Sin viraje en el modelo económico, no existirá cambio de régimen ni Cuarta Transformación. Menos aún existirá dicha transformación en el maremágnum perseverante de las ancestrales condiciones adversas de una sociedad subdesarrollada y desigual como la mexicana.
¿Por qué argumentamos esto? Porque la política económica cimentada en el fundamentalismo de mercado –equivocadamente denominada como neo-liberalismo– persiste en México, pese a la retórica del discurso oficial.
Los fundamentos del modelo económico que desde la década de los ochenta apostó al desmantelamiento de la política industrial, la apertura irrestricta de la economía nacional, la estabilización macroeconómica, la privatización de las empresas paraestatales, y la readecuación de las regulaciones económicas, se consagró en una estructura jurídico/institucional difícil de remover, mientras no existe una voluntad política, recursos fiscales y un verdadero proyecto de orientación nacionalista.
La estructura jurídica del fundamentalismo de mercado se conformó a partir de reformas económicas e institucionales, labradas desde 1985 bajo la premisa de entronizar a la iniciativa privada y de propiciar la desnacionalización de las decisiones estratégicas. Múltiples reformas a cruciales artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la promulgación de leyes secundarias, afianzaron un patrón de acumulación que, tras apostar a la desindustrialización y al desmonte del Estado desarrollista, fue abandonado y desmantelado el campo, se emprendió una apertura irrestricta de la economía nacional respecto a los Estados Unidos, se emprendió un proceso de privatización del Estado y un uso patrimonialista de lo público, y se privilegió la estabilización de las variables macroeconómicas por encima del estímulo al crecimiento económico. Instituciones formales e informales afianzaron éstas directrices y, como ocurrió con la transición española tras la muerte del Generalísimo Francisco Franco, «todo está atado y bien atado».
Erosionar y desterrar ese modelo económico signado por la exclusión social y el debilitamiento del Estado hasta conducirlo al callejón sin salida de la crisis institucional, supone algo más que declaraciones preñadas de buenas intenciones y retórica.
La administración pública Federal 2018-2024, pese a su discurso progresista y al imponente apoyo popular, no traduce sus decisiones y acciones en una modificación sustancial del patrón de acumulación hegemónico desde la década de los ochenta. Salvo los matices introducidos en la (re)distribución de la riqueza –que no es poca cosa para grupos etarios jóvenes y ancianos–, la política económica y la política social no rompe su cordón umbilical respecto a las inercias y ataduras que provienen del pasado. La primera continúa con una orientación contraccionista tras privilegiar la asfixiante austeridad fiscal. En tanto que la segunda sigue privilegiando la transferencia monetaria a los grupos sociales depauperados, sin esperar de ellos corresponsabilidad alguna. Afrontar la ancestral desigualdad social amerita esfuerzos más allá de ello y con miras a trastocar la estructura de poder y riqueza que priva en el país.
No sólo persiste la política económica y varios rasgos de la política social, sino que el rumbo de la nación se desdibuja con la ausencia de una política industrial y de una política tecnológica y de innovación, que contribuyan al eslabonamiento de las cadenas productivas y a la vertebración del mercado interno. Persiste la desarticulación hacia adentro y la articulación hacia afuera a partir de la producción de insumos maquillados en sectores económicos dinámicos. Del eventual diseño y adopción de una política industrial de orientación nacionalista, bien podría derivarse un tejido empresarial sólido y robusto, así como evitar que el rescate de Petróleos Mexicanos (PEMEX) sea el único remolque efectivo del resto de la economía nacional.
La otra asignatura pendiente, heredada de las élites tecnocráticas que sirvieron con fervor a los intereses creados de la oligarquía nativa y la plutocracia transnacional, es la ausencia de una política fiscal progresiva (gravar con más al capital y al que tiene mayor riqueza). Sin dicha reforma, no sólo se carecerá de un financiamiento óptimo de las políticas públicas, sino que será postergada toda apuesta de transformación nacional y de cambio de régimen.
La ausencia de regulaciones o la debilidad de las mismas, se acentúa en el sector bancario/financiero. La falta de voluntad política se evidencia en la persistencia de una tasa de interés alta, la estabilidad cambiaría y la incapacidad para restringir y regular sus descomunales ganancias repatriadas provenientes de las comisiones bancarias que recaen sobre la clase trabajadora.
La continuidad de este modelo económico, fundamentado en el rentismo, el extractivismo, la acumulación por desposesión y la privatización del Estado, es custodiada por la red de organismos internacionales y la misma estructura jurídica que éstos estandarizan. Lo mismo que la oligarquía nacional y las redes empresariales globales, los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL) podrán dormir a sus anchas seis años más en esta postergación de «la larga y oscura noche neoliberal» (López Obrador, dixit) que no encuentra, aún, su punto final.
Al respecto, las mismas palabras –pronunciadas ante los banqueros– por Andrés Manuel López Obrador son elocuentes: “… termino diciéndoles que no van a cambiar las reglas del juego; para decirlo de manera coloquial, no va a haber ninguna reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y la banca que trabaja en nuestro país. Vamos a mantener el mismo marco legal. Si hay algún cambio, saldrá de ustedes y pensando siempre en la competencia. Los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado” (https://bit.ly/3eLQ0G0). No solo es postergado el dogma del fundamentalismo de mercado, sino que se apela al voluntarismo de una élite rentista que edifica su poder económico en la laxitud de las regulaciones.
El panorama se complica más con el estancamiento económico explicado en anteriores ediciones de la presente columna (https://bit.ly/31AJPjY), así como con la renegociación desventajosa del acuerdo comercial del bloque de América del Norte, que tenderá a reforzar en México los lazos de dependencia financiera, tecnológica y comercial. Ir más allá, supone trastocar y reconfigurar la relación de la nación Azteca con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) –ahora denominado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)– es el buque insignia del modelo económico aperturista y desnacionalizador iniciado a mediados de la década de los ochenta del siglo XX. Este acuerdo no solo perpetúa la dependencia comercial con el vecino del norte, sino que reposiciona la desnacionalización de las decisiones económicas estratégicas en el escenario de posturas neoaislacionistas y de las disputas comerciales entre los Estados Unidas y China.
Marcar la ruptura con un modelo económico desnacionalizador (los sectores estratégicos están en manos de capitales extranjeros), excluyente (desempleo masivo y precarización laboral) y desigual (regiones conectadas a la economía internacional y otras marginadas de ello), amerita no sólo la concurrencia de los diversos grupos sociales y la suavización y subordinación de sus intereses creados, sino también de la ampliación de la cultura política para trascender las interminables luchas intestinas protagonizadas por las diferentes facciones de las élites políticas. Supone romper la ecuación distributiva donde 10 % de la población mexicana concentra el 60 % de la riqueza. Supone ir más allá de la estabilidad macroeconómica y el «austericidio». Sobre todo, supone despojarnos del pensamiento colonial y echar a volar la imaginación creadora, desde las élites políticas e intelectuales, para construir paradigmas, estrategias, modelos y alternativas de sociedad propias, que subordinen al mercado y reivindiquen la (re)industrialización para constituir una base tecnológica autóctona. México está ante una oportunidad inédita para ello; oportunidad que tal vez no se repita en varias décadas. De ahí la importancia de dejar atrás la orfandad ideológica y el entreguismo que nos extravía en el mar del oscurantismo hasta llevarnos al naufragio que impide –además de no estar acostumbrados a– reflexionar sobre nuestro propio desarrollo.
Isaac Enríquez Pérez es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Twitter: @isaacepunam