Empezó el 2013 y uno de los temas en debate es la actualización salarial, que como sabemos tiene el antecedente de la negociación anual de salarios y condiciones de trabajo, que en general, apenas se reducen a la cuestión de los ingresos monetarios mensuales, y no necesariamente a revisar el conjunto de las condiciones en […]
Empezó el 2013 y uno de los temas en debate es la actualización salarial, que como sabemos tiene el antecedente de la negociación anual de salarios y condiciones de trabajo, que en general, apenas se reducen a la cuestión de los ingresos monetarios mensuales, y no necesariamente a revisar el conjunto de las condiciones en que se desarrolla la actividad laboral.
Es un tema de disputa, entre trabajadores y empleadores, sean del sector privado o del estatal. Es una disputa mediada por el Estado, quien actúa como árbitro ante la discusión entre patrones y trabajadores. En rigor, el Estado no es solo árbitro, sino quien establece algunas premisas, entre ellas el nivel de la inflación pasada, que según el INDEC fue del 10,8% durante el 2012. Es un dato que condiciona la referencia estadística para el 2013 y con lo cual, el Estado Nacional, Ministerio de Trabajo mediante, intenta regular las actualizaciones que se pacten en negociaciones colectivas en este comienzo de año.
Los datos salariales al 2012
Para pensar el tema tomamos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la EPH1, con información al segundo trimestre del 2012.
De allí surge que para 8.258.207 trabajadores en relación de dependencia en la Argentina, es decir, asalariados registrados y no registrados, se observa lo siguiente:
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el 38,2% con salarios menores a $2.500 mensuales, unos 3.154.635 trabajadores perciben un ingreso promedio del orden de los $1.467 al mes, que completan con otros $153 de actividades secundarias, totalizando un ingreso mensual de $1.620.
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el 12,9% con salarios entre $2.500 y $3.000 al mes, unos 1.065.309 trabajadores obtienen un ingreso promedio de $2.912 mensuales, al que adicionan $146 por ocupaciones secundarias, sumando $3.058 al mes.
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Sumando ambas categorías, las de menores ingresos, se encuentra el 51,1% de los trabajadores, unos 4.219.944 trabajadores, con ingresos promedio menor a $3.000, cuando la canasta de consumo necesaria para satisfacer las necesidades del trabajador no baja de $5.000 mensuales (reclamados por la CTA y la CGT en el paro nacional del 20/11/2012, y en la movilización del 19/12/12).
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La información reseña que aquellos trabajadores que perciben ingresos mensuales entre $3.000 y $4.500 son el 24,7% del total, unos 2.039.777 de personas, con ingresos promedio al mes por $3.834, a lo que suman por actividades secundarias unos $215 por mes, totalizando unos $4.049 cada mes.
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Finalmente, los que ingresan en promedio al mes más de $4.500 representan el 24,2%, y son 1.998.486 trabajadores con ingresos promedio de $7.048, y al que adicionan por actividades secundarias unos $274 en promedio al mes, sumando por ambos conceptos unos $7.322.
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Cuadro N°1: Categorías salariales del total de los asalariados y remuneraciones por otras ocupaciones. |
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Categorías Salariales |
% de los trabajadores por categoría. |
Ingreso promedio mensual en la ocupación principal ($). |
Ingreso mensual promedio en la/s ocupacion/es secundaria/s ($). |
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< $2500 |
38,2 |
1467 |
153 |
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$2500-$3000 |
12,9 |
2912 |
146 |
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$3001-$4500 |
24,7 |
3834 |
215 |
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> $4500 |
24,2 |
7048 |
274 |
Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC.
El dato relevante a destacar es que según los datos oficiales, el 65.4% del total de trabajadores son registrados, mientras que el resto, el 34,6% son trabajadores no registrados.
De ese modo, sobre 8.258.207 trabajadores:
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unos 5.400.867 están registrados, y
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otros 2.857.340 se encuentran en la categoría de «no registrados»
A esta altura del desarrollo económico y social debe considerarse a la cuestión como un tema estructural, que resulta muy difícil reducirlo y que expresa la impunidad empresaria, que pese a los niveles de organicidad de los trabajadores, aún se mantiene un elevado nivel de trabajadores no registrados, sin la correspondiente seguridad social.
Asumiendo la escala salarial anterior nos encontramos que los trabajadores registrados tienen una mejor situación respecto del promedio de ingreso total de los trabajadores registrados y no registrados, ya que:
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solo el 19,08% perciben menos de $2.500 al mes, contra un 38,2% del total de trabajadores;
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un 15,25% entre $2.500 y $3.000,
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un 32,15% percibe entre $3.000 y $4.500;
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y un 33,53% más de $4.500 al mes;
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así, solo el 34,33% de los trabajadores registrados perciben menos de $3.000, contra el 51,1% si sumamos a los trabajadores registrados, los no registrados del Cuadro Nº1;
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y el 65,68% percibe al mes más de $3.000; aunque solo un tercio de los trabajadores registrados ingresa mensualmente más que los $5.000 que se reclama como ingreso salarial mínimo por las Centrales de Trabajadores, la CTA y la CGT.
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Cuadro N°2: Categorías salariales de los trabajadores registrados y remuneraciones por otras ocupaciones.
% de los trabajadores por categoría.
Ingreso promedio mensual en la ocupación principal ($).
Ingreso mensual promedio en la/s ocupacion/es secundaria/s ($).
19,08
1872
197
15,25
2918
151
32,15
3847
224
33,53
7086
245
Otro dato a considerar es que el 60% del total, registrados y no registrados, trabajan más de 35 horas semanales; y el resto, un 40% menos de esas horas, dando cuenta de un problema doble.
Por un lado existe subempleo, con menos de 35 horas a la semana y sobre empleo, con más de 35 horas de labor por semana. Ambas situaciones explican el doble trabajo, donde existe la actividad principal y la secundaria, para así poder completar ingresos que satisfagan relativamente las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Algunos comentarios
Estos datos reflejan la situación de deterioro estructural en los ingresos de los trabajadores en la Argentina, situación que no puede entenderse sino en el ciclo de ofensiva del capital construido desde 1975, cuando se produjo el «rodrigazo», un brutal ajuste contra el salario y a favor de una reconversión regresiva del capitalismo en la Argentina, construida desde entonces y con dos momentos históricos sobresalientes: en tiempos de la dictadura genocida (1976-1983) y durante el menemismo y la convertibilidad (1989-2001).
La devaluación de inicios del 2002 constituyó una brutal transferencia de ingresos de los trabajadores al sector empresarial, especialmente el más concentrado. Así se explican los elevados niveles del desastre social en 2002 y 2003, con 57% de la población bajo la línea de la pobreza y un 21,5% de desempleo, el máximo histórico en el país. La recuperación del empleo y los ingresos de los trabajadores desde entonces, 2003-2012, no retrotrajeron aún la situación al momento previo al rodrigazo, y verifica, según vemos en los datos la consolidación estructural de la ofensiva del capital sobre el trabajo.
Pero no solo se trata de ingresos salariales, sino de la capacidad de resistencia y organización de los trabajadores, del poder de los trabajadores para defender sus derechos e intereses.
La situación de poder de los trabajadores a comienzos de los 70´ fue deliberadamente debilitada desde el terrorismo de Estado y la impunidad empresarial. Esta última se sostiene, pese a la organicidad de los trabajadores y el avance en cantidad y calidad de las negociaciones colectivas. Lo dicho sobre la impunidad incluye al patrón estatal, principal precarizador de la Argentina, ya que un tercio del nuevo empleo estatal gestado en la última década es precario, con contratos a término, evitando la estabilidad en el empleo.
Convengamos entonces, que si en la coyuntura se discuten ingresos en paritarias para contrarrestar el impacto regresivo de la inflación sobre los ingresos salariales, en un marco más general, de carácter estructural, lo que se disputa es la apropiación de la renta nacional gestada con el trabajo asociado de 8,5 millones de personas asalariadas. Los destinos de esos recursos se disputan entre salario y ganancia, fuente de todo gasto en nuestra sociedad. Las familias, las empresas y el Estado, claro que también el delito, todos obtienen sus recursos de salarios o de ganancias.
Cuando se habla de distribución funcional del ingreso se remite a cuanto de la renta se apropian los trabajadores y cuanto los propietarios de medios de producción. La lógica histórica remite al «fifty-fifty» de 1952, o de 1974, como los mejores registros en la distribución entre patrones y trabajadores, considerado también el registro «ideal», ecuación discutible, especialmente por los trabajadores, quienes desde los aprendizajes legados desde la economía política clásica (Adam Smith y seguidores desde 1776), es el trabajo social el creador del valor. La sociedad capitalista escamoteó este descubrimiento, incluso para los principales cultores de la disciplina en origen. Fue el pensamiento crítico con Carlos Marx y los estudios en torno a El Capital, los que permitieron desentrañar en el trabajo socialmente necesario la fuente de la ganancia, forma transfigurada de la plusvalía.
En definitiva y en nuestra coyuntura de comienzos del 2013, es el poder de los trabajadores, el que desarrollará la potencia política para la actualización salarial a lograr, aún cuando el Estado y las patronales pretenden limitarla. Siendo la actualización salarial una cuestión económica, es claro también que se trata de una cuestión política, que apunta a restablecer la capacidad de lucha de los trabajadores, afectada estructuralmente desde el rodrigazo y la saga dictatorial y neoliberal. Más que discutir la capacidad de compra en el presente año, lo que está en juego en la disputa paritaria y más allá, es el poder de los trabajadores para construir la realidad social.
Nota:
1 Tomado del Informe sobre la situación salarial y laboral de los trabajadores asalariados en la Argentina, realizado por el equipo de investigación de la Fisyp sobre cuestiones laborales y salariales: Julio C. Gambina; Germán D. Pinazo; Arnaldo Ludueña y Guido Saccal.