Durante la masiva asamblea en las puertas del Polo Científico decidieron movilizar el próximo miércoles 19 en rechazo al decreto del gobierno de Javier Milei que planea fusionar o eliminar unos 50 organismos estatales. Los trabajadores del organismo solicitaron una reunión con el titular, Daniel Salamone.
Entre esos 50 organismos, aparece el nombre del CONICET, una de las entidades públicas de ciencia más prestigiosas del continente y del mundo pero que, para el gobierno de Javier Milei, representa un gasto más en una planilla de excel, tendiente a ser «ahorrado» para destinar esos fondos a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (que no para de crecer).
Gonzalo Sáenz Cerbino, secretario adjunto de Conicet ATE CABA, aseguró que, además de la movilización, han solicitado una audiencia con el director Daniel Salamone y no han recibido ninguna respuesta.
La semana pasada, tras los rumores del decreto que prepara el gobierno de Javier Milei para fusionar y disolver unos 50 organismos públicos, los trabajadores nucleados en ATE CONICET CABA presentaron un pedido de audiencia a Daniel Salamone, presidente del CONICET, para solicitar información sobre el alcance que podría tener el Decreto.
Desde ATE se hicieron eco de la información que circuló en los medios de prensa sobre la nueva medida del gobierno de Javier Milei para disolver, fusionar funciones o, directamente eliminarlas de ciertos organismos del Estado.
Los afectados serían unos 50 organismos estatales dentro de los cuales se encuentran varios de Ciencia y Tecnología, como el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
“Esta información provoca gran preocupación entre las y los trabajadores del CONICET, en un contexto de despidos masivos y de políticas de desfinanciamiento que en nuestro organismo han generado, a lo largo del último año, recortes en becas, congelamiento de ingresos a CIC (Carrera de Investigador Científico) y CPA (Carrera de Personal de Apoyo) y parálisis de subsidios”, plantearon desde ATE.
En el escrito hacen referencia a la reunión que mantuvo Daniel Salamone con el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, en la cual habrían dialogado sobre la medida que prepara el gobierno nacional, y tiene por objeto al máximo organismos de Ciencia y Tecnología.
Daniel Salamone no emitió declaraciones sobre la medida que prepara Javier Milei, y que tiene en vilo a todo el sistema de Ciencia y Tecnología, porque propone un ajuste brutal al financiamiento, un desmembramiento de áreas y la modificación del Estatuto del CONICET.
Desde ATE, solicitaron una audiencia “con carácter urgente” que les permita conocer el alcance de las medidas que prepara Sturzenegger para el CONICET.
“Estamos perdiendo jóvenes con interés por la ciencia”
Guillermo Labadie, vicedirector del Instituto de Química Rosario–IQUIR y director del Conicet Rosario declaró: “Los problemas que tenemos es que estamos ante una falta completa de planificación del gobierno nacional, podemos entender que tengan una idea de ciencia distinta, pero existen leyes que regulan el financiamiento que tendrían que cumplir”, dijo el científico rosarino.
“No hay un plan o idea de lineamientos de Ciencia y Tecnología desde hace ya un año. Seguimos trabajando con el presupuesto 2023 y con partidas complementarias de la Universidad Nacional de Rosario que dan un mínimo financiamiento para la infraestructura”, sostuvo Labadie.
El científico habló sobre los concursos y convocatorias a los que calificó como “parados” y mostró desanimo porque se pierden jóvenes que tenían interés de ingresar a la carrera científica.
Los docentes universitarios anuncian pelea y resistencia
En el marco de un ajuste brutal en casi todas áreas del Estado, donde la educación superior no es la excepción, se reunió, de forma virtual, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu para definir las acciones ante la inminencia del comienzo de clases.
En ese sentido, el Plenario resolvió declarar el estado de alerta y movilización y la emergencia salarial en las Universidades Nacionales y la realización de consultas en los sindicatos de base sobre el no inicio de las clases, con mandato explicito para un nuevo Plenario a realizarse el 24 de febrero próximo, para delinear un plan de lucha.
En la declaración del Plenario de Conadu también figura “la urgente constitución de la Paritaria Nacional Docente y la inmediata restitución de los salarios adeudados desde hace un año a las y los docentes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, y el cese de la violación a su autonomía establecida por la Ley de Educación Superior”.
“Es necesario un aumento del 34 % para recomponer el nivel salarial de noviembre de 2023. En dicho mes, como señalamos en múltiples ocasiones, tampoco estábamos en el mejor de los mundos pues desde 2016 al presente la tendencia de los salarios fue hacia la baja” remarca la organización gremial.
Así las cosas, se avecina otra fuerte disputa de la comunidad educativa universitaria frente a políticas públicas regresivas.
Consulta sobre el NO inicio del cuatrimestre
Desde diciembre 2023 el salario docente universitario ha quedado 71 puntos por detrás del IPC, lo que representa un 35% de pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, el Gobierno Nacional le sigue dando la espalda a nuestros reclamos, descalifica nuestras justas demandas y reafirma su política de ajuste que tiene como uno de sus blancos predilectos a la Universidad Pública y a sus trabajadorxs.
La situación salarial de nuestro sector es crítica y es más que evidente que no hay intenciones de revertir el brutal recorte de ingresos que hemos sufrido lxs docentes universitarixs. Por este motivo se resolvió llamar a una consulta sobre el NO inicio del cuatrimestre.
Participá completando el formulario. También podés acercarte del 17/02 al 21/02 entre las 11:00 y las 19:00 a nuestra sede (Av. Entre Ríos 488) a manifestar tu posición.
La inversión en Educación cayó un 40% en comparación con 2023
Un informe elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE) indica que la caída del presupuesto educativo comparando 2024 con 2023 será del 40%. Un recorte brutal que explica las razones por las cuáles crece el reclamo en universidades y calles.
El ajuste profundiza la ya crítica situación que atravesaba la educación pública bajo el Gobierno del Frente de Todos. En esa gestión también tuvo lugar un persistente ajuste sobre ese y otros sectores, en función de garantizar los pagos de la deuda pública. Eso se acentuó tras el acuerdo con el FMI, ratificado en marzo de 2022, con votos del peronismo, el macrismo y el radicalismo.
El informe publicado indica, además, que en 2025 el Estado nacional planea invertir el 0,88% del PBI en educación. Ese porcentaje está por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%). Se señala, además, «el proyecto Ley de Presupuesto 2025 estipula un crecimiento del 0,65% de la inversión en educación, luego de una caída del 40,20% en 2024 respecto al 2023».
Prohibición a docentes porteños de emitir opiniones de política, religión y sexualidad en clase
Un nuevo reglamento escolar emitido por el gobierno porteño impone nuevas restricciones sobre las opiniones vertidas por los docentes en el ámbito escolar. El documento especifica que los maestros tienen prohibido expresar su postura sobre temas relacionados con la política, la sexualidad y la religión, entre otros, y sugiere reportar a los alumnos que se expresen sobre estos temas.
El capítulo que despertó la polémica se titula “Prohibiciones del personal docente” y aplica para docentes, directores, supervisores y trabajadores no docentes de las escuelas porteñas de gestión pública y privada. El apartado fue difundido en la red social X por la secretaria general adjunta de Ademys y ex legisladora por el FIT, Amanda Martín, y generó gran revuelo en las redes.
El reglamento prohíbe al personal escolar “expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”.
La normativa fue aprobada por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, por medio de la resolución 2796/24, firmada el 27 de diciembre pasado y rige para todos los niveles educativos. «El objetivo es garantizar un ambiente de aprendizaje académico y respetuoso de los menores. La intención del artículo no es restringir el debate, sino evitar que las opiniones personales del docente influyan indebidamente en los estudiantes en temas sensibles», indicaron voceros de la cartera.
Además, señalaron que «se busca que la enseñanza sea objetiva y plural, permitiendo a cada estudiante y su familia formar sus propias convicciones sin influencias inapropiadas de una autoridad en el aula». Y destacaron que «la educación debe ser un espacio de aprendizaje, no de adoctrinamiento».
En otro de los puntos de este capítulo, el material también señala que no está permitido desarrollar ninguna clase de “proselitismo político partidario en el tiempo escolar, en el aula, en clases, actos,
Otro tema especialmente preocupante está vinculado con el posible control sobre las opiniones de los estudiantes, ya que el reglamento indica que los docentes deberán dar aviso a las autoridades en caso de que los alumnos planteen inquietudes sobre los temas mencionados. “En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”, plantea la normativa.
Sobre este punto, desde el gobierno porteño subrayaron que «la norma no impide que se traten estos temas en el aula cuando surgen naturalmente, sino que establece que deben abordarse de manera institucional y con el acompañamiento adecuado. Es una forma de asegurar que se respete la diversidad de pensamiento dentro de la comunidad educativa».
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), repudiaron el nuevo reglamento y pidieron la anulación de su capítulo siete. En un comunicado denunciaron que se trata de un “acto de censura” contrario a la libertad de expresión y consideraron que el gobierno porteño favorece “prácticas que promueven la persecución de lxs docentes”.
Además, expresaron su rechazo a la recomendación de alertar a las autoridades ante las eventuales consultas de los alumnos sobre política, religión y sexualidad y remarcaron que se busca “instalar un silenciamiento de las inquietudes y necesidades de lxs estudiantes”.
En enero ya había habido otra polémica en torno a las decisiones del gobierno porteño en materia educativa. En línea con la postura del gobierno nacional, el 6 de enero, la Ciudad suspendió el acceso a los materiales de Educación Sexual Integral (ESI) y anunció que auditará todos los contenidos sobre el tema.
“Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han decidido comenzar una revisión exhaustiva de los contenidos involucrados en la ESI (Educación Sexual Integral)”, decía el comunicado publicado por la gestión de Jorge Macri.
Y agregaba: “Todos los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia serán objeto de un estudio neutral. Mientras tanto y durante el receso escolar, los contenidos de la ESI que estaban disponibles en páginas oficiales del Gobierno quedan inaccesibles”.
En noviembre, el tema también había estado en el centro del debate cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó los materiales del plan de lectura en las escuelas bonaerenses y apuntó contra el libro Cometierra de Dolores Reyes por, supuestamente, “sexualizar a los chicos”.
Docentes y expertos en educación reaccionan a las nuevas directivas sobre ESI
Por Sonia Santoro
“Modelo de carta sugerido para docentes de CABA: Al equipo directivo, para que les llegue a los equipos especializados: quiero informarles que hoy, en la salita de 4, hubo varios comentarios directamente relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria y otros temas similares, sobre los cuales pido asesoramiento para responder. Mientras estábamos pintando con témperas en hojas grandes, Lara comentó que su mamá está preocupada por el precio de la carne y Joaquín dijo que está por las nubes. Tamara acotó que hay que pedirle a Dios que lo baje de un hondazo y Ailén dijo que ella no cree en Dios ni en el presidente». Con humor, un docente les respondió a las «Prohibiciones del Personal Docente» del nuevo reglamento escolar impulsado por el gobierno porteño para las escuelas. Otra profesora escribió también en redes sociales “Yo elijo no quedarme callada y no mirar para otro lado. Decido denunciar que hay un gobierno que no solo nos quiere calladitas sino también buchonas de estudiantes. Mi ser docente me prohíbe hacerme la distraída.” La medida recogió el rechazo además de sindicatos y dirigentes políticos, así como la movilización de distintas organizaciones que vienen trabajando por defender la Educación Sexual Integral (ESI). Se prepara un festival de defensa de este derecho para el 16 de marzo.
Sabrina Hax, profesora del nivel primario y de nivel medio, antropóloga, formadora de docentes y creadora de contenido digital para docentes, también escribió en redes sociales: “No me podía ir a dormir sin decir algo sobre todo esto. ¿Cómo voy a dar clases de ESI? Como siempre, desde la ley. Sabiendo que es un derecho de les estudiantes y una obligación mía”. Contó que la medida le parece demasiado grave como para pasarla por alto: “Por un lado quien dice que no se puede emitir opinión dando una clase claramente nunca estuvo en un aula. No se trata de ‘bajar línea’ o ‘adoctrinar’ sino que cuando cualquier docente, tenga la postura política que tenga, realiza un recorte pedagógico, está exponiendo su postura y su opinión y esto es importante tenerlo claro porque si no se desconoce a docentes en su rol como productorxs de conocimiento”. “Entonces, por un lado, hay una censura explícita hacia les docentes, cuando históricamente hubo libertad de cátedra. Libertad de cátedra no significa convencer a las infancias y juventudes de afiliarse a un partido político, sino de esto mismo que hablaba antes, de poder elaborar el propio recorte pedagógico de acuerdo a los lineamientos curriculares”, agregó.
Luego dijo que lo más grave es cuando el documento dice que si surgieran los temas por parte del grupo de estudiantes hay que comunicarlo a las autoridades de la escuela y que va a haber equipos especializados para acompañar al estudiante y a su familia. Frente a eso se preguntó ¿qué equipos especializados? “No existe tal cosa, gracias que a veces el Equipo de Orientación Escolar te toma algún caso ya que está totalmente colapsados y lo venimos denunciando hace años”.
En segundo lugar, dijo que: “se nos está pidiendo a las maestras que indiquemos qué estudiante está diciendo tal o cual cosa y que las familias también tendrán un acompañamiento al respecto. Eso es persecución lisa y llana”. En tercer lugar, aclaró que “hay una ley de Educación Sexual Integral. Con este punto nos están diciendo que no podemos dar ESI”. “Pero si seguimos leyendo más abajo también dice que tenemos prohibido ‘desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento’ bajo apercibimiento de ser ‘pasibles de sanciones disciplinarias, en el marco del procedimiento sumarial correspondiente’. Y esto es anticonstitucional porque atenta contra el derecho a huelga estipulado en el artículo 14 bis. Lo que pasa que se agarran de esta idea de que la educación es un servicio esencial y para mí como para tantas otras colegas la educación es un derecho social. Y tiene que haber un Estado que la garantice y para eso tiene que generar las condiciones dignas”.
Reglamento Escolar: «otro ladrillo en la pared»
Por Darío Balvidares
El Reglamento Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recorta aún más las prácticas pedagógicas docentes y adquiere resonancias de la dictadura militar.
Ya es de dominio público el Reglamento que regirá en las escuelas durante 2025, según la resolución 2024-2796-GCABA-MEDGC que puso en alerta al gremio docente y a alguno de los sindicatos que representan a la docencia porteña.
Es de público conocimiento que el partido gobernante en Ciudad tiene como premisa política y eslogan de campaña: “el cambio” pero que, en la práctica, “el cambio” PRO implica control y disciplinamiento en la organización social para la imposición de su modelo ideológico que contempla la restricción de la libre expresión y la libre circulación de las ideas.
La reforma educativa impulsada por el gobierno de la Ciudad es simplemente seguir el recetario internacional sobre la producción performativa de estudiantes en función de los intereses de las corporaciones empresariales (como lo venimos analizando desde hace muchos años), en otras palabras: mano de obra acrítica; premisa sobre la cual se formulan los contenidos curriculares.
Con el gobierno nacional impulsando restricciones y desapariciones a temáticas que ya habían sido superadas y legalizadas, como la cuestión de género, el femicidio, la diversidad sexual y la propia Educación Sexual Integral (ESI); todo intenta desvanecerse con los discursos patoteros y autoritarios a los que nos quieren acostumbrar desde el señor presidente pasando por funcionarios, legisladores hasta la autopercibida “guardia pretoriana”.
Es en ese marco en el que las estrategias políticas pasan por imponer un ordenamiento social que incluye como estrategia central, la pedagogía de la obediencia desde dos formas de violencia, la ejercida sobre los cuerpos, directa o indirectamente. Es decir, a palos, gases y balas o con despidos, bajos sueldos, jubilaciones miserables, aumentos de tarifas y medicamentos, además de cierres de instituciones que prestaban algún servicio social; la otra es la violencia epistémica.
Esta última es la menos explícita porque nos hemos acostumbrado a naturalizar el discurso de la colonialidad del poder, cuanto más con gobiernos que sistemáticamente se alinean con lo que llaman los valores de occidente (valores coloniales para nuestros países) y que nuestros funcionarios, cual gerentes corporativos, imponen y defienden para pertenecer a la elite que trama nuestros destinos.
Para no abundar y ponernos en la perspectiva de lo que implica la violencia epistémica en términos generales, es la imposición de un tipo de racionalidad como forma unívoca y legítima del conocimiento que descalifica otras formas de saber y entender; la deslegitimación que se produce sobre los pueblos originarios, sus culturas y sobre todo sus lenguas, por ejemplo.
Pero en lo que nos ocupa, el Reglamento Escolar2025 en CABA, es otra de las manifestaciones de la violencia epistémica, dado que se trata de la Educación y del conjunto de la docencia y tiene que ver con el silenciamiento y la exclusión; cuando, como en este caso, se les prohíbe hablar a lxs docentes; ese silenciamiento forzado de la exclusión de la palabra constituye un “crimen epistémico” y un “asesinato pedagógico”.
El artículo 75 del Capítulo VII, cuyo título es Prohibiciones del personal docente (docentes, directores, supervisores) y no docente, en el punto 3 (pág. 61) dice: “Expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia…”.
La primera manifestación de la violencia epistémica es la prohibición, la educación para “el cambio” que lleva adelante el gobierno PRO, lejos de tener una propuesta para la soberanía educativa y el desarrollo de la inteligencia de lxs estudiantes y en el marco de una liberación pedagógica, pone a funcionar la máquina de impedir.
Parte de la prohibición y profundiza la preceptiva pedagógica hasta la proscripción del discurso docente, mediante la negación para el abordaje de temáticas consideran “peligrosas” para el estatus quo de los cambistas que no quieren salir de la colonialidad de sus valores de elite. Lo que el reglamento prohíbe al docente es la expresión
Un dato curioso, aunque nefasto, es que, en ese punto, en el marco de la escuela no se habla de estudiantes ni alumnos, sino de “menores”, término más cercano a la jerga policial o al sociolecto jurídico.
Pero no sólo de prohibición se trata, sino que el propio punto 3 avanza: “En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”.
No solo le prohíbe al docente que desarrolle temas vinculados a intereses de lxs estudiantes y sean propios de un debate en la escuela del siglo XXI, como son los relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria, que hacen a su formación crítica, sino que obliga al docente a mostrarse ignorante y a derivar esas temáticas, que deberían cruzar la currícula escolar de punta a punta, a la conducción para que sean abordados por los equipos técnicos.
Es obvio que este Reglamento Escolar (RE) no necesita docentes sino androides, que además se les haya extirpado el algoritmo que pueda generar el debate sobre los temas más acuciantes y discutidos, justamente porque los valores de Occidente son los que entraron en crisis y el mundo actual necesita que las nuevas generaciones se interioricen sobre esas temáticas porque son los que están directamente involucrados.
Nunca entendieron la virtud de la educación pública, aun como rehén de la colonialidad del poder, el carácter público significa la pluralidad del pensamiento, pluralidad de voces, es por eso que no la pudieron acallar ni durante la dictadura genocida.
Un perverso documento titulado “Subversión en el ámbito educativo”, sentenciaba que “… cualquier profesor de cualquier materia puede llegar a través de charlas informales a expresar tendenciosamente sus impresiones respecto de temas que interesan a sus alumnos…”. Este fragmento corresponde a ese documento (pág. 50 del original) de la dictadura cívico-militar fechado el 27 de octubre de 1977, según resolución N.º 538.
Una semiótica muy similar recorre el espíritu de ambos documentos, el de la dictadura tenía un subtítulo muy sugerente: “Conozcamos a nuestro enemigo”.
Suenan banales las frases marquetineras del PRO cuando en la propia página web del ministerio de Educación, escriben sobre el RE: “Es un instrumento clave para organizar la vida institucional de las escuelas de la Ciudad. Este nuevo documento responde a la necesidad de simplificar proceso, adaptarse a los nuevos desafíos educativos y que la tarea educativa tenga centro en el estudiante”.
El PRO siempre se manejó con el estilo publicitario como manera de hacer política, pero cuando se contrasta lo que dicen de manera propagandística con lo que en verdad ocurre entran en contradicciones flagrantes. Cuando dicen “un instrumento” en realidad es un instructivo que lejos está de simplificar el proceso; más bien cerca de complicarlo.
Supongamos una situación de aula en la que un estudiante pregunte sobre los desplazamientos que pretende imponer ya no solo Israel al pueblo palestino, sino la amenaza de Donald Trump sobre el territorio de Gaza. Situación totalmente perfectible en la realidad globalizada en la que vivimos. En ese caso el o la docente deberá decirle al estudiante que no está autorizadx para responder semejante inquietud porque tiene prohibido por reglamento hablar de cuestiones étnicas. Y no solo eso, sino que debe informar a la conducción del establecimiento para que le diga a la supervisión que llame al equipo técnico…
No es serio eso de que este instrumento “responde a la necesidad de simplificar proceso, adaptarse a los nuevos desafíos educativos…”.
El o los gobiernos del PRO, próximos a cumplir 20 años en la “administración” de la Ciudad, siempre han tenido como premisa la “persecución” en todas sus variables.
Siguiendo un poco más con el RE, el punto 4 del mismo artículo también intenta, sin nombrarla marcar el tema de la esencialidad en la educación: “Desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento, afectando con ello el Derecho a la Educación (…) bajo apercibimiento de ser pasibles de sanciones disciplinarias, en el marco del procedimiento sumarial correspondiente”.
Aquí también un halo semiótico que enciende las alertas críticas, las señales que vuelven a coincidencias conceptuales con el documento de la dictadura: “Personal docente que, por indiferencia, motivada en especial por su situación socioeconómica, adopta una posición no acorde con la responsabilidad que como educador le compete…” (pág. 51 en el original).
Ambos textos, sin nombrar los paros o huelgas remiten a lo mismo, la “responsabilidad” de los educadores, que ni para la dictadura genocida, ni para el PRO, ni para la derecha fascista, es un derecho. La huelga, reconocida en la Constitución y en los tratados internacionales, no parecen constituir derechos para lxs trabajadorxs.
Un tema que no podemos naturalizar es que impusieron la noción de “servicio” a la educación como lo dijimos cuando hacíamos el análisis en la “Educación como servicio estratégico esencial” y en “Esenciales y huelguistas”, además estas políticas atienden a la instrumentalidad de la Educación, por eso es considerada un servicio para la reforma neoliberal; y si se me permite ampliar el concepto, aunque lo he dicho reiteradamente: un servicio al servicio de los intereses del mercado, de ahí la educación por competencias básicas, en detrimento de una sólida formación en ciencias sociales, ambientales y humanidades, desde una perspectiva crítica y decolonial, que realmente posibilite pensar el mundo, la vida en otra clave, desde otra epistemología.
Salir del asedio colonial/capitalista no será una tarea sencilla, pero es importante lo que está pasando abajo: nos estamos dando cuenta. Las dos movilizaciones universitarias de 2024 y la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista son señales importantes de un sistema colonial/patriarcal/
El Reglamento Escolar no debería siquiera existir, es un documento patriarcal de imposición colonial que desvirtúa la figura del docente, establece una cultura escolar única, estandariza las prácticas pedagógicas. Cada escuela pública del siglo XXI debe darse sus propios criterios de funcionamiento de acuerdo con la propia idiosincrasia, sin reglamentos que coarten la libertad de enseñar y en consecuencia la de aprender porque suspende el vínculo pedagógico, de hecho, amenazado por las llamadas tecnologías de la educación.
El Reglamento Escolar es “otro ladrillo en la pared” del autoritarismo gubernamental, que está en la misma línea que el protocolo para el mantenimiento del orden público, conocido como antipiquetes.
Presentar un amparo judicial por la coacción contra la libertad de expresión docente deberá ser una tarea sindical, aun sabiendo para quien trabaja este poder judicial.
La desobediencia epistemológica será uno de los formatos en la lucha presente y futura contra la colonialidad del saber, una de las formas de sostener el carácter público de la educación y la libertad de expresión, que para poder enseñarla, hay que practicarla.
Fuente: https://tramas.ar/2025/02/14/
Pullaro no paga el sueldo a docentes que se adhirieron a los paros
La docencia santafesina estuvo en la mira del Gobierno Provincial durante todo el año pasado, el Gobernador se dedicó a atacar una y otra vez a la educación pública con medidas como el presentismo, la reforma previsional, imponiendo aumentos a la baja por decreto y apuntando contra el derecho a huelga con descuentos a quienes se adhirieron a las medidas de fuerza votadas en las escuelas. Lejos de expresar una preocupación por la educación, Pullaro tuvo como objetivo desarmar la lucha de un sector históricamente combativo.
Con el inicio de febrero y las paritarias de 2025 en puerta, llegó un nuevo ataque: un gran sector de docentes reemplazantes se encontró con que en represalia por haberse adherido a los paros del año pasado no cobraron el sueldo que les corresponde del mes de enero.
“Yo no cobré el sueldo de enero, entonces hice el reclamo a la escuela para ver qué había pasado, nunca me imaginé que era por esto, la escuela revisa y me dicen que ellos enviaron todo así que fui a la región IV, y ahí me desayuno con todo esto. Me dicen que yo no cobré el mes de enero porque se me había cortado el reemplazo por los 4 paros que hice, yo les dije que lo que estaban haciendo era ilegal porque es un derecho del trabajador hacer paro, además no se me puede cortar el reemplazo porque yo hace un año y medio que vengo reemplazando a la misma persona en el mismo cargo, si fuera que yo tuviera menos de 180 días en el cargo ahí sí puede ser”, declaró un docente
“El año pasado ya me habían descontado los días de paro, yo nunca me imaginé que por hacer paro no iba a cobrar el sueldo, no soy el único al que le ha pasado, trato de visibilizar esto para que con quienes les pasó lo mismo mostremos el problema que hay, la persecución, esto no tiene que pasar, quieren adoctrinar gente, que no hagamos huelga. No hay que permitir esto, es un atropello y es algo ilegal, no es que yo falté a la escuela, se votó por el paro y yo me adherí y es nuestro derecho”.
Antidemocrática asamblea para avalar la propuesta salarial de Kicillof
El martes 11 se llevó a cabo una asamblea del Suteba en La Matanza, convocada por la conducción Celeste de Baradel, de un día para el otro. La reunión tuvo una participación reducida, con 250 personas. El motivo central fue que la conducción quería la aprobación de la propuesta salarial del 9% a pagarse en dos tramos (esto significa un “aumento” de 32.000 pesos para una preceptora y 25.000 para un profesor), acordado previamente con el gobernador Axel Kicillof, una cifra que resulta a todas luces insuficiente frente a la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes.
El regreso a las aulas la semana pasada estuvo marcado por un tema recurrente entre los docentes: que el sueldo no alcanza, que estamos endeudados, las condiciones de vida de la comunidad educativa, los problemas de infraestructura. La conducción Celeste decidió llevar adelante la asamblea en la secundaria 20 que se encontraba sin luz desde dos horas antes de la convocatoria. Desde la oposición Multicolor se propusieron alternativas como trasladarnos al edificio del sindicato (a dos cuadras), cambiar de escuela o incluso realizarla al aire libre para poder desarrollar el debate, pero estas opciones fueron desestimadas.
Utilizando como excusa que no había luz, la conducción limitó el debate proponiendo solo tres oradores, en una clara maniobra antidemocrática destinada a votar rápidamente la propuesta oficial, sin una verdadera consulta con la docencia y sin dejar que se expresen los que rechazamos esta propuesta salarial.
La conducción sí tuvo oportunidad de defender el acuerdo con el gobernador Kicillof, sus oradores dijeron que la provincia estaba “haciendo un esfuerzo», que es “lo mejor que se puede conseguir” y que “estamos mejor que otros sindicatos”. No nos queremos conformar con migajas, en la crisis que nos encontramos las centrales sindicales deberían estar a la cabeza de organizar un plan de lucha en las calles para enfrentar el ajuste de Milei y los gobernadores. Pero en vez de hacer esto, se están ocupando de armarle las listas electorales a Kicillof en la Provincia de Buenos Aires ya comenzaron las reuniones para encarar la campaña electoral donde participó Baradel e Isasi (ATE). En la asamblea, propusieron una moción de “paro y movilización en el marco de la CTERA” sin fecha, se tiene que definir en asambleas por escuelas de manera urgente.
Hay que organizarse en cada escuela, hacer asambleas junto con las comunidades para construir un plan de lucha y no inicio por la recomposición de nuestro salario, la recuperación del FONID, en defensa de la ESI, contra los despidos y en solidaridad con todas las luchas, contra el ajuste del Milei y los gobernadores.
Maestras organizan la solidaridad por los incendios
Interrumpieron sus vacaciones y abrieron las puertas de la escuela para organizar las donaciones, acercarse a «los chicos» y sus familias, contenerse y llegar a los hogares.
«Fuimos casa por casa a visitar a nuestros alumnos», cuenta María Elisa Colinecul, bibliotecaria de la Escuela Nº 9 de Epuyén, Chubut. «La idea es que los nenes sepan que la escuela está abierta y que el lugar es de ellos».
La zona de la escuela fue uno de principales focos de incendio, actualmente contenido, que arrasó 3.530 hectáreas declaradas. Pero el fuego afecta mucho más que una superficie de terreno. La maestra Mónica Matlaszuk habla de la contención emocional. «Sentíamos el dolor de la gente, de los chicos, nos podíamos imaginar la situación. Nos contaban que muchos no salieron del lugar, las explosiones y todo lo que vivieron, la verdad que estaban muy angustiados». Encontrarse en la escuela se vuelve necesario.
«Para las familias es muy importante que la escuela llegue a sus hogares. Es una relación muy estrecha que hay entre docentes y alumnos, docentes y familias. Así que eso nos reconforta y nos da más fuerza para ir haciendo lo que planeamos». Habla la directora, Mariela Aburto, y no deja lugar a dudas. La organización comunitaria fortalece.
El emotivo video realizado por Franco Peláez se viralizó en Facebook, difundido por InfoChucao. Franco es un vecino de Esquel que realiza documentales y que eligió contar esta historia porque «ni el fuego pudo terminar con el amor de estas maestras de Epuyén».
En las antípodas de la motosierra, el negacionismo y el individualismo fomentado por el gobierno, entre la población se expresa una inmensa solidaridad. Una vez más, la docencia está al frente de las situaciones críticas y cumple un rol imprescindible. Construyendo lazos con la comunidad educativa, con los chicos y las familias, con brigadistas y voluntarios, demuestran la potencialidad de la organización desde abajo.
Una escuela bajo fuego y un gobernador ocupa
Testigo circunstancial y vivencial de las consecuencias del incendio que asoló Epuyén, en el noroeste de Chubut, Lucía Caisso nos hace llegar sus impresiones sobre la visita del Gobernador Ignacio Torres a la localidad donde anunció ayuda a las familias damnificadas, aunque a su estilo policial.
Eusebio no es sólo un profesor de Filosofía: es uno que eligió trabajar en la escuela 774 del pequeño pueblo de Epuyén, al pie de la precordillera andina en la provincia de Chubut. Ahí, desde esa escuela de una zona semi rural de la Patagonia alentó a Brisa, una de sus estudiantes, a participar de la Olimpíada nacional de Filosofía. Brisa aceptó el reto y ganó el segundo premio en una de las categorías de ese concurso, y la escuela toda cerró el 2024 planificando cómo juntaría el dinero para costear la participación de la joven en la instancia sudamericana de la peculiar competición. A pocos días de iniciado el 2025, sin embargo, lejos quedaron para Eusebio, para Brisa, para su escuela y para la comunidad toda de Epuyén los sueños filosóficos. La casa de Eusebio, al igual que la de otros dos de sus compañeros docentes y seis de sus estudiantes es hoy un montículo de cenizas y restos calcinados. Como a los hogares de otras 70 familias de Epuyén se los llevó el fuego que se alimenta de la desertificación, las altas temperaturas, el desarrollo urbano no planificado y que se aviva, fundamentalmente, con las plantaciones de pinares invasores. Como si se tratara de un volcán oculto que se reactiva constantemente, y que se fragmenta según el día en diversos focos, arde y humea la ladera del cerro y arrasa con animales, vegetación, galpones, corrales, gallineros, huertas y casas. La lista de personas que lo perdieron todo redunda en nombres de niños, niñas y bebés y también en apellidos de origen mapuche. Al igual que otras instituciones de la zona (como la escuela 9, el municipio o la Casa de la Cultura) la escuela 774 se abrió desde el primer momento de la catástrofe. Primero para receptar donaciones, clasificarlas y asignarlas entre las familias damnificadas, pero luego para erigirse también en un espacio de encuentro, contención y organización para la totalidad de la comunidad. Desde hace más de una semana se proyectan películas, se organizan meriendas y almuerzos colectivos, se promueven juegos infantiles y, desde luego, se siguen recibiendo donaciones materiales y monetarias cuyo destino se decide en asamblea escolar. Llevan adelante las actividades el equipo directivo, docentes, preceptores y preceptoras, auxiliares, madres y padres y estudiantes y lo hacen bajo una consigna que se repite en flyers y carteles: “la escuela está abierta”.Que la escuela esté abierta ahora, en las únicas 4 semanas de descanso corrido que tienen al año quienes le dan vida cotidianamente, debiera ser un recordatorio social de la madera de la que está hecha la escuela pública argentina: no la de los discursos hipócritas y superficiales que la festejan mientras la desfinancian y permiten la creciente mercantilización educativa, si no la de quienes saben bien que allí se educan los hijos e hijas de los trabajadores, atravesados por condiciones de vida desde hace décadas cada vez más precarias, contenidos y educados en esta institución por otros trabajadores y trabajadoras de condiciones de vida y de trabajo también cada vez más precarias. A esta escuela de Eusebio y de Brisa, de Bernardo y Lorena, de Nadia y Quito y de tantos y tantas más llegó el miércoles 22 de enero el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Pero más que llegar a la institución la “ocupó” durante algunas horas: desembarcó con un contingente nutrido de asesores, funcionarios y “empleados” de rostro poco amable y físico ostentoso… no consultó si podía cambiar el mobiliario de lugar ni utilizar tal o cual espacio para montar una reunión con (algunos) de los damnificados por el fuego… una vez que hubo elegido el salón de usos múltiples como el mejor sitio para llevar a cabo esa reunión ubicó en las puertas del mismo a algunos de sus “empleados” para que no permitieran el acceso a nadie que no estuviera previamente autorizado y, por último, no se reunió en ningún momento con el equipo directivo de la 774.Ni la comunidad educativa ni los medios de comunicación pudieron ingresar a la reunión con damnificados, los cuales tampoco se encontraban en su totalidad dada la premura con la que se organizó el evento. Los que sí estaban al tanto del encuentro y no faltaron a la cita fueron uniformados de distinto tipo y color, vehículos policiales y numerosos desconocidos que formaban parte de la comitiva del gobernador y circularon constantemente por la escuela. De hecho, tampoco faltó el catering para los presentes servido por empleadas municipales que no se sabía si estaban allí en calidad de mozas o de damnificadas, ya que algunas de ellas mientras servían masas finas para las autoridades presentes contaban cuánto y cómo habían perdido por el fuego.
Por el testimonio de quienes participaron de la reunión “privada” y de una pequeña e improvisada rueda de prensa que dictó Torres para los pocos medios que pudieron llegar de apuro hasta Epuyén se supo que el gobierno ofrecerá “vouchers” para la compra de materiales de construcción. “Según los casos esos vouchers pueden llegar a ascender a la suma de veinte millones de pesos”, dijo el mandatario. Hay que decir que de por sí se trata de una cifra bastante escueta para encarar la reconstrucción total de una vivienda, la acotación “según los casos” prepara para que sean pocos los que reciban la suma completa. Además, aclararon, será difícil establecer la reconstrucción de viviendas sobre terrenos de “irregular situación dominial” dado que la mayoría de los pobladores no posee escrituras regulares de sus terrenos. Así, alegando que en incendios que se sucedieron previamente en la Comarca Andina hubo quienes se sumaron a las familias damnificadas para “ocupar” tierras, el gobierno provincial se atajó de antemano para reducir, aún más, la potencial asistencia a las personas que todo lo han perdido.
Quienes viven en la Comarca saben bien que la mayoría de los pobladores no posee escrituras sino boletos de posesión y que -más allá de la posible existencia de algún caso excepcional- no hubo experiencias previas en la que familias que no habían perdido sus casas por el fuego recibieran dinero o materiales destinados originalmente a otras personas. Resulta paradójico que el gobierno se excusara de antemano a propósito de las ocupaciones ilegales en el mismo momento en el que se encontraba ocupando de manera prepotente e inconsulta el edificio público de una institución que, desde el primer día, se había mantenido abierta para quienes vieron su vida trastocada por las llamas.
¿Sabrá el gobernador “Nacho” Torres que de esa escuela que él ocupó para dar tan parciales respuestas salió el año pasado el segundo mejor promedio provincial? ¿Sabrá de Eusebio y de Brisa, que soñaron un día con ganar una Olimpíada de Filosofía y lo lograron? ¿Sabrá de auxiliares y directivos, de docentes y estudiantes que cortaron sus exiguas vacaciones para avisarle a la comunidad que se refugiara allí del desastre, porque “la escuela [ahora también] está abierta”? Si sabiendo algo de esto se permite actuar de manera tan inoportuna y violenta es por pura desvergüenza. Si, en cambio, de nada de esto conoce es porque ni ésta ni tantas otras escuelas, ni este pueblo, ni estos problemas sociales y ambientales le resultan propios.
Mientras tanto, la escuela continúa abierta.
De 85 instituciones educativas públicas, más de un tercio se consideran fumigadas con agrotóxicos vía pulverización terrestre
Por Romina Toledo
El Mapeo Colectivo de Escuelas Públicas Fumigadas en el Partido de Luján, provincia de Buenos Aires, estudió la situación de 85 instituciones educativas. De ellas, más de un tercio se consideraron fumigadas con agrotóxicos vía pulverización terrestre. El informe plantea también que los colegios restantes no están libres de la problemática, por el rápido desplazamiento del material.
El relevamiento es una producción de vecines y trabajadores en educación de la zona, la Multisectorial contra el agronegocio – La 41 e integrantes del Proyecto de Extensión “El mapa como herramienta para la acción colectiva” de la Universidad Nacional de Luján (UNLU). Forma parte de un análisis mayor, que estudia la situación de escuelas de distintos partidos bonaerenses.
Si bien la investigación tuvo actividades previas desde 2019, el relevamiento se efectuó entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, para lo que se tomó en cuenta jardines y escuelas primarias y secundarias del sector público del distrito de Luján. El mapa final georreferencia 98 escuelas y 23 fuentes de contaminación.
El informe concluye que “son muy pocos los sectores de la ciudad (de Luján) que no quedarían expuestos a las derivas establecidas”, siendo esta el movimiento de las partículas pulverizadas y vapores fuera del blanco. A su vez, asegura que otras localidades del Partido, como Pueblo Nuevo, Jáuregui, Cortínez, Torres y Carlos Keen se encuentran en casi su totalidad a no más de 100 metros de los cultivos (donde se produce la fumigación).
La elaboración del mapeo
La construcción del mapa conllevó un proceso donde participaron muchos actores en un período extenso de tiempo. Ellos fueron la Biblioteca Popular de Carlos Keen; vecines de Opendoor (localidad del partido de Luján); productores agroecológiques de la región; integrantes de organizaciones ambientales como la Asamblea Ecoambiental y la Multisectorial contra el Agronegocio –La 41; trabajadores de la educación de diversas escuelas de la comunidad; e integrantes del Proyecto de Extensión “El mapeo como herramienta” de la UNLU.
En un comienzo, entre elles llevaron a cabo instancias abiertas de co-formación, donde mostraron experiencias de mapeo de otros distritos bonaerenses y socializaron la problemática de las fumigaciones en el Municipio de Luján. “Implicó la realización de varios encuentros en los que se sumaron visitas y recorridas por los territorios para la definición de lugares fumigados”, describe el documento.
Más tarde efectuaron el mapeo en papel, para lo que se pusieron en común los criterios para la definición de “escuelas fumigadas”. Las consideraron instituciones educativas que sufren el impacto “de la deriva de la pulverización de agrotóxicos”. Para identificarlas, tomaron la distancia de 3.000 metros desde los campos fumigados con maquinaria terrestre.
Luego, registraron la información en un sistema de geo-referencia y esgrimieron algunas conclusiones colectivas. A partir de ello, perfeccionaron el “Protocolo de actuación ante casos de fumigaciones con agrotóxicos en las inmediaciones de las instituciones educativas”, con su correspondiente adaptación a la normativa local.
Por último, compartieron los resultados en espacios abiertos a la comunidad. La presentación del Mapeo Colectivo tuvo lugar el pasado sábado 31 de agosto, en la Biblioteca Popular de Carlos Keen.
La fumigación en las escuelas
El Mapeo Colectivo arrojó diferentes resultados. Asegura que son muy pocos los sectores de la ciudad de Luján que no están expuestos a las derivas establecidas. También establece que las localidades de Pueblo Nuevo, Jáuregui, Cortínez, Torres y Carlos Keen se encuentran en casi su totalidad a no más de 100 metros de los cultivos.
En ese sentido, afirma que la ordenanza 5953 se viola en todas las zonas del Partido. Esta prohíbe las fumigaciones aéreas y habilita las terrestres a partir de los 500 metros de áreas urbanas y zonas de población consolidada. A su vez, establece una zona de resguardo de establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas de 100 metros en los que sólo puede fumigarse con equipos manuales. Asimismo, la aplicación en áreas linderas a cursos y cuerpos de agua también debe respetar un radio libre de 100 metros.
Pero el informe asegura que en las escuelas rurales se fumiga a 100 metros. A su vez, en más del 12% de las urbanas se detectó la violación de los 500 metros. “Aun así, más del 36% de las escuelas del distrito se encuentran expuestas a la deriva de las fumigaciones”, afirma.
“Muchas de estas escuelas se encuentran expuestas en niveles muy altos y altos de riesgo dado la exposición de las derivas provenientes de más de 4 fuentes de contaminación registradas”, continúa. “Esto se vuelve paradójico en un partido que se ha definido como agroecológico, dado que cabe suponer que la deriva podría estar afectando a la producción agroecológica”.
Quienes elaboraron el documento alertaron sobre las consecuencias que esta situación puede tener en la salud de las personas. Algunas de ellas son irritaciones dérmicas y oculares, hipertensión, problemas respiratorios, náuseas, mareos, pérdida de conciencia, fallas renales, dolor abdominal o alergias.
Asimismo, a largo plazo la exposición a agrotóxicos puede producir pérdidas de embarazo o malformaciones, cáncer o enfermedades endócrinas como diabetes e hipotiroidismo.
Podes acceder al Mapeo Colectivo de Escuelas Fumigadas en el Partido de Luján AQUI
Triunfo de estudiantes independientes en el profesorado más grande de la provincia de Bs. As.
En el ISFD n°41 de Adrogué, el terciario más grande la provincia de Buenos Aires, se dio un verdadero hito: la lista “Estudiantes Independientes del 41” arrebató las elecciones del Centro a la agrupación ligada al intendente luego de 8 años de gestión. “8 años de gobernar para los intereses del municipio, provincia y Nación (en 10 años de la agrupación, perdieron dos veces las elecciones del centro)”. Las elecciones dejaron como ganadora a la lista 1, que tuvo un rol activo de campaña con la realización de asambleas, clases públicas, caminata por la avenida Espora (por la reanudación de la obra de Colombres), con ruidazos, semaforazos, radio abierta, etc.
En el 41, los comicios arrojaron un conteo ajustado de 46 votos por arriba del oficialismo (271 a 225). En los festejos los referentes de la agrupación declararon, “los estudiantes se empiezan a organizar contra los aparatos peronistas que no quieren organizarse para defender a la educación pública de los ataques del gobierno de Javier Milei, por eso es necesario generar lazos entre terciarios para motorizar una gran unidad para luchar contra las políticas de ajuste del gobierno nacional, provincial y distrital. Llamamos a la coordinación a los que quieren luchar y defender a la educación pública”.
Fuentes: Infogremiales, Resumen Latinoamericano, Radio UNR, Tiempo Argentino, Perfil, Tramas, rebelión.org, Nota al Pie, ANRed
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