Inflación anual del 54%. Que representa el tercer puesto en el ranking mundial, solo superado por Venezuela y Zimbabwe, en un lote de 189 países. Una caída del PBI de 3,1%, según estimaciones del FMI. En este caso estamos un poco mejor, por encima de Venezuela, Libia, Irán, Zimbabwe, Nicaragua y Guinea Ecuatorial, de un […]
Inflación anual del 54%. Que representa el tercer puesto en el ranking mundial, solo superado por Venezuela y Zimbabwe, en un lote de 189 países. Una caída del PBI de 3,1%, según estimaciones del FMI. En este caso estamos un poco mejor, por encima de Venezuela, Libia, Irán, Zimbabwe, Nicaragua y Guinea Ecuatorial, de un lote de 14 países en recesión. Según la consultora Scentia, durante los primeros 10 meses del año el consumo masivo bajó 7,4% y cerraría con una caída del 8%.
Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños, necesitó en octubre $ 35.648 para no ser pobre y $ 14.202 para no ser indigente, según informó este miércoles el Indec.
Mientras, el salario mínimo se ubica en los 16.875 pesos muy lejos de cubrir las necesidades básica de una familia.
El Gobierno de Macri prometió pobreza cero, pero terminará el mandato con una pobreza cercana al 40 %. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en la segunda mitad del año la pobreza siguió elevándose y llegaría al 38% hacia fin de año e incluso más. En tanto que la inseguridad alimentaria pasó del 20,2% en 2018 al 22,2% en el 2019, mientras que la inseguridad alimentaria severa -la cantidad de personas que en algún momento del último año pasaron hambre por falta de recursos económicos- subió del 7,9% el año pasado al 9,3% este año.
En particular se disparó la inseguridad alimentaria entre los menores de 17 años de edad, que pasó del 29% en 2018 al 30,1% este año. Y los chicos que sufrieron inseguridad alimentaria severa pasaron del 12,7% al 14,1% en 2019. Se trata de un nuevo récord: el dato más alto registrado hasta el momento fue de 13,7% en 2010.
Teniendo en cuenta la Cartografía de la Inseguridad Alimentaria, el mayor crecimiento de este indicador se registró en el Conurbano bonaerense, donde avanzó del 7,9% el año pasado al 9,3% este año.
Las razones del nuevo pico en la pobreza y la inseguridad alimentaria se hallan en la inflación, que en la segunda mitad del año se aceleró sobre el 50% interanual y en el crecimiento del desempleo.
Despidos y suspensiones sin fin
La cadena de electrodomésticos Meroli de Córdoba cerró sus nueve sucursales y despidió a todos sus empleados.
Meroli tenía dos locales en la capital de Córdoba y siete más en localidades del interior de esa provincia; hasta el 2016 la firma venía desarrollando un plan de expansión con el que estaba proyectando extenderse a otras provincias.
Dupont Arroyito radicada en la ciudad cordobesa efectivizó el despido a 57 empleados de su planta donde intervinieron en busca de una solución los representantes del STIA Arroyito.
Habían anticipado que sería el 50% del personal pero alcanzó a más del 70%. Y la planta sólo quedaría funcionando con 18 empleados. Según fuentes consultadas, la empresa habría sido vendida y dentro del acuerdo habría incluido el cese de la mayoría de los empleados de la sede local.
Aeropuertos Argentina 2000 aprovecha el fin de mandato de Cambiemos para arrebatar hasta los últimos negocios que quedan a disposición. En ese marco licitó toda la actividad de escaneo y rayos sobre los equipajes de los aeropuertos, una tarea que antes realizaba cada aerolínea , y busca quedarse con un negocio sobre el que hasta el momento no tenía control.
La empresa «ganadora» del proceso de licitación para operar los rayos X en Ezeiza, es MSA, una firma que compite en una especie de dumping contra las otras compañías que se presentaron.
Busca aplicar a todo el personal que se encargará de las tareas el Convenio colectivo de trabajo que rige para la actividad de seguridad y no el de la Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados (Upadep). El marco regulatorio de seguridad estipula salarios más bajos, jornadas laborales más largas (hasta 12 horas) y un régimen de francos menos beneficioso para los empleados, entre muchas otras cuestiones.
En ese contexto desde Upadep lanzaron una serie de asambleas informativas para evitar el avance de la precarización de las tareas propias y por los más de 200 despidos que implicaría un cambio de «rubro» del personal involucrado. La secretaría de Trabajo resolvió dictar conciliación obligatoria, aunque no citó a Aerolíneas Argentina 2000 ni a MSA, la empresa involucrada en la maniobra, a una reunión de partes.
UPADEP, finalmente reaccionó ante semejante ataque y convocó a medidas de fuerza en Ezeiza, asambleas de 2 horas en todas las empresas, que derivaron en una reunión en el Ministerio de Trabajo que fue un rotundo fracaso. El gobierno de Macri, PSA y AA2000 quieren cerrar este negociado antes del cambio de gobierno.
La respuesta de los trabajadores de decenas de empresas entre Ezeiza y Aeroparque, pero también en otras provincias, como GPS, Swissport, Legal y Longport, entre otras, fue contundente. Hubo un paro total de actividades que como resultado dio una reunión con el Ministerio para intentar destrabar el conflicto. Tanto en Ezeiza como en Aeroparque el paro fue casi total y también se movilizó al checkin de ambos aeropuertos para visibilizar el conflicto.
Massalin Particulares, dueña de las marcas Marlboro y Philip Morris, cerró su planta de Goya, Corrientes, y despidió a 220 empleados.
La firma anunció que relocalizará a unas 30 personas que trabajaban en ese lugar en otra de sus plantas, ubicada en Merlo, provincia de Buenos Aires, donde la empresa mudará todas las líneas de producción.
Tras una medida de fuerza, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria. El representante sindical Juan Giaigischia manifestó: «Así como la empresa informó públicamente su decisión de dejar de operar en Goya, este sindicato también le dice que el conflicto será trasladado solidariamente a Merlo y no van a dejar salir ninguna producción ni tampoco van a producir».
La medida de fuerza, dictada por el Sindicato Único de Empleados del Tabaco, apunta a respaldar la pelea de los trabajadores correntinos contra el cierre de dicha planta. Hasta el momento, la relación laboral de los 220 operarios está pendiente de resolución , continuando el vínculo mientras dure la conciliación dispuesta por la cartera laboral.
El Ministerio de Energía neuquino prometió que «no habrá despidos» en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), pero sólo 44 de los 104 trabajadores tienen actividad y cobran en cuotas. Los profesionales y técnicos que trabajan en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) se reunieron a mediados de octubre con el Ministro de Energía de la provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro, para buscar una solución a la angustiante situación que atraviesan. La cancelación del acuerdo con China, por parte de Mauricio Macri y la administración nacional, para construir las centrales Atucha IV y V, dejó en situación de virtual parálisis a la PIAP.
Monteiro, responsable de la administración de la planta, les respondió que «no tiene solución desde la provincia y que la provincia no se puede involucrar y poner plata», contó Pablo Sosa, uno de los delegados de la PIAP, al salir de la reunión.
A pesar de ser el emplazamiento industrial más grande del mundo en el rubro de producción de agua pesada, la cancelación de los proyectos de construcción de las centrales Atucha IV y V, con China, provocó un proceso de desfinanciamiento y parálisis de la actividad que derivó en cambio de funciones para la planta y un plan de retiros voluntarios y despidos para 300 de los 400 investigadores, técnicos, ingenieros y profesionales que solía tener.
En julio, la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN), coordinada por el Físico e Investigador, Andrés Kreiner, emitió un comunicado, en el que reclamaron por la reactivación de la construcción de la cuarta central con tecnología CANDU, fundamental para reactivar la PIAP.
La PIAP estuvo detenida casi 7 años y fue reactivada durante el gobierno de Néstor Kirchner con una inversión cercana a los US$ 1.000 millones. A partir de esta inversión, la planta ENSI (Neuquén) obtuvo la capacidad de abastecimiento de agua pesada para 4 Centrales Nucleares de Uranio Natural.
«En la actualidad esta enorme capacidad instalada se encuentra subutilizada», explica un informe del Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA). El acuerdo con China genera aún más incertidumbre sobre el futuro de la empresa».
Adicionalmente, no continuar con la tecnología CANDU, significaría una dependencia total de los combustibles nucleares de uranio enriquecido, sólo provisto por las grandes potencias.
El Laboratorio Klonal, de la localidad de Quilmes, despidió a 30 trabajadores y tomó la determinación de paralizar la producción. A los empleados, que protestaron en la puerta de la planta, se les ofreció abonar la indemnización en 6 cuotas, lo que fue rechazado.
«Llevamos varios meses cobrando el salario en tres o cuatro cuotas. Y la empresa venía suspendiendo personal. Pero la gente está cansada. No se aguanta más. Por eso apenas supimos del despido de los compañeros hicimos paro», expresó uno de los trabajadores, quien agregó además que estos 30 despidos se suman a los 60 que se produjeron el año pasado.
Desde la firma, que lleva más de 30 años de antigüedad en la zona, argumentan que la suba del dólar y la falta de ventas perjudicó notablemente las arcas de la compañía, que echó empleados sin previo aviso y que, a su vez, en los últimos meses intentó acordar con los trabajadores una baja de salarios del 20% para continuar produciendo. «Como represalia a nuestra negativa, comenzaron a echar gente», contó uno de los perjudicados.
Timberland cierra todos sus locales en el país . Estos cierres se enmarcan en la crisis de la empresa de calzados Grimoldi que en los nueve primeros meses del año vendió 37,4% menos que en 2018.
En su cartera, Grimoldi también suma a Hush Puppies, Kickers, American Pie y Merrel, entre otras.
A esta desaparición de Timberland se suma la retirada de VF del país, que cerró los locales de Wrangler y de Lee y la planta de producción que tenía en La Rioja.
La española Indra , conocida popularmente por haberse encargado de los recuentos electorales, despidió un total de 11 empleados, entre ellos varios con actividad gremial.
«Vamos a hacer protestas en sus oficinas», adelantó Ignacio Lonzieme, secretario General de la Unión Informática (UI).
El modo preventivo de crisis
Las trabajadoras de las fábricas que Mondelez International tiene en General Pacheco y Victoria salieron a cruzar la información que la multinacional hizo circular en los últimos días. «En estos días Mondelez, en forma sorpresiva para nosotras y para nuestros compañeros, sale a decir por los medios que está en crisis. Y nosotras decimos que es mentira. Estuvieron haciendo todo tipo de maniobras para decir ahora que están en crisis» , denuncian.
Las obreras, la gran mayoría de ellas con más de 20 años de fábrica y muchas sostenes de hogar, advirtieron: «No terminamos de entender porqué las suspensiones y en el medio nos enteramos que presentaron un preventivo de crisis que tampoco entendemos».
«Somos las que trabajamos ahí adentro y vemos cómo hacen e hicieron fortunas a pesar que se negaron a tomar un solo empleado desde el 2015. Y a su vez Llamaron a retiros voluntarios, muchos de ellos al 200% y se sacaron al personal muy calificado de encima sin ninguna razón», agregaron en una carta.
«Nosotras seguimos adelante trabajando por dos o más personas por el mismo salario. Y hasta hace dos meses muchas estuvimos haciendo extras, entrando a las dos de la mañana y saliendo a las dos de la tarde , porque sin las extras no podían largar las líneas», añadieron las empleadas.
Ante el pedido de la empresa de suspender 500 trabajadores de sus plantas de Pacheco y Victoria durante 6 meses pagando el 90% del salario básico y antigüedad las trabajadoras exigieron «que muestren sus balances y libros contables de últimos tres años, que es lo que les exige la ley».
«Vemos que lo que buscan es avanzar aun mas en la flexibilización laboral, quieren meter por la ventana la Reforma Laboral como ya han propuesto en el escrito que presentaron pidiendo la apertura del preventivo, ellos no cuentan a los medios que nos pidieron que cediéramos vacaciones, y muchos así lo hicimos, pero no les bastó y fueron por más», explicaron.
Y concluyeron: «Queremos decir que este pedido de preventivo de crisis es trucho y solicitamos que no se lo aprueben».
Finning Cat anunció que cerrará su planta «Rental» ubicada en Pablo Nogués, Malvinas Argentinas, destinada al alquiler de equipos y herramientas para la industria y la construcción.
Sus trabajadores denuncian que este cierre es fraudulento ya que es parte de un plan de despidos, ataque de derechos laborales y flexibilización de mano de obra que la empresa viene sosteniendo desde el año pasado.
En 2018 CAT despidió a más de 120 trabajadores y obligó a muchos de ellos a aceptar retiros voluntarios.
El pasado 6 de noviembre de 2018 Finning Cat presentó un Proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Producción. Para los trabajadores este preventivo era falso ya que en 2017 obtuvo una ganancia de 40.597.443 de dólares y el anteaño un poco más de 20 millones, una de las mejores en el país y a nivel sudamericano sólo registraron un 3% de pérdida en el último trimestre de 2018.
Los trabajadores también denuncian que es un ataque antisindical ya que la planta de Rental realizó un paro de 13 días el año pasado ante los atropellos mencionados más arriba y hay casos de trabajadores que fueron reincorporados luego de que fueran despedidos por actividad sindical.
En las últimas semanas, varias grandes empresas de distintos sectores productivos anunciaron cierres de sus plantas y despidos de empleados. Algunos casos fueron Kimberly Clark, que dejó de fabricar papel higiénico y rollos de cocina en su fábrica de Bernal y presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para acordar unos 200 despidos.
Luego de meses en conflicto por el cierre de los supermercados Luque con sucursales en varias provincias del Norte, su dueño, Emilio Luque, decidió finalmente dejar a los 1.200 empleados en la calle, y les pagará sólo el 60% de la indemnización y en cuotas.
Además los despedidos no percibirán los sueldos adeudados de agosto y septiembre, que suman unos 60.000 pesos en promedio por persona.
La decisión fue acatada en asamblea por los trabajadores que ya se encuentran en una situación desesperante, porque desde hace meses no reciben respuesta por parte del empresario y las mesas de negociación con el gremio no funcionaron.
«Después de todo el proceso se hizo una asamblea la semana pasada, en todos los locales, donde se puso a consideración de los empleados y se votó por mayoría aceptar la propuesta de Luque», señaló uno de los delegados, Javier Martínez, y agregó: «La gente está aceptando por apuro de cobrar, si no fuese así obviamente que no lo agarraría».
Las indemnizaciones serán sólo del 60% y las cobrarán en cuotas, como así también pasar a cobrar el Fondo de Desempleo y mantener por un año la obra social.
Estos acuerdos están bajo la figura legal del Procedimiento Preventivo de Crisis, el cual se solicita «cuando median razones de fuerza mayor», y significa que el empleador tiene la facultad de suspender a su personal, o a despedirlo mediante el pago de una indemnización reducida.
Dota después de desguazar ramales en otras de las empresas su grupo (Tomas Guido y San Vicente) y tras haber fracasado con el Pedido de Preventivo de Crisis, volvió a la carga pidiendo la readecuación de la Línea 60. Además, amenazó con el cierre de la cabecera en Barracas a partir del 1º de Noviembre. Frente a este panorama, los trabajadores convocaron a una vigilia para impedir dicho cierre. Allí se concentra el sustento de 300 familias.
El pasado 30 de octubre se publicó en el Boletín Oficial que el Subsecretario de Gestión del Transporte, Guillermo Krantzer, habilitaba la readecuación de los ramales de la línea. En los hechos esto es quedarse sólo con doce de los diecinueve ramales y partir la línea en dos, sin comunicación entre las dos cabeceras (la de Barracas en CABA y la de zona norte del GBA, en Matzwich). Implica además que en la de cabecera de Barracas solo funcionen dos ramales que llegarían hasta Belgrano; y que los ramales de zona norte lo hagan hasta Barrancas de Belgrano, obligando a las y los pasajeros a abonar dos pasajes en lugar de uno. A su vez significa dejar sin servicio a muchísimos trabajadores y trabajadoras de barrios humildes del Conurbano como Las Tunas y Delfino, entre otros barrios.
En camino de impedirlo, el mismo 31 de octubre los trabajadores paralizaron la Línea 60 en su totalidad. Durante la vigilia nocturna, se concentraron un gran contingente de trabajadores de la 60 junto a un importante número de trabajadorxs y activistas que se acercaron solidariamente a la vigilia.
Frente a esto, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, habilitando quince días hábiles, en los cuales la empresa informará cuáles son sus nuevos planteos. Mientras que los trabajadores realizarán las impugnaciones pertinentes e irán elaborando un plan de lucha discutido en asambleas para resolver cuáles son los pasos a seguir.
También lxs usuarixs de la Línea 60 han decidido organizarse en comités zonales para frenar el desguace que pretende el grupo que maneja la empresa de colectivos y el Gobierno. El 19 de noviembre, de 6:00 a 9:00, realizaron una gran jornada de difusión en Plaza Constitución bajo la consigna: ¡El transporte del pueblo no se toca!
¡EN LA SEMANA DEL 25 AL 29 ARRANCAMOS CON 24 HORAS DE NO PAGO DE BOLETO EN LA 60 HASTA QUE FRENEN EL DESGUACE, Y DESPUÉS SERÁN DOS DÍAS POR SEMANA, Y LUEGO 3 Y LUEGO…!
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En la industria petrolera se perdieron 10.000 empleos durante la gestión macrista
En un artículo de Marcelo García publicado hace un año en El Extremo Sur, «Ajuste petrolero: La crisis del precio internacional y el macrismo destruyeron 10.000 empleos» sostenía que «la crisis petrolera por la baja del precio internacional iniciada en el 2015 y la llegada del macrismo en el 2016 se llevaron puestos 9.950 empleos petroleros en todo el país. Chubut y Santa Cruz tuvieron que soportar la destrucción de casi 6.000 puestos de trabajo. A pesar de Vaca Muerta, Neuquén también perdió 1.500 empleos».
Para el investigador, «montadas sobre la baja del precio del crudo, las petroleras aplicaron un fuerte ajuste para maximizar la rentabilidad en los yacimientos argentinos».
Y agregaba: «los despidos y la destrucción de empleo en el sector se conjugaron con los cambios de las condiciones de trabajo que se aplicaron en todas las cuencas productivas, especialmente en los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
En paralelo, las compañías avanzan en el aumento de la productividad para ampliar sus ganancias, basándose en la reducción de costos operativos, pero además cuentan con el acompañamiento de los subsidios estatales del macrismo para el gas en boca de pozo (Plan Gas) y los constantes aumentos tarifarios como sostén de la rentabilidad privada para aumentar la inversión.
La política energética de Cambiemos se focalizó en el impulso de la explotación de Vaca Muerta, con subsidios, cambios en los Convenios Colectivos de Trabajo para la baja salarial acoplada a la fuertísima devaluación y seguridad jurídica/previsibilidad para el sector empresario. A pesar de todas esas acciones, ni siquiera en Neuquén se consiguieron recuperar los puestos de trabajo perdidos desde el 2015 y peor situación atraviesan los demás yacimientos convencionales».
Aunque entre el primer trimestre del 2015 e igual período del 2016 se destruyeron 2.395 empleos petroleros en todo el país, la crisis petrolera desatada por la baja del precio internacional del crudo se profundizó a partir de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia. Así, el empresariado petrolero encontró el cómplice perfecto para ahondar el ajuste en el sector y la oleada de despidos y destrucción de empleo petrolero se convirtieron en moneda corriente en los yacimientos.
Las petroleras subsidiadas
Cambiemos garantizó ganancias para las compañías que extraen combustibles, principalmente en Vaca Muerta. El Ejecutivo dolarizó el precio de gas en boca de pozo, lo que desencadenó disparadas en los precios de las naftas, además de presionar a las boletas de energía eléctrica con continuos tarifazos.
Las petroleras desinvirtieron, al punto de reducir la producción, pero pese a eso consiguieron revertir sus resultados negativos y convertirlos en ganancias extraordinarias. La 51% estatal YPF había sufrido una pérdida de $ 24.246 millones en 2016, pero por la mejora sustancial en sus ingresos recibió utilidades por $ 16.073 millones al año siguiente y al otro lo multiplicó a $ 43.780 millones. Además, en el primer semestre de 2019 consiguió $ 17.799 millones. Incluyendo el rojo, en estos tres años y medio de macrismo acumuló un resultado positivo de $ 53.406 millones.
Tecpetrol, la gasífera del Grupo Techint, había registrado $ 88 millones de pérdidas en el primer año de Cambiemos. En 2017 profundizó ese rojo a $ 517 millones. Sin embargo, gracias a los subsidios que le entregó Macri por su actividad en el mayor reservorio de gas no convencional de Latinoamérica, amasó ganancias por $ 5.500 millones en 2018. Esto se incrementó a $ 9.090 millones en los primeros seis meses de este año. La empresa de Paolo Rocca sumó $ 13.985 millones desde Macri.
Actualmente son 1.800 trabajadores los afectados por la paralización en Vaca Muerta
El secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, advirtió que ya son alrededor de 1.800 los trabajadores del sector afectados por la paralización de equipos en Vaca Muerta. Señaló que algunos fueron suspendidos y otros recibieron telegramas de despido a raíz de la crisis que se generó en la actividad por el impacto del congelamiento del barril de petróleo y el «cuello de botella» en la producción de gas.
El dirigente afirmó hace una semana que el gremio paralizó las operaciones en la empresa de servicios norteamericana H&P tras el despido de unos 50 trabajadores. «Mandaron los telegramas sin ningún tipo de comunicación previa ni argumento. Se habla de que van a ser entre 80 o 90», planteó. Si bien se esperaba que la secretaría de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, Pereyra aclaró que ambas partes debían retrotraer sus acciones, algo que la firma no parecía dispuesta a hacer. «Dijeron que la orden es de Estados Unidos y no tiene vuelta atrás», sostuvo.
A la situación de crisis sumó que Schlumberger también redujo sus sets de fractura y hoy «no tiene ninguno» y que San Antonio «tiene 400 compañeros en situación de suspensión». «Muchas empresas han llegado a acuerdos para que no se queden sin trabajo», indicó el dirigente y dijo que parte de la remuneración se les está pagando en negro -no remunerativa- «para que la carga no sea tan fuerte para las partes y que los compañeros puedan seguir percibiendo lo mismo sin que se vea afectado su salario».
Alertan por nuevos despidos en Pymes proveedoras de Vaca Muerta
Varios empresarios que conforman el Clúster Vaca Muerta expresaron la imposibilidad de seguir adelante con sus firmas, si sigue rigiendo la pesificación de sus contratos .
Sobre el tema, habló Raúl Martin propietario de Concretar SRL, (una firma pyme dedicada tanto a la construcción como al alquiler de equipos especiales para Vaca Muerta), y expresó que analiza suspender a un 30% de los 35 trabajadores que tiene en su plantel.
«Yo suspendí las ventas porque muchas de las piezas que vendo son importadas y las compro a 60 pesos el dólar, pero las tengo que vender a 45», especificó Aldo Bruschi, titular de Tecnoplús, una firma dedicada a la venta de todo tipo de piezas importadas para la industria.
En tanto, Ignacio Iranzi, dueño de la transportista Megant SRL y de Vegetales Procesados Patagónicos, detalló que rige un proceso de dilación en la cadena de pagos, «pasaron de 45 a 60 días y hasta a 90 días pero yo tengo que pagar los sueldos todos los meses».
«Tengo a 35 empleados en situación de despido inminente porque creo que después de 15 años voy a tener que cerrar», alertó.
El litro de nafta súper aumenta a 50 pesos en la Ciudad
El miércoles pasado venció el congelamiento de precios del petróleo y los combustibles y un nuevo aumento llevó el litro de nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires por arriba los $ 50.
El incremento que registraron los combustibles a partir del jueves fue de entre 5% y 6%, mientras que el 1º de diciembre próximo se aplicará otro incremento en los surtidores. El nuevo ajuste será el segundo en 15 días, tras la suba de 5% permitida por el Gobierno nacional a principios de noviembre.
Según detalló el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, Gabriel Bornoroni, el aumento de diciembre será por reajuste de precios y escalada de impuestos. Podría llegar a ser de 10%.
Durante la vigencia de 90 días corridos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 566, los combustibles se actualizaron en septiembre y noviembre, y acumularon un aumento cercano al 9%. El congelamiento lo dispusieron Mauricio Macri y Gustavo Lopetegui el 14 de agosto último, tras perder en las elecciones primarias. La intención fue frenar la escalada inflacionaria para intentar revertir el resultado electoral en las generales de octubre, que también perdió el oficialismo.
Bornoroni sostuvo que por las marchas y contramarchas del gobierno, las empresas que están extrayendo petróleo crudo en Vaca Muerta están trabajando al 50% de su capacidad, por lo que se necesita una «política clara» que dé previsibilidad al sector.
Millones a las petroleras
«Le pedimos al presidente electo que a partir de la asunción de su cargo deje sin efecto el pago de las compensaciones dispuestas por la resolución 735/19″, establece un comunicado de Cuenargas. A través de esa resolución, el Poder Ejecutivo autorizó el pago de una suma extraordinaria de 24.524 millones de pesos a productoras y distribuidoras del sector energético. «Son las nuevas autoridades nacionales quienes deben establecer las condiciones de prestación del servicio de gas natural», agrega.
En medio de creciente restricciones fiscales, que llevaron al gobierno a recortar gastos de todo tipo e incluso reperfilar las deudas en pesos de corto plazo, las petroleras cobraran una deuda con el Estado. La medida fue autorizada por Macri a menos de un mes de dejar el poder. La compensación para las petroleras surge de las diferencias entre el precio que les abonaron las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de este año.
El Estado había asumido el pago de estas diferencias luego de dar marcha atrás en el intento de trasladar este costo a los usuarios. El octubre del año pasado, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, había decidido que las pérdidas de las empresas producto de la devaluación fueran compensadas por los usuarios en 24 cuotas mensuales. La decisión fue cuestionada por la oposición y también por la Unión Cívica Radical, integrante de la coalición Cambiemos, y forzó una marcha atrás de la medida. La resolución 20/18 fue dejada sin efecto y al poco tiempo Iguacel fue desplazado de su cargo. No obstante, el gobierno nacional admitió entonces que se haría cargo de la deuda, lo cual efectivizó a poco de su salida.
Deshojando la margarita del bono para fin de año
«Estamos pidiendo un bono de 20.000 pesos para fin de año, más los seis meses de paritaria que nos falta cumplir», remarcó el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.
Mientras tanto, el Secretario General de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, aseguró que el Estado debería pagar un bono de fin de año a los trabajadores y asegurar que, a partir de diciembre, las paritarias se negocien sin techo.
«El Estado debería dar el ejemplo, pagar un bono a los estatales y exigirle a los privados que lo paguen. El bono es un balde de agua para los trabajadores, que están en una situación límite», sostuvo Yofra. «Aquellos empresarios que no puedan pagar el bono, que lo demuestren», agregó.
Además, manifestó que para este fin de año los aceiteros pedirán un bono «cercano a los 60.000 pesos».
«Los empresarios saben que todos los años pedimos bonos de fin de año y si no lo conseguimos vamos a la huelga», subrayó Yofra.
Las declaraciones se conocen luego de que Héctor Daer negara el reclamo de la CGT de un pago generalizado para todas las actividades: «Con respecto al bono, cada uno tiene que ver cómo está su actividad. Hay actividades que tienen posibilidades de dar bono», planteó.
El referente de la CGT remarcó que aún hay sectores en los que no se completó el pago completo de la asignación no remunerativa de 5.000 pesos para todos los trabajadores en relación de dependencia que, en septiembre pasado y tras la devaluación del peso luego de las PASO, dispuso el Poder Ejecutivo a través de un decreto.
También el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, subrayó que las industrias terminan 2019 en «un desastre que era anunciado» y que es «muy difícil» hacer frente al bono.
El salario real para quienes están registrados cayó 20,1 % en estos 4 años, si se compara la evolución del índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que publica la Secretaría de Seguridad Social y la inflación de CABA. Para los no registrados la pérdida es aún peor.
A través de sus paritarios nacionales, el Consejo Directivo Nacional de ATE exigió la urgente convocatoria de la Comisión Negociadora General del Convenio Colectivo de la Administración Pública Nacional para discutir un aumento salarial, tal como fuera convenido por el acta del 23 de mayo pasado.
En el escrito ATE enfatiza que «la propuesta efectuada por el Estado Nacional en mayo del corriente, aceptada inopinadamente por la representación de UPCN, y rechazada por esta representación, consistió en una recomposición salarial del 18% a agosto del 2019, provocando a la fecha una pérdida de salario real de más del 24%».
Médicos bonaerenses nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) reclamaron el cumplimiento de la cláusula gatillo por índice de inflación y del acuerdo paritario, de cara a cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires.
«Cuatro años después de haber asumido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que María Eugenia Vidal ha incumplido los compromisos asumidos con los trabajadores estatales en general y con los profesionales de la Salud en particular», dijeron los trabajadores médicos.
Según el gremio, los aumentos conseguidos en los dos últimos años, «fueron licuados por la inflación, convirtiendo nuestros sueldos en variables de ajuste y desalentando de ese modo el ingreso y la permanencia de nuevos profesionales en el Sistema Público de Salud bonaerense».
Integrantes de la Intersindical estatal y representantes del gobierno de La Pampa se reunirán el 14 de diciembre en la Casa de Gobierno provincial para definir si habrá bono de fin de año, y su monto, además de la actualización salarial para el sector en base a la inflación y la cláusula gatillo.
Otra vez pierden los jubilados
A partir de diciembre, la mínima será de $ 14.067 y cubrirá sólo el 37% de la Canasta Básica del Jubilado de 37.815 pesos calculada en octubre por la Defensoría de la Tercera Edad. En todo 2019, la suba alcanzó el 51,12% frente a una inflación proyectada del 56%. Queda al descubierto la mentira de la ministra de Desarrollo Social quien -al anunciar el bono- había dicho que no lo extendían a los jubilados porque iban a estar por encima de la inflación.
En estos 4 años, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán una caída en términos reales del poco más del 20% con relación a fines de 2015.
La jubilación mínima aumentó 239% entre mayo de 2015 y setiembre de 2019, mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 393%, e incluso con la cobertura de PAMI el aumento asciende a 247%.
Pero más grave aún es el aumento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares, que han sufrido un ascenso sideral, como el Sintrom, cuyo incremento de precio alcanzó 1.050% y 418 % en caso de cobertura PAMI.
A esto se le suma el hecho de que PAMI modificó la Resolución 005 dejando de entregar la medicación crónica gratuita a los 2 millones de afiliados y para acceder a la misma se exige cumplir una serie de requisitos demasiados restrictivos. Esta situación trae como consecuencia que las personas mayores dejen de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada para generar un ahorro económico en los gastos que estos demandan.
Y encima los estafan
Tras la estatización de los recursos de las AFJP, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) hizo las veces de fondo de reaseguro del sistema jubilatorio a través de una cartera de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos. Según los últimos informes oficiales, en estos últimos tres años y medio el FGS perdió 70% de su valor en dólares. Cuando asumió el Gobierno de Macri, sus activos ascendían a unos 67.000 millones de dólares y hoy apenas llegan a 22.000 millones.
Entre otras investigaciones, el fiscal federal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia denunció la venta irregular de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que derivó en la citación a indagatoria del titular de organismo, Emilio Basavilbaso.
Organizaciones de jubilados y jubiladas se movilizaron hasta la oficina central de ANSES. Allí fueron atendidos por un representante del organismo, que prometió respuestas en el corto plazo. Demandan aumento de emergencia inmediato de $ 10.000 para todos los beneficiarios del sistema, equiparación de la jubilación mínima a la canasta básica de la tercera edad ($ 40.000), cumplir en tiempo y forma con los fallos y resoluciones de la justicia previsional, y volver al Régimen de Moratoria, sin límite de tiempo, para la regularización de los aportes y permitir que las Amas de Casa puedan jubilarse con la edad como único requisito.
Por otra parte, l a Procuración General de la Nación ratificó que es inconstitucional aplicar retroactivamente la reforma sancionada en diciembre de 2017 por el Congreso.
«La norma posterior podía modificar la fórmula de movilidad para el futuro, tal como lo hizo, pero no actuar válidamente sobre un período enteramente regido por la Ley previsional previa. Máxime, cuando el cambio en la fórmula de movilidad provoca un nítido perjuicio económico al jubilado», determinó el procurador ante la Corte Suprema, Victor Abramovich, sobre el artículo 2º de la norma.
Así, el fallo de la Procuración General dictamina la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la reforma sancionada en 2017 por el Congreso de la Nación, en medio de una brutal represión a los manifestantes que reclamaban contra este verdadero robo a los jubilados.
Ante la apelación del Gobierno, la Corte Suprema deberá definir si estuvo bien o mal aplicada la nueva fórmula aprobada en las jornadas de diciembre de 2017, masivamente repudiada.
Una burla
A partir del 1º de octubre, cerca de 1,1 millón de titulares de jubilaciones y pensiones recibieron un retroactivo de $ 54 junto con su haber. El complemento fue cobrado sólo por quienes se jubilaron con 30 años de aportes del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y perciben menos de $ 11.528,50, que es equivalente al 82 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil del mes de agosto (de $ 14.125).
Paro en el subte por riesgo de vida de trabajadores y usuarios
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizó una serie de medidas de fuerza el miércoles, en reclamo por la presencia de asbesto en numerosos trenes y lugares de trabajo. También están llevando adelante una acción judicial colectiva para exigirle al Gobierno de la Ciudad, SBASE y Metrovías la desamiantización total del subte y la cobertura sanitaria necesaria para trabajadores y usuarios que puedan haber resultado afectados en los últimos 40 años. La medida de fuerza se llevó adelante este miércoles entre las 5:30 y las 8:30 en las líneas A, B y D, y entre las 20:30 y las 23:30 en las líneas C, E y H.
La AGTSyP llevó adelante la acción no sólo en nombre de los trabajadores actuales y sus familias (porque las fibras de asbesto pueden ser trasladadas al hogar en la ropa de los trabajadores) sino también de aquellos que de una manera u otra manera hayan estado vinculados laboralmente con el subte, sean ex empleados, contratistas, etc.
El abogado del gremio, Guillermo Gianivelli, también confirmó que se impulsa una llamada «acción de clase» por la que determinadas personas pueden asumir la representación de distintos colectivos. En este caso uno de ellos estaría constituido por trabajadores y sus familias y otro por usuarios del subte que durante los últimos 40 años hayan podido ver afectada su salud por la presencia de asbesto en las instalaciones.
La demanda es contra el Gobierno de la Ciudad, «como directo responsable por el mantenimiento de las instalaciones y el servicio de subte» (porque además ha comprado recientemente formaciones con presencia de asbesto, ignorando las regulaciones que lo prohíben); a Sbase, como «titular directo del servicio»; a Metrovías «que es la concesionaria, que tiene hoy a disposición los bienes que permiten el transporte de subte» y al Metro de Madrid, «porque fue el que vendió los trenes que K5000 que SBASE reconoció que tenían asbesto».
Además de la exigencia principal de «desamiantización», AGTSyP exige también el derivado reconocimiento sanitario, incluyendo estudios y el eventual tratamiento para los afectados, y la contratación de empresas especialmente habilitadas para intervenir sobre cualquier tren que tenga componentes con asbesto. También se exigió un listado de los trabajadores del subte durante los últimos 40 años para poder buscarlos y garantizar los estudios necesarios.
El dirigente de los Metrodelegados, Claudio Dellecarbonara, se refirió al paro rotativo y señaló que «la situación es muy preocupante y grave, es una verdadera crisis de salud pública porque estamos con materiales altamente cancerígenos».
El dirigente adelantó el plan de lucha: «No descartamos parar el subte definitivamente hasta que cambien los vagones con material cancerígeno».
El delegado de la línea B explicó que «el material cancerígeno puede ser respirado por los trabajadores y por los usuarios y poner en riesgo la vida» y destacó que «hace 2 años que pedimos respuestas de la empresa Metrovías y del Gobierno, pero no la hemos tenido».
«El paro no es un capricho, tiene que ver con la integridad física. No es por un punto de paritaria, se trata de vidas humanas que no se pueden reemplazar», explicó Dellecarbonara.
Desde la empresa Metrovías reconocieron que el año pasado, fue «confirmada la presencia de asbesto en los coches CAF-5000 de la Línea B y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) desafectó del servicio dicha flota y dispuso su retiro de la Red de Subte».
Además informaron que hasta la fecha «se han realizado 448 exámenes médicos de los cuales, en 13 casos se han detectado resultados compatibles con exposición a asbestos».
Ultimo momento: Incendio en el ingenio La Esperanza, en la provincia de Jujuy
Mientras los bomberos aún no podían controlar el fuego en la madrugada del jueves y evacuaban la localidad de La Esperanza, ya son al menos cinco los obreros muertos y se estima que crecerá el número de víctimas fatales. Había 140 operarios al momento de explotar la destilería.
Aún no hay información cierta de cómo se dio inicio al fuego que se extendió a prácticamente toda la planta con llamas que superan los 30 metros de altura consumiendo al menos 2/3 de la planta fabril. El intendente de la localidad de La Esperanza, Bernardo Ramón Carrizo, indicó que «anoche ya había explotado un tacho y hoy la destilería».
Asimismo, el fiscal Ernesto Resúa señaló que están recabando información pero que podría tratarse de un desperfecto eléctrico en la zona de destilería.
Hasta el momento hay al menos cinco víctimas fatales confirmadas que según información extraoficial podrían elevarse a 12. Familiares de los trabajadores intentaban acercarse a las instalaciones del Ingenio y al sindicato para obtener información ya que aún hay más de una docena de obreros desaparecidos.
En declaraciones a medios nacionales, el abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE), Enrique Wandschneider, señaló en relación al grupo Budeguer: «tienen que ir presos. Nadie puede decir ‘yo no me enteré’ de la situación que había». Según el abogado ya se habían realizado pedidos de inspección tanto al Ministerio de Trabajo de Jujuy como de la Nación pero nunca se realizaron. Incluso, indicó que los trabajadores habían marcado desperfectos en uno de los tanques de alcohol el día martes y señalo que «cuando se ahorra en higiene y seguridad, además de medio ambiente, se paga con la salud y con la vida». El titular del Sindicato, Sergio Juárez, denunció que «esto era una bomba de tiempo».
El ingenio había sido vendido al Grupo Budeguer por U$S 50 millones a mediados de este año, a pagar en cómodas cuotas durante 15 años. En octubre del corriente año correspondía que ingresen U$S 2 millones pero el monto fue condonado porque la empresa habría declarado inversiones por U$S 3 millones.
Los trabajadores señalan que no sólo no se hicieron las inversiones necesarias, sino que en muchos casos pusieron personal sin experiencia a trabajar en sectores de riesgo; quienes cubrían esos puestos fueron parte de los despidos de Gerardo Morales. Los desperfectos señalados muestran que el ingenio no estaba en condiciones de producir.
Fuentes: Canal Abierto, OPSur, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, APU, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Tiempo Argentino, Diario Popular, La Izquierda Diario, La Nación, Clarín, CEPA, RedacciónEDA, InfoGremiales, El Despegue, periferiaciencia.com.ar, periodicoelroble.wordpress.com
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