El director de la mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, denunció los múltiples mecanismos de saqueo y entrega al capital extranjero implementados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del expresidente neoliberal Carlos Salinas de Gortari, ampliados y consolidados en la reforma energética de Enrique Peña Nieto, aprobada en el Congreso en 2013.
El propósito último de estas medidas fue la de reducir a la estatal CFE a la irrelevancia en generación a fin de entregar por completo el mercado a las empresas privadas, al mismo tiempo que la compañía pública continúa absorbiendo la totalidad de los costos de distribución y mantenimiento del sistema eléctrico.
La reforma constitucional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no busca expropiar las empresas privadas ni crear un monopolio estatal, sino establecer una regulación que impida la desaparición de la CFE y evite que el capital privado se apodere del mercado eléctrico nacional, cuyo valor es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 315 mil millones de dólares, destacó Bartlett Díaz.
De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, las firmas privadas tienen garantizado 46 por ciento de la generación, equivalente a 145 mil millones de dólares, expuso.
Si el costo de la inversión de las empresas extranjeras que ya operan en el país es de 44 mil millones de dólares, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), suponiendo que ese sea el monto, con 30 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, ellos garantizarían una participación de 46 por ciento. No existe, por tanto, lugar a una situación de expropiación directa o indirecta, destacó Bartlett.
En una extensa entrevista, el funcionario señaló que el entramado jurídico e institucional creado por las administraciones neoliberales está expresamente diseñado para transferir la riqueza pública a manos privadas, y desenmascaró las falacias de que se sirven los opositores a la iniciativa de reforma presentada por López Obrador para rescatar ese sector estratégico y poner fin a la sangría del erario.
Para llevar adelante este propósito, la iniciativa privada encontró sus aliados en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y los tribunales, cuyas resoluciones adversas al interés nacional han permitido la perpetuación del atraco y obstruido todos los intentos para terminar con los abusos.
Los dos organismos son responsables de obligar a la CFE a adquirir la energía de sus competidores, así como de permitir la proliferación de generadores privados por tres veces las necesidades de consumo en México para los próximos 20 años, con el consiguiente peligro de sobrecarga de la red eléctrica desarrollada a lo largo de 84 años con inversiones públicas.
Las prácticas se sustentan en otros tantos mecanismos de simulación y rapiña, señala un editorial del diario La Jornada. Por ejemplo, la preferencia dada a los privados en el despacho (la energía que se sube a la red) proviene de un acuerdo emitido por el secretario de Energía peñista Pedro Joaquín Coldwell, por el cual al asignar los despachos únicamente se considera el costo variable; es decir, el del combustible usado en la generación, sin tomar en cuenta los costos de infraestructura y financiamiento.
Este solo esquema genera a la CFE pérdidas anuales por 215 mil millones de pesos, a los que se suman otros 222 mil 900 millones de pesos por la energía que está obligada a comprar a las empresas privadas.
El otro gran modelo de atraco es el que explica que las grandes empresas nacionales y extranjeras cierren filas en defensa de la contrarreforma neoliberal, y echen mano de todos los medios a su alcance para demonizar la iniciativa de la Cuarta Transformación lanzada por el actual gobierno de López Obrador.
Se trata del llamado autoabasto, figura en la que miles de corporaciones se amparan para comprar energía generada por privados y subsidiada por todos los mexicanos porque los productores no pagan el costo de transmisión.
Bartlettafirma que más de dos terceras partes de las centrales eléctricas de los privados fueron financiadas por la banca de desarrollo y las Afore, es decir, con los ahorros del pueblo mexicano, y con sólo cuatro mil millones de dólares estarán recibiendo un mercado que vale 145 mil millones de dólares, 36 veces más. Añadió que el valor de la CFE está por encima del costo del sistema eléctrico nacional, ya que es de electricidad y combustibles, con una tasación de 377 mil millones de dólares.
No resulta razonable, por ello, que una empresa del pueblo de México, con 84 años de inversiones en el sistema eléctrico nacional y un valor de mercado mayor a este sistema, quede relegada a final del sexenio a menos de 20 por ciento de la generación y se encamine a su desaparición.
En la entrevista , Bartlett Díaz expuso las trampas y abusos de la reforma de Enrique Peña Nieto que se busca echar abajo con la iniciativa presidencial que se discute ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo considerar legítimo un sistema que desaparece una empresa pública que es de todos los mexicanos?, cuestionó.
Si se mantiene la reforma de Peña Nieto, sus consecuencias serán dramáticas: la desaparición de CFE, la empresa más grande del país. Sin electricidad, el desarrollo y la vida social son imposibles, señaló.
Recordó que en la negociación del Tratado de Libre Comercio con EEUU, Carlos Salinas de Gortari dijo que ‘no permitimos la violación de la Constitución de López Mateos. Protegimos y no hubo ninguna cesión’. Pero sí la hubo. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que de inmediato se aprobó, incluyó que CFE necesitaba apoyo en generación y abrió la puerta a los privados.
Se crearon los generadores independientes, que iban a vender 100 por ciento a la CFE. «No hacían servicio público, porque éste lo hace la CFE. Y empiezan a dar permisos para que regrese la inversión extranjera, disfrazada de generadores independientes», indcó.
Bartlett indicó que otras de las figuras que aparecen en esta ley son las sociedades de autoabasto, que realizan la cogeneración para sí mismas, lo que no estaba prohibido, pero, no es servicio público. “Entonces, empiezan a proliferar esas figuras. Desde el principio fue prostituido el autoabasto. Comenzó en un parque industrial de Monterrey, donde (la trasnacional) Enron instala una planta para generar energía y hace sus socios a los que están en ese parque, con un dólar cada uno. Pero es mentira, no son socios, son clientes».
«Son 77 mil 712 las grandes empresas que están en autoconsumo. Aparecen como socios, con cinco pesos, pero en verdad son clientes, que reciben todos los beneficios. En realidad, las centrales de autoabasto son 229, pero los grandes consumidores de electricidad del país se acomodan allí. Ni pagan la red ni están sujetos a competencia. Además, hay fraude fiscal. s una monstruosidad verdaderamente indignante», añadió
Son monopolios privados que la Comisión Federal de Competencia Económica no ve, como Femsa, que no paga, hasta Iberdrola, que presenta a sus clientes como socios, Naturgy, Electicidad de Francia y la italiana Enel.
Sobre las empresas extranjeras que operan en el país, dijo que, por ejemplo, Iberdrola tiene 26 plantas eléctricas en el país. Participa en cuatro esquemas: de generación privada, de productores independientes, autoabasto, subasta de largo plazo y centrales nuevas, construidas después de la reforma energética. Tiene dos nuevas y siete de subasta a largo plazo. Entre todas producen 20 por ciento de la energía.
Como grupo, es la segunda de generación, después de CFE. El subsidio que recibe por no pagar la transmisión que le corresponde es de cerca de 900 millones de pesos al año.
“Todo el proceso de privatización fue amañado. Si bien en la reforma de Peña se dice que no se privatiza y que CFE sigue siendo una empresa del Estado, en realidad se acomodan las leyes para que los privados puedan invertir incluso en redes, que son los nervios del sistema eléctrico. Es grave que, disfrazada, se abra la puerta a que los privados se queden con ellas”, afirmó Bartlett.
En este gobierno, recordó, la Secretaría de Energía emitió una política de seguridad de la red para establecer un control. Sin embargo, las empresas se ampararon, exigiendo su derecho a subirse. Se presentó una controversia constitucional, que rechazó la Corte.
“No sólo la ley está suspendida por razones de carácter judicial. A cada medida que hemos tomado para cambiar, las empresas responden con amparos. Por ello, en el camino, viendo lo que está pasando, el Presidente tomó la determinación de presentar la iniciativa de reforma constitucional.
Es indefendible el sistema actual. Peña Nieto entregó el patrimonio energético a los inversionistas extranjeros. Eso es una barbaridad. Es una traición a la patria, afirmó Bartglett.
“Pasan por alto que una parte importante de su inversión la financió la banca de desarrollo mexicana y las Afore. Financiaron a los que venían a apoderarse del mercado eléctrico, que vale algo inimaginable, desbancando a una empresa nacional histórica. Es una afrenta al país. El sistema está diseñado para el saqueo, no pude ser producto más que de la corrupción, en la que participaron los funcionarios”, concluyó
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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