Hace 39 años del golpe militar que marcó la última dictadura argentina, y movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos se preocupan por la impunidad de los represores. Denominado «Proceso de Reorganización Nacional», el golpe que destituyó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabelita Perón), el 24 de marzo de 1976, […]
Hace 39 años del golpe militar que marcó la última dictadura argentina, y movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos se preocupan por la impunidad de los represores. Denominado «Proceso de Reorganización Nacional», el golpe que destituyó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabelita Perón), el 24 de marzo de 1976, instauró la dictadura considerada más sangrienta de la historia argentina en el período de 1976 a 1983. A pesar de que se abren decenas de juicios cada año, en 2014 sólo 23 juicios concluyeron parcialmente y hubo 104 condenas.
Desde el final de las leyes de impunidad, en agosto de 2003, hasta diciembre de 2014, el Estado argentino sólo hizo efectivos 131 juicios en todo el país, en los cuales 749 fueron procesos, 663 condenas de 538 represores, 70 fueron absueltos y 6 quedaron impunes por muerte. Los procesos, sin embargo, involucraron a 3.383 víctimas. De los 2.000 acusados, solamente el 37% fue llevado a juicio y sólo el 27% fue condenado.
Considerando como base los cerca de 600 Centros Clandestinos de Detención (CDD), 538 condenados representan menos de 1 condenado por CDD y solamente el 10% en relación con las víctimas reales. Esta dimensión contrasta con el número positivo defendido por la política del Estado basada en «Memoria, Verdad y Justicia.».
Juicios y condenados efectivos por las 3 zonas represivas más importantes:
· Jurisdicción del «Comando del Primer Cuerpo» (Buenos Aires y La Pampa): 39 juicios y 198 condenas;
· Jurisdicción del «Comando del Segundo Cuerpo» (NEA): 28 juicios y 115 condenas;
· Jurisdicción del «Comando del Tercer Cuerpo del Ejército» (NOA): 37 juicios y 214 condenas.
En relación con las características de las penas, solamente el 41% de los represores fue condenado por el tiempo máximo (detención o prisión perpetua). En el 11% de los casos los condenados recibieron 25 años de prisión y el 48% un tiempo inferior. Los movimientos sociales reflexionan sobre la calidad de la condena realizada por el Estado. Denuncian que esos delitos fueron de lesa humanidad, practicados por grupos que utilizaban el aparato del Estado, pero sin embargo estarían siendo equiparados a delitos graves cometidos por personas comunes.
Desaparecidos en democracia
Los movimientos denuncian también los más de 200 casos de desaparición forzada ocurridos en el país entre 1984 y 2015. La situación sería una constante en el país de los 30 mil desaparecidos. Según «Archivos de Casos» de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), son más de 4.300 las personas asesinadas en las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad del Estado en el período de 1983 a 2014. En las estadísticas, habría unos 4.000 casos de muertes por tortura en sede policial y en las penitenciarias revisados por la Correpi.
Los números indican que muchas desapariciones forzadas se dieron en la década del 2000, cuando el país estaba bajo la política de un gobierno que se proclama defensor de los derechos humanos.
Total de casos de desapariciones
Década del 80: 14
Década del 90: 69
Década del 2000: 100
De 2010 a 2015: 19
Casos sin fecha: 4
Total general: 206
Desapariciones vs. Gestión del Poder Ejecutivo nacional
Gobierno RAÚL ALFONSÍN (1983-1989): 14 casos
Gobierno CARLOS MENEM (1989-1999): 69 casos – 33%
Gobierno FERNANDO DE LA RÚA (1999-2001): 19 casos
Gobierno EDUARDO DUHALDE (2002-2003): 19 casos
Gobierno NÉSTOR KIRCHNER (2003-2007): 42 casos
Gobierno CRISTINA FERNÁNDEZ (2008-2015): 39 casos – 39%
Casos sin fecha: 4
Total general: 206 casos
(Con informaciones de Hijos La Plata)
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=84586
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