Impactante y delicada, casi increíble, la respuesta que dio el gobierno de México a la decisión emitida el 2 de abril por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés). Ese órgano ha llegado a la conclusión, a través de testimonios directos, entrevistas a expertos en derechos humanos, académicos y evidencias documentales, de que las desapariciones forzadas en el país han llegado a ser recurrentes y sistemáticas hasta constituirse en delitos de lesa humanidad, por lo que sugiere al secretario general de la ONU llevar el caso a la Asamblea General para que se acuerden ahí medidas de cooperación técnica, apoyo a las familias afectadas y mecanismos de verdad que el Estado mexicano no ha atendido con suficiencia.
La reacción de la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, sus colaboradores —como la presidenta del Morena Luisa María Alcalde— y medios afines, es improcedente, porque México reconoció en 2020 al CED de la ONU y aceptó someterse a su evaluación. Lejos de reconocer la gravedad a ojos vistas de lo que representan más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, se dirigió a descalificar al Comité, negar que éste sea parte de las Naciones Unidas y afirmar que el “informe” (en realidad, una decisión fundamentada) busca desprestigiar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
La mandataria fue más lejos y, distorsionando el contenido del documento del CED, señaló que sólo se refería a la situación de cuatro Estados de la República y a un periodo anterior a 2018, esto es, el de la llegada de su partido al poder, y que el Comité extrapola a los años recientes. No es así, puesto que el pronunciamiento en comento refiere hechos en diez Estados y algunos de los años recientes, como los del rancho Izaguirre en Tlajomulco, Jalisco.
La difusión del documento coincide con que unos días antes la presidencia de la República presentó su interpretación del fenómeno, que hasta la fecha registra una cifra de 132 mil 534 personas denunciadas como desaparecidas, en la que esa cantidad quiso ser reducida a un 33%. Según el informe presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 46.mil casos, el 36% del total, no existen datos suficientes para identificar a la persona desaparecida o del lugar y las circunstancias en que despareció; de otras 40 mil, el 31% del total, hay registro de que “tuvieron algún tipo de actividad oficial” después de haberse denunciado su desaparición: recibieron vacunas o consultas en alguna institución oficial, votaron en una elección, registraron algún hijo en el Registro Civil, etc. Figueroa sostuvo en una conferencia mañanera a finales de marzo pasado que, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas, 66 son localizadas. Y de cada 100 localizadas, 92 son halladas con vida.
En consecuencia, sólo en los casos de 43 mil 128 personas puede acreditarse la desaparición forzada. Sólo que esa cifra deja de lado que en las morgues del país existen, a la fecha, alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar, por no hablar del ya casi cotidiano hallazgo de fosas clandestinas en todos los rincones del país, con decenas e incluso cientos de osamentas.
Lo que irrita al gobierno de Sheinbaum y lo lleva a la descalificación del posicionamiento del CED es que éste señala con claridad que existe “información sobre desapariciones cometidas por actores estatales o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, así como patrones específicos de desapariciones forzadas que detallan diversos casos, especialmente de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos criminales, siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales», como ocurrió en Iguala.
Según el gobierno de Sheinbaum, las desapariciones forzadas son cosa del pasado, un fenómeno recurrente sólo antes de 2018, ya que desde este año no se han presentado. Pero ha sido en el presente sexenio que la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un homenaje póstumo al general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de esa dependencia durante el gobierno de Luis Echeverría y responsable directo de un gran número de secuestros, tortura, desapariciones y asesinatos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. A su vez, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, homenajeó al ex gobernador de ese Estado y sanguinario cacique Rubén Figueroa Figueroa, también responsable de graves crímenes contra la población civil en ese periodo. Y, pese a su compromiso de campaña, reiterado como gobernante, Andrés Manuel López Obrador no pudo esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El mayor obstáculo para el esclarecimiento del caso —como lo expuso en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que tanto Enrique Peña Nieto como el mismo López Obrador terminaron por expulsar del país porque sus hallazgos resultaban incómodos— ha estado en la falta de cooperación del ejército para entregar la información completa de lo ocurrido en ese episodio.
Y también en este gobierno es que se ha investigado y detenido a Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública del gobierno (morenista) de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, y a quien ahora se ha indiciado precisamente por el delito de desaparición forzada.
El Informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para el Comité contra las Desapariciones Forzadas, del 28 de febrero de 2025, señaló que “La cantidad de personas que desaparece cada año continúa creciendo. Según el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, en 2022 desaparecieron 8,235 personas. En 2023 desaparecieron 10,307 personas (un aumento del 25.16%). En 2024 desaparecieron 13,582 personas. Durante 2023 desaparecieron 28 personas por día en el país. Durante 2024 desaparecieron 37 personas por día. Estas cifras corresponden a personas que, al cierre de este informe, permanecían desaparecidas. Si tomáramos en cuenta los casos de personas que sufrieron desapariciones o no localizaciones y fueron posteriormente halladas, los números serían mucho más altos”.
Durante el gobierno de López Obrador (2018-2024) 15 personas buscadoras fueron asesinadas, en ocasiones tras ser amenazadas por agentes del Estado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora ha emitido también un comunicado desacreditando al CED y virtualmente exculpando al gobierno anterior y al actual, ya desde el 13 de abril de 2025 publicó sus “Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU” en las que, sin respeto alguno a la lógica cantinfleaba: “No negamos la existencia de desapariciones en México ni la posibilidad de que existan casos de colusión de autoridades en dichos eventos. Sin embargo, sostenemos […] que, en la actualidad, estas desapariciones no se originan desde el Estado. Para ser precisos, no son producto de agentes gubernamentales porque, […] se emplea mal el término ‘Estado’, del cual todos, incluidos los ciudadanos, formamos parte”.
Ahora, esa misma CNDH vuelve a actuar en defensa, no de las víctimas sino del Estado, cuando descalifica también la resolución fundamentada del CED, por lo que la diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros Mancilla (y también organismos de la sociedad civil) ha pedido formalmente la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH por no defender a las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada y por haber tomado partido por la defensa del gobierno.
Claudia Sheinbaum y la CNDH rechazan que las desapariciones en México puedan ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad porque, en su visión, no son cometidas por los órganos estatales. Y no hay duda de que la mayoría de estos eventos son realizados por delincuentes comunes u organizaciones criminales. Sin embargo, el Diccionario de la lengua española de la RAE define la lesa humanidad como el “delito cometido por un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o por cualquier otro acto que viole las normas fundamentales del derecho internacional”. Y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes, que es el fundamento legal del CED y de la cual México es signatario, establece que «las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una ‘organización’, incluso ciertos actores no estatales organizados cuando ‘formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil'».
Pero, sobre todo, el posicionamiento del CED no es una acusación directa de que el gobierno mexicano esté dirigiendo desapariciones, sino señala que “el fracaso del Estado puede tener otras causas que una política deliberada, como las complejidades e ineficiencias administrativas, las dificultades relacionadas con la estructura federal del Estado, la falta de recursos, la corrupción y los vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales, a veces a un alto nivel”. Y todo eso resulta evidentemente cierto.
Pero el rechazo del gobierno mexicano a los apoyos que la ONU ofrece para enfrentar un problema que claramente ha rebasado al Estado no es un incidente sin consecuencias, ni capricho de la mandataria. Es un posicionamiento hasta ahora sin precedentes, que plantea de inmediato la cuestión de hasta dónde ha llegado la simbiosis del régimen populista-autoritario con la delincuencia organizada. Una coexistencia que persiste desde los tiempos idos del régimen priista y que ha evolucionado de diferentes maneras, desde los narcodólares que ingresan a la economía mexicana y han sido tan relevantes en la estabilidad cambiaria, hasta operaciones como el contrabando de combustibles en gran escala conocido ahora como huachicol fiscal. Actualmente, sus derivaciones de corrupción involucran a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y elementos de las fuerzas armadas.
Que se renuncie a la participación de organismos internacionales en un tema eminentemente de derechos humanos no sólo habla muy mal del gobierno mexicano, un gobierno que permite constantemente la intervención de las agencias y fuerzas armadas estadounidenses en nuestro país con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico; es también un rasgo prominente de la mutación del régimen hacia un capitalismo necropolítico, que Luis Arizmendi explicó como la “forma extremadamente violenta y decadente de acumulación por desposesión basada en política de muerte para imponer un abierto abanico de fuentes de un nuevo tipo de renta, la renta criminal”.
No otra cosa representa el que México sea el país del orbe no en guerra con más letalidad, y donde el número de desaparecidos más que cuadruplica el de la sangrienta dictadura argentina de hace medio siglo, que registró aproximadamente 30 mil. Y esos niveles de violencia, no contra el Estado sino contra la sociedad, no han podido alcanzarse sin una estrecha vinculación, por tolerancia o colaboración, entre órganos del Estado y las organizaciones criminales. Es lo que el gobierno de Sheinbaum se niega a reconocer y lo que condena a México a la imparable espiral de violencia en la que se halla sumido desde hace por lo menos dos décadas. Ahora queda esperar la resolución que la Asamblea General de la ONU podrá asumir en relación con la hiriente y extrema situación de nuestro país.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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