Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En el prólogo a su nueva antología País de Muertos, Diego Enrique Osorno, renombrado periodista nativo de Monterrey, escribe: «No es lo mismo contar el número de muertos que contar las historias de nuestros muertos». Osorno se ha sumado al creciente número de periodistas mexicanos que critican el ejecutómetro o «medidor de ejecuciones», que registra los continuos recuentos de muertos de la guerra contra el narcotráfico mantenidos por el gobierno y los periódicos. Gracias a la obsesión del público por el ejecutómetro, los ciudadanos asesinados de México son amontonados metafóricamente en la fosa común de la guerra contra el narcotráfico. Con un promedio de una persona asesinada por hora en la guerra del ‘narco’ (y ocho por día sólo en Ciudad Juárez), los periódicos ni siquiera se preocupan de mencionar los nombres de los muertos, ni de hablar de las circunstancias de sus vidas y muertes. Simplemente hablan de la manera horripilante en la que fueron encontrados los cuerpos: si el cuerpo fue hallado entero o en trozos, vestido o desnudo, qué partes del cuerpo faltaban, cómo fueron torturados antes de ser muertos, cuáles de todas las heridas fueron fatales…
La tasa de homicidios que aumenta vertiginosamente en México significa que los cuerpos son tirados con creciente frecuencia en la metafórica fosa común. A los periodistas les es más y más difícil mantenerse al día con la cantidad víctimas mortales, para no hablar de una investigación seria de los asesinatos individuales. Además, argumenta la periodista de Proceso Marcela Turati en su nuevo libro Fuego Cruzado: «Cuando la violencia compite consigo mismo y habitualmente rompe su propio récord, que se detenga de ser noticias».
El creciente cúmulo de cuerpos también significa que el gobierno, tristemente célebre por su atroz tasa de condenas, siente aún menos presión para investigar asesinatos individuales. En su lugar, publica comunicados de prensa y declaraciones arguyendo que los muertos eran miembros del crimen organizado, como si eso significara que sus asesinatos fueron justificados y no merecen investigación. «Si el muerto era un muchacho, seguro era pandillero; si era policía o soldado, seguro era un infiltrado; si era ciudadano o ciudadana de calle qué hacía caminando por el lugar de los hechos,» explica Roberto Zamarripa, periodista del periódico nacional Reforma. «Estudiantes de excelencia exhibidos como sicarios; vendedores de tortillas convertidos en pistoleros; albañiles tratados como peligrosos malandrines.»
La falta de investigación gubernamental de los casos, combinada con casos probados en los que el gobierno presentó deliberadamente a inocentes víctimas civiles como narcotraficantes, lleva a periodistas como Turati a cuestionar la estadística no confirmada del presidente de que un 90% de todos los muertos de la guerra contra el narcotráfico eran narcotraficantes y cómplices de los cárteles que merecían morir. Aún más dudas sobre la afirmación del gobierno provoca el hecho de que en 2010 el gobierno solo inició investigaciones en un 5% de los asesinatos en el país. El 95% restante nunca fue investigado.
La tragedia de la familia Reyes Salazar
El ejecutómetro muestra actualmente más de 35.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder hace poco más de cuatro años. El hecho de que esa estadística no refleja con exactitud las consecuencias en la vida real de la guerra del ‘narco’ para los ciudadanos de México fue ilustrado el mismo fin de semana en el que Turati y Osorno publicaron sus libros. El viernes 25 de febrero, los cuerpos de Magdalena Reyes Salazar, su hermano Elías Reyes Salazar, y su esposa Luisa Ornelas Soto fueron hallados tirados al borde de una ruta en Guadalupe, Chihuahua, en las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades dicen que había «narcomensajes» sobre los cuerpos que decían que los tres habían sido muertos por su participación en el crimen organizado.
Los tres cuerpos abandonados habrían hecho subir tres puntos más el ejecutómetro mexicano sin ruido alguno (y ciertamente sin ninguna investigación) si no fuera por el trabajo que Josefina, hermana de Elías y Magdalena, inició hace tres años, cuando comenzó a hacer campaña contra la militarización de Ciudad Juárez. El triple asesinato no hubiera llegado en absoluto al ejecutómetro si las hermanas de Josefina, Marisela y Claudia, no hubieran continuado la lucha de Josefina por la justicia después que la propia Josefina fue asesinada en enero de 2010. Los tres cadáveres fueron hallados cubiertos de tierra y cal viva, lo que condujo a las autoridades a creer que habían sido enterrados antes de ser arrojados al borde de la ruta. Se cree que los asesinos desenterraron y arrojaron los cuerpos debido a la presión generada por las protestas de Marisela y Claudia. Si los asesinos no lo hubieran hecho, Magdalena, Elías, y Luisa habrían sido consideradas «desaparecidas», no «asesinadas» y las personas desaparecidas no son contadas en el ejecutómetro. A diferencia de los asesinatos, el gobierno ni siquiera intenta llevar la cuenta de las desapariciones en la guerra del narco. Cuerpos que son disueltos en ácido, arrojados al mar, enterrados en cemento, o tirados a fosas comunes clandestinas desaparecen sin ser siquiera registrados en el ejecutómetro, y mucho menos en la prensa o la oficina del procurador general.
En total, la matriarca de la familia Reyes Salazar, Sara, ha perdido seis miembros de su familia en el ejecutómetro: cuatro hijos, un nieto, y una nuera.
La situación aflictiva de la familia comenzó en 2008, cuando llegaron los militares a ocupar su Estado como parte de la «Operativo Conjunto Chihuahua». Josefina, activista bien conocida que protestaba contra los femicidios y contra el depósito de desechos radioactivos de Sierra Blanca, se opuso a la militarización de su región. Cuando los militares arrestaron a trece vecinos a mediados de 2008 y los colocaron bajo arraigo, internacionalmente criticado, Josefina se unió a una comisión que se reunió con la activista de derechos humanos, elegida senadora, Rosario Ibarra para pedir su liberación. El 14 de agosto de 2008, Josefina habló en una conferencia titulada «Foro contra la militarización y la represión». Participó como «activista política bajo ataque por los militares», y durante el foro encabezó una marcha contra la presencia de los soldados. Sólo días después, el 21 de agosto, los militares desaparecieron a su hijo Miguel Ángel.
Josefina declaró una huelga de hambre para exigir que su hijo fuera acusado o liberado. El gobierno liberó a Miguel Ángel poco después que Josefina iniciara su protesta.
La victoria de Josefina duró poco. En noviembre, sólo tres meses después de la terrible experiencia de Miguel Ángel, el otro hijo de Josefina, Julio César, fue asesinado en un matrimonio. Adrián Fuentes Luján, portavoz de la familia Reyes Salazar, dijo a Upside Down World que un escuadrón paramilitar entró al matrimonio, ordenó que todos se acostaran en el suelo, y revisaron a la multitud. «Uno de los hombres pateó a Julio para poder ver su cara. Preguntó a otro hombre si era el que andaban buscando y respondió que sí. Luego apuntó su arma directamente al corazón y disparó un solo tiro», dice Luján. «La familia cree que la muerte de Julio César fue una represalia por el activismo de Josefina y su propio activismo contra los abusos de la militarización en el área del Valle de Juárez».
El 4 de septiembre de 2009, el ejército volvió a arrestar a Miguel Ángel. Dos meses después de su arresto, la oficina de la Procuraduría Federal emitió una orden de arresto, acusando a Miguel Ángel de trabajar para el cártel de Juárez. La orden de arresto «regularizó» el arresto de Miguel Ángel y permitió que el gobierno lo encarcelara hasta su proceso. Un año y medio después, Miguel Ángel sigue preso, esperando su proceso.
Durante toda su lucha contra los militares -que se hacía más y más personal con cada ataque a su familia- Josefina recibió amenazas de muerte. En 2009, fue arrestada por encabezar protestas contra los militares. Ese año abandonó durante un breve período su ciudad natal de Guadalupe porque temía por su seguridad. Sin embargo, volvió a trabajar en su negocio, un puesto de barbacoa.
Frente a ese puesto de barbacoa atacantes desconocidos la ejecutaron el 3 de enero de 2010. Los testigos dicen que luchó con sus asesinos, uno de los cuales le dijo: «»¿Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones?», refiriéndose a su trabajo con organizaciones por los derechos humanos. La familia de Josefina dice que sus asesinos eran «comandos paramilitares».
Los brutales ataques contra la familia Reyes Salazar no terminaron con la ejecución de su miembro más elocuente. El 18 de agosto de 2010, atacantes desconocidos ejecutaron al hermano de Josefina, Rubén Salazar Retes, mientras se dirigía a la tienda a comprar leche para trabajadores en la panadería de su familia. Aparte de ser un destacado miembro del opositor Partido de la Revolución Democrática, Rubén se había ocupado de la causa de Josefina, exigiendo justicia por los asesinatos de su hermana y su sobrino. Su ejecución vino después de meses de amenazas de muerte.
Incluso después de perder tres miembros de la familia por la acción de los sicarios y un cuarto encarcelado indefinidamente, los Reyes Salazar se negaron a guardar silencio. Dos días después del asesinato de Rubén, su madre Sara y su hermana Marisela encabezaron una Marcha contra la Militarización para exigir justicia para Rubén y otros tres activistas de Juárez que fueron asesinados el mismo día que él.
Sara y sus hijos restantes se negaron a renunciar a la lucha iniciada por Josefina y continuada por Rubén. Su lucha fue recibida con amenazas de muerte de sus enemigos y un silencio ensordecedor de la prensa, que estaba demasiado ocupada cubriendo cadáveres descabezados colgando de puentes y minas abandonadas repletas de cuerpos – historias que atraen más lectores que la lucha de una familia humilde contra la militarización, la impunidad y la exterminación.
Los sufrimientos de los Reyes Salazar volvieron a las noticias el 7 de febrero de 2011 cuando pistoleros secuestraron a Magdalena y Elías Reyes Salazar y a Luisa Ornelas Soto. Sara, de 76 años, que presenció el secuestro junto a su nieta de 12 años, estableció un plantón frente a una filial de la Oficina de la Procuraduría del Estado en Ciudad Juárez. Sara y sus hijas Marisela y Claudia esperaban que una huelga de hambre presionaría al gobierno para que presentara a las tres personas desaparecidas o investigara el secuestro.
El gobierno de Chihuahua, sin embargo, recibió su huelga de hambre con cruel desdén. Incluso después que atacantes no identificados quemaron la casa de Sara y la casa de otra activista anti-femicidios, Malú García, mientras estaban en huelga de hambre, frente a su oficina, el Subprocurador de Justicia Zona Norte», Jorge González Nicolás se negó a encontrar las mujeres. El miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson ha pedido una investigación de los incendios, porque los atacantes quemaron la humilde casa de tabique y lámina a sólo cien metros del cuartel militar de Guadalupe.
Después de casi dos semanas de huelga de hambre frente a la oficina de González Nicolás, el Subprocurador se siguió negando a encontrar a los Reyes Salazar, tal como lo hizo el gobernador César Duarte. Marisela, Claudia, y Sara decidieron aumentar la presión, de modo que mudaron su plantón a Ciudad de México, frente al edificio del Senado. Por coincidencia, estaban acampadas frente al Senado cuando el gobernador Duarte llegó para entregar un informe a los senadores sobre sus éxitos como gobernador. A pesar de ellos se negó a encontrar a los Reyes Salazar, hasta que los senadores de la oposición «lo cazaron» e impusieron una reunión, que Duarte limitó a diez minutos.
Aunque la huelga de hambre de los Reyes Salazar no logró devolverles en vida a sus seres queridos, por lo menos, permitió que dieran a Magdalena, Elías, y Luisa un entierro decente. El velorio de Magdalena y Elías tuvo lugar en el plantón frente a la Oficina del Subprocurador en Juárez. El hermano de Magdalena y Elías, Saúl, explicó que la ubicación del velorio no fue tanto una forma de protesta como una necesidad: «Los velamos en la Fiscalía porque ni siquiera tenemos casas, fueron vandalizadas, la de mi mamá, incendiada.» El 26 de febrero, entre gritos de «¡Viva la familia Reyes Salazar! ¡Muerte al Estado criminal!» Chihuahua despidió a otros tres activistas de los derechos humanos, «daño colateral» en la guerra del narco de México.
La familia Reyes Salazar, «o lo que queda ella,» como dijo Saúl durante el funeral de sus hermanos, está considerando ofertas de asilo de varios países, incluidos Venezuela, España, Francia, Canadá, y EE.UU. Respecto a la oferta de EE.UU., Marisela dice: «Yo no aceptaría irme a vivir ahí puesto a que los Estados Unidos tiene gran parte en todo esto que nos está pasando.» Se decida o no la familia a huir del país, Marisela explica por qué no cesarán su lucha por la justicia: «Tengo miedo por mi familia, pero tengo más miedo de seguir viendo tanta sangre inocente correr por las calles de mi ciudad. Porque si no gritamos nos van a matar igual, y si nos matan, que al menos sea por algo, que el mundo escuche lo que realmente está pasando en México.»
Culpando a las víctimas
En Juárez, donde más personas han muerto en la guerra del narco en 2010 que en la guerra en todo Afganistán en el mismo período, al gobierno no le ha costado demasiado evitar la investigación de asesinatos de civiles inocentes. Casos en los cuales es obvio que las fuerzas de seguridad son culpables, como ser los disparos contra civiles en puntos de control militar, causan escándalos nacionales. Sin embargo, cuando los atacantes no son fácilmente identificables, como ser los asesinatos de los Reyes Salazar, no atraen la atención de los medios porque son automáticamente descartados como violencia entre cárteles.
No obstante, la familia Reyes Salazar se niega a dejar que sus muertos se conviertan en marcas anónimas en el ejecutómetro. Ha hecho que al gobierno le sea difícil, si no imposible, evitar la realización de por lo menos una investigación superficial de los asesinatos. Por lo tanto el gobierno invoca un antiguo recurso: culpar a las víctimas. En cierta medida, la estrategia funcionó en el asesinato de Josefina. Porque el gobierno acusó (pero nunca fue condenado) al hijo de Josefina, Miguel Ángel, de haber trabajado para el cártel Juárez, incluso de la Rosa Hickerson de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua creyó en un momento que el culpable más probable en el asesinato de Josefina era el cártel Sinaloa.
«Antes aplicaban sus sanciones sólo a las personas involucradas en el negocio del narcotráfico,» explicó después del asesinato de Josefina. «Pero de julio a la fecha hemos advertido que han extendido su guerra a la destrucción de las familias de aquellos que tuvieron un negocio lícito o ilícito con el cártel de enfrente. En el caso de Josefina, un hijo (Miguel Ángel) se empleó como mecánico de La Línea [del cártel Juárez].»
La aparición de «narcomensajes» sobre los cuerpos de Elías, Magdalena, y Luisa han dado al gobierno estatal de Chihuahua la oportunidad de lavarse por completo las manos de la investigación de los asesinatos. El subprocurador general González Nicolás dice que su investigación apunta al cártel Sinaloa como los culpables más probables del triple homicidio. Por ello, argumenta, el caso cae en la jurisdicción federal, no la de su Estado. «Nos queda claro que participa el crimen organizado, no nos queda duda por los datos y constancias que tenemos». Mientras tanto, dijo a la prensa que su oficina investiga a la familia Reyes Salazar para ver si tiene antecedentes criminales.
La familia Reyes Salazar se burló de la sugerencia de que las tres víctimas hayan trabajado en el crimen organizado. Elías y Luisa «tenían incapacidad, necesitaban ayuda para caminar, ¿cómo es posible que crean eso, si toda su vida trabajaron humildemente en la panadería que tenían?». La familia ha insinuado que el narcomensaje, que afirmaba que Magdalena, Elías, y Luisa fueron asesinados porque colaboraban con un cártel de la droga, fue colocado después de arrojar los cadáveres. Dice que los testigos que descubrieron los cuerpos al borde de la ruta, le dijeron que nunca vieron el narcomensaje. «no permitiremos que, como cotidianamente sucede, se busque manchar el nombre de esta familia de activistas y luchadores sociales, al enmarcar este lamentable hecho con una supuesta relación con el crimen organizado», dijo la familia en una declaración.
Aunque todavía no está claro quién mató a los seis Reyes Salazar, la familia y las organizaciones internacionales de derechos humanos coinciden en que el gobierno es responsable. Los Reyes Salazar exigen la renuncia de González Nicolás, «quien es el responsable directo de este crimen de lesa humanidad, debido a que no puede con el cargo y por no haber garantizado la vida y la seguridad de la familia y de la población de Ciudad Juárez».
La obvia indiferencia del gobierno ante la trágica situación de la familia Reyes Salazar fue destacada por la velocidad con la cual el gobierno afirma que solucionó el asesinato del agente de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), Jaime Zapata. Marisela no dejó de ver las prioridades del gobierno y dijo: «No es posible que en unos días atraparon a los asesinos del Agente Zapata porque él es de los Estados Unidos. Que esclarezca el asesinato de mis hermanos. Que agarre a los culpables y que se juzguen.»
Human Rights Watch, mientras tanto, criticó al gobierno por no proteger a defensores de los derechos humanos en Chihuahua. Señaló que Sara Salazar y Malú García, cuyas casas fueron quemadas mientras estaban en huelga de hambre, recibieron medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) en 2008. Human Rights Watch argumenta que autoridades federales y estatales no cumplieron con sus obligaciones de proteger a García y Salazar y a sus familias. Si el gobierno hubiera cumplido, tal vez los hijos, el nieto, y la nuera de Salazar -todos asesinados mientras estaba bajo medidas de protección de la IACHR- seguirían en vida.
«Aunque no es posible afirmar que las autoridades están en complicidad activa con el crimen organizado», argumentó García, «sí puede decirse que lo están por omisión, ya que hasta el momento no han avanzado en las investigaciones sobre diversos ataques contra defensores de derechos humanos, a quienes incluso responsabilizan de las agresiones».
El portavoz de la familia Reyes Salazar, Adrián Fuentes Luján, está de acuerdo con García. «La fiscalía está limitada e incapacitada para combatir al poderoso grupo criminal que acosa a la familia Reyes Salazar» argumenta, «y el Estado es el único responsable de la masacre que contra ellos se comete».
Kristin Bricker es periodista independiente en México. Para contactos con Kristin escriba a [email protected] . Su blog personal es http://mywordismyweapon.