El director de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) Kash Patel llegó a la ciudad de México para reunirse, con cierto sigilo, con autoridades de seguridad de la ciudad y del Gobierno de México. Los escuetos comunicados que se difundieron sólo refieren el profundizar la “colaboración bilateral en materia de seguridad”, sin mayores detalles. Dos días después se anuncia la captura de un destacado narcotraficante canadiense, Ryan Wedding, establecido en México, que figura en la lista de los más buscados por los Estados Unidos. Pero, mientras el propio jefe policiaco estadounidense informa que la detención de quien también fue atleta olímpico en deportes de invierno fue resultado de un operativo bilateral con las autoridades mexicanas, el secretario federal de Seguridad Omar García Harfuch lo niega, y desde la embajada estadounidense en México se difunde que el perseguido se entregó a las puertas de la propia representación diplomática.
El abogado de Wedding en los Estados Unidos confirma que su defendido fue aprehendido por el FBI, y un reportaje de The Wall Street Journal también lo hace. El asunto estalla como escándalo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hace suya la versión del embajador Ronald Johnson, sostiene que la captura fue una entrega voluntaria del presunto narcotraficante, que se apoya en una fotografía —luego evidenciada como generada por inteligencia artificial—, y desecha también la versión del director del FBI sobre el operativo. “El FBI no opera en México”, asegura.
La captura de Ryan Wedding se nos presenta, así, como producto de una operación de agentes estadounidenses de la que el gobierno mexicano no fue informado. No hubo coordinación tampoco, y con la diplomática declaración de que fue una entrega voluntaria el embajador Johnson y la presidenta mexicana tratan de ocultarlo. El asunto es de gravedad mayor porque da cuenta de cómo los elementos de las agencias estadounidenses actúan ya en nuestro país sin informar ni rendir cuentas a las autoridades mexicanas. Ello evadiendo la obligación que estableció Andrés Manuel López Obrador el sexenio anterior de registrarse ante la Secretaría de Gobernación y presentar informes periódicos de sus actividades a las autoridades mexicanas. La DEA, FBI, CIA y a saber qué otras agencias estadounidenses siguen actuando con total libertad conforme a los intereses de su país, exclusivamente.
Lejos de ser un hecho aislado, el asunto Wedding, con su cruce de versiones encontradas, se suma a lo comentado en mi anterior colaboración en este espacio editorial: la creciente subordinación de las fuerzas armadas y de seguridad mexicanas a la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América difundida en noviembre de 2025 y a la actualización trumpiana de la Doctrina Monroe (Donroe), que virtualmente convierte a todo el continente americano en una zona de dominio para la potencia del norte, en el contexto de agudización de las disputas económicas, geopolíticas y militares con China y Rusia.
De ahí, en consecuencia, las pretensiones de anexión sobre Groenlandia, de recuperación del Canal de Panamá y, por supuesto, del control estricto de la frontera sur y el territorio mexicano. De ahí, también las presiones, ya cumplimentadas, para que México eleve los aranceles a las importaciones chinas —que, por lo demás, coincide con el interés de aumentar la recaudación para reducir el déficit fiscal histórico dejado por el gobierno de López Obrador— y suspenda o restrinja los envíos de petróleo a Cuba. Cada vez más, así, la política de seguridad de México, el combate al narcotráfico, la política comercial y hasta la diplomacia se encuentran sometidos a los intereses de Washington y encuadrados, de lleno, en las disputas de la potencia norteamericana con sus rivales China y Rusia.
El arribo hace un año de Donald J. Trump a su segundo periodo presidencial, que ha coincidido con los inicios del mandato de Claudia Sheinbaum en México, ha representado un aumento quizá sin precedente de las presiones económicas, diplomáticas y políticas al gobierno de nuestro país. Un gobierno que se reputa de centro-izquierda, sin identificación ideológica con el ultraderechismo imperial hoy instalado en la casa Blanca.
Las preguntas claves que de esta situación derivan son: ¿Por qué se ha abatido tan rápidamente la autonomía y capacidad de respuesta del Estado mexicano frente a la ilegítima coacción del gobierno estadounidense? Y ¿Hasta cuándo?
Desde luego, la subordinación de nuestro país al imperialismo yanqui no es nueva; data de más de ochenta años, con el orden de la posguerra y la Guerra Fría, y ha sido más intensa con gobiernos conservadores mexicanos, tanto del PRI como del PAN, como resulta explicable. Y los gobiernos autodenominados de Cuarta Transformación no sólo no han podido moderarla, sino que hoy se hace más notable, con una apreciablemente menor capacidad de negociación por la parte mexicana. La dependencia económica, también arreciada con los tratados de libre comercio desde hace tres décadas, es un factor ineludible: nuestro país necesita del mercado estadounidense, como de las remesas de los trabajadores mexicanos allá, para sostener su sector exportador y atraer divisas. Pero no parece ser lo determinante en la coyuntura actual.
Acaso lo sean las no explicitadas exigencias de que el gobierno mexicano capture y entregue a políticos de alto nivel, pertenecientes al partido gobernante, vinculados con los cárteles de la delincuencia organizada. Algo que pondría en riesgo al partido mismo en el plano electoral y desestabilizaría también al gobierno. Se habla ya de listas de altos dirigentes y gobernantes morenistas elaboradas en el Departamento de Estado, que incluirían también a los miembros de la familia del ex presidente López Obrador. Torpedos a la línea de flotación del Morena, que abrirían el camino en México a las opciones políticas afines al gobierno trumpista, como el PAN y la ultraderecha emergente.
El jueves 29 la presidenta Sheinbaum y Donald Trump se comunicaron una vez más de manera telefónica, sin que se dieran más detalles de lo que ahí se acordó, aunque el mandatario estadounidense haya publicado que su conversación fue “muy productiva” y haya halagado a Sheinbaum llamándola “una líder maravillosa e inteligente”. Se puede suponer que de esa charla surjan nuevos o más intensos condicionamientos a los que la gobernante mexicana no puede oponerse.
Se sabe, sí, que el estadounidense está en una situación muy comprometida y delicada, con una creciente resistencia social a las redadas de su policía migratoria, la ICE, la cual se expresa en las calles de Minneapolis y muchas otras ciudades; con oposición de los políticos del Partido Demócrata y diversas agrupaciones sociales a nuevas aventuras de guerra en Groenlandia, América Latina o Irán; y con la exigencia de opositores y la opinión pública de publicación completa de los archivos del fallecido pedófilo Brian Epstein, en los que Trump está involucrado.
Por ello el inquilino de la Casa Blanca necesita resultados políticos inmediatos y contundentes que le permitan, en las elecciones legislativas de noviembre, mantener una mayoría congresista para evitar el juicio político (impeachment) que lo pondría fuera del poder y quizás en la cárcel. Su apuesta va a expulsar trabajadores extranjeros para, según su lógica, dar empleos a los estadounidenses, frenar el tráfico del mortal fentanilo, lograr un cambio de régimen en Cuba y obtener alguna victoria militar importante en Irán para complacer al sionismo israelí y sus poderosos capitales en los Estados Unidos.
En ese complejísimo panorama la debilidad mexicana es patente. Como lo he señalado con anterioridad, el gobierno morenista no sólo es vulnerable por su incapacidad para frenar la violencia y el control territorial de los grupos delincuenciales y por la complicidad de renombrados políticos con el narcotráfico; lo es porque carece de una base social organizada que se pueda movilizar en defensa de la autodeterminación nacional, contra el intervencionismo y en favor del régimen. El clientelismo electoral que ha practicado el Morena no da para enfrentar una crisis política de amplio alcance como la que se anuncia.
Las presiones de Trump sobre México continuarán intensificándose hasta que en su propio país la movilización social y sus opositores logren ponerle límites a su despotismo, no antes. Y por ello, mientras tanto, la única respuesta posible del gobierno mexicano será decir: Sí, míster Trump, lo que usted diga.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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