El presidente electo de la Argentina se fue para Washington a buscar “consenso” para su programa de reestructuración regresiva del capitalismo local.
Las clases dominantes y el nuevo ocupante del gobierno argentino quieren recuperar la dinámica del “consenso de Washington” de los 90 del siglo pasado, asentado en la liberalización de la economía, la promoción de la iniciativa privada, la venta del capital público al sector privado de la economía, local o global.
Precisemos que ese “consenso” es el del poder asentado a orillas del Río Potomac, sede del gobierno estadounidense, de la Casa Blanca, del Capitolio y de la Corte Suprema de Justicia del país hegemónico del capitalismo mundial.
El capitalismo en crisis necesita de la Argentina, territorio que cuenta con cuantiosos “bienes comunes” que pretenden incorporar a la mercantilización, especialmente los hidrocarburos no convencionales (segunda reserva mundial de gas y cuarta de petróleo), el litio, el cobre, el oro, sin perjuicio de la tradicional tierra y los productos de ella derivados o asociados, explicitados en los complejos agroexportadores de soja, maíz o trigo; de la ganadería, e incluso del agua dulce, justipreciada por el capital transnacional.
Antes de viajar anticipó que, en diciembre, luego de asumido convocará a sesiones parlamentarias extraordinarias para resolver un paquete legislativo para avanzar con el ajuste y las reformas estructúrales necesarias a su programa de gobierno.
Vale recordar que Menem aceptó asumir antes de tiempo en 1989 si la oposición le aseguraba tratamiento parlamentario de las leyes de “reforma del Estado” y de “emergencia”, imprescindibles para el ajuste, las privatizaciones y regresivas reestructuraciones de los 90.
Esas leyes que Milei reclama apuntan a lograr consenso mayoritario en el Congreso nacional para el ajuste fiscal, las reformas monetarias, del Estado y la desregulación de la economía. Es lo que le demandan los que mandan en Washington, aval legislativo y político de las instituciones constitucionales del país, convalidando el consenso electoral del 56% recientemente obtenido.
No será la última prueba para asegurar los intereses del hegemón capitalista, a quien como siempre se le solicita sustento financiero para reproducir la lógica mundial de la ganancia y la acumulación capitalista.
La riqueza natural aún inexplotada de la Argentina es apetecida por la dominación global y pretende asegurarse ante un sistema en crisis.
Fondos para el rescate argentino
Durante la campaña y en las últimas semanas trascendieron distintas proposiciones para materializar el programa del liberal libertario, sea la dolarización y destrucción del BCRA o previas mediaciones hasta el logro de ese objetivo, que podría posponerse sine die.
Hoy no hay “dolarización” ni eliminación del BCRA.
En cualquier circunstancia, lo que se reitera es la necesidad de financiamiento, entre 15.000 a 30.000 millones de dólares, lo que se pueda, claro que, como resultado de esa potencialidad, se agrave la hipoteca de la deuda que recae sobre el conjunto del pueblo argentino.
Sostiene Milei y sus adláteres que necesitan divisas para resolver la deuda del BCRA con los bancos y desde allí avanzar en eliminar las restricciones para la liberalización de mercado cambiario y favorecer el libre comercio de bienes y servicios para estabilizar la economía.
La deuda del BCRA a que remiten son los pases pasivos y las letras de liquidez (LELIQ). A octubre del 2023, el balance del BCRA reconocía unos 14 billones de pesos en LELIQ y otros 7 billones en pases pasivos.
Es de interés comprobar que durante noviembre, ante la inminencia de la derrota oficialista y más aún cuando esta se concretó, los bancos no renuevan las licitaciones de LELIQ y se pasan a los pases, inversiones de corto plazo.
Así, la relación entre pases pasivos y LELIQ, cambió a favor de las primeros, con pases que alcanzan los 13,1 billones y las LELIQ unos 10,72 billones; más aún, durante lo que resta de la gestión actual vencen unos 6 billones de LELIQ, los que seguramente irán hacia los pases pasivos.
Entre pases y LELIQ suman más de 23 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial expresan más de 66 mil millones de dólares y que en una devaluación esperable por la nueva gestión podría reducirse a 36.000 millones de dólares.
Así se puede explicar la demanda de crédito en el mercado global. Este monto o cercano es lo que se busca en el sistema financiero para encontrar una “solución de mercado” a la deuda en pesos del BCRA.
Transformar deuda en pesos por deuda en dólares, que podría transferirse desde el BCRA al Tesoro nacional y profundizar la lógica de la deuda como principal mecanismo de la dependencia local al capitalismo mundial.
Para el sistema financiero mundial resulta un mecanismo efectivo para la apropiación de excedente económico socialmente generado desde la Argentina.
Los bancos tenedores de esos pasivos remunerados del BCRA están avisados del mecanismo y satisfechos, aun cuando alarguen los plazos de sus colocaciones y reduzcan rentabilidad por menor tasa de interés. Pero claro, cambiaran acreencias en pesos por otra en divisas.
Esos pasivos son tres veces la circulación monetaria y por eso, para atender tamaña operación es que se demanda al congreso aval legislativo.
Un negocio muy importante para las finanzas locales y globales, base para estabilizar un proceso de ajuste fiscal a descargar sobre la población, especialmente la de menores recursos.
Entre pases pasivos, un 10% del PBI y los gastos a recortar por otro 5% entre obra pública, subsidios, tarifas y eliminación de gasto público y del déficit, explican la promesa electoral de reducir el gasto en un 15% sobre el conjunto del PBI.
¿Avanzarán las reaccionarias reformas?
Milei y su equipo negocia a todo nivel para asegurarse el resguardo institucional a sus medidas, por eso las conversaciones con Scioli y su continuidad, con los gobernadores del peronismo y del macrismo o lo que queda de ello, incluso de fuerzas provinciales.
Las negociaciones son febriles, no solo por cargos, sino por acuerdos y compensaciones de una economía cuya inflación se acelerará de cara al 2024.
El gran interrogante es la respuesta social, más allá del movimiento organizado en torno al proyecto liderado desde el peronismo y el kirchnerismo.
La demanda está planteada por una reorganización del movimiento social popular ante la ofensiva de un nuevo bloque de poder y su expresión política en la presidencia de Milei.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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