¡Libertad a Bryan, Jack y demás jóvenes luchadores sociales! 1. Acabo de leer con cierta preocupación en la revista Fórum, que existen ocho mil (8,000) indígenas en cárceles mexicanas y que «no han salido de prisión por falta de abogados defensores bilingües». Putamadre, qué enorme podredumbre de la llamada «justicia mexicana»: años en la […]
¡Libertad a Bryan, Jack y demás jóvenes luchadores sociales!
1. Acabo de leer con cierta preocupación en la revista Fórum, que existen ocho mil (8,000) indígenas en cárceles mexicanas y que «no han salido de prisión por falta de abogados defensores bilingües». Putamadre, qué enorme podredumbre de la llamada «justicia mexicana»: años en la prisión por hablar lengua indígena y no saber hablar español. Yo de cárceles sólo he conocido las experiencias que narra Víctor Hugo en su novela los Miserables, los años de visitas que hice a Lecumberri, a la cárcel de mujeres, a los reclusorios oriente y norte del DF más de 500 veces visitando a mis amigos presos políticos de izquierda, así como las dos ocasiones que he sido detenido algunos días en cárceles preventivas, por represión política.
2. Señalan las articulistas Lara y Villed a que según el Censo, las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil. Destacan que entre los años 2013 y 2014, la CDI logró la excarcelación de más de 2,500 indígenas, con el apoyo de 576 intérpretes-traductores en el año 2013 y más de 1,250, en el 2014. Además, agregaron, el año pasado se brindaron 3,591 asesorías, 2,145 gestorías y 178 peritajes culturales. ¿Crisis del sistema carcelario? Sólo una enorme irresponsabilidad por mantener a gente inocente s por el hecho de ser miserable y no poder defenderse.
3. Un presidente de la República -aunque sea un funesto gobernante al servicio del capital, pero inteligente- desde el primer día de su gobierno ordenaría que todos los presos del país: por indígenas, o porque hayan asaltado o robado un pan para su familia no muera de hambre -quizá arriba de 100 mil- quedaran liberados; obvio, después de algunas horas o un día de pláticas, de orientaciones, de advertencias, de garantizarles un pequeño ingreso económico instalándoles un trabajo como el que realizaban en la cárcel, así como de asegurar un breve periodo de control en los lugares que regresarán. ¿Acaso no es condenable un gobierno que tiene llenas las cárceles con gente miserable, explotada, desempleada y, por tanto, inocente?
4. Por ello es risible, pero también hiere la dignidad, que en estos días el presidente, sus ministros, los legisladores, los empresarios y los medios de información, estén hablando de «impulsar» una «ley anticorrupción» que según ellos es la causa fundamental de la pobreza en México; cuando todos ellos -desde el lugar que ocupan- son los jefes de la corrupción. Por ello también es condenable que estos mismos señores del capital estén instrumentando leyes contra las protestas, las manifestaciones calleras, las pintas de consignas en los edificios públicos y residencias privadas, para encarcelar a los jóvenes luchadores sociales, cuando los millonarios que controlan el país, desfalcan el erario público, asesinan a miles de ciudadanos, nunca van a la cárcel.
5. Se ha publicado en el diario Excélsior datos en el sentido de que e n México existen 418 centros penitenciarios; de éstos 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Se asienta también que en México existen recluidas 240 mil personas; de ellas, alrededor del 44%, es decir, 105 mil 600, se encuentran (inconstitucionalmente) a la espera de que se les dicte sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. De esas 240 mil personas recluidas seguramente todas pertenecen a clases miserables, pobres y media baja.
6. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió en su diagnóstico de 2012 que es urgente llevar a cabo profunda reforma al sistema penitenciario; exige que no se dé la espalda a la posibilidad de que las personas privadas de su libertad puedan reincorporarse a una vida apegada a la legalidad; o bien, aquellas personas exoneradas, no sean estigmatizadas por haber sido detenidas aun sin haber cometido un delito. De acuerdo al examen de la CNDH, hay una larga lista de problemáticas no atendidas por el Órgano de Prevención y Readaptación Social, las cuales se pueden resumir en el hecho de que actualmente las prisiones con frecuencia «propician abusos de poder, dadas las características de encierro y de vulnerabilidad en que por lo mismo, se encuentran las personas recluidas».
7. Sin embargo, Son claras las condiciones inhumanas de los internos viven al interior de una inmensa en presidios de alta corrupción del sistema con la falta de infraestructura de los CERESOS y CEFERESOS, la falta de un personal capacitado y que tenga como final primordial la reinserción del interno ha sido nublada por las ambiciones de otros. Los internos al cumplir su condena y ser puestos en libertad en muchas ocasiones se vuelven delincuentes más peligrosos, por cuestiones como pueden ser la marginalidad, apatía, odio contra el estado, discriminación, etc. En fin, el sistema carcelario mexicano sólo ha servido a la clase dominante para que siga imponiendo su poder.
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