El pasado 1 de agosto en México se vivió un ejercicio considerado por muchas personas como inédito; no lo fue en tanto sí mismo, es decir, como ejercicio de participación ciudadana: en años anteriores se han celebrado otras consultas en el país; algunas, inclusive, de mayor alcance que podrían haber transformado de raíz el pacto social del Estado mexicano. Sin embargo, sí lo fue en ciertos aspectos que valdría la pena reflexionar.
En principio, que su principal promovente (que luego hizo todo para desdecirse de ella) fuera el jefe del Poder Ejecutivo, esquivando el mandato constitucional de hacer cumplir la ley y garantizar verdad y justicia. En segundo término, que se tratara del primer ejercicio ciudadano (que no popular) de llevar a cabo una consulta bajo el marco legal y constitucional vigente, organizado, por ende, por una de las instituciones del Estado, en teoría autónoma del gobierno, más desprestigiadas de nuestra historia reciente por cómo ha organizado los procesos electorales federales de los último 14 años: el INE (antes IFE). Y, finalmente, que, ante el incumplimiento por parte del INE del artículo 35 constitucional, en particular en su fracción VIII, apartado 4o., sus promoventes ciudadanos se arrogaron el cargo de difundir la consulta y en su afán de inclinar el resultado de la misma terminaron mintiendo sobre el carácter legal de ella al insistir hasta el mero día de la jornada de votaciones que se trataba de llevar a juicio a los últimos cinco ex presidentes de la República.
Como se recordará, el tema de la posibilidad de llevar a juicio a los cinco ex presidentes vivos del llamado período neoliberal mexicano; período que, dicho sea de paso, no ha concluido por más que la propaganda de la actual administración insista en vendernos dicha idea, pues, ahí están para desdecirla la militarización del país mediante la Guardia Nacional, el pacto con el crimen organizado para llevar a cabo una política de control de daños, los megaproyectos de despojo a tierras y territorios donde están asentados pueblos originarios, la política cultural centrada en planes megalómanos en la capital del país que desprecia en múltiples formas a quienes llevan a acabo el agenciamiento cultural en los márgenes políticos y geográficos, el desmantelamiento de los organismos e instituciones que la sociedad civil obligó a esos mismos gobiernos neoliberales a construir y dar vida, el acuerdo de facto con los grandes empresarios e industriales (los que quedan) para decidir con ellos, y no con la ciudadanía, mucho menos con el pueblo, la política económica del país… Como se recordará, decía, el tema de llevar a juicio a los ex presidente neoliberales surgió en una entrevista que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, tuvo con la periodista Carmen Aristegui. Allí, el líder moral de la autonombrada Cuarta Transformación (4T), habló de no ser un hombre de venganzas; pero, que, en todo caso, dicha decisión podría resultar de una consulta popular.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el apartado 1o. de la fracción y artículo antes citados que las consultas llamadas populares por ley (aunque no necesariamente lo sean en la realidad) serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición de: a) El Presidente de la República, b) El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del mismo Congreso, o c) Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Esto significa que, aunque el actual gerente de México, S.A. de muy C.V. que despacha en Palacio Nacional recibió el mandato en su toma de posesión de hacer cumplir la ley o si no que la Nación (lo que sea que ello sea) se lo demande, se ha escurrido de su obligación, en primer lugar, de solicitar al Fiscal General de la República haga lo propio para abrir causa penal contra los ex presidentes que se supone podrían ser llevados a juicio por múltiples comisiones de crímenes y delitos, sobre todo teniendo todas las pruebas para ello, y en segundo lugar, de ser él mismo quien peticionara al Congreso convocar a la consulta como jefe del Ejecutivo, por no hablar de que podría haber “invitado”, como ha hecho en muchos otros casos, a que lo hicieran los diputados y senadores de su partido que en ambas Cámaras representan más del 33% del total que las integran.
En un gesto astuto (pues, en definitiva él lo es), el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que en virtud de su carácter bien podría hacer algo para que se esclarezcan los crímenes y delitos cometidos por esas mismas FFAA bajo el mando de sus antecesores, hace dos jugadas que podrían decirse fueron magistrales. En primer lugar, da cabida a que, en lugar de él o las Cámaras, sea una comisión ciudadana integrada por personas declaradamente lopezobradoristas (un par de periodistas y un sobreviviente de la masacre de Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 que capitalizó la indignación generada por el asesinato y desaparición forzada de 46 de sus compañeros para llevarla a su cuenta Twitter y al partido de AMLO) la que promueva la consulta, con ello, el mecanismo de calificación de la consulta no queda en manos del Congreso, donde el partido del Presidente tiene mayoría, sino, como lo marca el artículo 5o. de la Ley Federal de Consulta Popular (decretada, dicho sea de paso, por uno de los presuntos enjuiciados), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el único Poder de la Unión que ha hecho contrapeso al jefe del Ejecutivo). En segundo lugar, adelanta una pregunta que recoge el espíritu original de la consulta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” y que la propia SCJN, mordiendo el anzuelo, modificará para dejarla en una redacción por decir lo menos confusa y, sobre todo, distractora del objetivo de llevar a juicio a los ex presidentes neoliberales vivos, pues, para empezar escamotea mencionarlos con sus nombres y apellidos.
La pregunta inicial enviada por AMLO a la SCJN (cuando se supone que él no era el promovente: es decir, no peticiona la realización del consulta al Congreso, donde su pregunta hubiera pasado sin enmiendas; pero, sí envía a la Suprema Corte la redacción de la pregunta) significa en sí misma una claudicación del Presidente de obedecer el mandato que recibió el 1 de diciembre de 2018, pues, lo que preguntaba es si estábamos de acuerdo o no en que las autoridades competentes (él incluido) hicieran su trabajo. Desde siempre, AMLO declaró que él no llevaría a sus antecesores frente a la ley (¿cómo hacer algo que podría significar un antecedente para llevarlo a él mismo a juicio posteriormente?); pero, política y mediáticamente, la redacción que presenta a la Corte le permite mostrarse como quién sí quería hacerlo (aunque siempre, insisto, dijo que no quería) y endosarle la factura a la misma SCJN de que no resultara así, y, como Pilatos, lavarse las manos. Porque, ¿quién, si no la Suprema Corte, tendría la culpa de que la pregunta haya terminado siendo lo que fue?: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Ahora bien, era importante plantar en la ciudadanía la idea de que la SCJN había escamoteado la consulta para llevar a juicio a los ex presidentes mediante un enorme aparato propagandístico, pues, la nueva redacción, si se diseccionaba para entenderla mejor, hubiera abierto una posibilidad que ni AMLO ni la clase política en general que reciéntemente había puesto todos sus esfuerzos en un proceso electoral marcado por la violencia del crimen organizado (y, por supuesto, tampoco los ex presidentes) deseaban: ser llevados a juicio todos. ¿Por qué?; porque la nueva redacción dejaba de lado aparentemente el juicio a los ex presidentes (que era lo que AMLO, sin querer promover, promovía a través de una comisión promovente ciudadana) para poner en el centro de la cuestión algo mucho más radical: a) el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasado por los actores políticos (lo que incluye a todos los actores políticos), y b) garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Dicho de otra forma, la consulta del pasado 1 de agosto, gracias o a pesar de la SCJN, pasó de ser una mera interrogante para enjuiciar a los cinco ex presidentes que sentaron las bases del neoliberalismo que el actual presidente ejerce diciendo que no lo hace, para convertirse en un referéndum de exigencia de verdad sobre las decisiones políticas de los actores políticos del pasado, decisiones presumiblemente criminales, y de justicia a quienes fueron víctimas de esas decisiones.
Así, la comisión ciudadana promovente de la consulta siguió cumpliendo el papel que el residente de Palacio Nacional les había asignado: llevar la narrativa de la consulta hacia otro lado, uno que no lo afectara a él, y, con el pretexto (real) de que el INE no llevaba a cabo la difusión que por ley debía hacer de la consulta, la comisión ciudadana promovente se dedicó a repetir una mentira hasta el hastío: que la consulta, más que para exigir verdad y justicia a las víctimas y sus familiares, era para enjuiciar a los cinco ex presidentes. Para favorecer dicha mentira, o, dirían algunos, “pequeño sesgo” o “énfasis inocente”, el lopezobradorismo echó mano de sus recursos mediáticos en las “benditas redes sociales” (donde dos de los personajes promoventes tienen miles de seguidores) y en los medios tradicionales de comunicación a su alcance, convertidos ya en folletines propagandísticos de la 4T (porque, además de Maquiavelo, AMLO leyó a Lenin y su “¿Qué hacer?” cuando estudió ciencias políticas en la universidad). Si a lo anterior le sumamos que AMLO y sus socios en el poder económico y sus cómplices en el político no eran los únicos personajes interesados en que la consulta fracasara; sino, también otros actores políticos (como los mismos ex presidentes) con vínculos en el INE y la SCJN (las instancias organizadora y calificadora de la consulta), podemos tener el panorama, más o menos completo, del porqué de los resultados numéricos de la consulta.
No obstante, a pesar del maquiavelismo lopezobradorista al que se prestó la comisión ciudadana promovente, y de los malabarismos mediáticos del Presidente que desde un principio, además de intentar mantener su imagen de gran demócrata, se dedicó a golpetear a las instituciones que organizarían y calificarían la misma consulta, el ejercicio democrático del pasado 1 de agosto significa varios triunfos. No sólo es el momentáneo triunfo de los ex presidentes, que desde un inicio seguro sabían que con el cambio de redacción de la pregunta se habría la posibilidad de escaparse de un juicio en materia penal y política en tribunales mexicanos, por decir lo menos; tampoco el múltiple triunfo de un presidente en funciones que mientras logra su cometido de no sentar un precedente que luego podría llevarlo a juicio a él, queda como un demócrata de altos vuelos y vulnera la credibilidad (de por sí harto desportillada) de dos instituciones que le estorban de cara al plebisicito de revocación de su mandato; ni nada más es el triunfo de una clase política que puede seguir respirando tranquila y dormir impunemente, como lo hace el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, responsable de la masacre de Tlatelolco como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y de la mal llamada “guerra fría” que significó la represión, persecución, detención, secuestro, desaparición y asesinato de cientos, si no es que miles, de jóvenes durante la década de los 70.
También es el triunfo de una sociedad que poco a poco ha ido caminando por el sendero de la democracia participativa y directa; primero, aunque le cueste reconocerlo al lopezobradorismo hoy gobernante, de la mano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que entre 1995 y 1999 llevó a cabo, junto con muchas organizaciones de la sociedad civil y militantes de algunos partidos ubicados a la izquierda del espectro político legal (algunos de ellos hoy en Morena y en el gobierno), por lo menos dos ejercicios de consulta que reunieron, sin los 500 millones de pesos que usó el INE para la “primera consulta popular constitucional”, a más de un millón de participantes en la primera consulta, sobre el futuro organizativo del mismo EZLN (que de hecho para la organización político-militar resultó vinculante) y más de 3 millones de participantes en la segunda consulta, sobre cultura y derechos de los pueblos originarios y contra la guerra de exterminio, que desnudaría a la clase política de todo el espectro ídem (esa cuya cabeza pendía del resultado de la consulta del 1 de agosto) evidenciándola en su podredumbre.
Es el triunfo de una sociedad que logró elevar a orden constitucional la figura de consulta popular y obligó al Estado mexicano a crear una ley que la reglamentara; de una sociedad que hoy, bajo el supuesto cobijo de la ley, mas no de quienes deberían aplicarla, salió a las calles y acudió a participar, a pesar de los juegos políticos del Presidente, de la campaña falaz de su comisión ciudadana promovente y los medios a su alcance, de la descalificación abierta de las derechas y de los mismos ex presidentes, del desprecio de la instancia organizadora y de la falta de claridad de la intitución calificadora, y lo hizo en un número mayor a otros ejercicios interiores.
Es el triunfo de una sociedad que de múltiples formas le está exigiendo al Presidente que haga su trabajo, entre otras cosas: que haga lo conducente para que la FGR lleve a juicio no sólo a sus adversarios; de una sociedad que exige, no venganza, sino memoria, verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas de los delitos y crímenes cometidos por las clases política y económica que gobernaron al país durante las cinco administraciones presidenciales pasadas y que en la actual lo siguen gobernando.