El ex comandante en jefe del Ejército César Milani está preso por orden judicial desde hace unos días, acusado del secuestro y desaparición de un soldado conscripto, cuando él era teniente del ejército. Su arresto se ha hecho efectivo en el lugar del crimen, La Rioja, capital provincial alejada de Buenos Aires. Cada funcionario del […]
El ex comandante en jefe del Ejército César Milani está preso por orden judicial desde hace unos días, acusado del secuestro y desaparición de un soldado conscripto, cuando él era teniente del ejército. Su arresto se ha hecho efectivo en el lugar del crimen, La Rioja, capital provincial alejada de Buenos Aires.
Cada funcionario del gobierno anterior que vaya a prisión constituye un rédito político para el actual. La apertura de causas judiciales es una herramienta importante a la hora de labrar el desprestigio de sus rivales en las próximas elecciones parlamentarias. Máxime porque una situación socioeconómica en la que la mayoría de la población está perdiendo ingresos y calidad de vida, no es un buen prospecto de campaña comicial.
Si el motivo de la prisión es por crímenes de lesa humanidad, esto se potencia. Los derechos humanos fueron una bandera de los gobiernos K. El procesamiento y la cárcel de genocidas, con sus más y con sus menos, le valió muchas adhesiones, o consolidó las que ya tenía. Que la detención se produzca casi al mismo tiempo que el gobierno se ve sacudido por la condonación de la deuda del Correo y el atropello por las jubilaciones, es un buen «negocio» político para el oficialismo. En el ritmo vertiginoso de los grandes medios, una noticia tapa a la otra. Las perjudiciales para un bando de la puja política son así reemplazadas, siquiera por unos días, por otra que lo favorece.
¿Disminuye eso la responsabilidad de haber nombrado al frente del ejército y mantenido un par de años en el cargo a alguien incurso en crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar?
La respuesta no puede ser otra que un rotundo no. Tampoco eso alivia el daño moral provocado al instigar activamente que Hebe de Bonafini manchara su trayectoria, con fotos en las que se la veía sonriente, al lado del que pudo ser el asesino de sus propios hijos.
Si relacionamos el tema con ciertas cegueras políticas, cabe recordar que el Centro de Estudios Legales y Sociales se situó en contra de la permanencia en el cargo de Milani en su momento. Es un organismo de DDHH de vasta trayectoria, que acompañó en general las políticas en ese campo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La amplísima residencia del ex jefe en un barrio carísimo agrega el posible componente de corrupción durante su gestión. Las «pancherías» (comercios dedicados a la venta de sándwiches de salchicha) cuya propiedad el militar comparte con Guillermo Moreno, detestado funcionario del gobierno anterior, proporciona la cuota de picaresca que brinda un costado cuasi-cómico a lo que sólo debería ser tragedia. El elemento grotesco de esto último podría quedar desvirtuado, si es cierto que ese rubro comercial es muy apto para operaciones de lavado de dinero, por su operatoria exclusivamente en dinero efectivo.
No se puede sino celebrar este acto de justicia, un avance más en el empeño por lograr juicio y castigo para los culpables de secuestros, torturas y desapariciones, sin acepción de sus simpatías políticas, en este caso de dudosa vocación «nacional y popular».
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