Decenas de miles de personas colmaron este domingo el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, por segunda vez en cuatro meses, esta vez para manifestar su rechazo a una reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los organizadores de la protesta demandaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar las reformas electorales promovidas por el presidente y finalmente aprobadas en el Senado la semana pasada. “Corruptazo, conservador, hipócrita”, le endilgó el pasado jueves el presidente a propósito del carpetazo de la Corte al caso de la Guardería ABC.
Bajo la consigna «Mi voto no se toca», una multitud vestida de blanco y rosa, los colores que identifican al Instituto Nacional Electoral (INE), llenó gran parte del paseo y varias calles aledañas del centro histórico de la capital. En la plaza misma y en las redes sociales, los convocantes no ocultaban su alegría por, al fin, disputar un espacio simbólico central al obradorismo.
La oposición rechaza las reformas que fueron aprobadas el miércoles pasado por el Congreso, dominado por el oficialismo y sus aliados. El INE sostiene que con esos cambios será eliminado el 85 por ciento de su personal de carrera y se reducirá su capacidad operativa. En cada estado, según el organismo electoral, habría ahora una oficina operada por una sola persona. Para el presidente, el organismo es caro y toleró fraudes en el pasado.
Los partidos opositores sostuvieron que con esos cambios se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios presidenciales, previstos para mediados de 2024.
López Obrador acusa al órgano electoral de mantener una burocracia dorada, razón por la cual impulsa una reducción de su presupuesto y una reforma electoral que llama Plan B. Las reformas consisten en reducir salarios, el financiamiento de las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan los centros de votación.
Los opositores aseveran que con estos cambios se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios presidenciales, previstos para mediados de 2024.
El presidente, cuya popularidad ronda 60%, sin opciones legales para buscar la reelección, insinuó que quienes asisten a la protesta defienden también aGenaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Felipe Calderón(2006-2012), que acaba de ser declarado culpable en una corte de Nueva York por narcotráfico.
“Vienen a decir: ‘El INE no se toca’, pero también ‘García Luna no se toca’, y en el fondo es ‘el régimen corrupto y conservador no se toca’. Para eso es”, afirmó López Obrador, al denunciar que le “robaron” la presidencia en los comicios de 2006 y 2012.
Fuela concentración más numerosa de la oposicióndesde que comenzó el gobierno de López Obrador, en 2018, a pesar de que sus partidos políticos viven sus horas más bajas.
Los cambios a la legislación electoral fueron aprobados luego de que en diciembre pasado fracasara un proyecto de reforma constitucional destinado a eliminar el INE. López Obrador descalificó de antemano la protesta, al señalar que detrás está un grupo de «corruptos» que quiere volver al poder para seguir robando.
Las marchas fueron presentadas como parte de una lucha en defensa de la democracia; y no faltaron las advertencias sobre una supuesta deriva autoritaria o incluso dictatorial por parte de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. aun cuando la vía legal en que fue instrumentado el llamado plan B del gobierno –con el respaldo de dos de los tres poderes– como respeto a los derechos de los marchistas, hablan de respto al juego democrático,
Una insistente campaña de descrédito en contra del gobierno fue emprendida desde promontorios del poder empresarial y desde la alianza tripartita que se remonta al Pacto por México y amplificada por la mayor parte de los medios y comentaristas; con el fin de torpedear cualquier intento de disminuir los enormes montos que se destinan a los partidos y a los procesos e instituciones electorales.
Otra paradoja es que, aunque las protestas fueron invocadas con espíritu apartidista y ciudadano, esos convocantes pertenecen, en su mayoría, a las dirigencias o a los entornos de los partidos que conforman la coalición opsitora (PRI, PAN y PRD, personalidades políticas destacadas del foxismo y del calderonismo, incluidos los propios expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, señala La Jornada.
Esas presencias protagónicas, aunadas a la carencia de propuestas nacionales significativas por parte de las oposiciones aisladas o coaligadas, hacen ver las manifestaciones del domingo como mero instrumento de golpeteo político en contra del actual gobierno.Pero el derecho a la protesta no está condicionado a la coherencia ni a la existencia de motivos reales y cabe congratularse que en el México de hoy esté mucho más vigente de lo que estuvo en los gobiernos anteriores, añade el matutino mexicano.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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