Se ha dicho, con razón, que no es coherente pensar que las 32 maletas, de las que todos hablan en Bolivia, contuvieran drogas. No es pues razonable creer que esa mercancía fuera llevada desde el mercado gigantesco donde puede ser vendida a su máximo valor a un mercado pequeñísimo, como el nuestro, donde obtendrá obviamente menores réditos. Lo cierto es que el circuito del tráfico de drogas va de sur a norte y no al revés. De acuerdo con eso.
Pese a esto, aún así, todavía es correcto hablar de narcomaletas, porque de uno u otro modo, las maletas están involucradas en el tema del narcotráfico. Lo prueba el hecho de que en el galpón al que inicialmente fueran conducidas las maletas, se encontraron algo así como 70 kilos de mariguana. Por esa razón el juez «anticorrupción», al que pertenecía ese inmueble, está ahora aprehendido.
¿Qué contenían entonces las maletas? Por el momento sólo se puede especular, pero de ser cierta la plausible suposición de que las maletas están involucradas en el narcotráfico entonces contenían precursores para la elaboración de drogas, armas para los matones y sicarios que protegen ese negocio o dinero en efectivo, fruto del negocio, que no pudo ser blanqueado allá en Estados Unidos y viene aquí para ese fin, inicialmente. Hay algo más que apoya esta tesis; un vuelo chárter privado desde Los Ángeles, cuyo costo alcanzaría a los 150 mil dólares, según se ha dicho, no puede menos que ser el transporte de algo sumamente valioso e importante para sus dueños. Si a eso se le añade que la exdiputada utilizó indebidamente un pasaporte diplomático caducado evitando así que su equipaje fuera revisado por aduana y por la FELCN, entonces se tiene que esto necesariamente es algo turbio relacionado con el tráfico de narcóticos, no nos engañemos.
Hasta ahí el tema tiene una dimensión que involucra al círculo que rodea a la exdiputada, obviamente a sus conmilitones de formula para las próximas elecciones subnacionales (quienes no pueden desligarse del asunto haciéndola renunciar a su candidatura), al juez que alojó a las maletas en su galpón y naturalmente a Camacho, relacionado con ambos protagonistas de este entuerto: la exdiputada, militante connotada de su agrupación política (Creemos), en cuya representación fue elegida asambleísta y el juez propietario del galpón, que en funciones liberó a Camacho de su arresto después de varios años por su conducción del golpe de Estado el año 19. Los nexos ahí están muy claros. Además, también están involucrados los funcionarios del servicio de aduanas y la policía antinarcóticos del aeropuerto. Obviamente no se trata solamente de los funcionarios de baja ralea, a quienes siempre quieren inculpar las autoridades para encubrir su participación. 32 maletas no pasan desapercibidas sin que las máximas autoridades de esas instituciones lo autoricen. No es cosa de funcionarios subalternos.
Hasta ahí se podía suponer, para dar el beneficio de la duda, que el gobierno no estaría involucrado en este asunto, aunque ya de por sí, resultaba muy sospechoso que el gobierno inicialmente callara y seguidamente se pronunciara muy tibiamente sobre el caso. De ser exaltados exponentes de la lucha contra la corrupción y el crimen pasaron a ser tímidos funcionarios respetuosos de la independencia de poderes que dejaban a las autoridades judiciales realizar su labor sin la intervención del ejecutivo. Algo olía mal.
Fue entonces que el español que tenemos por presidente decidió salir a la palestra afirmando que el gobierno tenía conocimiento del caso, desde fines de noviembre, cuando sucedió el hecho. Asombra mucho que en el gobierno no perciban que el conocimiento del asunto les conlleva responsabilidades. Ahora las maletas están sin ubicación conocida y, a ciencia cierta, no se sabe lo que contenían. La exdiputada, estuvo libre hasta ahora, sin responder por sus acciones; el cómplice de la exdiputada en el viaje del vuelo charter, fugado; la cancillería sin pedir cuentas del uso indebido de pasaportes diplomáticos; el juez -hasta ser detenido- continuaba dictando sus sospechosas sentencias. No es que el gobierno, por medio de su ministerio de gobierno y la policía, actuaba en silencio realizando investigaciones. Nada de eso. Simplemente dejaron pasar todo y ahora el españolete, con un cinismo que resulta insultante a la población viene a decir, que el gobierno sabía todo esto. Entiéndase bien entonces, no se trata de negligencia, más bien es complicidad. Este gobierno tiene que responder por este escándalo.
¿Ante quienes debería responder, inicialmente?, pues ante la Asamblea Plurinacional. Sin embargo, allí vuelven a pretender que la cosa no es con ellos. Del mismo modo que, cuando el español pretendió imponer su decreto 5503 que les arrebataba funciones constitucionales a ellos, se hicieron los locos, ahora vuelven a incumplir deberes. Inicialmente ya deberían iniciarse interpelaciones al Ministro de Gobierno y al Canciller, para continuar con juicio de responsabilidades al mismo presidente. Pero no hay nada, por lo tanto, son tan cómplices como los del gobierno.
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