La tragedia ocurrida en la noche del lunes 27 de marzo en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la que fallecieron en el lugar 39 individuos y varios más fueron trasladados al hospital en condición grave es una terrible marca en la política migratoria de México.
Todas las víctimas del siniestro son provenientes de Guatemala, Venezuela, Ecuador, Honduras, El Salvador y Colombia, y se encuentran en México supuestamente de manera transitoria en tanto tramitan en los Estados Unidos su ingreso como refugiados o asilados.
La magnitud de la desgracia que ha abatido a tantas vidas ha producido de inmediato una reacción no sólo nacional sino en el exterior, exigiendo una investigación profunda de los hechos que establezca las responsabilidades administrativas y penales, de las cuales, hay que agregar, no podrían escapar funcionarios migratorios de diversos niveles del gobierno federal. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su vocero, demandó una averiguación “exhaustiva de este trágico suceso y reiter[ó] su compromiso de seguir trabajando con las autoridades de los países en los que se producen movimientos mixtos de personas para establecer vías de migración más seguras, reguladas y organizadas”. El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, lamentó la tragedia y manifestó que ésta “no debió ocurrir”. La Conferencia del Episcopado Mexicano deploró los acontecimientos en la estación migratoria y expresó que “no podemos permitir que el tránsito por México se convierta en un calvario” para las personas provenientes de otros países. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y más de 200 organizaciones de la sociedad civil también han reclamado justicia para los fallecidos y heridos y revisar las condiciones en que se encuentran los migrantes en las estancias provisionales del INM.
Diversas agrupaciones civiles, de defensa de migrantes y de derechos humanos, y ciudadanos también, que se expresan en las redes sociales, reclaman la remoción del comisionado nacional del INM Francisco Garduño, e incluso, más allá, las de los secretarios de Gobernación Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Cassaubon.
El aciago episodio nos muestra una multiplicidad de facetas a las que habrá que poner atención en los próximos días y semanas. La de mayor trascendencia es cuestionar por qué México tiene que retener y, peor aún, recluir en fingidos “refugios” o “estaciones migratorias” que en realidad operan en condiciones carcelarias, a ciudadanos de otros países que tiene como propósito ingresar a los Estados Unidos. La respuesta es conocida: en junio de 2019 el entonces presidente gringo, el xenófobo, antimexicano y ultraconservador, Donald Trump, amenazó a nuestro país con imponerle cuotas arancelelarias a sus exportaciones si no frenaba las corrientes migratorias, provenientes principalmente de Centroamérica, para que no llegaran a territorio estadounidense. El gobierno de López Obrador accedió entonces a enviar miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur —distrayéndolos de lo que se supone es su función principal de combatir a las bandas de delincuencia organizada— para contener el flujo de miles de hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños que pasaban y pasan por nuestro territorio tratando de arribar al de los EUA; y aceptó el programa, ideado en Washington, al que se denominó “Quédate en México”, para retener aquí a esos refugiados de la pobreza dominante en sus países mientras gestionan su ingreso legal a la Unión Americana. “Nunca vi a nadie doblarse tan fácil”, habría de declarar Trump después, en relación con sus negociaciones con el gobierno de López Obrador. Y el entonces procurador de Justicia estadounidense, William Barr, ha presumido en sus memorias, no sin gratitud al presidente mexicano, que “México ayudó a detener la corriente de inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras estadounidenses. AMLO desplegó la fuerza militar para contener el flujo”.
Al llegar Joe Biden a la presidencia estadounidense, intentó suprimir “Quédate en México y alojar en su territorio a los solicitantes de asilo; pero ahora fue la Corte Suprema la que se lo impidió. Así, desde 2019 la política migratoria mexicana es cualquier cosa menos soberana; se decide en los Estados Unidos y nuestro país continúa obligado a ser el muro que los migrantes no deben franquear.
La tragedia de Ciudad Juárez ha venido a mostrar, por otra parte, que las estaciones migratorias del INM son en realidad centros carcelarios de reclusión, incluso en condiciones inhumanas y degradantes, donde el llamado “Humanismo mexicano” trata a los migrantes de Centro y Sudamérica como delincuentes, siguiendo los parámetros establecidos por el ex presidente estadounidense amigo de Andrés Manuel López Obrador. Trump separaba a los niños migrantes de sus padres y también los encarcelaba. Ahora, ese régimen de enclaustramiento ha cobrado casi 40 víctimas mortales y otras muchas heridas o intoxicadas. Un caso en que deberá deslindarse la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la tragedia.
Pero la reacción de esas autoridades ha resultado no sólo exigua sino indignante. En la conferencia mañanera del martes 28, el presidente López Obrador le dedicó al tema menos de tres minutos, ofreció sus condolencias por los muertos, se comprometió a que habrá una investigación a profundidad de los hechos que rodean la tragedia y señaló a la Fiscalía General de la República como instancia responsable de realizar las indagatorias. La incompleta explicación que dio de los hechos se limitó a señalar que el fuego en el centro de confinamiento se produjo por una protesta que los migrantes recluidos iniciaron, porque “suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados”. Omitió mencionar que estaban encerrados con candado tras las rejas y en situación de hacinamiento. Pese a conocer el video de las cámaras de seguridad, el mandatario no mencionó tampoco que los guardias del centro del INM se alejaron de la escena dejando a los recluidos a su suerte mientras las llamas y el humo se expandían.
Según otras versiones, la protesta de los extranjeros no era por su posible deportación, sino por las condiciones de su reclusión y porque no se les proporcionaba agua. El video que ha circulado profusamente en redes muestra cómo algunos de ellos intentan salir y abrir la puerta de la celda al iniciarse el fuego, pero el personal a cargo se retira sin dar a los encerrados ninguna asistencia ni abrirles la reja para que salgan. Pero para López Obrador era importante destacar, sobre todo, que el incendio fue iniciado por los propios migrantes, no las demás circunstancias.
Cuando, en la misma conferencia matutina, se preguntó al presidente por las declaraciones del secretario de Gobernación —a cuyo cargo está, por ley, la conducción del INM— en las que éste dijo que el manejo de la política migratoria se había transferido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente reaccionó respondiendo defensivamente: “Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así”. Es claro, así, que Adán Augusto López busca evadir su responsabilidad y la de sus funcionarios señalando a la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard como entidad responsable. Y está también claro que, anticipándose a la investigación ofrecida, es prioritario para el presidente salvar políticamente a las corcholatas a las que él ha puesto en el juego sucesorio y a otros funcionarios federales, y evitar que el fuego en el centro de confinamiento del INM se convierta en una hoguera de vanidades en la que arda el futuro político de alguno de ellos.
Las autoridades federales, así, han señalado, inclusive, que fue el presidente municipal de Ciudad Juárez el que pidió que se hiciera una redada en las calles y se recluyera a los migrantes; viene a resultar, de tal suerte, que la política migratoria del gobierno federal puede ser determinada por un presidente municipal. La gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, dejando de lado la generosidad de la que habla el lema de su partido, se niega a acudir a Ciudad Juárez a asistir a las víctimas porque, dice, se trata de un asunto de la federación.
Y el miércoles 29 por la mañana, el presidente morenista mencionó que, si bien en la estancia había personal del INM, ésta tenía un contrato con una empresa privada, de la que no mencionó su nombre. Y, como es su costumbre, para sellar sus declaraciones, no dejó de acusar a los medios de comunicación por ser «campeones del amarillismo y el sensacionalismo», y “porque es temporada de zopilotes, pues trafican con el dolor humano y no es por justicia sino porque están deseosos de regresar por sus fueros, para seguir robando como lo hacían políticos corruptos traficantes de influencia, dueños de medios de información [y] periodistas famosos».
No se puede dejar de lado la infamante declaración que el embajador de los Estados Unidos Ken Salazar difundió en su cuenta de Twitter: “Nos unimos al dolor de los familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en incendio en Ciudad Juárez. Es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular”. Es decir, lo ocurrido no es una responsabilidad de nadie en particular sino del “sistema quebrado” (cualquier cosa que eso signifique), y es parte de los riesgos que los migrantes mismos asumen. Claro que no va a declarar que ese sistema migratorio ha sido diseñado por su país, que lo ha impuesto a México; es mejor revictimizar a los fallecidos y heridos por el incendio por no calcular los riesgos de su migración.
La primera acción gubernamental ante el infortunio, según informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha sido detener a ocho guardias y funcionarios asignados al centro de la estación migratoria. ¿Pero quién puede confiar en que la FGR a cargo del corrupto servidor presidencial Alejandro Gertz Manero investigue a fondo la tragedia del centro carcelario del INM en Ciudad Juárez? Lo que podemos esperar, seguramente, es una pesquisa similar a la de los casos de la línea 12 del Metro o del gigantesco desfalco en Segalmex: una indagación que no llegue a afectar a los altos funcionarios cercanos al presidente, y menos si son corcholatas en competencia por suceder al hombre de Macuspana.
El lamentable episodio de Ciudad Juárez debe representar un quiebre y un giro total en la el tema migratorio. Desde luego, poniendo atención por las autoridades al respeto cabal de los derechos humanos de los extranjeros estacionados en México, pero también, por sobre todo, emancipando su política migratoria de los intereses del imperio norteamericano y reasumiendo en ese aspecto su plena soberanía.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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