«…una sociedad que trata a los trabajadores y los migrantes como objetos, es una sociedad enferma». Consigna de una manifestación pro-migrantes. Frente al desdén, la movilización El martes 17 de marzo del presente año, después de dos intentos de negociación y como protesta para denunciar la explotación y hacer oír sus demandas de respeto […]
Frente al desdén, la movilización
El martes 17 de marzo del presente año, después de dos intentos de negociación y como protesta para denunciar la explotación y hacer oír sus demandas de respeto a los derechos laborales, miles de jornaleros del Valle de San Quintín (al sur de Ensenada en Baja California Norte), convocados por AONEMJUS (La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social), llevaron a cabo un paro y el bloqueo de la carretera transpeninsular por más de 26 horas (Proceso No 2003) (La Jornada, 21/03/2015); las zonas en las que se concentraron las acciones de bloqueo fueron justamente en las que se encontraban los ranchos agrícolas caracterizados por las condiciones de trabajo más precarias y abusivas (Proceso No 2003). A poco más de un día de iniciadas estas movilizaciones, el miércoles 26 de marzo con el aval de las autoridades estatales y del gobernador Vega, la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno detuvieron a más de doscientos individuos (Proceso No 2003), mediante aprehensiones masivas donde usaron balas de goma y gases lacrimógenos (La Jornada Baja California, 19/03/2015).
La génesis de la protesta
Estas movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos, fueron una etapa de una lucha que, como antecedentes, tuvo dos hechos previos.
(a) Por un lado y en relación a una situación de abuso estructural, las condiciones de explotación laboral que por años han sufrido los jornaleros en los ranchos agrícolas de la región. Muchos de estos jornaleros provienen del sur del país (especialmente de Oaxaca) y son indígenas que se desplazaron hace años de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida y de trabajos mejor remunerados; las empresas y ranchos agrícolas se aprovechaban y a la fecha abusan de la condición de migrantes y de trabajadores temporales de estos jornaleros para escatimar los derechos laborales y las prestaciones que por ley les corresponden. Como señaló Luis Hernández, los propietarios de estos ranchos y empresas tratan a estos trabajadores agrícolas como mano de obra barata y desechable (La Jornada, 24/03/2014). A decir de los jornaleros organizados, hay una docena de empresas agrícolas principalmente nacionales y pero también extranjeras que se distinguen por su falta de respecto constante y profundo a los derechos humanos y laborales elementales de los trabajadores agrícolas (Proceso No 2003); y de estas empresas, especialmente dos, Santa María de los Pinos (con las peores condiciones de trabajo del Valle de San Quintín) y Valladolid Aragonés, tienen o han tenido vínculos directos con el gobierno estatal (los propietarios de ambas empresas han desempeñado y/o detentan altos cargos públicos de nivel estatal relacionados con la producción agropecuaria) (Proceso No 2003).
(b) Por otra parte y como antecedente previo, el ineficaz proceso de negociación y las dos fallidas mesas de diálogo (15 de octubre de 2014 y 22 de enero de 2015), donde las exigencias de decenas de miles de jornaleros no fueron atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal (que no envío a la Secretaria de Trabajo de Baja California a los encuentros acordados), ni por los sectores patronal y los grupos sindicales oficialistas, quienes tampoco hicieron acto de presencia (Proceso No 2003). En este tenor, destaca la ausencia de sensibilidad y voluntad política del gobierno estatal y del grupo patronal para dar seguimiento, atención y resolución al pliego petitorio de este grupo de jornaleros organizados, mostrando de facto su indiferencia y desdén por con estos trabajadores agrícolas. Este no es un caso nuevo ni aislado de abuso laboral y marginación social de migrantes, indígenas y campesinos. Por el contrario, remite a una condición general y estructural de buena parte del país y se engarza con otros hechos de abuso social como las recientes denuncias de explotación laboral de doscientos tarahumaras en Baja California y de cuarenta nueve jornaleros en Colima.
Las exigencias y demandas de los jornaleros, reflejo de la ley como letra muerta
En tanto sujetos con capacidad de organización y resistencia social, los jornaleros delinearon sus acciones en torno, tanto al reconocimiento y repudio de una condición de aguda opresión que viven en carne propia, como a la demanda de un pliego petitorio muy puntal con miras a conseguir otras situaciones de trabajo y vida. Sus exigencias son las siguientes: aumento del salario por jornal (300 pesos por día); reducción de la jornada laboral a lo estipulado conforme a la ley; que inicie el proceso de afiliación de los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de las prestaciones conforme a la ley; tener acceso a vacaciones y el derecho a un día de descanso a la semana; que las horas de trabajo extras sean voluntarias y remuneradas de manera adicional y de acuerdo a lo estipulado en la ley; el respeto y ejercicio de los derechos de las madres trabajadoras; y el cese absoluto e indagación del acoso sexual que sufren las mujeres jornaleras en los ranchos agrícolas (Proceso No 2003) (La Jornada, 21/03/2015) .
Dicho pliego petitorio refleja y denuncia dos dinámicas de marginación y exclusión socio-económica que de manera simultánea y en diferentes ámbitos sufren permanente ciertos sectores de las población (indígenas, campesinos, migrantes). (A) Primero, los procesos de explotación a que son sometidos los jornaleros por parte de los empleadores y las empresas, que van desde el excesivo número de horas trabajadas y la nimia remuneración económica que reciben por su trabajo, hasta la ausencia de contrato laboral, condiciones de trabajo seguras, prestaciones y derechos a la seguridad social, pasando por las vejaciones y las agresiones sexual en el caso de las mujeres. (B) Segundo, que la ley laboral, que normativa y supuestamente debería de regir y regular los contratos entre empleado y empleador a fin de defender los derechos de todos los trabajadores (especialmente de los más desprotegidos y vulnerables), es letra muerta y un promesa incumplida. En este tenor, el Estado, al no hacer valer y ejercer la ley laboral, incumple con una de sus obligaciones fundamentales para con sus ciudadanos: tener acceso a un trabajo justo, seguro y bien remunerado, que le permita tener una vida digna.
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