Con la ofensiva de septiembre, la oligarquía racista de Oriente se trazó dos objetivos: revertir el aplastante triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio de agosto, en el que alcanzó el 67 por ciento de los votos, e impedir la realización del referendo constitucional previsto para diciembre, en particular bloquear la consulta sobre la […]
Con la ofensiva de septiembre, la oligarquía racista de Oriente se trazó dos objetivos: revertir el aplastante triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio de agosto, en el que alcanzó el 67 por ciento de los votos, e impedir la realización del referendo constitucional previsto para diciembre, en particular bloquear la consulta sobre la cantidad de hectáreas que pueden poseerse en Bolivia. La oligarquía terrateniente y agroexportadora basa su poder en el robo de millones de hectáreas a los pueblos originarios y, hasta que Morales llegó al Palacio Quemado, en el control del aparato estatal. La autonomía que ahora reclama es la forma de salvaguardar y proteger esas riquezas.
A partir del 5 de septiembre, los jóvenes fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista, junto a miembros de Falange Socialista Boliviana, barras bravas futboleras y pandilleros contratados por las prefecturas, organizados en grupos de choque, asaltaron sedes de instituciones estatales, saquearon locales de movimientos indígenas y ONG en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, o sea en la llamada Media Luna que concentra las riquezas hidrocarburíferas del país.
La masacre de El Porvenir, en el departamento de Pando, fue el momento más dramático y sangriento de la escalada racista. Ante la presión de sus bases, la Federación Única de Campesinos de Pando convocó un ampliado en la ciudad de Cobija al que acudían miles de campesinos, en dos caravanas. A ese departamento limítrofe con Brasil, nunca llegó el reparto agrario prometido por la revolución de 1952 y, en febrero de 2008, el gobierno de Morales declaró terminado el saneamiento de tierras en Pando «sobre la base de un cuerpo de normativas que desfavorecen a los que menos tienen», lo que generó malestar entre las comunidades y organizaciones (ver «El gobierno en la canasta de las responsabilidades», Luis A. Gómez, septiembre de 2008, www.ubnoticias.com)
El prefecto Leopoldo Fernández, dueño de 50 mil hectáreas y destacado miembro de la «oligarquía terrateniente, maderera, narcotraficante y racista», según la organización campesina, armó mercenarios que emboscaron y ametrallaron una columna de 1 500 campesinos que acudían a Cobija a decidir cómo enfrentar la escalada fascista, los persiguieron monte adentro y los remataron heridos e indefensos. Al menos 30 campesinos fueron asesinados de esa forma el 11 de septiembre y durante las cacerías posteriores.
La tibia y tardía respuesta del gobierno y la bronca acumulada en dos años y medio, en los cuales el MAS espolea la movilización social para negociar en mejores condiciones con la oligarquía y sus prefectos, forzaron a las organizaciones sociales a tomar la iniciativa. El Plan 3000, un enorme asentamiento de 200 mil personas y 87 barrios en Santa Cruz, poblado por migrantes aymaras y quechuas, resistió con valor las embestidas de los grupos de choque. Sus pobladores no acataron los paros impuestos y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los matones que pretendieron destrozar los mercados populares. Como sucedió en El Alto en octubre de 2003, las mujeres pusieron en fuga a los racistas, mostrando que un barrio entero se ha convertido en nuevo bastión indígena urbano.
En Sucre, donde en mayo pasado jóvenes universitarios desnudaron y obligaron a arrodillarse a decenas de campesinos que acudían a un acto del mas, a fines de agosto la humillación se convirtió en cerco multitudinario a la orgullosa capital departamental. El cerco encabezado por la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca, exigía el reconocimiento por las autoridades de los subprefectos electos en cabildos, y le indicó a las élites blancas y mestizas que se terminó la impunidad.
En septiembre, luego de la masacre de El Porvenir, 20 mil campesinos e indígenas cercaron la ciudad de Santa Cruz para «condenar la masacre y el genocidio de nuestros hermanos campesinos e indígenas de Pando» y defender la unidad del país (ver comunicado de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Cidob -Confederación de Pueblos Indígenas- y Federación de Campesinos de Santa Cruz, 19 de septiembre). Sólo levantaron el cerco para facilitar el diálogo entre gobierno y oposición, pero advirtieron que si fracasa, «radicalizaremos nuestra medida».
La movilización social, masiva y contundente, como la que caracterizó el ciclo de protesta 2000-2005, volvió a ser un factor decisivo en la nueva coyuntura que atraviesa Bolivia. Como apunta Raquel Gutiérrez («Vientos de guerra civil en Bolivia, Programa de las Américas, 23 de septiembre), en la actitud de los movimientos «se nota un nuevo margen de autonomía política recuperada ante las decisiones gubernamentales», toda vez que han comprendido que el gobierno será incapaz de detener a la oligarquía, «pero no están, al menos tendencialmente dispuestos a subordinarse a que ese gobierno les garantice lo que anhelan».
Una buena muestra de esa autonomía y del carácter del actual protagonismo de los de abajo, es el comunicado emitido el 17 de septiembre por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. El texto está dirigido al «compañero presidente» pero está lejos de prodigarle un apoyo incondicional. Ante la iniciación del diálogo con la oposición, la organizacióm campesina establece, en cuatro puntos que resumimos, cómo se relacionan con «su» gobierno:
No aceptamos que se toque el texto constitucional aprobado en Oruro. No nos parece hermano Presidente que se deba entrar a entablar acuerdos políticos respecto a la autonomía sin mostrar a las organizaciones sociales cuáles son los alcances de éstos que podrían tener efectos negativos sobre la autonomía indígena-originaria-campesina. Queremos reclamarle la poca consideración y apoyo por parte del gobierno a las organizaciones de tierras bajas que fueron objeto de despojo de sus instalaciones y sedes. No puede hermano Presidente concluir este diálogo cambiando disposiciones del nuevo texto constitucional relativas al capítulo sobre autonomías indígena-originario-campesinas, a nombre de la pacificación del país, lesionando nuestras demandas conquistadas con sangre de valerosos compañeros.
Si alguien podía pensar que el conjunto del movimiento social había sido cooptado por el gobierno de Evo Morales, declaraciones como la anterior, que abundan estos días en Bolivia, enseñan una inequívoca autonomía. Más aún, le marcan la cancha al Estado, le ponen límites al gobierno. Ésta es, ciertamente, la faceta más esperanzadora que muestra la crisis boliviana. En buen romance, los de abajo están diciendo que prefieren morir en la guerra que arrodillarse ante los opresores. Más: que la prudencia y la consideración hacia el «hermano Presidente», tienen un límite. Que su destino lo decidirán ellos mismos.