A casi cuatro meses de la represión que dejó diez muertos y decenas de heridos, desde El Alto, denuncian trabas en la investigación.
Pasaron casi cuatro meses desde la represión en Senkata, frente a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de El Alto, cuando balas y gases militares abrieron paso a un convoy de cisternas con combustible para alimentar a La Paz bloqueada. En esos días negros post golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, los ministros de la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez dijeron que los bloqueadores eran terroristas. En los “enfrentamientos” denunciados por los funcionarios sólo cayeron vecinos. Ni bajas ni heridos hubo entre los uniformados.
David Inca Apaza es el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto. Asiste a los familiares de las diez víctimas y a las decenas de heridos que dejó la represión. “Desde los meses de octubre y noviembre vengo haciendo seguimiento humanitario -cuenta a Tiempo Argentino desde la ciudad enclavada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar-. Después del 21 de octubre, con Morales todavía en el gobierno, la policía tenía una actitud de contención con las movilizaciones, pero desde el 10 de noviembre comenzaron a reprimir. Áñez y sus ministros ordenan agresiones abiertas, con gases y balines, y lamentablemente el 19 se ordena el uso de armas de guerra y ahí se dan los muertos en Senkata”.
—¿Cuál es la situación actual de los familiares de las víctimas?
—El gobierno sacó un decreto supremo a principios de diciembre, que prometía una indemnización única para las familias y atención médica a los heridos, pero negaba la posibilidad de reclamar justicia ante tribunales internacionales. Fue rechazado. En enero logramos que el gobierno saque ese párrafo que le garantizaba impunidad y la posibilidad de obtener justicia. Siguieron las idas y vueltas. También pedimos que no se haga un pago único a las víctimas, sino que sea una ayuda humanitaria permanente. Estamos trabajando en un borrador. Todavía no hemos recibido nada.
—¿Cuál es su balance del gobierno de facto?
—Nosotros actuamos de buena fe: hemos ido a las reuniones con ellos, hemos entregado nuestras demandas. Hay que decir que ni el gobierno, ni las organizaciones sociales o la Central Obrera Boliviana, se han preocupado por los masacrados en Senkata. No han venido en socorro de los familiares. Si cuestionamos la actitud del gobierno, también criticamos a las organizaciones sociales. De este gobierno no esperamos nada, tampoco de las organizaciones sociales ni de los otros partidos políticos. Somos los olvidados. No queremos que ningún partido político, ni Áñez, ni el MAS nos usen para sacar réditos electorales. Sólo quieren sacarse una foto con las viudas y los huérfanos. Nadie nos ha ayudado.
—La semana pasada, en medio de una sesión especial del Senado en Senkata, volvió la represión al barrio. ¿Cómo vivieron esa jornada?
—Habíamos pedido a la Cámara de Senadores que hiciera un acto de desagravio a las víctimas y heridos, que lo hicieran en nuestro barrio, no desde la Asamblea Legislativa en La Paz. Ese día íbamos a tratar el pedido de juicio de responsabilidades a Áñez, la interpelación a los ministros represores y la creación de una comisión de la verdad, pero lamentablemente las víctimas no pudieron hablar. Hubo incidentes entre los partidarios de la izquierda y la derecha, luego vino un operativo represivo, gasificaron y las viudas no pudieron exponer sus demandas. Otra vez las verdaderas víctimas fueron olvidadas.
—En estos días, hubo idas y vueltas con la salida del ministro de Defensa, Fernando López, señalado por los alteños como uno de los responsables de la masacre.
—No hay responsables, no hay nada. Sacan y ponen al ministro de Defensa, al de Gobierno también, pero siguen todos impunes. Nosotros hemos pedido interpelaciones, sin embargo los liberan de toda responsabilidad. Parece que en vez de investigarlos, los premian. Estamos muy enojados, con mucha rabia y bronca en El Alto.
—En paralelo, Áñez declaró que no va a retroceder frente a los “berrinches” de El Alto.
—No nos llama la atención, esa es su formación ideológica y política, su discurso de clase que discrimina a los alteños. Ella no nos representa, y exigimos que se investiguen las violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo.
—Dentro de dos meses, hay elecciones.
—Para mí, es indiferente quién gane, sea la derecha o la izquierda. Los gobiernos neoliberales mataron a campesinos, obreros y originarios. En el gobierno del MAS también se violaron los derechos humanos, hubo muertes. Ni Áñez, ni Mesa, ni Arce, ni Camacho nos van a tener en cuenta. Vamos a tener que seguir luchando por nuestros derechos.
Pausa en las campañas, mientras se afirma el MAS
Tras la declaratoria de emergencia nacional en Bolivia por la llegada del coronavirus al país andino-amazónico y el lanzamiento de medidas de prevención, entre ellas la prohibición de concentraciones masivas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que trabaja con normalidad, con el mandato legal de “organizar la elección del 3 de mayo”.
En este escenario, las principales fuerzas políticas decidieron poner en pausa las campañas en el territorio. “Acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para revertir el contagio de propagación del coronavirus en nuestro país, hemos decidido suspender temporalmente las concentraciones masivas”, expresó Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), del destituido Evo Morales. Lo mismo hicieron los representantes de la derecha Carlos Mesa y la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
Según los últimos sondeos nacionales, el candidato del MAS araña los 34 puntos, Áñez sube hasta el 20 por ciento, Mesa se estanca en un 17 y el candidato cruceño Luis Fernando “Macho” Camacho no para de desinflarse.