Los datos económicos y sociales del 2016 son claros y manifiestan una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con bajos ingresos hacia un núcleo muy concentrado del poder económico. Es el resultado buscado, con pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben ingresos fijos, activos y pasivos, trabajadores regulares e irregulares, con […]
Los datos económicos y sociales del 2016 son claros y manifiestan una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con bajos ingresos hacia un núcleo muy concentrado del poder económico.
Es el resultado buscado, con pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben ingresos fijos, activos y pasivos, trabajadores regulares e irregulares, con o sin seguridad social. En el otro ángulo ganancias acrecidas por efecto de la devaluación, quita o eliminación de retenciones a las exportaciones, cancelaciones de deuda pública y aumento de las tarifas de servicios públicos privatizados.
Son beneficiados de la política económica los grandes productores y exportadores, del agro, la minería y la industria; los acreedores externos, la banca transnacional, la especulación financiera y las transnacionales que dominan la producción y los servicios en la Argentina. Los perjudicados son la inmensa mayoría de la sociedad.
Así se consolida un orden económico sin lugar para el desarrollo de un mercado interno ampliado, con un amplio abanico social condenado a la pobreza y a la subsistencia, incluida la opción que ofrece el delito para la supervivencia, e incluso la incorporación al mercado de consumo.
En este mapa son variadas las economías regionales en problemas, o los sectores económicos sociales pequeños y medianos de la economía que pierden función, textiles, calzado, juguetes, talleres sidero metalúrgicos, entre muchos otros, y que solo sobreviven en la marginalidad y la ilegalidad. La situación irregular de trabajadores y pequeños empresarios se transforma en un hecho estructural.
Déficit fiscal
Todo el combo de política económica derivo en mayor déficit fiscal para el Estado nacional, argumento oficial para incumplir la promesa de campaña electoral de Macri para eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, un sinsentido en sus términos: el salario no es ganancia.
Ante la maniobra de la oposición parlamentaria, que dio media sanción a un proyecto de modificación al impuesto a las ganancias (que no agrada al oficialismo y genera menores ingresos para el Estado) puede el macrismo obstaculizar el proyecto cuando se trate en el Senado, o directamente vetarlo.
Lo real es que bajo cualquier opción, el oficialismo cargará con el costo político del veto o el desfinanciamiento estatal con restricción para la negociación con las provincias, especialmente los gobernadores, también afectados por la disminución de ingresos estatales.
El veto presidencial puede disparar el conflicto sindical, de las organizaciones de mayor convocatoria a la hora de un Paro Nacional.
Hasta ahora, la pulseada con el sindicalismo tradicional la venía ganando el gobierno que postergó vía negociaciones el Paro Nacional, invocado por las CTAs y otras organizaciones sindicales y activos de trabajadoras y trabajadores en conflicto.
Desde el punto de vista económico, el déficit se financia con nuevo y mayor endeudamiento público, lo que augura nuevas crisis de la deuda en el mediano plazo y recrea compromisos de cancelación de intereses y capital a costa de otros rubros de los presupuestos y el gasto público social.
Es un problema agravado con la suba internacional de las tasas de interés y la valorización del dólar, todas consecuencias posteriores a la elección de Donald Trump en EEUU.
Los nuevos tiempos de la política mundial potencian la dependencia del capitalismo local a la lógica de la ganancia que imponen las transnacionales y la política económica de las principales potencias del mundo.
Expectativa por el desembarco de los inversores externos
El 2017, año de renovación parcial del Parlamento se pone en juego la capacidad política del gobierno Macri para hacer posible la finalización del mandato y optar por un nuevo periodo. Se trata de un propósito por el que disputan otros proyectos políticos que se ofrecen como mejores gestores del gobierno de la Argentina.
La clave está en la gestión del conflicto social. Unos en el gobierno esperan contenerlo, aun a costa del mayor gasto público, algo que a los más ortodoxos en el gobierno no les suena nada bien, caso del elenco directivo en el BCRA. Otros, desde la oposición estimulan la amenaza del conflicto y proponen perspectivas de distribución del ingreso de difícil materialización sin cambiar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo.
Macri dijo que iba a cambiar la lógica económica del periodo anterior y solo agravó las consecuencias sociales. Otros reivindican los primeros 4 años de la experiencia kirchnerista e imaginan la posibilidad de un capitalismo nacional con distribución progresiva del ingreso, por lo que no dudan en hacer alianzas con el macrismo o el kirchnerismo, según sean las circunstancias. Con el macrismo para cancelar deuda, por ejemplo, y con el kirchnerismo para modificar el impuesto a las ganancias, in-modificado en los años previos, incluso con mayoría parlamentaria.
No resultará sencillo cumplir con esas aspiraciones de control del conflicto social, ya que el deterioro de los ingresos populares genera descontento, base de la protesta y organización popular. Pero, al mismo tiempo, el imaginario de un capitalismo con mayor distribución del ingreso sosteniendo la primarización exportadora actual confronta con la posibilidad de un capitalismo redistributivo, amén de no conciliar con la lógica de los inversores. Es lo que ocurrió en estos últimos años, con extensión de la producción de soja para la exportación, ídem la minería y los hidrocarburos.
Bajar el costo laboral como propósito
En este sentido, todos, en el gobierno y en la oposición sistémica, aspiran a una recuperación de la economía vía inversiones externas. Por su parte, los inversores exigen cambios en las reglas del juego económico, es decir, seguridad jurídica para sus inversiones. Eso requiere profundizar el cambio regresivo en la relación entre el capital y el trabajo, con mayor precarización y control de la respuesta y el conflicto sindical y social.
Las inversiones no llegaron aun a la Argentina porque se requiere seguridad de recupero de la inversión, con una rentabilidad adecuada a las condiciones de funcionamiento en crisis del sistema mundial del capitalismo. Hay que bajar el costo salarial pregonan.
Argumentan que solo 8 millones de población económicamente activa del sector privado en la producción y los servicios sostienen una política de empleo público, la seguridad social y la previsión que involucra en su conjunto a 20 millones de personas.
Claman por terminar con esa situación, alivianando impuestos al sector privado para hacer atractiva a la Argentina para los inversores.
Por eso, la llave está en la gestión del conflicto para hacer sustentable el orden capitalista. Pero también, el conflicto puede desatar la disputa por otro modelo productivo y de desarrollo modificando la agenda de la discusión, donde ya no talle la ganancia sino la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
Vale discutir quien produce y cómo, pero también cual es la apropiación de ese producto social, cuales son las normas de la organización del trabajo, la extensión de la jornada, los beneficios sociales y la inserción de la economía local en el sistema mundial, empezando por nuevas y fraternales relaciones con los países vecinos, algo que suena contradictorio con las recientes sanciones a Venezuela en el Mercosur.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.