Los procesos migratorios transfronterizos tienen siglos de historia y han estado relacionados a la conformación del sistema capitalista, así como a la creación y consolidación de los estados nacionales modernos.
No obstante, estas migraciones han aumentado desde las últimas décadas del siglo XX. Con la emergencia de la globalización y la consolidación de la versión neoliberal del capitalismo, estas migraciones han sido producidas por el drástico aumento de las dinámicas de la desigualdad, el incremento de los procesos de pauperización, la desarticulación del aparato productivo, así como la reducción de los nichos de oferta laboral y el deterioro del valor de los salarios de los estados nacionales del sur global. En el contexto mundial, América es uno de los continentes con fuertes procesos migratorios. Buena parte de estas poblaciones migrantes, con el objetivo de acceder a salarios drásticamente más elevados que los de sus países de procedencia, se desplazan de manera irregularizada hacia Estados Unidos (EUA).
En este escenario, los Procesos Migratorios Irregularizados del Norte de Centroamérica (PMINCA) presentan grandes volúmenes demográficos y están expuestos a dinámicas de violencia y exclusión en su paso por diferentes países y fronteras. Quienes integran los PMINCA tratan de llegar a EUA para acceder a mejores situaciones de existencia material, escapando de la precariedad económica (bajos salarios, ausencia de trabajo), de las dinámicas de violencia y los impactos medioambientales (por ejemplo los estragos provocados huracanes Eta e Iota); y, en los últimos años, de los drásticos impactos de la pandemia. Para los migrantes de los PMINCA, desde hace muchos años, México se ha convertido en un dispositivo espacial de tránsito obligado y caracterizado por varias violencias (institucionales, criminales, entre otras). Por la configuración regional de los PMINCA, y tomando en cuenta el lugar de origen de estos migrantes y su (anhelado) destino en EUA, México, por su localización geopolítica, se ha convertido en un territorio de tránsito obligado; México tiene una frontera de más de 3 mil kms con EUA.
Desde hace varios lustros, la posición política del gobierno de mexicano acerca de los PMINCA ha estado determinada, no únicamente por los intereses internos nacionales y los marcos jurídicos migratorios mexicanos, sino también por las complejas y asimétricas relaciones con EUA; y, especialmente, por la manera en que los últimos gobiernos de EUA juzgan políticamente las migraciones irregularizadas hacia su país. La impronta socioeconómica y geopolítica de EUA sobre México es enorme. EUA, no sólo es una de las primeras economías a nivel mundial y uno de los países militarmente más poderosos de la tierra, es también el primer socio comercial de México y, políticamente, su impronta sobre México es muy drástica. En el caso de los PMINCA la agenda de control migratorio estadounidense tiene un fuerte efecto en las políticas migratorias y fronterizas de los últimos gobiernos mexicanos.
De facto y por la influencia de los gobiernos de EUA, y, no obstante las retóricas internacionales de una migración ordenada, segura y regular, el gobierno mexicano ha empleado varias regiones del país (las fronteras sur y norte) como territorios de control y contención migratoria. Esto se ha realizado mediante medidas migratorias y fronterizas. Por una parte, la ejecución de detenciones y deportaciones es una acción central. Más que únicamente aplicaciones concretas de la ley migratoria, las detenciones y deportaciones son estrategias muy efectivas de control de poblaciones extranjeras irregularizadas (como los migrantes del Norte de Centroamérica). Según datos oficiales, cada año decenas de miles de personas del Norte de Centroamérica son detenidas y deportadas, y con esto se ven trastocadas sus migraciones hacia EUA. Pero también, desde 2018 al día de hoy, están las medidas del gobierno de México de corte securitario vinculadas a la contención, control y represión de los grupos de personas extranjeras irregularizadas que migran colectivamente en “caravanas”. Dichas medidas, son más frecuentes e intensas en momentos coyunturales. Un caso de esto fue la presencia de la guardia nacional a la frontera México-Guatemala para contener las caravanas migrantes en verano de 2019, en el contexto de las amenazas de Trump de imponer aranceles punitivos a las importaciones mexicanas. Otro ejemplo, ya en la pandemia y a finales de 2020, fue el operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) y la guardia nacional en la frontera sur, para desarticular las caravanas que habían salido de Honduras; no obstante, antes de llegar a México, estas caravanas fueron reprimidas por fuerzas de seguridad guatemaltecas. Y, entre 2021 y 2022, también estuvieron las medidas de control del INM, con apoyo de la guardia nacional, hacia las diferentes caravanas migrantes que partían del sur de Chiapas y deseaban arribar a la frontera México-EUA.
En
este drástico escenario, es urgente hacer visibles los procesos de
violencias y, consecuentemente, los elevados costos económicos y
socioemocionales de estas acciones gubernamentales sobre los grupos de
los PMINCA. Las poblaciones migrantes irregularizadas no son criminales,
y son forzadas a salir de forma involuntaria de sus países en búsqueda
de situaciones de existencia digna y vivibles. Si las políticas
migratorias estatales mantienen el eje de la criminalización y el cierre
de fronteras, seguirán las violaciones a los derechos humanos de los
grupos migrantes irregularizados en tránsito. Urge y es fundamental una
transformación de la visión oficial, se necesita colocar como punto
central el reconocimiento y satisfacción de las necesidades de los
migrantes, y ponderar el respeto de la dignidad humana como valor
indispensable.
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