gobiernos locales Alejandra Massolo, se ubica en las elecciones de ayuntamientos, donde la elección femenina no rebasa el tres por ciento desde hace 20 años.
Las listas de precandidaturas de la elección federal (500 diputados) ya fueron entregadas a la autoridad electoral. Habría que multiplicarlas por los ocho partidos que participarán en el proceso y «no nos vemos», dicen las diputadas y las mujeres de organizaciones civiles. Se nos ha menospreciado, a pesar de las contribuciones hechas en las últimas legislaturas, precisó a SEMlac la legisladora Elsa Conde.
Por su parte, Martha Tagle, de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, explicó que las reformas al COFIPE, que entraron en vigor este enero, establecen que los partidos políticos serán eximidos de su obligación de incluir 40 por ciento de mujeres, si hacen elección interna de candidaturas.
También la nueva redacción señala que las promociones de mujeres sólo estarán sujetas a la Ley, a pesar de lo que digan sus estatutos.
Actualmente, los estatutos de dos de los tres partidos mayoritarios, establecen que sus órganos de dirección y las listas electorales de todo tipo serán de 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres y sólo el partido conservador establece la palabra «procurará promover?».
A juicio de Tagle, se ha operado un retroceso, que además fue avalado por las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una mayoría de las representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ambas fuerzas políticas se reconocen como socialdemócratas y fueron, en otras épocas, promotoras de la participación femenina.
La situación se agrava si en el panorama se ve achicada y enfrentada la izquierda electoral, donde se ubicaban las propuestas de las mujeres, comentó a SEMlac Orfe Castillo, de la Asociación Consorcio para el Diálogo Parlamentario.
Indicó que un primer acuerdo del Espacio Feminista -una mesa plural de mujeres- es no proponer, ni participar en las elecciones, solamente «vigilaremos que se cumpla con la ley y apoyaremos a las que así lo demanden».
La búsqueda
Durante una reunión de mujeres, políticas y feministas, se hizo un balance de lo sucedido en al menos los últimos 18 años, desde 1991, cuando se construyó la Convención Nacional de Mujeres, que buscó abrir el acceso a bancas del Congreso para feministas.
Hasta el año 2000, no se había conseguido una sola banca desde el espacio civil, aunque por goteo llegaron mujeres feministas a la Cámara de Diputados, provenientes de sus partidos políticos. En 1997, se realizó una Asamblea Nacional, donde además se construyó una agenda para las mujeres, que debía ser cumplida por los partidos políticos.
Tal agenda, recuerda Julia Pérez en un recuento escrito en la revista Cuadernos Feministas «nunca fue recibida formalmente por los dirigentes partidarios». No obstante ese año, a instancias de las militantes feministas, se impulsó la creación de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso.
Entre 1997 y 2000, muchas iniciativas y propuestas fueron impulsadas por una alianza entre mujeres de partidos políticos y feministas, entre ellas leyes como la General de Igualdad entre Hombres y Mujeres; y las de Violencia Familiar, que creó el Instituto Nacional de las Mujeres.
Igualmente, a través de un órgano llamado Parlamento de Mujeres, se consiguió impulsar muchas reformas en las entidades del país e iniciativas que abrieran presupuestos favorables a las mujeres, institutos locales para este sector poblacional, leyes diversas, en los campos civil e, incluso, otras sobre salud y salud reproductiva.
Sin embargo, no fue hasta el 2003 en que se consiguió una amplia discusión y una ley para frenar los feminicidios y varios presupuestos parciales con perspectiva de género.
Pero ese mismo año la participación femenina cayó hasta tres puntos, coincidiendo con el cambio de partido político en la Presidencia de la República y variaron los principios y enfoques de lo que se llama política pública.
Hoy, dijeron Martha Tagle, Orfe Castillo, Josefina Chávez y otras analistas, se vive un retroceso que hace necesario ampliar la representación feminista en los congresos y los puestos de decisión, al tiempo que obliga a replantear el papel de las organizaciones sociales y de mujeres frente a los órganos del Estado.
No se trata únicamente de mayores espacios, que se han buscado, sino de retomar el rumbo. En 2009 nuevas estrategias y peleas están por venir, aseguraron las diputadas y las militantes, quienes anunciaron el inicio de una campaña de vigilancia para que se cumpla con la Ley , en todos los órdenes, porque muchas iniciativas son sólo papel.
RECUADRO
1994 LVI Legislatura 70 diputadas 14,11 por ciento
1997 LVII Legislatura 87 diputadas 17,4 por ciento
2000 LVIII Legislatura 80 diputadas 16 por ciento
2003 LIX Legislatura 120 diputadas 24 por ciento
2006 LX Legislatura 117 diputadas 23,4 por ciento
De las 117 legisladoras federales actuales hay:
de 207 diputados de Acción Nacional, 25 por ciento mujeres;
de 127 diputados del PRD, 21,26 por ciento mujeres
y del PRI con 106 diputados, 17,92 por ciento mujeres.
En esta legislatura hay cinco diputadas del movimiento feminista: Marina Arvizu y Elsa Conde, de Alternativa o partido Socialdemócrata; Rosario Ortiz y Claudia Cruz, del PRD, y Martha Tagle, de Convergencia.
Legislaturas Locales: 2006 21 por ciento mujeres
Ayuntamientos (2.500) tres por ciento mujeres