Reaparece la discusión sobre las retenciones a las exportaciones de bienes, ahora a propósito de la suspensión por 30 días de las ventas de carne al exterior.
Si la medida no tiene resultados inmediatos podría acudirse al alza de las retenciones. El fenómeno es la suba de los precios, con la carne por encima de los alimentos y de estos sobre el promedio general.
Además, la carne es un consumo importante en la dieta cotidiana de la familia argentina que, en baja en los últimos tiempos por cambios culturales de la ingesta alimentaria, se agrava por la reducción de los salarios e ingresos populares, jubilaciones y beneficios sociales.
Favorecer el consumo popular de la carne es lo que motiva el anuncio de la suspensión de las exportaciones y el aviso que podrían aumentarse las retenciones.
La respuesta anunciada es el lockout de las centrales empresarias que representan a los propietarios de medidos de producción del agro en la argentina, los que perciben los beneficios del modelo asociado al agro negocio de exportación.
En esencia, lo que se discute es quien se apropia del trabajo social, en rigor, no solo del sector primario, sino del generado por el conjunto del aparato productivo, especialmente en un momento de la economía mundial donde crecen los precios de los productos exportados por el país.
Los propietarios de la tierra y demás medios de producción sostienen que el bien producido les pertenece y por ende son destinatarios finales del ingreso por ventas a precios internacionales, que también pretenden lograr en las ventas en el mercado local.
Existe una circunstancia especial y se deriva del gran comprador de carne que es China en pleno proceso expansivo de sus compras internacionales para satisfacer la demanda de consumo de su población. Eso interviene en la suba de los precios, sin perjuicio de los insumos necesarios para producir carne, como suba de tarifas, combustibles, etc.
Sin embargo, no solo hace falta capital, medios de producción, para producir, sino y especialmente fuerza de trabajo. Por eso, desde el origen de la ciencia, la economía política definió la ley del valor-trabajo como fuente del valor y con ello, de los precios.
De ahí proviene la explicación teórica de la lucha por la apropiación del ingreso entre propietarios de medios de producción y los de la fuerza de trabajo, denominada la puja distributiva. El Estado intenta mediar en esa puja y por eso aparecen las herramientas de recaudación, entre ellas, impuestos y retenciones.
Se discute si es una medida política, y sí, lo es, en tanto se intenta morigerar la capacidad de apropiar ingresos por el propietario del capital. La vía de las retenciones o los tributos constituye un mecanismo de redistribución social de una ventaja que otorga la propiedad. Claro que también podría ser la inversa y por eso el reclamo de los inversores por reducir la presión impositiva.
¿Podría existir alguna otra herramienta? En otros tiempos se ensayaron las Juntas Reguladoras, lo que supone la intervención estatal en la mediación entre la producción y la circulación local y mundial. Pero también se pueden ensayar nuevas formas de organización de la producción para privilegiar el consumo de la población, especialmente si se trata de alimentos en un país con la mitad de su gente bajo la pobreza.
Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.