En medio de críticas y adhesiones, el Congreso argentino aprobó el pasado 20 de noviembre un proyecto, enviado por el Ejecutivo nacional, que elimina el sistema privado de jubilaciones (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, AFJP), con lo cual todos los aportes pasarán al sistema público de reparto. Con esta medida, se transfieren al […]
En medio de críticas y adhesiones, el Congreso argentino aprobó el pasado 20 de noviembre un proyecto, enviado por el Ejecutivo nacional, que elimina el sistema privado de jubilaciones (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, AFJP), con lo cual todos los aportes pasarán al sistema público de reparto.
Con esta medida, se transfieren al Estado cerca de 23.000 millones de pesos (11.000 millones de dólares) que hasta noviembre eran manejados por 10 aseguradoras privadas (AFJP). De acuerdo con la presidenta Cristina Fernández, con la nueva disposición se anhela proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad de los fondos privados como consecuencia de la actual crisis económica mundial.
Las críticas de la oposición señalan que el Poder Ejecutivo haría uso discrecional de esos fondos en perjuicio de los afiliados. La nueva medida también tuvo marcada oposición de los afiliados a las AFJP que habían confirmado su elección en el sistema privado. Al grito de: ¡nosotros ya elegimos!, coparon las puertas del Congreso que debatía la aprobación del proyecto.
El sistema de jubilación privada fue instaurado por el ex presidente Carlos Menem en la década del noventa. Desde entonces, la población podía elegir entre el sistema privado de capitalización o el reparto, dependiente del Estado nacional. Una vez elegido el sistema de jubilación, los beneficiarios no podían cambiar de opción.
Durante 2007, el Gobierno Nacional ofreció la posibilidad de regresar al régimen de reparto a quienes habían elegido el sistema de las AFJP en la década del noventa. En esa oportunidad, sólo el 20 por ciento optó por volver al Estado. En la actualidad, dos de cada tres jubilados del Estado son mujeres.
María América González es diputada Nacional Solidaridad e Igualdad y preside la Comisión de Tercera Edad. Ella votó a favor de la nueva medida, argumentando que se «regresa a la constitucionalidad».
Esta legisladora explica que el sistema previsional argentino se basa en artículo 14 de la Constitucional Nacional que dice: «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado».
«Es en este sentido -continuó González- es que estoy absolutamente de acuerdo con el planteo filosófico del proyecto, que es la eliminación de un sistema inconstitucional, arbitrario y de saqueo para todos los trabajadores argentinos, activos y pasivos».
Al momento de debatirse en el Senado, una de las voces en contra fue la de la senadora Sonia Escudero que aseguró que con esta medida «se están avasallando los derechos adquiridos de los aportantes y, por lo tanto, la Constitución».
Con esta medida no se está respetando a las de personas que ya optaron por cuál tipo de jubilación querían, explicó Escudero.