Nuevamente está Michoacán en el foco de atención de todo el país y también del extranjero. Como en 1988, cuando la Corriente Democrática, nacida ahí, fracturó al PRI, dio lugar a la formación del Frente Democrático Nacional y luego al PRD, e infligió al partido de Estado grandes derrotas que a la postre tendrían para éste un alto costo. Como en 2013 y 2014, cuando en el Valle de Apatzingán irrumpió el movimiento de autodefensas enfrentando a la estructura del crimen organizado y exhibió la incapacidad o la complicidad de los gobiernos del Estado y de la federación. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre en un acto público en el centro de la ciudad no sólo ha encendido las alertas sobre la situación de ese municipio y esa región, bajo control en gran medida de los cárteles que ahí operan; también ha mostrado, una vez más, la ineficacia de los niveles local y federal del aparato de Estado para frenar la violencia y las diversas formas de la delincuencia organizada; y ha dado lugar no sólo a manifestaciones de duelo y exigencias de justicia, también al brote de distintas expresiones que quieren obtener ventajas políticas de los acontecimientos.
Carlos Manzo era un político de 40 años originario de Uruapan, que estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en Guadalajara. En 2018 intentó ser diputado federal como candidato ciudadano; aunque no obtuvo el triunfo, mostró arraigo entre los ciudadanos de su municipio y capacidad de organización, por lo que en 2021 el partido Morena lo hizo su candidato a diputado federal por el distrito IX, con cabecera en Uruapan. En 2023, ocupando ese cargo, sufrió una breve detención y malos tratos por la policía estatal, por lo que denunció los hechos en la sede de San Lázaro y se distanció del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En 2024, desligado del Morena, se postuló como candidato independiente a la alcaldía de la segunda ciudad más importante del Estado. No sólo obtuvo un triunfo aplastante sobre el candidato del oficialismo, Ignacio Campos, que buscaba relegirse, sino levantó un vigoroso movimiento que humilló al oficialismo al ganar también los dos distritos uruapenses en la elección del congreso local y la diputación federal.
Como munícipe, priorizó las tareas de seguridad en una ciudad por años azotada por la delincuencia en sus diversas formas: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión, trata de personas. Y para combatirla adoptó una vía que sabía que le daría popularidad, aunque también lo pondría en riesgo. Depuró la policía municipal y dio instrucciones de emplear la fuerza directa contra los delincuentes, incluso abatiéndolos. “Delincuente que se tope que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, hay que abatirlo, no hay que tener ninguna consideración con ellos”, dijo, al estilo de Nayib Bukele, en una transmisión en vivo desde sus redes sociales.
Su estrategia de seguridad le mereció, entonces, críticas de la presidenta y del gobernador. El apoyo que pidió de fuerzas federales se le otorgó por un tiempo, pero el pasado 8 de octubre, en un “Mensaje al gobierno federal y a la presidenta de México” denunció que los 200 agentes de la Guardia Nacional que habían llegado a Uruapan fueron retirados. “Esta decisión —espetó— deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”, haciendo un llamado a la presidenta misma y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch a no dejar solo a su municipio.
Uruapan se encuentra, geográficamente, en el centro de Michoacán, conectado directamente, al suroeste, con el rico y martirizado por la delincuencia Valle de Apatzingán. Es lugar de paso obligado hacia la costa michoacana, especialmente al puerto de altura de Lázaro Cárdenas, hoy por hoy el más importante, junto con Manzanillo, Colima, para el comercio con China, Japón, Corea y Asia oriental en general, así como con los puertos del Pacífico norteamericano. Es Uruapan el centro principal de comercialización y exportación de la región aguacatera más grande e importante del país y del mundo. Por vía férrea se conecta con el propio puerto de Lázaro Cárdenas y, en el otro extremo, con la frontera comercial más importante, la de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y, de ahí a Texas y la costa oriental de los Estados Unidos.
Todo ello ha hecho de esa ciudad una plaza codiciada por las mafias del narcotráfico que aterrorizan a la población y a sus anchas practican la extorsión a productores y comerciantes. En Uruapan comenzó, en septiembre de 2006, la era del narcoterrorismo en México, cuando en un centro nocturno la entonces Familia Michoacana arrojó a la pista de baile cinco cabezas pertenecientes a sicarios de Los Zetas. A raíz de esos hechos, el entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel (hoy jefe de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum) pidió apoyo de fuerzas federales al recién asumido presidente Felipe Calderón, que declaró en el cuartel de Apatzingán su guerra contra el narco en diciembre de ese año.
El asesinato de Manzo no queda como un hecho aislado; todo lo contrario. Desde octubre de 2021, esto es, durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, en la entidad otros seis presidentes municipales han sido privados violentamente de la vida: Enrique Velázquez Orozco, de Contepec y César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla, en 2022; Guillermo Torres Rojas, de Churumuco, y Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, en 2024; Salvador Bastida García, de Tacámbaro y Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec en 2025 (de la página de Facebook de la reportera Patricia Monreal). Siete en total en estos cuatro años, además de muchos otros atentados, fatales o no, contra políticos de todos los partidos, mientras que en los seis del gobierno de Silvano Aureoles fueron tres los ediles ejecutados.
En 2023 fue asesinado en La Ruana el iniciador del movimiento de autodefensas, Hipólito Mora. Y en ese mismo lugar, el mismo día de la muerte de Carlos Manzo, su sobrino, el productor limonero Alejandro Torres Mora también fue privado de la vida. Unos días antes, el 20 de octubre, el asesinato del dirigente de los productores citrícolas Bernardo Bravo Manríquez enlutó a Apatzingán, a Michoacán y a todo el país. Había denunciado y pedido protección a las autoridades contra la cotidiana y extendida extorsión que ese gremio padece. Sigue impune desde enero de 2020 el crimen contra el defensor de los bosques de la mariposa monarca en el oriente del Estado, Homero Gómez González, y sin resolverse la desaparición de los defensores de derechos humanos y de los bienes comunales de Aquila Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. También el mismo día del crimen de Uruapan desapareció el ex presidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez. Se trata, tan sólo, de algunos de los casos de crímenes de alto impacto en el Michoacán de nuestros días.
Pero ha sido el asesinato en Uruapan el que ha tenido más repercusiones en el país y en la prensa extranjera que, entre otras cosas, ha destacado las diferencias de Manzo con la presidenta Sheinbaum y el gobernador Ramírez Bedolla, y el no haber tenido suficiente apoyo de las fuerzas del orden de ninguno de los dos órdenes de gobierno para su municipio https://n9.cl/newra. De manera inmediata, el crimen ha suscitado movilizaciones sociales en Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Ciudad de México y otros lugares, y, en el caso de la capital michoacana, en episodios de violencia, vandalismo contra el Palacio de Gobierno, represión y aprehensión de ocho jóvenes, siete de los cuales fueron luego liberados.
Y, como era de esperarse, el trágico acontecimiento ha llevado a una crisis política al propio gobierno michoacano y su partido. Carlos Manzo, que se consideraba aspirante el gobierno para 2027, no sólo se había deslindado del gobernador Ramírez Bedolla; también había atacado frontalmente a uno de los favoritos, el senador Raúl Morón Orozco y su grupo, dentro del que destaca el ex gobernador Leonel Godoy Rangel. Ahora, ya fallecido, es seguro que el movimiento que Manzo creó, identificado con el símbolo del sombrero, será un importante rival para el partido oficial Morena en la sucesión del gobierno estatal y los municipios.
Otros actores buscan también aprovechar la situación de virtual anarquía para capitalizar el desorden y la inseguridad: la derecha revanchista, los opositores, la ultraderecha proimperialista y prosionista, que participan en la convocatoria a movilizaciones y protestas, y exigen la renuncia del gobernador y de la presidenta misma. A través de su embajador Ronald Johnson y del subsecretario de Estado Christopher Landau (antes embajador en México también), el gobierno de los Estados Unidos se hace presente y ofrece su «ayuda» para combatir a las bandas delincuenciales, a las que ya previamente el gobierno de Donald Trump ha declarado “narcoterroristas”, como un recurso para desarrollar acciones intervencionistas y de ejecuciones extrajudiciales en el sur del Caribe y el Pacífico. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Sheinbaum, Omar García Harfuch, también precandidato favorito de Washington para la sucesión 2030, responde: «Toda cooperación es bienvenida».
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum a la crisis política y, tardíamente, a la de seguridad, ha sido improvisar apresuradamente un nuevo plan de paz, inversión social y desarrollo para Michoacán que, según su anuncio del martes 4, se basará en tres puntos: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. Ofreció consultas a los sectores sociales para elaborarlo. Rechazó tanto la intervención del gobierno estadounidense —aceptada declarativamente por García Harfuch—, así como una nueva estrategia de guerra contra el narcotráfico similar a la de Calderón.
Vale recordar que, desde 1989 cuando Carlos Salinas lanzó el también llamado Plan Michoacán, con una inversión de dos billones de pesos de entonces, para crear empleos, instalar agroindustrias, construir viviendas, mejorar las comunicaciones, electrificar y dotar de apoyos a las actividades agropecuarias a través de riego, créditos y comercialización, se buscó enfrentar la insurgencia neocardenista y al PRD que disputaba la hegemonía electoral al gobierno y al PRI, varios planes similares se han planteado para el Estado. También Enrique Peña Nieto presentó en 2014 uno desde el gobierno federal para, supuestamente, tratar de pacificar una región en guerra entre las bandas delincuenciales y los grupos de autodefensa, al que llamó “Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr”. E igual que entonces, el plan anunciado por Sheinbaum se enfoca en tratar de erradicar la violencia organizada atacando sus causas sociales y económicas, o lo que se supone que lo son. Los planes anteriores no tuvieron resultados apreciables, y resulta dudoso que este logre tenerlos.
Porque el problema no se centra en la pobreza de la población, la falta de empleos, la insuficiente atención a la educación, la marginación o la falta de servicios, que siempre están presentes. No funcionaron contra la violencia las transferencias a través de los programas de Bienestar en el gobierno pasado y el actual; y aunque con Claudia Sheinbaum se ha dado un número mucho mayor de aprehensiones de sicarios y jefes de plaza de los cárteles más importantes, y también destrucción de laboratorios y plantíos, no se han decomisado las grandes fortunas de los empresarios asociados a la actividad delincuencial. No hemos visto detenido a ninguno de los políticos, muchos de los cuales militan en Morena, como los gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California, el mismo Michoacán y varios más, señalados repetidamente de tener vínculos con el crimen organizado. En los municipios se sabe bien quiénes participan en la estructura delictiva, sin que se tomen medidas efectivas para detenerla. En investigaciones oficiales y periodísticas, en el país y en el extranjero, surgen cada vez más elementos e indicios de que parte de esa estructura está en el Morena y sus gobiernos, por lo que hay encubrimiento y explicable reticencia a llegar al fondo de los asuntos.
El crimen atroz del 1 de noviembre en Uruapan ha desatado una crisis política en Michoacán que impacta en la gobernabilidad del Estado y ha pegado en la línea de flotación del partido oficial que, mientras la sociedad se ahoga en sangre y la indefensión frente al crimen, estaba enzarzado en la disputa por la candidatura al gobierno del Estado para la elección de 2027. Es algo que no puede seguir más. El martirologio michoacano, al que ahora se ha agregado el nombre de Carlos Alberto Manzo, debería parar, y ser castigados todos sus ejecutores, instigadores y protectores desde el aparato de Estado. Pero nuestra incredulidad al respecto tiene muchos asideros.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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