No hay duda alguna de que la Guardia Civil es, constitucionalmente, una corporación de seguridad de carácter civil, nunca militar.
El anuncio realizado el lunes 8 de agosto por el presidente András Manuel López Obrador de emitir un acuerdo que, según él, va a integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional generó tal cantidad de reacciones adversas en las columnas de prensa, las redes sociales, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de defensa de los derechos humanos, partidos de oposición y otros espacios de la sociedad, que ahora ha tenido que modificar su propuesta. Ya no sería mediante un acuerdo o decreto presidencial que se busque esa integración, sino mediante una iniciativa de reformas a la propia Ley de la Guardia Nacional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que podrían ser aprobadas con la mayoría de que Morena y sus aliados disponen en el Congreso.
De todas maneras, dice el titular del Ejecutivo, enviará a las cámaras legislativas una iniciativa de reforma constitucional para el mismo propósito, aun a sabiendas de que será bloqueada por las fracciones de la oposición. En última instancia, considera el presidente, la última palabra acerca de la constitucionalidad de la reforma legal la tendría la Suprema Corte de Justicia, el tribunal supremo que, durante casi dos años y medio ha evitado resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuatro controversias constitucionales y un amparo en revisión contra la creación de la propia Guardia Nacional e impugnando las atribuciones que el actual gobierno ha otorgado a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. La más importante de esas acciones es la de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que impugna 12 artículos y 16 fracciones o párrafos de la Ley de la Guardia Nacional desde el 27 de mayo de 2019. Por ello, seguramente el presidente confía en que nuevamente opere la congeladora del poder judicial y la Corte no se pronuncie acerca de su decreto o ley durante el resto del sexenio.
Pero la reacción de la oposición y organismos sociales no es para menos. En cualquiera de las dos modalidades, como acuerdo presidencial o como reforma a la legislación secundaria, se estará violando de manera flagrante la Constitución general de la República, concretamente en su artículo 21, párrafo décimo primero que con toda claridad establece: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Y más adelante, el mismo artículo reitera: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación” (énfasis mío, ENH).
Así, pues, no hay duda alguna de que la Guardia Civil es, constitucionalmente, una corporación de seguridad de carácter civil, nunca militar. Y ni un decreto presidencial ni una reforma a la ley secundaria correspondiente pueden pasar por encima e la Constitución. Lo que el presidente López Obrador plantea es un claro desafío al orden constitucional y una posible ruptura de éste, si la transferencia a la Sedena llegare a concretarse. Como siempre, el mandatario hace una justificación política, no jurídica, y como todo dirigente populista, aduce ser el intérprete único de lo que “el pueblo” necesita, siente y quiere; y vuelve a señalar a sus críticos como “conservadores” o “reaccionarios”.
Una raya más al tigre de la militarización de la vida civil, la adscripción de la Guardia Nacional al ejército sería la continuidad de la serie de políticas en las que la presidencia ha ido involucrando a las fuerzas armadas: seguridad pública (aunque ésta ya se daba con antelación y, precisamente, se buscaba ponerle fin con la creación de la GN como fuerza civil); la construcción de los megaproyectos como el aeropuerto de Santa Lucía y otros en el país, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor transístmico, la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar, la administración de aduanas y vías de comunicación y varios etcéteras más. Un estudio realizado por un equipo de investigadores del CIDE, integrado por Sara Elena Velázquez Moreno, Estefanía Álvarez, Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo ha mostrado que “a las Fuerzas Armadas se les han asignado, al menos, diez facultades que nada tiene que ver con la disciplina militar. Entre éstas están: Salud, Educación, obras públicas y política social”. Los investigadores señalan: “Actualmente, las actividades que involucran el despliegue extendido del Ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e, incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología”.
Ahora, con la asunción de la Guardia Nacional por la Sedena, no sólo se profundizaría y consolidaría la intervención del ejército en la seguridad pública, sino que éste asumiría funciones que la ley ha otorgado a la corporación creada en 2019, entre ellas: “[…] II. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; III. Investigar la comisión de delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esta función; IV. Colaborar, en materia de seguridad pública, con las entidades federativas y municipios, en los términos que así se convenga, de conformidad con las disposiciones que regulen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; V. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación en el ejercicio de sus funciones, así como a los de las entidades federativas, en los términos de la coordinación y colaboración que convengan, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública; VI. Intervenir en los actos procesales de carácter penal en los que sea requerida su participación, así como fungir como policía procesal, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; VII. Intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyuvancia de las autoridades competentes […]”.
Y para ello, ese cuerpo, ahora mandos del ejército, dispondría de facultades para “III. Realizar investigación para la prevención de los delitos; IV. Efectuar tareas de verificación, en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas; V. Recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva. […]; VI. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos, en términos de las disposiciones aplicables; VII. Realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia; (Ley de la Guardia Nacional, art. 7).
Sin ingenuidad, es necesario decir que muchas de esas funciones e instrumentos ya están, desde hace tiempo a disposición de las fuerzas armadas; lo grave es que ahora se legalizarían sus acciones de espionaje, acciones encubiertas y de prevención del delito. Baste recordar que la Sedena fue, hace unos años, bajo el gobierno de Peña Nieto, uno de los compradores en México del sistema israelí Pegasus para intervenir a fondo teléfonos celulares, y que el mismo fue usado contra opositores, defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas, etc.
También se debe agregar que la Guardia Nacional es fundamentalmente un cuerpo militarizado, en el que alrededor del 80 por ciento de sus elementos provienen de las fuerzas armadas, y que su comandante en jefe es un militar en retiro, el general Luis Rodríguez Bucio.
López Obrador argumenta que él jamás dará órdenes a las fuerzas armadas de reprimir al pueblo o afectarlo (como tampoco a las bandas delincuenciales porque “también son humanos” y “hay que protegerlos”). Y puede ser cierto. Pero una posible reforma a la ley o, peor, a la Constitución, así como muchas de las atribuciones que él ha otorgado a los militares, sería permanente y muy difícil de revertir en un futuro próximo. Al actual gobierno le restan menos de 26 meses para dejar el poder. ¿Qué podría ocurrir con unas fuerzas armadas casi omnipotentes bajo un gobierno abiertamente de derecha y alejado de los intereses populares? ¿Qué usos podría darles?
Ninguna explicación dan el presidente o sus voceros en cuanto a ese aspecto, y se limitan, como se ha dicho más arriba, a reclamar a los partidos de oposición —PAN y PRI, principalmente— que ellos iniciaron y apoyaron la militarización o no se opusieron a ella. Y es cierto. Nada dice de quienes —defensores de derechos humanos, activistas sociales, académicos, periodistas— nos opusimos a la militarización de Calderón y nos oponemos hoy a la que efectúa López Obrador— Pero así, como lo hizo el martes 9 de agosto en su conferencia matutina, reconoce, para legitimar su propia estrategia, que su actual política de seguridad pública es similar a la realizada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006 cuando inició su guerra usando a las fuerzas armadas contra la delincuencia organizada. Para decirlo de otra manera, a López Obrador sólo le falta ponerse, como su antecesor panista la casaca militar y la gorra de cinco estrellas.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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