Miguel, un nicaragüense de 32 años, y su esposa permanecen desde hace unos días en un albergue de inmigrantes del suroccidental estado de Oaxaca, en México, como refugiados del acoso de policías municipales corruptos y de pandilleros. «Los policías me robaron y los pandilleros me piden 2.000 dólares por cada uno para dejarnos pasar, o […]
Miguel, un nicaragüense de 32 años, y su esposa permanecen desde hace unos días en un albergue de inmigrantes del suroccidental estado de Oaxaca, en México, como refugiados del acoso de policías municipales corruptos y de pandilleros. «Los policías me robaron y los pandilleros me piden 2.000 dólares por cada uno para dejarnos pasar, o quedarse con mi esposa y que yo siga», relató por teléfono a IPS desde la localidad de Ixtepec este inmigrante, originario de la ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua.
Viajaban hacia Nicaragua para obtener el acta de nacimiento, pasaporte y otros documentos de Miguel, un nombre ficticio por pedido de la fuente, cuando él y su pareja, una hondureña de 20 años, fueron despojados de sus pertenencias por agentes municipales en las localidades de Orizaba y Mendoza, en el sudoriental estado de Veracruz.
Después lograron llegar a Ixtepec, donde Miguel y su esposa, ambos inmigrantes en México, fueron amenazados por miembros de la transnacional «mara» (pandilla) Salvatrucha, que opera en América Central, este país y Estados Unidos. Esto les forzó a pedir refugio en el albergue «Hermanos en el Camino», para evitar caer en sus manos.
Historias como las de estos dos inmigrantes centroamericanos componen el duro panorama que encontrará el chileno Felipe González, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, cuando inicie su visita oficial a México el lunes 25.
«Vamos a plantear una serie de temas que hemos identificado como centrales», dijo a IPS Fabienne Venet, directora general del independiente Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim).
Entre ellos destacó «la securitización (imposición de la seguridad nacional) de la agenda migratoria, la falta de coordinación entre las dependencias federales y locales de seguridad pública y violaciones a derechos humanos».
González, quien permanecerá en México hasta el 2 de agosto, se entrevistará con autoridades mexicanas y representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. Además, visitará los estados de Tamaulipas, en el centro oriental atlántico, Chiapas, en el extremo sur, Oaxaca y Veracruz.
Unos 500.000 latinoamericanos cruzan México cada año en ruta hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos, en un trayecto minado de abusos, robos y secuestros a manos de policías y organizaciones criminales.
Ese camino pasa especialmente por los estados del sureño Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, en una franja que va del sudeste al nordeste mexicano. El gobierno ha identificado entre las fronteras con Guatemala, al sur, y Estados Unidos, al norte, 25 municipios peligrosos para los indocumentados.
En México, con 108 millones de habitantes, hay solo dos millones de extranjeros registrados, según cifras oficiales. De ellos, solo 24.000 son centroamericanos, que usan mayoritariamente el país como tránsito o trabajan en él en forma ilegal.
Un colectivo de organizaciones dedicadas a la migración entregarán un informe a González, en el cual denuncian el trato agresivo empleado por el gobierno hacia los inmigrantes irregulares, la vulnerabilidad de los defensores de los derechos de los sin papeles y la impunidad que rodea las agresiones a los viajeros indocumentados.
«Nos interesa denunciar el hostigamiento y el acoso, por nuestra labor pastoral en atención a los inmigrantes, la violencia que estamos asumiendo y de la cual somos víctimas, a la par de los mismos inmigrantes», relató a IPS la religiosa Leticia Gutiérrez, directora ejecutiva de la Pastoral de la Movilidad Humana, adscrita a la Iglesia Católica.
Esa dependencia administra 54 casas, albergues y comedores para indocumentados en México.
Su personal y los propios centros han padecido amenazas de muerte del crimen organizado y autoridades, señalamientos de estas a los responsables de los establecimientos por la labor de solidaridad y denuncia que realizan, la quema de transformadores eléctricos, cortes de luz y rotura de ventanas.
Los refugios en mayor riesgo se localizan en Ixtepec, en la sudoriental ciudad de Tenosique, fronteriza con Guatemala, y en las norteñas localidades de Saltillo y Piedras Negras, en el borde con Estados Unidos.
Desde 2010, el secuestro de personas indocumentadas ha alcanzado niveles nefastos. En agosto de ese año 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, aparecieron muertos en Tamaulipas, ejecutados según las investigaciones por miembros de Los Zetas, un cártel de traficantes de drogas que también plagia personas sin papeles.
En diciembre, otros 40 indocumentados fueron secuestrados en Oaxaca, sin que aún se sepa nada de su suerte.
Otro grupo de al menos 80 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fue secuestrado en junio en Veracruz, sin que tampoco se tenga noticias de ellos.
La estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un recuento de unos 20.000 inmigrantes secuestrados en 2010. Generalmente, el rescate oscila entre los 1.500 y los 5.000 dólares, según esa investigación.
Este año ha habido al menos siete casos de agresiones a defensores de los migrantes indocumentados, en comparación con los dos registrados entre octubre de 2009 y el mismo mes de 2010, según organizaciones de derechos humanos.
«La situación está difícil. Los policías son cómplices del crimen organizado. Estamos a la espera de lo que pase, no tengo la menor idea de cómo vamos a salir», aseguró Miguel, quien ya contactó con la embajada nicaragüense en México para obtener algún tipo de garantía.
Las organizaciones no gubernamentales que atienden a los migrantes piden la construcción de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y cadáveres no identificados, la integración de un sistema regional de intercambio de información y el acceso de los familiares de las víctimas a esa información. Asimismo, solicitan un programa para atacar la falta de investigación de los delitos contra los inmigrantes y la impunidad y un rol activo del relator en el seguimiento de las recomendaciones hechas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al gobierno mexicano.
«No es posible adjudicar únicamente la culpa al crimen organizado y donde el gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad en el marco de sus compromisos internacionales para proteger a los inmigrantes y garantizar sus derechos. Vamos a pedir la promoción de un nuevo enfoque desde la seguridad para los migrantes», planteó Venet.
«Estamos entre dos fuegos cruzados, el crimen organizado y el gobierno, para que no se conviertan en nuestros enemigos. Queremos que el gobierno tenga instrumentos para atender la realidad migratoria en términos de desarrollo y para reconocer el trabajo de quienes trabajamos día a día con los inmigrantes», acotó Gutiérrez.
Entre enero y mayo de este año, las autoridades migratorias deportaron a 27.410 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.