La gravísima situación imperante en Bolivia tiene múltiples manifestaciones, a cuál más aberrante. Todas tienen un denominador común: la violación sistemática de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías individuales. Estos son los resultados previsibles de todo régimen dictatorial, y sin duda el gobierno que hoy se ha apoderado de Bolivia […]
La gravísima situación imperante en Bolivia tiene múltiples manifestaciones, a cuál más aberrante. Todas tienen un denominador común: la violación sistemática de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías individuales. Estos son los resultados previsibles de todo régimen dictatorial, y sin duda el gobierno que hoy se ha apoderado de Bolivia lo es. Una dictadura impuesta por un golpe militar a la antigua usanza y desechando las más sutiles herramientas del «golpe blando». Aquí el protagonismo no recayó sobre jueces y legisladores corruptos sino sobre los policías y militares que desde décadas son adiestrados y equipados por Estados Unidos. Fueron ellos los verdugos del golpe de estado que destruyó no sólo un gobierno sino la democracia laboriosamente conquistada en Bolivia. Es obvio que este operativo venía gestándose desde hacía mucho tiempo, como lo demuestra la frustrada tentativa de golpe y secesión del 2008. Este proyecto nunca fue archivado y se actualizó en el último año en vísperas de la elección presidencial, con la inestimable colaboración de los medios -abrumadoramente en manos de la oposición- que actuaron como punta de lanza del golpismo, creando el «clima de opinión» que justificaría el asalto al Palacio Quemado por parte de las hordas fascistas. Pero a diferencia del 2008 esta vez nada quedó librado al azar: Estados Unidos jugó fuerte y a comienzos de Septiembre envió nada menos que a Ivanka Trump a la norteña provincia argentina de Jujuy en un avión cargado de armas, pertrechos para producir disturbios y dinero -mucho dinero- para contratar a los hampones que bajo el mando de Luis F. «Macho» Camacho asolaron las principales ciudades y crearon el caos social requerido para justificar el golpe y su irrupción en el Palacio Quemado portando una Biblia, exorcizar a la Pachamama y ultrajar a la wiphala. La «donación» de la Casa Blanca fue enviada a Santa Cruz de la Sierra, centro de operaciones de los supremacistas blancos, racistas hasta la médula, y de los agentes estadounidenses operando en Bolivia.
Pero lo de Bolivia va más allá de ser una revancha de la minoría blanca y los mestizos colonizados en contra de los indígenas soliviantados por Evo. No se puede ignorar que ese país es una presa muy codiciada por el imperio por varias razones, pero muy principalmente por ser quien alberga en sus entrañas el más importante depósito de litio del mundo. Y este recurso ha adquirido una importancia excepcional debido a su creciente utilización por las nuevas tecnologías militares, cosa que es plenamente reconocida en informes de diversas agencias del gobierno de Estados Unidos. Téngase en cuenta que si el precio del litio en 2012 era de 4.220 dólares por tonelada (habiendo llegado a 16.500 en el 2018) el banco HSBC estima que para fines de esta década oscilará en torno a los 10 o 12.000 dólares. Así como todas, repito: todas, las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio tuvieron como propósito excluyente el pillaje de las inmensas reservas petroleras de los países del área, su activo involucramiento en el golpe en Bolivia tiene un solo nombre: litio. Y un recurso que ya es estratégico para la industria militar estadounidense obliga a abandonar todo escrúpulo legal o ético, como ya ocurriera en Irak, en Libia, en Siria. Y, por consiguiente masacrar a un pueblo indefenso, incendiar los hogares de los colaboradores de Evo, extorsionarlos raptando a sus familiares, secuestrar y desaparecer opositores, perseguirlos cual si fueran animales feroces y liquidar toda fuente de información independiente está en el repertorio de políticas que el imperio y sus lacayos: Áñez, Murillo, Camacho, Mesa aplican y continuarán haciéndolo en el futuro previsible salvo que una enorme insurrección popular ponga fin a tal nefasto régimen . Entre esas políticas figura la pertinaz persecución de altos funcionarios del gobierno de Evo asilados en la embajada de México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para que puedan abandonar el país sin mengua de su integridad física. Se trata del Ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana; el intelectual y ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el de Justicia Héctor Arce, el de Minería Félix César Navarro, y el viceministro de Desarrollo rural y agropecuario Pedro Damián Dorado. La brutal dictadura instaurada por la Casa Blanca y sus torvos compinches autóctonos actúa como las mafias: capturando rehenes para poder así cometer sus fechorías sin impedimento alguno. Es crucial que la presión internacional obligue a la satrapía instalada en La Paz a poner fin a esa práctica. Se impone la necesidad de que los organismos de derechos humanos de todo el mundo, privados tanto como oficiales e incluyendo también a los del sistema de Naciones Unidas, presionen a los golpistas para que cesen las persecuciones políticas y otorguen los salvoconductos a quienes los requieran. Y también que hagan saber a Áñez y su pandilla que sus crímenes no quedarán impunes, y que más pronto que tarde deberán dar cuenta de ellos ante algún tribunal. Y su condena, estamos seguros, será ejemplar.
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