Mientras quienes analizan los acontecimientos –la comentocracia o meta analistas– informan, nos llaman a tener conciencia, piensan lamentablemente que todo es política, como si reaccionar frente a la crisis sanitaria más tremenda de toda la historia, con posibilidades de destrucción de vidas y una crisis financiera, fuera solamente un asunto de lucha por el poder partidario.
Como el gobernador de Jalisco dijo que le da vergüenza lo declarado por el gobernador de Puebla, a mí me da vergüenza que estos «periodistas» de la opinión pública nieguen sistemáticamente la existencia de la mitad de la población y hayan olvidado, en unos cuantos días, todo lo dicho, publicado y comentado a lo largo de varios meses sobre la violencia contra las mujeres, esa pandemia global de la que nadie, en el poder, quiere hacerse cargo.
Lo más grave es que en esta línea de banalizar la crisis cotidiana de las mujeres, entre otras, las que viven en pareja y bajo el mismo techo que los perpetradores, están precisamente quienes deberían encabezar la política nacional de contención a las violencias contra las mujeres.
Me refiero a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y también al presidente de la República. Es ridículo y fuera de foco responsabilizar a las mujeres del cuidado de la población más vulnerable: 15.4 millones de personas mayores de 60 años, 1.7 millones que viven solas y solos. Millones que deberán ser cuidados por las mujeres, las de siempre, cargadas de un inmenso trabajo no pagado.
A eso INMUJERES anunció la publicación de tres folletos, propone una «sana convivencia», sin más salida que un concepto: «promover la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, lo que puede impactar de manera positiva la vida social», en un texto donde ni por equivocación reconoce que ahí, en los hogares, se anida y desarrolla la violencia contra las mujeres.
El presidente de la República mandó a las mujeres a «cuidar a los viejitos, con amor» y la Secretaría de Gobernación reconoce que «puede» detonarse la violencia, para lo cual también piensa en campañas.
Las tres instancias ocultan que, a estas alturas, no existe la política pública oficial para poner en práctica el Programa Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Proigualdad; ni el programa para atender la Violencia contra las Mujeres. Ambos, nos dicen, porque la Secretaría de Hacienda no ha liberado los recursos. No los hay, seguramente, porque se los ahorró la actual administración.
Esto es muy lamentable, porque de la misma manera que no se usó el 92 por ciento del presupuesto asignado para compras de insumos para los hospitales, tampoco se gastó en los programas para contener la violencia contra las mujeres. Evidentemente. Yo solo sé que Gobernación no ha asignado todos los presupuestos previstos –300 millones de pesos (12 millones de dólares)– para atender las Alertas de Violencia de Género, solo 110 millones (cuatro millones 400.000 dólares) y 130 (cinco millones 200.000 dólares) para los Centros de Justicia para las mujeres, ahora en construcción. Pero falta.
Estas tres instancias, entre el 8 de marzo de 2019 y la fecha, han dicho –un poco en el aire, sin programa o política concreta, con discursos sin fundamento– que lanzarían medidas emergentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Discursos y hasta un plan de 10 puntos que el mismísimo Andrés Manuel López Obrador tuvo que improvisar ante la protesta generalizada, de miles de miles de mujeres en todo el país.
Hoy, frente a la emergencia, el diagnóstico serio y documentado de quienes sí saben y se han comprometido con las víctimas, durante años, advierten que «guardarnos en casa» entraña riesgos a la integridad de mujeres y niñas.
Se esperarían acciones, si estas estuvieran planeadas. Desde hace casi dos décadas sabemos que la casa, «el dulce hogar», se convierte en un espacio de alto riesgo. Ojalá me equivoque, pero al final de la crisis, la violencia contra las mujeres podría ser mucho más tremenda que la ya documentada y conocida.
Datos oficiales, recientemente difundidos por la comisionada Candelaria Ochoa, se supone que perfectamente constatados, señalan que en 2019 se denunciaron más de 777.000 delitos contra las mujeres ligados a la violencia familiar, uno muy grave como el abuso de menores que deriva en embarazos adolescentes.
Solo en 2019 hubo 70.000 embarazos en mujeres de 10 a 19 años, 12.000 partos de menores de 14 años. Datos oficiales que evidencian el tamaño del problema y la acción, en plena crisis, de mujeres en casa, encerradas, es esto, que me da vergüenza, folletos y campañas.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, llamó a «reencontrarnos con nuestros seres queridos» y dijo que «debemos aprovechar estos días en casa». No habló de cómo desde la casa se detona la violencia. Por supuesto que le pidieron no lo hiciera. Pero es responsabilidad del Gobierno tomar medidas serias, programadas, con estrategias reales, feministas. No. Desgraciadamente no.
Al contrario, el Gobierno Federal tampoco ha liberado los recursos para la Red Nacional de Refugios, que estos días trabajan de día y de noche para atender los casos de violencia en la familia.
Así se conoció una carta pública firmada por 430 organizaciones de mujeres y feministas independientes, quienes señalan que la Secretaría de Hacienda SHCP informó, el martes 24, que otorgó 4.500 millones de pesos (180 millones de dólares) a las secretarías de la Defensa y Marina para el Plan DN-III y el Plan Marina ante la pandemia de la COVID-19.
Incluso, adelantaron 10 millones (400.000 dólares) a diferentes entidades federativas, «han olvidado que los Refugios y Centros de Atención Externa también están atendiendo una doble pandemia (el coronavirus y las violencias familiares), sin el recurso estipulado en el PEF 2020».
Son estos refugios, ahora abandonados, donde se hace realidad el derecho de todas las mujeres de contar con mecanismos de protección y atención, mismos que son mecanismos de prevención de feminicidios y restitución de derechos.
Un caso extraordinario
El panorama es gris. A una crisis se suma la otra, la que ocupó durante meses las primeras planas. La violencia contra las mujeres que nubla cualesquiera democracias. Pero solamente en Michoacán, el ejecutivo Silvano Aureoles parece un solo entendedor en esta isla de indiferencia. Además, como todos los gobernantes, de anuncios y hechos para enfrentar la crisis de la COVID-19, ha lanzado un protocolo para prevenir la violencia en los hogares, en estos próximos meses difíciles.
Lo hace pensando en esta doble interpretación de la familia. ¿Por qué en la familia? Pregunto y digo que la familia es el núcleo donde se sustentan los valores de género, por ello se deben analizar las conductas y las relaciones a su interior, donde se conoce, practica y justifica la violencia contra niñas y mujeres.
El protocolo, del todo una novedad, plantea que el aislamiento social es la principal medida de prevención de la COVID-19, ya que podremos reducir los contagios, por eso es importante cumplirla. Sin embargo, los datos nos dicen que los hogares, que debieran ser el lugar seguro que resguarde a sus integrantes, desgraciadamente no lo son y en tiempo de asilamiento o cuarentena se convierten en lugares peligrosos para las personas que viven violencia a su interior.
Recuerda e informa que en 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.
Por su parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) señala que la violencia sexual es común en entornos de emergencia humanitaria y puede acentuarse más después de un desastre natural, y ocurre en cada una de las etapas de un conflicto. El UNFPA señala que las víctimas suelen ser mujeres y adolescentes, cuya vulnerabilidad se ve agravada en el caos de una crisis, ya que la ruptura de la ley y el orden coadyuva a que los perpetradores a menudo actúen con impunidad.
Estos datos nos evidencian que la violencia contra las mujeres se desarrolla mayoritariamente al interior de los hogares y con personas cercanas a ellas, por lo que el aislamiento o confinamiento las coloca en un alto riesgo de vivir violencia de género, dice el protocolo.
Durante este período de restricción, agrega, muchas niñas y mujeres no pueden salir a pedir ayuda; dependen en muchos casos económicamente del agresor; están al cuidado de varios integrantes de la familia; se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad por el control del agresor y, en algunos casos, recurren a actitudes de sumisión, como mecanismo para evitar agresiones.
La persona agresora actúa con mayor impunidad y control sobre la víctima. Se encuentran en una situación estresante y de incertidumbre. Aumenta el nivel de ansiedad y estrés, así como frustración, lo que convierte el encierro en clima propicio para detonar la violencia.
Y este protocolo pide a las mujeres estar atentas a cualquier situación de violencia que observen durante el aislamiento, entre ellas: no minimices ninguna forma de violencia, recuerda que esta puede escalar; si identificas alguna de estas formas o hay antecedentes de cualquiera de ellas contra ti o alguna mujer en tu familia, puedes llamar a estos teléfonos y si te es imposible hablar porque está el agresor ahí, puedes escribir al correo de atención o al WhatsApp de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva de Michoacán o a la Red Nacional de Refugios.
También enseña a prevenirse: prepara una bolsa pequeña (de emergencia) con cosas indispensables, como tu identificación, acta de nacimiento tuya y de tus hijas e hijos, medicamentos que utilices y una muda de ropa, por si tienes que salir de tu casa en cualquier momento.
¿Qué más pueden hacer?: estar atentas a cualquier situación de violencia que observen durante el aislamiento, como violencia psicológica: insultos, agresiones verbales, comparaciones, chantajes, gritos, hostigamiento, humillación, restricción, manipulación o aislamiento.
Violencia física: golpes, jalones de cabello, patadas, pellizcos, cachetadas, heridas, quemaduras, empujones. Violencia económica: que te quiten tu dinero, te limiten el acceso a los recursos económicos para comer, o para comprar los productos que necesites.
Violencia patrimonial: sin tu consentimiento empeñan tus cosas, o ponen a su nombre tus propiedades forzándote para hacerlo. Violencia sexual: que toquen tu cuerpo sin tu consentimiento, que te obliguen a tener relaciones sexuales o a verlas, que te obliguen a mostrar tu cuerpo.
Y recomienda: no minimices ninguna forma de violencia, recuerda que esta puede escalar. Si identificas alguna de estas formas o hay antecedentes de cualquiera de ellas contra ti o alguna mujer en tu familia, puedes llamar a estos teléfonos y si te es imposible hablar porque está el agresor ahí, puedes escribir al correo de atención o al WhatsApp. SEIMUJER Red Nacional de Refugios: 911, 44-3582-2082, [email protected] y 800-822-44-60
Si no puedes hacer tú la llamada, puedes pedirle a alguien de confianza que denuncie o dé parte a las autoridades de que estas viviendo violencia al interior de tu hogar. Genera un grupo de WhatsApp o alguna otra aplicación con personas de tu confianza. Acuerda, entre quienes integran esa red, un ícono de emergencia (puede ser un emoji o un sticker en específico). En caso de que estés en riesgo, envíalo y esas personas deben llamar a la policía inmediatamente.
En la sociedad, donde se puede estar atentas, se recomienda: ofrecer el resguardo provisional de la mujer que vive violencia, en caso de tener la posibilidad de hacerlo en lo que la autoridad acuda por ella, siempre y cuando no represente riesgo de vida para la persona implicada.
Señala que es verdad y debe asumirse que la violencia contra las mujeres es un asunto del ámbito público, y la empatía ante esta realidad podrá salvar vidas. Por lo que si escuchas gritos, insultos o indicios de golpes, debes llamar al 911 para referir un caso de violencia familiar.
Podemos ofrecer resguardar la bolsa de emergencia de alguien que vive violencia para, en el momento en que esté lista para salir de su hogar, pueda tener una red de apoyo y a dónde llegar. No criticar ni hacer juicios de valor cuando una niña o mujer te cuenta que vive violencia, o que siente miedo de alguna relación. Lo mejor que podemos decirle es que le creemos y que estamos para apoyarla, que no está sola.
En fin. Que no todo está perdido. Necesitamos un gobierno consciente, tanto en los Estados como el de la federación. Lo impulsado en Michoacán es una muestra. Hasta ahora nadie lo ha imitado, están en silencio, pero ojalá esto sea tomado para todo el país. Señoras de Gobernación e INMUJERES, otra vez han sido rebasadas y el discurso no basta. Necesitan actuar y decir menos.
Veremos.