Hoy varios movimientos sociales los denominan, despectivamente, “motines” (golpistas). Sin embargo, hace 18 años, esos mismos actores los veían como “héroes”. ¿Qué pasó? Sucede que, en febrero del 2003, los policías de base se amotinaron y frenaron un “impuestazo” ordenado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con ese acto hirieron de muerte al neoliberalismo, pero…
A principios de este siglo, la elite gubernamental, militar y empresarial de Estados Unidos consideraba a América Latina su “patio trasero”. Según el sociólogo estadounidense James Petras, el FMI y el Banco Mundial eran los que “digitaban” las políticas económicas en toda la región. Y Bolivia no estuvo al margen de aquel proceso.
En ese contexto, el régimen liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Mesa –en alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora, entre agosto de 2002 y octubre de 2003– estaba sometido a esos designios. Por eso, en febrero operó una medida de shock contra la economía popular, que siete meses después le cobró factura.
Mordaza.
Antes de dictar el impuestazo, el gobierno, a través de la Unidad de Comunicación (Unicom), ejecutó una estrategia de “control de medios”. No obstante, Mesa, en El Diario, el 4 de febrero, negó que haya alguna “presión”.
Al cabo de tres días, en La Razón, el jefe de informaciones de La Prensa, Andrés Gómez, reveló que el gobierno buscaba “controlar el manejo informativo”. Sus colegas corroboraron que se buscaba “evitar notas relacionadas con el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín (…)”. Gómez, luego, renunció.
Tras ese hecho, Juan Carlos Marañón, jefe de noticias de la Red Unitel, denunció que ese mismo ministro se negó a ser entrevistado si él no era despedido, lo que ocurrió 48 horas después. Los propietarios del canal variaban de criterio “tras conversaciones que sostenían con Sánchez Berzaín” y exigían “equilibrio”, explicó.
Las radios Fides, Pachamama, Erbol y Huayna Tambo, en esa coyuntura, también fueron amenazadas.
Impuestazo.
Al día siguiente, el gobierno operó medidas económicas. El Diario, mediante un titular en primera plana, advirtió que el “Impuesto al salario podría generar convulsión social”. La Razón informó que esa política, impuesta por “el FMI”, buscaba “reducir el déficit fiscal”. La Corporación Andina de Fomento (CAF) respaldó esa medida.
El lunes 10, La Razón, en “Goni dicta el impuesto más duro en la peor crisis”, detalló que obreros y clases medias debían entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción expresada en Bolivianos: De 881 a 1.320, 55; de 1.321 a 1.760, 110; de 1.761 a 2.000, 140; de 2.001 a 3.000, 265; de 3.001 a 4.000, 390; de 4.001 a 5.000, 515; de 5.001 a 6.000, 640; de 6.001 a 8.000, 890; de 8.001 a 10.000, 1.140; de 10.001 a 20.000, 2.390, y de 20.001 a 29.000, 3.628.
La Central Obrera Boliviana (COB), posteriormente, anunció movilizaciones.
Motín.
El 11 de febrero de 2003, los policías de base se amotinaron contra sus altos mandos y el poder. Varios oficiales se vieron obligados a respaldarlos. En cuestión de horas, la rebeldía verde olivo se irradió a escala nacional. En El Diario el presidente de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Asclapol), Daniel Cahuana, aclaró que la medida de presión fue iniciada porque las autoridades no cumplieron con sus demandas: “Somos los menos pagados y no podemos permitir que suboficiales con 30 años de servicio que ganan 1.500 Bolivianos se vean afectados”. 10.000 de sus camaradas serian “víctimas” del impuestazo.
El ministro de Gobierno, Alberto Gasser, por su parte, se negó a dialogar con los acuartelados. El comandante de la Policía Nacional, Edgar Pardo, fracasó en su intento de parar el motín.
En esa jornada, “los periodistas fueron repelidos con gases lacrimógenos para evitar que tomen imágenes o declaraciones de las guarniciones y los amotinados”, narró El Diario. Alentados por la revuelta, los sindicatos se pusieron en pie de combate y quemaron varias sedes gubernamentales.
Muertos.
El 12, la sede de gobierno se tiñó de sangre. Deacuerdo a El Diario, mientras los amotinados marchaban acompañados de sus familiares, los estudiantes del Colegio Ayacucho –encabezados por el dirigente estudiantil Ivert Medina– irrumpieron en la Plaza Murillo y “a pedradas” rompieron los cristales de Palacio.
Minutos después, se escucharon disparos y comenzó el intercambio de gases entre los militares y policías atrincherados en el Grupo Especial de Seguridad (GES).
“Pronto, el intercambio de fuego fue fatal para ambos bandos. Militares y policías vieron como caían sin vida sus compañeros, lo que los enfurecía más, al extremo que no dejaban en paz a sus dedos índices. Las bocanadas de fuego salían con una continuidad inusitada y casi todos disparaban a matar a todo aquel que se movía”.
Francotirador.
Un periodista, en El Diario, hizo un particular relato: “Al comenzar mi jornada, jamás me imaginé que me iba a encontrar cara a cara con la muerte. A las 15:00 horas, vi como la sangre bañaba la caseta de un guardia de turno. Un amotinado (…) que estaba a tres metros del GES, murió instantáneamente. La bala fue directo a su cabeza, lo que hizo que le explotara el cerebro y los vidrios de la cabina se bañaron en sangre. Se presume que fue un francotirador el que le disparó”.
“No nos pueden matar como si fuéramos perros, somos personas igual que ellos, sólo reclamamos nuestros derechos, no somos sus enemigos, ellos son nuestros hijos (los conscriptos), porqué los enfrentan con nosotros (…)”, gritaba desde el fondo de su delgada figura una oficial de la policía. Acto seguido, exigieron que “Goni renuncie a su cargo”.
El fatal desenlace de la rebelión social fue de 33 muertos a bala y más de 200 heridos.
Impunidad.
Las causas del motín, según el Mayor David Vargas, líder del levantamiento, fueron estructurales. “Los periodistas tienen que entender que los policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano con 10 centavos (menos de 15 centavos de dólar) por hora. Imagínense la calidad de vida que tienen nuestros efectivos. Este es el detonante central que hizo estallar el levantamiento”.
La masacre de uniformados quedó en la impunidad. No existe un solo procesado ni detenido.
Vargas y otros policías rebeldes, hasta hoy, no fueron reincorporados a su institución.
Miguel Pinto Parabá es periodista