Más de 42 millones y medio de niñas, niños y adolescentes en México fueron abandonados por el estado mexicano, sin derechos, sufren pobreza, abandono, mala educación, violencia y carecen de cobertura en salud y vacunación, sostienen Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arrellano Almanza, de México Social.
En un informe, califican esta situación de irracional, absurda, incomprensible e indignante, agudizada en los últimos cinco años, con desigualdades regionales que evidencian una diferencia entre las y los niños de Baja California y Chiapas de 300 por ciento; pero la pobreza infantil es grave en entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla o Durango.
Plantean los autores que, además, el Estado Mexicano omite cumplir con los derechos en la ley y los compromisos internacionales. Hablar de violencia es hablar de un crecimiento hasta de más del 64 por ciento en violencia sexual contra las niñas en sus hogares.
El estudio elaborado por estos investigadores se llama «Índice de los derechos de la niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos» y plantea que es una realidad lacerante si se considera que, de acuerdo con el censo, la población más grande del país, de 42 millones 561.974, es de niños, niñas, adolescentes de cero a 19 años.
Mario Luis Fuentes Alcalá califica lo encontrado en el estudio de «inapropiado», donde es claro que estamos en «un país que no quiere a sus hijos/hijas, al que sus hijas/hijos le son indiferentes, al que no le importa tener expectativas sobre sus niños y niñas. Y dramático como irracional, absurdo, incomprensible».
El estudio, que puede hallarse en la página de México Social, sostiene que el promedio de cumplimiento de todos los derechos de la infancia medido indica que fue de 0,558 lo que significa que estamos con los niños/niñas y apostamos por su futuro a medias, a pesar de que la economía es la número 16 en el mundo y podría brindar mejores condiciones de vida a sus Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Agrega que este Índice de los Derechos de la Niñez muestra que México sigue siendo un país en el que existen condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de NNA.
El estudio se hizo con base en la información oficial disponible, y puede sostenerse que no existe un solo ámbito de derechos en el que el país haya tenido un buen desempeño. Lo más preocupante de esta situación es que se trata de una cuestión histórica, estructural y sistémica a la que este gobierno de la 4T no le ha dado importancia.
Si la situación de vida, salud y educación es dramática, también lo es la violencia contra este sector de la población, que ha crecido en cinco años en 46 por ciento. El Índice destaca que, hasta ahora, México ha sido incapaz de construir un entramado institucional integral que haga realidad los derechos que nuestra Constitución y diversas leyes reconocen para los NNA.
Los investigadores Fuentes Alcalá y Arellano Almanza que forman parte, además, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, consideran necesario poner en el centro de los derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes, hoy no garantizados, como tampoco se puede hablar de una infancia digna.
Menos se ha logrado una estrategia de desarrollo; además, los menores de edad no son tomados en cuenta, a pesar de constituir el grupo poblacional más grande y tiene que ver con una mirada «adulta céntrica».
Los hallazgos que se tienen en la investigación que da origen al estudio, se muestra cómo, al menos desde el 2008, cuando se llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza y hasta el año 2020, de forma constante, el 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país vive pobreza y pobreza extrema, sin que alguna medida impacte esta situación, como becas o dinero directo.
Este Índice muestra claramente las dramáticas condiciones en que vivía la niñez mexicana, justo al inicio de la pandemia de la covid-19 y del confinamiento obligado; por lo que, en posteriores mediciones, podrá compararse con toda precisión cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el grado de cumplimiento de sus derechos.
El Índice, acentúan los autores, es una herramienta útil desde muchos puntos de vista que, si hubiera políticos interesados en la infancia, tendrían aquí un punto de partida valiosísimo para emprender numerosas acciones.
El resumen que hacen los autores no podría ser más contundente: «La evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez, pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas».
El texto hace un llamado a la indignación frente a la inaceptable y dolorosa realidad que describe, con datos y números demoledores, esas estadísticas simples no logran transmitir las realidades complejas ni el dolor que implica vivir bajo condiciones tantas veces indignas e infrahumanas que padece la mayoría de los niños y niñas en el país.
Especial atención requieren los NNA indígenas quienes cuentan con los indicadores más bajos en el cumplimiento de derechos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había 1.96 millones hablantes de lenguas indígenas entre los tres y los 19 años de edad. De ellos, 338.880 no eran hablantes del español por lo que se requiere garantizarles el derecho a una educación bilingüe.
Otro grupo que se enfrenta a condiciones más difíciles para el cumplimiento de derechos es el de NNA que cuentan con alguna discapacidad, limitación o condición mental. De acuerdo con INEGI, en 2020, estos eran un total de 2.97 millones de NNA de 0 y los 19 años de edad, lo que representa al siete por ciento de la población de este grupo de edad. El estudio da cuenta que la pobreza afecta más a la infancia que a cualquier otro grupo etario, además de ser una condición estructural e intergeneracional.
Lo más grave
Entre 2008 y 2020, poco más del 50 por ciento de los NNA fueron considerados en circunstancias de pobreza multidimensional mientras que para el resto de la población el porcentaje fluctúa alrededor del 44 por ciento. De igual modo, mientras que el porcentaje de la población mayor de 18 años considerada no pobre o no vulnerable fue en 2020 de 25,8, para los NNA el porcentaje fue de 17,9.
El estudio describe la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad de la niñez, entre ellas, la carencia de seguridad social en su hogar, así como de ingreso laboral, nutrición de calidad, rezago educativo, servicios en la vivienda o ser hablante de alguna lengua indígena.
El Índice contiene datos tan demoledores como los siguientes: cuando los NNA registraron simultáneamente carecer de seguridad social y de servicios de salud, presentaban 96,9 por ciento de probabilidades de ser considerados/as como pobres; mientras que, cuando se registró simultáneamente vivir en áreas rurales, habitar en viviendas donde se cocina con leña, carecer de seguridad social y hablar alguna lengua indígena, el porcentaje de probabilidad de ser pobre fue de ciento por ciento.
Este último dato muestra las profundas desigualdades que persisten en el país sobre todo si se toma en cuenta que, a nivel nacional, el promedio de NNA en situación de pobreza en 2016 fue de 50 por ciento.
Pero este promedio esconde la diferencia en la proporción de NNA en pobreza entre Chiapas, que es de 84,5 por ciento y Baja California Sur, con 23,7, es decir, una diferencia de 3,56 veces. Para 2020, el porcentaje de NNA en situación de pobreza se incrementó en cinco puntos porcentuales al pasar de 50,3 a 55,6.
NNA en situación de violencia
Otro grave problema que afecta también a la infancia es la violencia. El Índice reporta que de 2016 a 2021, 7.752 NNA perdieron la vida a causa de lesiones provocadas de manera intencional y desglosa con todo detalle tanto los números absolutos como las tasas por 100.000 habitantes de cada entidad federativa.
En relación con las carpetas de investigación sobre denuncias de casos de violencia familiar, se observa un incremento de 46 por ciento en tan sólo cinco años, de 2016 a 2020 (de 191.000 casos a 254.000) y un incremento de 64,5 por ciento en las agresiones de tipo sexual.
Se trata de un fenómeno que ha ido escalando de manera dramática por lo que queda claro que las medidas que se han tomado para detenerlo resultan insuficientes y muestran, sobre todo, un nivel preocupante de deterioro del tejido social y una falta de entendimiento de los resortes que activan esta violencia.
El estudio no sólo constituye una denuncia, sino que arriesga hipótesis para entender la violencia, una de ellas: que la pobreza no es necesariamente su principal detonante, y que hay diversas formas de ejercicio de la violencia que no están ligadas a condiciones socioeconómicas, sino a factores como la salud mental y la presencia o no de una ética de respeto, solidaridad y protección de la otredad.
Hace unos días, se hizo una presentación del estudio en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, donde Fuentes Alcalá expuso que en los hogares y las viviendas existe una fractura de origen, limitada por la pobreza; mientras que las escuelas se han erosionado y transmiten estereotipos y abusos. Dijo que «la educación es la otra tragedia».
Se analizó cómo en la educación la pandemia tuvo efectos demoledores que se suman a los acumulados por la falta de un proyecto educativo sólido con metas precisas que permitan trazar una ruta para superar los profundos rezagos y desigualdades que la educación tiene en el país. Los autores consideran que se puede hablar ahora, al comienzo de 2023, de un escenario catastrófico para la educación y para la salud.