La ratificación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las sanciones impuestas con anterioridad, por amplia mayoría, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) contra un conjunto de postulantes a cargos de representación popular ha sido, sin duda, un fuerte golpe a sus partidos y, particularmente, para el Morena.
Como se sabe, entre los sancionados con la pérdida del registro por haber incumplido con la rendición de informes de sus gastos de precampaña se encuentran los ya designados candidatos a gobernador en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y en Michoacán Raúl Morón Orozco. En ambos casos se trata de candidatos altamente competitivos y con perspectivas de triunfo para su partido en esas entidades.
Se trató, simplemente, de que el Consejo General y el TEPJF decidieron aplicar de manera estricta el numeral 3 del artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.
Como la ley no prevé ninguna otra sanción posible para los precandidatos que infrinjan ese ordenamiento, los consejeros del INE y los magistrados no tuvieron más que una alternativa: sancionar conforme a lo establecido en dicho numeral, o no aplicar ninguna sanción. Esto último podía hacer responsables a los miembros del Consejo por omisión en sus facultades. Aun el Tribunal, una vez planteada la sanción de la negativa de registro a 148 precandidatos a diversos cargos de elección, tenía muy poco margen de acción para modificar lo resuelto por el INE. A pesar de que intentaron los magistrados un peloteo regresando el expediente a los consejeros, finalmente tuvieron que resolver del único modo posible.
Vale recordar, porque se ha querido atribuir a la mala fe de los consejeros y magistrados, de dónde proviene la obligación de rendición de cuentas en las que esos 148 precandidatos fueron omisos.
El proceso de fiscalización a los partidos y candidatos no se elaboró de golpe, de una sola vez, sino como resultado de un proceso de evolución que ha buscado ceñir a los partidos y candidatos a procedimientos más estrictos de rendición de cuentas. Se ha llegado a ello a través de una serie de pasos sucesivos pero que han implicado años de reformas legislativas electorales. A partir de la reforma política de 1978 que institucionalizó la asignación de prerrogativas a los partidos registrados, se comenzó con la fiscalización de los ingresos sólo públicos; después se incluyeron los privados y se establecieron topes a gastos de campaña. Tras la elección del 2000, cuando el entonces IFE estableció una espectacular multa al PRI por el uso de inmensos recursos del sindicato petrolero (el Pemexgate) y al triunfante PAN por el financiamiento de los llamados Amigos de Fox, se hizo obligatorio a los partidos reportar al instituto electoral sus ingresos y gastos de campaña.
Ello no impidió que los financiamientos ilegales siguieran siendo decisivos, como seguramente ocurrió en 2012 con las tarjetas Monex y Soriana, utilizadas por el PRI para la compra masiva de votos. En esa ocasión, el candidato Andrés Manuel López Obrador denunció la fraudulenta maniobra y exigió endurecer la fiscalización a los gastos de campaña. Una comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó que el PRI había gastado 4 mil 500 millones de pesos por esa vía para inducir la votación a su favor; pero la mayoría parlamentaria en manos del mismo PRI y sus aliados, y el vacío que hicieron a esa instancia investigadora, impidieron que se concluyera con denuncias ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, Fepade. AMLO denunció ante el TEPJF con una lista de más de 4 mil 800 personas, sólo del Estado de Tabasco, esa gigantesca maniobra de compra de sufragios. El tribunal concluyó, por su parte, que el inmenso gasto priista no había sido empleado en la compra de votos
Finalmente, en 2007 se creó la Unidad de Fiscalización del entonces IFE —hoy Unidad Técnica de Fiscalización del INE— para perfeccionar la obligación de rendición de cuentas de los partidos políticos.
La fiscalización de las precampañas ha sido aún más difícil. El ya citado artículo 229 de la LGIPE es sumamente genérico y sólo establece una obligación a los precandidatos de rendir su informe de ingresos y gastos. Las mismas autoridades del INE han confesado que no cuentan con recursos para verificar la información que se rinda en esos reportes.
Aun así, 148 precandidatos, quizá no por casualidad en su mayoría del Morena, incumplieron esa obligación señalada por la ley, entre ellos Salgado y Morón, ahora sancionados por la opacidad de sus gastos. Había antecedentes suficientes. Ya en 2016 el Consejo General del INE había negado el registro de David Monreal Ávila como candidato en Zacatecas por la misma razón., aunque luego el tribunal se lo devolvió, al igual que a Guillermo Favela Quiñones, candidato morenista en Durango.
En 2012 no se sancionó a Enrique Peña Nieto y el PRI por haber rebasado los topes de campaña, porque el TEPJF adujo que no disponía del dictamen de fiscalización que debía ser elaborado por el IFE. Éste tampoco lo tuvo a tiempo porque los plazos para entrega de los reportes de partidos y candidatos eran muy amplios. En 2014 el Movimiento Progresista de López Obrador exigió que en la reforma electoral se acortaran los tiempos para la entrega de los informes financieros y que se aplicara con rigor la negativa o cancelación de registro a los precandidatos que no entregaran su información financiera. Los hoy morenistas son los autores de la norma que, aplicada por el INE y el TEPJF, hoy los ha dejado sin sus más fuertes candidatos en Guerrero y Michoacán.
Más aún, la LGIPE fue aprobada en 2014 en la Cámara alta con el voto a favor, entre otros muchos, de los entonces senadores perredistas Mario Delgado Carrillo y Raúl Morón Orozco.
Resalta más aún que el presidente López Obrador, que en 2012 exigía una fiscalización más estricta y sanciones a los partidos y candidatos que la violaran, ahora llegue incluso a desprenderse de su investidura como jefe de Estado y se suba al ring, regresando a ser dirigente de partido, para defender públicamente a sus candidatos y desacreditar al INE, al tribunal y lo que se le atraviese, y llegue incluso a anunciar la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos —que ahora sí han venido a cumplir con su cometido— para integrar sus funciones “a las secretarías de Estado” o al poder Judicial.
Que los morenistas arguyan que en otros casos, como Monex, no se aplicaron las normas con el mismo rigor es algo cierto; pero equivale a expresar: “si al PRI, al PAN o a otros en el pasado se les toleró violar la ley, queremos que también se nos permita violarla sin sanción”. Se trata de una expresión de la crisis moral de un partido que en un plazo increíblemente breve alcanzó el poder Ejecutivo y la mayoría en las cámaras del Legislativo, y también en algunos gobiernos locales, incorporando a su militancia, a sus candidaturas y a sus prácticas mucho de lo que antes rechazaba. La opacidad y falta de rendición de cuentas entre ello.
Aunque alguna vez lo he citado, creo conveniente volver a la sabia sentencia del barón de Montesquieu cuando escribía: “el monarca, si por negligencia o mal consejo descuida la obligación de hacer cumplir las leyes, puede fácilmente remediar el daño: no tiene más que cambiar de consejero o enmendarse de su negligencia. Pero cuando en un gobierno popular se dejan las leyes incumplidas, como ese incumplimiento no puede venir más que de la corrupción de la república, puede darse el Estado por perdido”. Y es a eso a lo que no queremos llegar.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo -UMSNH.