Los sindicatos de Jerárquicos y Petroleros Privados se encuentran en alerta y en el caso de los profesionales ya convocó a reunión de delegados y asamblea ante el inminente despido de 1.200 trabajadores de las empresas de servicios especiales anunciado a fines de noviembre. «Yo no permito suspensiones ni despidos», aseguró el titular de Petroleros […]
Los sindicatos de Jerárquicos y Petroleros Privados se encuentran en alerta y en el caso de los profesionales ya convocó a reunión de delegados y asamblea ante el inminente despido de 1.200 trabajadores de las empresas de servicios especiales anunciado a fines de noviembre.
«Yo no permito suspensiones ni despidos», aseguró el titular de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, tras reconocer que desde las empresas de servicios especiales «están diciendo que van a despedir a 1.200 trabajadores».
Desde el congelamiento del precio del crudo que impuso el DNU 566 y que se sumó a la disparada del Riesgo País y al control de capitales, las empresas de servicios especiales de Vaca Muerta, las que controlan las torres de perforación y equipos de fractura, comenzaron a suspender a buena parte de sus empleados.
A la fecha son entre 1.600 y 2.000 los trabajadores cesanteados, en coincidencia con la baja de unas 13 torres de perforación y la salida del país de varios sets de fractura.
Desde algunas firmas ya se avanzó en el achique de sus plantillas, a través de retiros «voluntarios» como los realizados por Schlumberger, o incluso con despidos que ahora están frenados en conciliación como los que realizó H&P.
Finalmente, el 26 de noviembre se concretó la amenaza de despidos que habían lanzado las empresas. Desde las oficinas porteñas de dos contratistas salieron alrededor de 600 telegramas.
La noticia fue confirmada por el titular del gremio de los petroleros, el senador Guillermo Pereyra. «Aún no sabemos cuántos telegramas enviaron porque las empresas no nos informaron nada», dijo el dirigente. Sin embargo, estimó que «serían alrededor de 400. Pero la discusión no está en si son 400 o 600 porque nosotros no aceptamos ni un sólo despido», agregó.
Las empresas que enviaron los telegramas son las contratistas Schlumberger y San Antonio, dos compañías que ya habían tomado medidas de achique en el país y que ahora están despidiendo a los empleados que estaban bajo el modelo de «stand by».
Pero tanto Pereyra como Manuel Arévalo preveían la llegada de los telegramas y ayer por la tarde presentaron en la Secretaría de Trabajo de la Nación una carta en donde señalaban que «ante los rumores de posibles despidos» pedían que con el primer telegrama se dictara la conciliación obligatoria.
«El pedido de conciliación permitiría frenar todo hasta después de Navidad y ahí ya habrá autoridades nuevas porque ahora no sabemos contra quién tenemos que dar la pelea», dijo Pereyra.
Aunque el sindicalista apuntó a la administración de Cambiemos como el principal causante de esta situación, no dejó pasar la oportunidad para señalar a las compañías a las que acusa de romper el equilibrio en Vaca Muerta. «Es llamativo que empresas multinacionales no tengan espaldas para aguantar un mes sin despedir a los empleados. Por ahora no hay conflictividad, pero en las próximas horas definiremos el camino a seguir», dijo.
Luego de un amague de paro como respuesta por parte del sindicato petrolero dirigido por Guillermo Pereyra, el gobierno de Macri dictó una conciliación obligatoria por quince días, que tendrá que terminar de resolver el gobierno de Alberto Fernández.
Los telegramas de despidos en Vaca Muerta son una expresión más de la puja entre las petroleras y el nuevo gobierno peronista, luego de la situación abierta por el congelamiento de naftas, la pesificación del crudo y la coyuntura más general que atraviesa el sector energético.
¿Cuánto dinero tienen que poner el Estado nacional y el provincial para poder afrontar cada una de estas crisis?, le preguntaron a Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero SUR.
«Lo grave es que el fracking requiere tanta mano de obra y de tantos servicios, que esto es un espiral muy peligroso para cualquier tipo de territorio, porque no lo vas a poder solventar. Porque primero sufriste la presión de la cantidad de gente que vino a trabajar y que se asentó en el lugar para abastecer de mano de obra a Vaca Muerta. Después lo que vas a tener más adelante es el problema de cuando la actividad cae y existan los despidos, vos vas a tener que salir a cubrir y salvar, en algunos casos vas a tener que cubrir también, además de todo ese sector, al sector estatal que creció por demanda, es decir hospitales, escuelas, todo ese personal que lo tenés y que no lo vas a cerrar porque te bajó el precio internacional del barril o porque las petroleras levantaron equipos.
Entonces hay que analizar todas esas cuestiones. Las petroleras tienen 35 años de concesión, es decir, sus tiempos son otros. Por eso mismo pueden permitirse exigir cada vez más.
¿Ahora cuál es la solución? ¿Darle más dinero y mayores beneficios para que las petroleras levanten equipos? Yo creo que es una perversión muy grande en cualquier proyecto que se nombre desarrollista. Si el gobierno de Fernández para lograr que las petroleras reactiven Vaca Muerta les va a dar mayores beneficios, está lejos de tener un proyecto emancipador o de Nación como el que prometieron durante la campaña».
Petroleros piden congelar por 90 días los despidos
Según expresó Pereyra, el objetivo es darle tiempo a las nuevas autoridades nacionales «para que se acomoden» y luego retomar las negociaciones entre las partes. El jueves se realizó la segunda audiencia por los despidos y es allí donde el gremio presentó la demanda.
Además, consideró que es importante dar ese período de 3 meses «con la intención de buscar soluciones» entre el nuevo gobierno nacional, las empresas, Cámaras del sector y las organizaciones sindicales.
El líder gremial también adelantó que pedirán el acompañamiento de las autoridades nacionales y la convocatoria a una mesa de diálogo para se trabaje en la «recuperación» de la producción de petróleo y gas. Aseguró que la idea es que trabajen los gremios, las empresas del sector, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y los ministros del Ejecutivo nacional.
«Tenemos la responsabilidad de 25.000 familias, por eso no vamos a dejar compañeros en la calle, para eso hay que utilizar la creatividad y es por eso que pasado mañana tenemos la segunda audiencia de conciliación donde llevamos una propuesta concreta», cerró Pereyra.
Hace pocos días se conoció un borrador de Proyecto de ley para «blindar» Vaca Muerta buscando beneficiar a las empresas petroleras con rebajas impositivas, seguridad jurídica y, además, dejar la puerta abierta a nuevas modificaciones de los Convenios de trabajo, aunque ya disfrutan de beneficios con la compensación que recibieron por la devaluación cambiemita, y también la liberación del precio del combustible que tiende a dolarizarlo. Esto forma parte de la necesidad desesperada de Alberto Fernández de querer obtener dólares para afrontar los compromisos de pago con el FMI.
Ahora bien, ¿quién compensa a los trabajadores que perdieron con la devaluación y con la inflación que se estima que este año terminará por arriba del 55%?
Según lo analizado por Enlace para la Justicia Energética y Socioambiental: «Del análisis de los últimos datos provistos por el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA), que incluye a todo el empleo registrado del país, entre marzo de 2015 y marzo de 2019, la caída promedio de la capacidad de compra del salario privado fue de 11%, en el caso de quienes trabajan en la extracción hidrocarburos ascendió al 15%, pero si se suma a quienes trabajan en empresas de servicios relacionadas a esa actividad, la caída ascendió al 27%. Con la aceleración de la inflación, el adelanto a octubre, del aumento de 9% previsto para noviembre, que recientemente consiguió el sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, no revirtió la situación del sector.
En los cuatro años analizados, la pérdida salarial de quienes se desempeñan en el sector de extracción fue de $ 568.000, y si a la ecuación se incorporan quienes trabajan en actividades vinculadas, en estos cuatro años cada trabajador dejó de recibir $ 1.327.000. Los salarios privados promedios, en tanto, perdieron $ 134.000, un valor muy inferior al que sufrieron quienes trabajan en el petróleo.
La caída del poder de compra de los y las trabajadoras del petróleo es una tendencia que se inició en el año 2013, en un contexto en el cual, en el resto de los sectores se registran mejoras salariales. En aquel año comenzó la explotación de Vaca Muerta y la experiencia del fracking en nuestro país. Quizás allí resida una de las causas.
La disminución salarial podría explicarse como una forma de mantener las contrataciones en el sector. Así lo demuestran los números del total de empleados en extracción de hidrocarburos en Neuquén: pasó de 2.651 en 2015 a 3.126 en 2019. Sin embargo, si se contabilizan también las personas empleadas en actividades vinculadas, el número de marzo de 2019 era inferior al de 2015. Por lo que a la caída del poder de compra se suma, en Neuquén, la baja en la cantidad de trabajadores empleados. Sin olvidar el saldo trágico de ocho muertes obreras.
La complicidad de las burocracias sindicales con las patronales petroleras y los gobiernos de turno hace posible que esto suceda. En Neuquén, por ejemplo, los sindicatos dejaron pasar las suspensiones sin hacer nada y así, peligran cientos de puestos de trabajo. Tampoco defienden el salario; recientemente cerraron un acuerdo de revisión salarial del 4,2% que, en una categoría inicial, representa aproximadamente 1.500 pesos de aumento. Una burla.
Patricia Jure presentó su primer proyecto La diputada provincial por el Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Patricia Jure, presentó el lunes su primer proyecto vinculado a la defensa de los puestos de trabajo de obreros petroleros y de Uocra yacimiento. La iniciativa propone la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 6 meses, retroactivo a las primeras suspensiones en el mes de octubre, la apertura de los libros contables de las empresas y el cambio de diagrama en el régimen de trabajo, el cual permitirá repartir las horas de trabajos disponibles sin afectar el salario. En los fundamentos de la iniciativa Jure señala: «concebimos a este proyecto como una herramienta de lucha para frenar los despidos que ya se contabilizan en 600 y en más de 1.800 suspensiones. Las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria y el ministerio de Trabajo y el sindicato hacen la vista gorda. Los pulpos petroleros, luego de beneficiarse con subsidios y aumentos de los combustibles, descargan el parate de la actividad en la fuerza de trabajo. Presionan por esa vía para obtener mayores concesiones estatales: girar dividendos al exterior sin control, un dólar petrolero y Convenios por empresas con el objetivo de desguazar las condiciones de trabajo».
Fuentes: prensapartidoobreronqn@gmail.
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